Actas escolares con descuento 

La solicitud del organismo público autónomo tiene por objeto cubrir lo siguiente: compra de equipamiento para el acompañamiento a colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas; sustitución de equipo de aire acondicionado en obsolescencia; pago de primas de antigüedad y finiquitos; y diversos gastos operativos.

Esta ampliación, se cubrirá con recursos del Gobierno del Estado, adicionales a los que fueron autorizados para operar en el ejercicio fiscal 2026, afectándose diversas partidas presupuestales.

Otro de los asuntos registrados en el Orden del Día que fueron aprobados en el seno de la CHyP, son los que se refieren a las Actas de Sesiones Ordinarias de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 18 y 24 de agosto del presente año.

Participaron en esta sesión, las siguientes diputaciones: Julia González, Michel Sánchez, Alejandrina Corral, Adriana Padilla, Alejandra Ang y Juan Manuel Molina, así como el Auditor Superior del Estado en funciones, Arnulfo Zárate y el Director de Servicios Parlamentarios, Javier Sánchez.

También se contó con la participación del representante de la Sub-Secretaría de Gobierno, Luis Alonso López y del Director de Proyectos Legislativos de la Consejería Jurídica, Daniel Núñez Valadez.

Cynthia Castillo Bejarano, secretaria del Patronato citado, informó a Zona Norte Noticias que dicho taller se llevó a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre, con la presencia de la doctora Clementina Campos Reyes, investigadora del IIC-Museo.

Refirió que a dicha capacitación acudieron 25 personas, quienes reforzaron la importancia de saber cómo resguardar la memoria.

“Esta capacitación, pensada para personas sin formación previa en la materia, ofreció métodos accesibles para proteger el patrimonio documental, facilitando métodos prácticos para transformar cartas, documentos y fotografías familiares en archivos protegidos bajo estándares profesionales de conservación”, explicó Castillo Bejarano.

La capacitación tuvo como sede la Parroquia Purísimo Corazón de María, ubicada sobre la avenida Obregón y calle Tercera, en la zona centro; al lugar llegaron vecinos del centro histórico, estudiantes universitarios y público general interesado en la materia.

La secretaria del Patronato detalló que, como parte de la capacitación, conocieron materiales y herramientas especializadas que pueden contribuir al adecuado manejo de documentos y fotografías.

Esto, en referencia a guantes de nitrilo, cubrebocas, pinceles de pelo fino, cartoncillos y materiales de almacenamiento libres de ácido, así como papel fino de algodón para la protección y separación de documentos delicados.

“Uno de los aspectos centrales fue la importancia de reducir aquellos factores que pueden acelerar el deterioro de los materiales, como la manipulación inadecuada, la humedad, el polvo y el contacto con materiales que puedan transferir sustancias químicas al papel o a las emulsiones fotográficas”, abundó.

Resaltó que Clementina Campos Reyes enfatizó al grupo que algunas acciones de conservación preventiva pueden incorporarse a las prácticas cotidianas de las familias, como manipular fotografías y documentos por los bordes, realizar una limpieza superficial cuidadosa y procurar condiciones adecuadas de almacenamiento.

Entre estas recomendaciones se sugiere el uso de bolsos de algodón, ideales para el resguardo por su transpirabilidad al evitar la humedad y el moho, así como pegamento UHU líquido, destinado exclusivamente a reparaciones menores que exijan una adhesión estable.

También señaló que la aplicación de productos químicos como las tabletas de sulfuro para el control de hongos o plagas debe realizarse con criterios técnicos y medidas de seguridad apropiadas, evitando su uso experimental en espacios domésticos.

Como parte de la información, recordó que el taller fue posible tras la alianza entre el Patronato y al IIC-Museo, mediante el Laboratorio de Memoria y Archivo del Patrimonio Documental Comunitario (LaMaPaDoC).

José María Guerra Osorio, encargado de LaMaPaDoC, subrayó que los acervos familiares y comunitarios constituyen testimonios clave para comprender los procesos sociales e históricos de la región.

