Por extraviar un cadáver en Ensenada, emiten recomendación al TSJ y a la FGE
- Foto: Cortesía.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 10/2026, dirigida a la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, al acreditarse violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el trato digno y la debida custodia de los restos de las personas fallecidas; a la verdad y al acceso a la justicia, y a la integridad psíquica y moral, en agravio de una persona fallecida y sus familiares.
De acuerdo con el expediente, la víctima desapareció el 15 de abril de 2020 y su cuerpo fue localizado el 21 de octubre del mismo año en el Fraccionamiento El Roble, en Ensenada, tras una búsqueda realizada por un colectivo.
Al día siguiente, la médica legista del Servicio Médico Forense (SEMEFO) hizo entrega formal del cuerpo a la FGE, quedando bajo custodia y resguardo en el refrigerador de las instalaciones.
Aunque la familia reconoció el cuerpo en diciembre de 2020 mediante un tatuaje y se aportaron muestras genéticas, la identificación tardó cerca de quince meses debido a deficiencias procesales y la falta de toma de una segunda muestra, misma que no pudo realizarse porque el SEMEFO no puso el cuerpo a la vista del personal pericial.
Fue hasta febrero de 2022 cuando se confirmó la identidad con una compatibilidad del 99.99% y las autoridades informaron a los familiares que el cadáver ya no se encontraba bajo resguardo ni existía registro de su salida, traslado o inhumación en fosa común, conservándose únicamente una extremidad (pie).
La CEDHBC señaló que este caso refleja una problemática estructural de "desaparición administrativa" y falta de trazabilidad en los cuerpos bajo custodia estatal, donde la FGE operaba un esquema de liberación sin controles ni cadena de custodia a través de un auxiliar administrativo, mientras que el SEMEFO permitía la salida de cadáveres sin orden ministerial ni inventarios adecuados. Asimismo, se destacó que la falta de respuestas oportunas y la información contradictoria generaron una profunda revictimización institucional hacia las víctimas indirectas (padre, madre y hermana), afectando su integridad psíquica y moral, agravado por el fallecimiento del padre sin poder dar sepultura a su hijo.
Para reparar el daño, la Recomendación establece diversas medidas dirigidas a ambas instituciones:
A la FGE: Gestionar la inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas para una compensación integral; brindar atención psicológica y tanatológica especializada; diseñar un plan coordinado de búsqueda, exhumación e identificación de los restos; garantizar la entrega digna con cobertura de gastos funerarios y de traslado al estado de Sonora; continuar con la investigación ministerial del homicidio; anexar copia de la Recomendación a los expedientes laborales del personal responsable; y emitir protocolos y programas de capacitación sobre cadena de custodia e identificación humana.
Al PJEBC: Instruir al SEMEFO para colaborar activamente en el plan de búsqueda e identificación; dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial para investigar la actuación del personal involucrado; implementar un sistema riguroso de registro de ingresos y egresos de cadáveres con control estricto de órdenes ministeriales; y capacitar al personal operativo en trato digno y resguardo de restos.
El organismo formuló una solicitud de colaboración al XXV Ayuntamiento de Ensenada para facilitar información sobre las inhumaciones realizadas en las fosas comunes del Panteón Municipal No. 4 durante febrero y marzo de 2022, a fin de agotar las líneas de localización del cuerpo.