Impulsan gastronomía kumiai en Ensenada como motor de turismo

En un comunicado, la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York sostuvo que Zambada García pasó casi cuatro décadas dirigiendo el tráfico de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y, en años recientes, fentanilo hacia Estados Unidos, además de ordenar asesinatos y actos de violencia para proteger las operaciones del cártel.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. afirmó que la condena representa el cierre definitivo de una etapa en la historia del narcotráfico.

“Pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares y ordenando el asesinato de quienes se interponían en su camino. Hoy ese capítulo termina para siempre”, señaló el funcionario.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó el fallo como “histórico” y aseguró que refleja la política del gobierno estadounidense de perseguir y desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) destacó que Zambada fue uno de los principales responsables de consolidar al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas del mundo y recordó que actualmente dicho grupo se encuentra designado por Estados Unidos como una Organización Terrorista Extranjera.

Trayectoria criminal

De acuerdo con el expediente judicial, la carrera criminal de Zambada García comenzó desde la creación del Cártel de Sinaloa, organización que evolucionó de la antigua Federación Mexicana de narcotraficantes y que desde finales de la década de 1980 desarrolló una extensa red para introducir drogas a territorio estadounidense y lavar miles de millones de dólares provenientes de esas actividades ilícitas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, “El Mayo” fortaleció aún más su posición dentro del cártel y amplió las operaciones relacionadas con la producción y tráfico de fentanilo, mediante la adquisición de precursores químicos provenientes de empresas chinas y la fabricación del opioide sintético en laboratorios establecidos en diversas regiones de México.

La investigación también señala que la organización recurrió sistemáticamente al soborno de funcionarios y corporaciones policiales para garantizar el traslado de cargamentos de droga y evitar operativos en su contra, además de emplear homicidios, secuestros e intimidación para mantener el control de sus operaciones.

Seis procesos federales

Antes de alcanzar el acuerdo judicial, Zambada enfrentaba acusaciones en seis jurisdicciones federales de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Texas, Illinois, California y el Distrito de Columbia.

Como parte del convenio con la Fiscalía, uno de los casos radicados en Texas fue transferido a Nueva York para resolver de manera conjunta los procedimientos penales. Las autoridades informaron que los expedientes restantes serán desestimados en los próximos días como consecuencia del acuerdo de culpabilidad.

La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la DEA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Homeland Security Investigations (HSI) y fiscales federales de distintas jurisdicciones estadounidenses, quienes calificaron la sentencia como uno de los golpes judiciales más importantes contra el liderazgo histórico del Cártel de Sinaloa.

El funcionario indicó que, debido a este adeudo, hicieron el procedimiento administrativo de ejecución y los debidos requerimientos.

“Como no cumplió, se practicó el embargo. Y, ahorita, estamos informándoles a estas personas que tienen adeudos y tienen que designar un perito valuador para que ellos lo lleven a cabo. Caso contrario, si hacen caso omiso, nosotros lo haremos”, detalló.

Gutiérrez Frías indicó que no han tenido una respuesta favorable por parte del instituto, a pesar de citatorios.

“No ha habido acercamiento por parte de ellos. ¿Qué es lo que le queda a la autoridad? Llevar a cabo el siguiente paso: que es continuar con el procedimiento, designar un perito valuador y convocar a remate una vez que se determine la base para el remate”, reiteró el subrecaudador.

Para el remate en cuestión, ya que sea anunciado oficialmente por el gobierno municipal, podría transcurrir mes y medio.

Como parte de las acciones, personal municipal colocó una lona con la medida municipal en cuestión.

Mario Alberto Gutiérrez Frías adelantó que procederán de la misma manera con los importes “que sean considerados como mayores” por parte de la autoridad.

Posteriormente, Camarillo confirmó el gran momento que atraviesa al proclamarse campeón individual, luego de vencer en una emocionante final 3 juegos a 2 al guatemalteco Leo Kim, en un encuentro de alto nivel que se definió hasta el último punto.