“Fotografías, correspondencia, actas y manuscritos conservan valiosa información sobre acontecimientos, personajes y vivencias que integran el patrimonio intangible de la localidad”, indicó.

Agregó que la conservación documental es un compromiso con la identidad colectiva, donde la correcta organización y difusión resguardan la memoria histórica.

Para más información, las personas podrán consultar el sitio oficial del Patronato en redes sociales (https://www.facebook.com/profile.php?id=100064452021339), o escribir a los correos electrónicos centro.historico.ensenada@gmail.com y laboratoriodememoriayarchivo@gmail.com.

La propaganda se localiza en las inmediaciones de un área delimitada con cinta amarilla, donde los oficiales concentran a los conductores elegidos por los agentes para l aplicación de la prueba de alcoholemia y quienes reprueban son remitido a esta zona para la elaboración de las actas correspondientes. En esa área también se encuentra personal de Sindicatura Municipal y de Justicia Cívica.

Detrás del perímetro de seguridad, es donde toda la noche permanecen los acompañantes, amigos y familiares de las personas detenidas, quienes acuden al sitio para conocer su situación o esperar su salida.

En esta zona de tránsito y concentración de ciudadanos es donde se encuentra la propaganda atribuida al aspirante morenista.

En el mismo punto también se observa una lona con publicidad de un despacho jurídico que ofrece asesoría a personas remitidas por el alcoholímetro y que promueve servicios relacionados con los procedimientos derivados de estas infracciones, a cambio del pago de honorarios o comisiones.

El artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece disposiciones relacionadas con los actos de precampaña y la propaganda de quienes participan en procesos internos de selección de candidaturas.

La determinación de si una propaganda específica constituye o no un acto anticipado de precampaña o campaña corresponde a las autoridades electorales competentes.

De acuerdo con el calendario aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Proceso Electoral Federal 2026-2027 iniciará formalmente el 10 de septiembre de 2026. Las precampañas federales se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027; el registro de candidaturas será del 22 de marzo al 3 de abril.

Dijo que, derivado de los trabajos conducidos por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), bajo un estricto apego al debido proceso y a la técnica jurídica, un Juez de Distrito con sede en el Estado de México otorgó una orden de cateo.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por ministerios públicos y peritos de la institución apoyados por de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en dos bodegas ubicadas dentro de un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México donde estaba la documentación.

Godoy Ramos detalló que el análisis del material incautado arrojó indicios sustanciales sobre las operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, perfilando con mayor claridad el modus operandi de la estructura delictiva.

Indicó que de las 24 personas presuntamente implicadas en la red de huachicol fiscal, nueve ya están detenidas, entre ellas, Ernesto "N".

“Es importante subrayar, a partir de algunos argumentos observados en la conversación pública, que la Fiscalía General de la República respeta a cabalidad la presunción de inocencia y el debido proceso”, aseguró.

Asimismo, aclaró que hasta el momento no han sido notificados de ninguna solicitud para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a arraigo o prisión domiciliaria para Ernesto "N".

“En cambio, tenemos información que en su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente sus derechos”, agregó.

Sostuvo que tienen el compromiso es sumar esfuerzos, “para que los productos derivados del petróleo impulsen el desarrollo nacional y no sean ganancias ilegítimas en manos de unos cuantos".

"Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias".

En 2026 en Baja California, para ser precisos en Mexicali, la Secretaría General de Gobierno, el Registro Civil del Estado y la Dirección del Archivo General de Notarías, intervinieron de forma conjunta para frenar un intento de fraude inmobiliario en el que se utilizó un acta de defunción falsificada, con el propósito de iniciar de manera ilegal un juicio sucesorio.

A ese caso se han sumado otras denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, varias de ellas vinculadas a irregularidades en la expedición de actas de defunción. Este tipo de despojo patrimonial contra personas adultas mayores se presenta con una frecuencia prácticamente diaria.

