Propone Sheinbaum Ley para eliminar trámites burocráticos en el país

Las quejas continuaron este jueves 21 de octubre, donde finalmente lograron contactar a las autoridades de la Delegación de la Secretaría de Educación en Ensenada.

Personas participantes de estas acciones, contactaron a Zona Norte Noticias para indicar que finalmente les asignaron una maestra para que esté al frente del grupo de tercer grado.

Destacaron el cierre de la supervisión mencionada, así como de las oficinas del Sector Escolar, ubicadas a un costado de la Escuela Justo Sierra.

“Entendemos que estas acciones pueden ocasionar molestias, pero pedimos comprensión. Nuestro único propósito es que nuestros hijos puedan recibir la educación a la que tienen derecho. Esta situación no debería presentarse en ninguna escuela de Ensenada. Hoy nos corresponde a nosotros levantar la voz, pero mañana podría ser cualquier otro grupo escolar”, expresaron sobre las motivaciones.

Conforme a los datos, la maestra será en calidad de interina y ya fueron realizados los trámites para que se presente a partir de este viernes 22 de octubre.

Daylín García destacó que este Parlamento Abierto busca incorporar la visión y experiencia de los sectores económicos al trabajo legislativo, mediante un diálogo abierto que permita construir acuerdos y propuestas frente a los principales desafíos que enfrenta Baja California.

En su participación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Julio Alberto Salinas López, subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector productivo y el Poder Legislativo para mejorar la competitividad, atraer inversiones y concretar proyectos de movilidad, energía, agua y vivienda, además de gestionar recursos para comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) entre otros organismos, participaron con propuestas.

Entre los temas centrales se expuso la propuesta del sector productivo de reducir al 3 por ciento la tasa del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), al considerar que contribuiría a atraer inversiones y generar empleos.

Asimismo, se abordaron otros retos como la crisis del agua, mayores incentivos para las MIPyMES, la actualización de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, el retorno del impuesto sobre hospedaje, la seguridad, la movilidad, la vivienda y el turismo, el Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM), además de otras propuestas.

En la jornada participaron las diputadas Tere Ruiz y Evelyn Sánchez, así como el diputado Diego Arregui, quienes refrendaron su compromiso de dar seguimiento a los planteamientos del sector productivo y promover, desde el ámbito legislativo, acciones que contribuyan a fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo económico de Baja California.

En representación de la Secretaría de Economía e Innovación, Iván García Díaz, director de Competitividad y Mejora Regulatoria, expresó la disposición del Poder Ejecutivo para mantener el diálogo con el sector empresarial y atender sus planteamientos. Enfatizó la importancia de analizar las propuestas fiscales, además de exponer los avances para establecer una ventanilla estatal digital de inversiones y simplificar los trámites para la apertura de negocios.

Por su parte la legisladora García Ruvalcaba indicó: “Organizaremos los planteamientos en una agenda de trabajo con prioridades y plazos definidos, diferenciando aquellos que requieren exhortos y gestiones de los que necesitan reformas legales. Asimismo, llevaremos las necesidades expuestas por el sector productivo al análisis legislativo del presupuesto del próximo año, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo económico de nuestro estado”.

Al concluir, agradeció la participación de los organismos y sectores representados, y reconoció su experiencia y trabajo para impulsar la actividad económica en Baja California. Subrayó que este ejercicio permite visibilizar necesidades que aún requieren atención y reiteró la importancia de mantener la colaboración con quienes enfrentan directamente los retos de invertir, generar empleos y dar certidumbre a sus proyectos.

El Parlamento Abierto continuará en Mexicali, próxima sede de este ejercicio, y posteriormente en Tijuana, con el propósito de ampliar la participación de los sectores productivos en el análisis de los retos económicos de la entidad.

“El cambio de la tarifa 1F a la DAC puede elevar hasta cinco veces el costo por kilowatt-hora, lo que afecta gravemente la economía de los hogares, principalmente en los meses de calor extremo, cuando el aire acondicionado resulta indispensable para proteger la salud”, enfatizó el legislador.

Aunque la CFE dispone de convenios para cubrir adeudos en parcialidades y del esquema de Pago Amortiguado, la falta de información y los trámites presenciales dificultan su acceso. Por ello, en el exhorto se solicita incluir en los recibos y las notificaciones de adeudo las opciones de pago disponibles y sus requisitos, antes de la suspensión o cancelación del servicio.

“No se plantea la creación de un beneficio nuevo sino el cumplimiento, la transparencia y la accesibilidad de una herramienta que ya existe en el contrato de la CFE, así como una revisión integral de las opciones disponibles para atender de fondo el problema de los de los recibos excesivos en Baja California”, manifestó.

En consecuencia, se propone habilitar estas gestiones en la aplicación CFE Contigo y el portal digital oficial de la empresa, evaluar la ampliación de los plazos previos a la cancelación definitiva del contrato y revisar las alternativas que ya existen en otras entidades.