El bajacaliforniano cerró con broche de oro su participación al ser pieza fundamental para que la selección mexicana conquistara el título por equipos, tras superar 3 juegos a 2 a Guatemala en otra vibrante final, en la que volvió a responder en los momentos decisivos para darle a México el campeonato.

El entrenador Juan Karlos Garlobo, destacó la madurez y el nivel competitivo mostrado por Gael a lo largo del torneo, al convertirse en un referente del equipo mexicano durante las tres finales disputadas en Guadalajara.

Con este resultado, Gael Camarillo se consolidó como el atleta más destacado de la categoría Sub 13 al conquistar los tres títulos en disputa y confirmar el crecimiento deportivo que ha mostrado en los últimos años, perfilándose como una de las principales promesas del tenis de mesa mexicano.

De manera complementaria, la diputada plantea incorporar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un Registro Estatal confidencial y no público de personas sentenciadas por violencia digital, orientado a proteger a mujeres, adolescentes y niñas frente a conductas que lesionan su intimidad, seguridad y desarrollo.

Asimismo, procura adicionar al mismo ordenamiento la atribución para que se diseñe un Violentómetro Digital, concebido como herramienta pedagógica y preventiva para identificar señales de riesgo, reconocer conductas de violencia digital y orientar a las víctimas sobre rutas de atención, denuncia y protección.

En materia educativa, impulsa una reforma a la Ley de Educación del Estado para incorporar contenidos sobre violencia digital y mediática en campañas y materiales escolares, así como para promover la difusión del Violentómetro Digital en centros educativos. La iniciativa busca fortalecer la cultura de autocuidado digital y dotar a estudiantes, docentes y familias de herramientas para identificar riesgos, y actuar oportunamente frente a situaciones que afecten la convivencia escolar.

Finalmente, la diputada presenta una iniciativa para adicionar un Título Octavo al Código Penal del Estado, denominado “Delitos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial”, con el fin de regular conductas humanas que emplean IA para suplantar identidad, fabricar evidencia falsa, manipular registros audiovisuales, defraudar, extorsionar o ejercer violencia digital.

“Baja California requiere un marco jurídico moderno que responda a los riesgos del entorno digital; este paquete de reformas fortalece la prevención, moderniza las instituciones y protege la dignidad, seguridad e identidad de la ciudadanía, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan nuevas formas de violencia mediante tecnologías e inteligencia artificial”, indicó Daylín García.

Además del supuesto ofrecimiento que habría hecho, de cooperar y proporcionar información de las mesas de seguridad para recuperar su visa y evitar cargos legales.

Las conversaciones fueron publicadas por El Universal, en la columna de Héctor de Mauleón, los días 13 y 16 de julio; la fecha del tercer audio coincide con el cumplimiento de la orden de aprehensión del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, del que Ávila Olmeda no se ha pronunciado.

De su mensaje publicado este domingo 19 de julio, Marina del Pilar señaló “versiones dolosas propiciadas por algunos audios manipulados”, por lo que busca aclararlos.

“Los asuntos que hoy se comentan corresponden a un tema estrictamente personal: la cancelación y la posterior tramitación de mi visa de turista. Las conversaciones que se han difundido ocurrieron durante el 2025 y se dieron en ese contexto”, dijo.

Ávila Olmeda mencionó que al enfrentar una decisión de carácter migratorio, buscó conocer “las vías legales e institucionales” para atender el procedimiento, y que escuchó diversas personas que aseguran que la orientarían.

“Una de esas personas me engañó”, afirmó, sin mencionar al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, a quien acusó de “tenderle una trampa” el pasado miércoles 15 de julio.

Luego, Marina del Pilar compartió una cronología de “esos contactos engañosos”.

“El 18 de junio de 2025 se dio el primer contacto por mensajería instantánea. El 2 de agosto de 2025 tuvo lugar la primera llamada telefónica. El 22 de agosto de ese mismo año se recibió la segunda llamada y el 15 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una reunión con el supuesto gestor y una llamada con un supuesto agente”, detalló.