Por ello, indicó Mayola Gaona en su exposición de motivos que, ante el crecimiento de denuncias, sin que exista hoy una vía clara y expedita para atenderlas, hace necesario que esta Soberanía actúe con los instrumentos que sí están a su alcance.

Hoy basta con presentar una copia del acta de defunción, sin que exista obligación alguna de confirmar con el Registro Civil que ese documento sea auténtico. Esa distancia entre presentar un papel y verificarlo es en la práctica, la puerta por la que se han colado buena parte de estos fraudes.

A este problema se suma otro, igual de extendido entre las familias bajacalifornianas; cuando una persona mayor dona su casa, con frecuencia la única propiedad que construyó en toda una vida, la ley actual no exige ninguna garantía de que pueda seguir viviendo ahí después de firmar.

Se han documentado numerosos casos de padres y madres que donaron su vivienda a un hijo o a un familiar cercano, confiando en que nada cambiaría, y que meses o años después terminaron sin un lugar en donde vivir.

El patrimonio que una persona construye a lo largo de toda su vida laboral merece llegar intacto a su vejez. Cuando eso no ocurre, la afectación no se queda en lo económico, golpea directamente la dignidad y la tranquilidad de quien lo pierde, y con frecuencia también la de su familia.

Baja California tiene la oportunidad de cerrar los puntos concretos donde hoy el sistema falla, dándole a sus adultos mayores la certeza de que su patrimonio está protegido, sin necesidad de tratarlos como si ya no pudieran decidir por sí mismos.

De acuerdo con el informe policial, siendo las 07:26 horas del 2 de agosto, oficiales al encontrarse sobre recorrido de vigilancia fueron alertados por el C5 sobre una presunta violencia familiar en la calle Manuel Sánchez, del ex ejido Chapultepec, por lo que se dirigieron de inmediato al lugar.

Al arribar al sitio señalado, los agentes localizaron a una mujer, quien manifestó que momentos antes había sostenido una discusión con su pareja sentimental, quien presuntamente la insultó, la siguió mientras intentaba retirarse del lugar y la jaloneó, ocasionando además daños a su bolso de mano.

Ante el señalamiento directo de la víctima, los elementos municipales se entrevistaron con el reportado, identificado como Pablo “N”, de 29 años de edad, a quien le explicaron el motivo de la intervención y procedieron a su aseguramiento, colocándole los candados de manos e informándole sus derechos constitucionales como persona detenida.

Asimismo, los oficiales ofrecieron atención médica y alternativas de resguardo a la víctima, quien manifestó no presentar lesiones visibles y decidió retirarse posteriormente por sus propios medios.

Pablo “N”, fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para su certificación médica y la elaboración de las actas correspondientes, para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

Asimismo, manifestó que se retiró a 20 personas que no contaban con el permiso correspondiente para ejercer la actividad en las zonas donde se efectuaron estos recorridos.

“Este tipo de acciones están encaminadas a brindar seguridad a peatones, a contar con un comercio ambulante ordenado y que cumplan con las especificaciones que marcan los reglamentos y lo que estipulan sus permisos”, recalcó el funcionario municipal.

Indicó que las zonas en las que se efectuaron recorridos de inspección y vigilancia fueron en el primer cuadro de la ciudad y zona turística, así como el área del Tianguis de Pórticos del Mar y otras vialidades principales de otros sectores de la ciudad.

Comentó que la alcaldesa Claudia Agatón ha dado la indicación de brindar la asistencia a los comerciantes para que puedan ejercer su actividad dentro del marco legal y, de esta forma, puedan evitarse sanciones y procedimientos administrativos.

El encargado de despacho de la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, Diego Alejandro Munguía, informó que durante el recorrido se realizaron 15 inspecciones a comercios ubicados en la vía pública, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Precisó que, derivado de estas acciones, se levantaron cinco actas administrativas a comerciantes por no contar con el permiso correspondiente para operar.