El acuerdo contempla que la SENER dé seguimiento a las acciones de la CFE y de la CNE, e informe al Congreso sobre sus avances, con el propósito de brindar certeza a las familias de los siete municipios. Asimismo, el exhorto se amplió para las y los diputados federales, la Secretaría General de Gobierno de Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El ajuste espacial busca equilibrar el sustento social con los esfuerzos de conservación de la Vaquita Marina (Phocoena sinus), especie en alto riesgo de extinción propensa a la captura incidental.

En este sentido, la autoridad federal precisó que la denominada Zona de Tolerancia Cero se mantendrá intacta y continuará operando bajo las máximas restricciones de conservación.

Para garantizar la navegabilidad y las actividades productivas ordenadas, el acuerdo prevé la creación de un canal regulado que permitirá el tránsito de embarcaciones menores.

No obstante, dentro del área restringida que permanece, únicamente se autorizará el uso de artes de pesca selectivas, como redes suriperas activas, líneas de anzuelos, palangres, trampas y buceo libre o semiautónomo, previa aprobación del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) y autorización de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Además, se mantendrá la prohibición estricta de realizar actividades pesqueras en horario nocturno, de 19:00 a 05:00 horas.

Monitoreo, marcaje y abrogación de normas previas

El ordenamiento deroga formalmente los acuerdos expedidos el 24 de septiembre de 2020 y el 9 de julio de 2021, que establecían el marco regulatorio previo y sus factores detonantes.

En su lugar, el nuevo marco institucional contempla mecanismos de control reforzados.

La Conapesca implementará el marcaje de las redes de enmalle autorizadas que operen fuera del polígono de prohibición para identificar formalmente los equipos y a los permisionarios.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), se instalará un sistema de monitoreo inalterable en las embarcaciones menores en un plazo no mayor a 12 meses tras la asignación presupuestal correspondiente.

Además, se delimitarán los puntos autorizados para el zarpe y arribo de embarcaciones, con facultad de la Conapesca para normar sitios adicionales fuera de los alcances del acuerdo.

Con esta estrategia de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SEMAR y las autoridades pesqueras, se busca encauzar una actividad pesquera responsable y sustentable que devuelva la estabilidad económica a las familias de la región, salvaguardando al mismo tiempo el ecosistema único del Alto Golfo de California.

Los datos oficiales establecen, que en lo que respecta a la protección de la vaquita marina, los monitoreos realizados entre mayo y septiembre de 2025 confirmaron la presencia de la especie en la Zona de Tolerancia Cero y sus alrededores.

Por ello, las autoridades y la organización Sea Shepherd reforzaron la vigilancia en el área.

En torno a la actividad pesquera, reconocieron la existencia de especies de interés comercial en el Norte del Golfo de California que pueden aprovecharse de manera sustentable.

Cabe recordar que en febrero de 2026, el Grupo Interinstitucional (GIS), acordó iniciar los trámites para modificar el Acuerdo de 2020 que regula las artes, métodos y horarios de pesca, así como los sitios de desembarque y sistemas de monitoreo para embarcaciones en la región.

El acuerdo del publicado el 14 de octubre, por el que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones menores y mayores en Zonas Marinas Mexicanas en el Norte del Golfo de California y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de Sistemas de Monitoreo para tales embarcaciones, puede ser consultado en: https://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5801240&fecha=14/10/2026

Durante una declaración pública, Agatón aseguró que su administración tomó previsiones para evitar que el Ayuntamiento pudiera verse involucrado en operaciones relacionadas con lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

“Nosotros sí fuimos muy previsores. Yo no sé si el resto de los ayuntamientos lo hizo, pero nosotros sí pedimos y solicitamos firmar una carta de decir verdad”, afirmó.

La alcaldesa sostuvo que el documento fue solicitado a los representantes de la empresa y que el Ayuntamiento lo tenía en su poder.

“Esa carta nosotros sí la solicitamos, esa carta contamos con ella y finalmente en esa ruta nosotros nos fuimos”, declaró a medios de comunicación.

El Síndico Procurador, Eli Oviedo Diaz, respondió que ellos no tienen en su poder la carta.

“No existe la carta. Nosotros recogimos elementos que fueron recabados durante la auditoría como contratos, los contratos que han sido de donación de renta, de diversas acciones, de prestación de servicios y entre los contratos que hemos revisado de diversos giros y diversas proveedurías”, señaló.

Recordó que como entidad fiscalizadora, el equipo solicitó posterior a la organización de los carnavales la información relacionada, entre otros trámites, con la contratación de la proveeduría y este requisito no estaba dentro de los expedientes.

Y por otro lado, se encuentra el Catastro Municipal, dependiente de cada Ayuntamiento, quien registra las características físicas y fiscales de los inmuebles: superficie, ubicación, valor catastral, cuenta predial, es decir, es la base para el cobro del impuesto predial y la planeación urbana.

La falta de coordinación entre ambos niveles de gobierno, tiene como consecuencia la desconexión institucional, operaciones sin resolver, confusión en identidad del vendedor, problemas fiscales y dificultad para créditos hipotecarios.

