El CCE de Rosarito declaró que “es un secreto a voces” y estimó que el 20 por ciento de bares y restaurantes en el municipio operan como lo señala el Tesoro
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Lo anterior mediante una publicación oficial en el sitio oficial del Consulado en Facebook, donde aparece una fotografía de Teal con la frase: “Al igual que las personas, las compañías deben ser responsables de sus actos porque hay consecuencias”.
Además del mensaje breve, publicaron dos códigos QR sobre el comunicado en torno a la “red de afiliados del Cártel de Sinaloa que operan desde Rosarito, Baja California”, misma que comenzó a circular desde la mañana de este jueves 18 de septiembre y vinculó a la exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo.
Tras darse a conocer la supuesta red, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró no tener más información que la hecha llegar a los medios de comunicación, mientras que la expresidenta municipal afirmó que no tiene bloqueadas las cuentas y que incluso habría cruzado en forma reciente a San Diego, California, para ver a un familiar enfermo.
“Es un secreto a voces”: CCE Rosarito
Gustavo Torres Ramírez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Rosarito, declaró a la prensa local que “es un secreto a voces” los señalamientos hechos por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hacia los negocios rosaritenses.
“Es un secreto a voces, ¿verdad? Obviamente sabemos todos de estas empresas y hay más todavía de otros empresarios que, además, tienen otros bares y restaurantes. Quizá un 20 por ciento de Rosarito sea así”, según comenta en un video que circuló este jueves en redes sociales.
Sobre el largo comunicado publicado por el Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), se detallan los presuntos vínculos y las empresas que al parecer estarían involucradas en Rosarito, así como las jerarquías y líderes de los lugartenientes del CDS en Rosarito.
En este entramado figura Araceli Brown, a quien el tocaría -en la acusación estadounidense- el recibo de pagos por extorsión, además de brindar protección a dicha organización criminal mediante la policía municipal.
Según el esquema, la expresidenta municipal colaboraba con Jesús González Lomelí y con Candelario Arcega Aguirre, quienes a su vez laborarían para Alfonso Arzate García (El Aquiles) y René Arzate Garcia (La Rana), líderes en el norte de Baja California por parte de Los Mayos, una facción del CDS.
Además de designar a las personas clave alineadas a Los Mayos en la red de las Playas de Rosarito, OFAC también señaló a 14 empresas propiedad de Gonzalez: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatio, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversion Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronomicos S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y, Cavally Antro & Bar.
En el comunicado, el Tesoro aseguró que, derivado de estas acciones, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.
“Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada”, según los estadounidenses.