“Se aplicó una clausura en un punto de venta de bebidas con graduación alcohólica, relacionado con denuncias públicas difundidas en redes sociales y señalamientos presentados ante la Profeco por presuntos cobros excesivos”, refirió.

Conforme a la versión oficial, el personal de inspección notificó a las y los comerciantes sobre los motivos de la intervención y les exhortó a mantener en regla sus permisos municipales, así como a cumplir con las disposiciones aplicables en materia comercial.

Munguía reiteró la importancia de brindar una atención adecuada a las y los visitantes que acuden a La Bufadora, al tratarse de uno de los atractivos turísticos más representativos del municipio.

“Queremos que quienes visitan La Bufadora encuentren comercios ordenados, servicios adecuados y condiciones claras. La actividad comercial debe realizarse conforme a la normatividad, en beneficio de residentes, visitantes y del propio sector”, expresó.

Tras esto, el personal de inspección elaboró un informe detallado que será remitido a la Profeco, instancia responsable de determinar lo conducente conforme a la legislación federal aplicable.

El funcionario agregó que la Dirección de Comercio mantendrá recorridos de inspección y vigilancia en zonas turísticas y comerciales, a fin de verificar el cumplimiento de los reglamentos municipales y atender las denuncias ciudadanas.

Tras analizar los antecedentes expuestos por la representación social, el Juez de Control determinó la existencia de elementos suficientes para vincular a proceso a José Antonio “N”, con lo que continuará el procedimiento penal correspondiente.

Al atender el llamado, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM); detuvieron a Santana “N”, de 39 años de edad, por el probable delito de portación de arma prohibida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:34 horas del pasado 19 de junio, cuando agentes municipales realizaban un recorrido de vigilancia preventiva sobre las calles Segunda y Miramar, en la Zona Centro, momento en que fueron interceptados por un ciudadano que solicitó apoyo.Al ingresar los oficiales al predio, localizaron a un grupo de personas que mantenían retenido al señalado, quien fue identificado como Santana “N”, de 39 años de edad.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, uno de los hombres logró desarmar al individuo, retirándole el cuchillo y evitando que continuara con las amenazas, para posteriormente retenerlo en espera de la llegada de la autoridad.

Durante la intervención fue asegurado un cuchillo de cocina con hoja metálica y mango color negro, mismo que fue procesado conforme a los protocolos de cadena de custodia para su integración a la carpeta de investigación correspondiente.

Ante el señalamiento directo de los testigos y el aseguramiento del arma prohibida, los agentes procedieron a la detención de Santana “N”, colocándole los candados de manos, informándole sus derechos constitucionales y realizando una inspección preventiva sin localizarle otros objetos ilícitos.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comandancia Central para la elaboración de las actas correspondientes, registro de la detención y certificación médica, para finalmente ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

“El problema no radica en la falta de legislación, sino en la necesidad de fortalecer la difusión, capacitación y homologación de criterios administrativos entre las oficialías del Registro Civil, a fin de garantizar una aplicación uniforme de la norma en beneficio de la ciudadanía”, indicó.

Este llamado a las autoridades resulta especialmente relevante en Baja California debido a la condición de entidad fronteriza, donde existe una importante población binacional y un constante flujo de personas mexicanas nacidas en el extranjero que requieren acceder a documentos oficiales para ejercer plenamente sus derechos.

“La Dirección del Registro Civil del Estado, como autoridad rectora del sistema registral estatal, cuenta con las atribuciones necesarias para emitir criterios administrativos, circulares informativas, lineamientos de observancia interna y acciones de capacitación dirigidas a las Oficialías del Registro Civil, a efecto de garantizar una aplicación uniforme de la legislación vigente en beneficio de la ciudadanía”, refirió.

En ese sentido, el punto de acuerdo insta a la titular de la Dirección del Registro Civil del Estado, Elizabeth Márquez Saavedra, a emitir los criterios y directrices administrativas necesarias para asegurar el cumplimiento del Decreto 161 y del artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la identidad de las y los bajacalifornianos.