La mandaría estatal aseguró que “su disposición de escuchar” no significa “negociar”, y que “nunca habrá una entrega de información” que ponga en riesgo la soberanía de México.

Mencionó que contar con la visa, como gobernadora de un estado fronterizo, es para transitar legalmente entre ambos países.

“Eso nunca significaría aceptar condiciones; comprometer mi independencia como servidora pública, ni poner en riesgo la seguridad o la soberanía de nuestro país” dijo.

Ávila Olmeda aseguró que las gestiones formales para este trámite “siempre se han realizado por los canales institucionales”, al tiempo que ha mantenido su agenda institucional.

“Quiero ser igualmente clara: no he sostenido reunión alguna en Panamá con autoridades de otro país (Estados Unidos). Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa”, subrayó.

Según estadística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC), de enero a junio 2026, los puntos con mayor incidencia delictiva son: zona centro, Lomitas, Popular 89, Valle Dorado y la delegación Francisco Zarco.

En robo a casa habitación y comercio, también aparecen la delegación El Sauzal de Rodríguez y Ampliación Hidalgo.

En total serán 591 escuelas para este periodo vacacional, donde la intención es vigilancia, conservación y resguardo de infraestructura escolar, informó Irma Martínez Manríquez, secretaria de Educación.

“El objetivo de esta estrategia es coordinar esfuerzos entre toda la comunidad educativa y las corporaciones de seguridad para reforzar la vigilancia de los centros escolares durante el receso escolar”, enfatizó.

Refirió que las acciones incluyen más rondines preventivos alrededor de las escuelas, principalmente en aquellas zonas identificadas como vulnerables o con mayor incidencia delictiva, para prevenir actos de vandalismo, proteger la infraestructura educativa, garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios básicos de agua y energía eléctrica, y contribuir al mantenimiento y conservación de los planteles.

El pasado 15 de julio fue la salida oficial del alumnado y se prevé el regreso hasta el 31 de agosto.

Como parte de las medidas preventivas, recordaron al personal directivo cerrar todas las llaves de agua en los planteles, incluyendo las correspondientes a inodoros, lavabos, mingitorios, áreas de jardín y, de ser posible, la llave de paso general ubicada en el medidor.

También, en lo posible, desconectar los aparatos electrónicos que no serán utilizados durante el periodo vacacional, para prevenir incidentes y contribuir al uso responsable de los servicios.

Al evento protocolario de “Vigilando Nuestra Escuela” acudieron Christian Hiram Dunn Fitch, delegado de la Secretaría de Educación en Ensenada; Alejandro Monreal Noriega, director de Seguridad Pública Municipal; María Elena Monreal Mendoza, subdirectora de Prevención del Delito e Iseey Denisse Sarabia Casas, directora de la Escuela Primaria Anáhuac.

Horas más tarde regresaron al domicilio junto con especialistas del centro, quienes con la autorización de la propietaria y su colaboración, realizaron las maniobras para resguardar dos perros adultos y nueve cachorros.

Durante la intervención se presentó un vecino, quien manifestó ser propietario de uno de los perros capturados y explicó que el animal salía de su domicilio con frecuencia. Al ciudadanos le elaboraron la infracción correspondiente, además de que asumió el compromiso de reforzar las medidas necesarias para evitar que el ejemplar volviera a deambular por la vía pública.

Los perros fueron trasladados a las instalaciones de CACYFE, donde permanecerán bajo resguardo para su valoración y protección, conforme a los procedimientos establecidos.

“Debe, al mes de junio, la suma asciende a 80 millones de pesos. Hemos estado buscando la reunión con la presidenta municipal. No se ha podido dar”, dijo.

Centeno Hernández agregó que incluso vía oficio solicitaron una reunión que preveían entregar el miércoles pasado; esto, para ver los proyectos de la localidad y el adeudo respectivo.

