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Sigue debiendo el agua el gobierno de Ensenada: llega a 80 millones de pesos

Hace 4 meses
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El Gobierno de Ensenada debe 80 millones de pesos a Cespe al corte de junio, informó su director Alonso Centeno Hernández. - Foto: Cortesía.

Al mes de junio del presente año, el Gobierno Municipal debe 80 millones de pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), informó el director general Alonso Centeno Henrández.

El titular de la paraestatal declaró que han buscado reuniones con la administración de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, pero no se han concretado.

“Debe, al mes de junio, la suma asciende a 80 millones de pesos. Hemos estado buscando la reunión con la presidenta municipal. No se ha podido dar”, dijo.

Centeno Hernández agregó que incluso vía oficio solicitaron una reunión que preveían entregar el miércoles pasado; esto, para ver los proyectos de la localidad y el adeudo respectivo.

Recordó que la alcaldesa declaró hace semanas que “exigía” coordinación con el tema de la Cespe, a lo que respondió que sí se han reunido en diferentes ocasiones con los titulares de Infraestructura Municipal, como lo fue Paola Avelar y ahora José Plascencia.

Incluso con Martha Odette Román Ibáñez, titular de Bienestar Social Municipal, pues hay temas de infraestructura relacionados con el agua, como el Ramo 33.

El director de la Cespe consideró que quizá a Agatón Muñiz “no la enteren” o “no le pasen la información” de dichas reuniones, pero ellos sí han tenido acercamiento con parte de su equipo.

Sobre otros entes públicos que deban el pago del agua, citó los casos de los subsistemas de las preparatorias federales, como Cbtis, Cbta y Cetmar.

“Estamos haciendo una gestión para que se pueda dar un tipo de acompañamiento del gobierno federal para poder cubrir eso. Incluso en algunos ejercicios se han expedido decretos y que se pague una cantidad marginal, sin embargo, los directivos no cuentan con el recurso suficiente y tienen que gestionarlo en oficina central. Esperamos que este año veamos alguna alternativa para que se pueda saldar y que, a partir del 2027, vayan pagando mes con mes”, adelantó Alonso Centeno Hernández.

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Alcaldesa Agatón va por la reubicación de pesqueras de El Sauzal a Ciudad-Jatay

Un parque industrial a 15 minutos de Ensenada
Hace 2 años
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Se está trabajando en la regularización del área, mencionó la alcaldesa Claudia Agatón  - Lorena Lamas.

Legisladores estatales cuestionaron a la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz sobre el tema de la contaminación visual y las emisiones en la delegación de El Sauzal. En respuesta, propuso la habilitación del proyecto industrial Ciudad-Jatay.

Tenemos avances con un parque industrial en Ciudad-Jatay, que está a 15 minutos hacia el norte del puerto de El Sauzal, dijo la presidenta en el Congreso del Estado durante la presunción de la ley de ingresos este lunes 2 de diciembre.

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En la zona de El Sauzal, se está trabajando en la regularización del área, mencionó.

El ayuntamiento de Ensenada está considerando trasladar a las empresas de distintos giros, incluyendo las pesqueras, para reubicarlas en un lugar donde no contaminen ni afecten a la ciudadanía.

Esta propuesta surgió tras un viaje a Torreón, donde fueron testigos de la transformación de la lechería Lala, la operación generaba daños ambientales así como aromas desagradables.

Ciudad-Jatay es un parque industrial y cuenta con 800 hectáreas. De estas, 100 hectáreas estarían destinadas para una plaza comercial, 100 para uso habitacional, y 600 quedarían para el parque industrial, declaró Agatón a un medio de comunicación.

A este plan, la alcaldesa añadió la propuesta de acondicionar un tercer carril exclusivo para tráileres. La información ya está en manos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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