Recordó que la alcaldesa declaró hace semanas que “exigía” coordinación con el tema de la Cespe, a lo que respondió que sí se han reunido en diferentes ocasiones con los titulares de Infraestructura Municipal, como lo fue Paola Avelar y ahora José Plascencia.

Incluso con Martha Odette Román Ibáñez, titular de Bienestar Social Municipal, pues hay temas de infraestructura relacionados con el agua, como el Ramo 33.

El director de la Cespe consideró que quizá a Agatón Muñiz “no la enteren” o “no le pasen la información” de dichas reuniones, pero ellos sí han tenido acercamiento con parte de su equipo.

Sobre otros entes públicos que deban el pago del agua, citó los casos de los subsistemas de las preparatorias federales, como Cbtis, Cbta y Cetmar.

“Estamos haciendo una gestión para que se pueda dar un tipo de acompañamiento del gobierno federal para poder cubrir eso. Incluso en algunos ejercicios se han expedido decretos y que se pague una cantidad marginal, sin embargo, los directivos no cuentan con el recurso suficiente y tienen que gestionarlo en oficina central. Esperamos que este año veamos alguna alternativa para que se pueda saldar y que, a partir del 2027, vayan pagando mes con mes”, adelantó Alonso Centeno Hernández.

La denunciante señaló que las prendas encontradas pertenecen a Jesús Iván Barajas Ramos, de 33 años de edad, de quien no tienen información desde hace meses.

Indicó que proporcionó a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) adscrito a la ubicación exacta donde fueron localizados los indicios.

Ante el reporte, alrededor de las 13:00 horas de este sábado 19 de julio, agentes de la Policía Municipal acudieron al sitio para atender el llamado y resguardar el área, a fin de que personal de la Fiscalía realizara las diligencias correspondientes.

Mencionaron que los conductores de vehículos “utilizan esta avenida como autopista, circulando a exceso de velocidad sin respetar límites”.

Además de que decenas de menores y familias caminan hasta 1 kilómetro diariamente sobre esta avenida para tomar el transporte público/escolar, “exponiéndose al peligro constante, especialmente de noche por la falta de iluminación”.

Peticiones:

1.⁠ ⁠Instalación de topes o reductores de velocidad conforme a la norma técnica, en puntos estratégicos de Av. Miguel Allende.

2.⁠ ⁠Colocación de lámparas solares para iluminar el trayecto peatonal, priorizando las zonas de cruce y paradas de transporte.

3.⁠ ⁠Señalamientos viales: Límite de velocidad de 30 km/h, “Precaución: Cruce de Peatones”, “Zona de Niños”.

4.⁠ ⁠Balizamiento/pintura vial para delimitar carriles y pasos peatonales.

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 15:45 horas del 18 de julio, oficiales recibieron un reporte del C5 sobre un intento de extorsión, por lo que acudieron a un establecimiento ubicado en la delegación El Sauzal, donde localizaron a un conductor de una plataforma de transporte por aplicación que esperaba a un usuario que nunca llegó al punto de encuentro

Durante la intervención, el conductor explicó que su esposa había recibido una llamada telefónica en la que un sujeto le exigía la cantidad de 150 mil pesos, asegurándole que él se encontraba privado de la libertad.

Tras entrevistarse con ambas personas y verificar la situación, los policías confirmaron que el conductor se encontraba sano y salvo, descartando cualquier privación ilegal de la libertad y estableciendo que se trataba de un intento de extorsión telefónica, sin que se realizara depósito o entrega de dinero.

La DSPM exhorta a la ciudadanía a mantener la calma ante de este tipo de llamadas, evitar proporcionar información personal o financiera y mantener comunicación con sus familiares antes de tomar cualquier decisión. Asimismo, recuerda que ante cualquier situación de este tipo se debe reportar de inmediato al número de emergencias 9-1-1 o realizar la denuncia correspondiente al 089 de denuncia anónima.