En el uso de la voz, el licenciado Gabriel Tobías Duarte, presidente del Colegio de Notarios de Baja California, puntualizó algunos aspectos de la problemática de los propietarios para la realización de sus trámites notariales, debido a las inconsistencias ante Catastro Municipal y el Registro Público de la Propiedad del Estado.

Asimismo el licenciado Fermín Kim King, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), resaltó la importancia de la Reforma a la Ley Inmobiliaria que le dan certeza jurídica a los propietarios, ante la autoridad.

Por su parte, la diputada Evelyn Sánchez, agradeció la presencia de representantes de colegios y asociaciones, con quienes ya ha sostenido reuniones previas, así como a la ciudadanía que motivó la presentación de la “Reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, ante el Pleno del Congreso.

“Tenemos el antecedente de 500 familias que fueron defraudadas por diferentes aspectos del orden inmobiliario y de Registro de su propiedad, de ahí la importancia de promover proyectos legislativos con la coordinación de instituciones y de organismos que asisten a este foro. Tengan por seguro que esta iniciativa tiene todos los puntos que han aportado tanto ciudadanos como empresarios de todos los sectores”, expresó la legisladora local.

Al foro asistieron además, Miguel Legorreta Cortez, vicepresidente de ASAI, Lic. Yeni Hilario de la Comisión de RPCP de CANADEVI, Lic. Mario Fajardo Solana, presidente de ASAI, Arq. Sergio Sodelo, delegado de la SG del Gobierno del Estado, entre otros.

En términos ciudadanos, esto significa avanzar hacia una administración pública en la que realizar un trámite no implique necesariamente acudir de manera presencial a una oficina, hacer filas o invertir largos periodos de tiempo. La incorporación de herramientas digitales permitirá ampliar las opciones para que las personas puedan realizar sus gestiones desde una computadora, teléfono celular u otros medios electrónicos.

La reforma también busca que las instituciones públicas cuenten con mejores herramientas e infraestructura tecnológica para hacer más eficientes sus procesos y facilitar el acceso a los servicios, sin que la ubicación geográfica de las personas represente un obstáculo.

Asimismo, la digitalización de los trámites puede contribuir a reducir tiempos de espera, facilitar el seguimiento de las gestiones y fortalecer la transparencia, al disminuir procesos presenciales y hacer más claros los procedimientos que deben seguir las personas usuarias.

Esta reforma se suma al proceso de transformación digital que ya se desarrolla en Baja California, previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, mediante herramientas que permiten realizar trámites y servicios de manera remota.

Entre estas acciones destaca el Registro Estatal de Trámites y Servicios, operado por la Agencia Digital de Baja California, que ofrece gestiones como refrendo vehicular, pago de placas, revalidación de tarjeta de circulación, seguimiento de trámites y citas para licencias, además de procesos simplificados para la renovación de permisos en sectores pesquero, turístico y agropecuario.

La iniciativa, contenida en el Dictamen 109 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, fue aprobada con 22 votos a favor y cero en contra, misma que fue presentada en su momento por el diputado Ramón Vázquez.

Por otra parte, se avaló la reforma al artículo 11 de la Constitución Política del Estado para armonizar el marco jurídico en materia de simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas públicas.

En materia de vivienda, se dictaminó la reforma al artículo 7 de la Constitución Estatal para fortalecer el derecho a una vivienda adecuada, promoviendo que el Estado y los municipios impulsen políticas, instrumentos y apoyos que faciliten el acceso a viviendas dignas, habitables y con equipamiento suficiente, particularmente para los grupos en situación de vulnerabilidad. En este caso, el proyecto legislativo correspondió a una iniciativa del diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha.

Las y los legisladores también respaldaron la propuesta del legislador Danny Fidel Mogollón Pérez, mediante la cual se plantea al Congreso de la Unión incorporar nuevas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de establecer la obligación de que las autoridades jurisdiccionales ordenen la realización de una evaluación o dictamen psicológico a las personas que soliciten la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes.

A fin de armonizar el contenido de la ley al uso de lenguaje incluyente, se aprobó la iniciativa de la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo para reformar los artículos 4 y 4 Bis de la Ley del Periódico Oficial del Estado, actualizando su redacción bajo criterios de inclusión y concordancia normativa.

Asimismo, se avaló la iniciativa de la diputada Dunnia Montserrat Murillo López para reformar la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado, con el propósito de incorporar el principio de consentimiento inequívoco y establecer que el consentimiento expreso deberá estar respaldado por elementos que acrediten de manera indubitable su otorgamiento, fortaleciendo la certeza jurídica en el tratamiento de los datos personales.

Para garantizar el acceso libre y sin cobro a las playas, aun cuando se encuentren bajo concesión, así como establecer señalamientos y accesos públicos a cada tres kilómetros y fortalecer la colaboración de las autoridades estatales y municipales para vigilar y promover este derecho, se respaldó la iniciativa de la congresista Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza para reformar el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales y que será planteada al Congreso de la Unión.

La agenda de la sesión incluyó además iniciativas enfocadas en el reconocimiento de instituciones educativas con amplia trayectoria en la entidad, por lo que recibieron dictamen favorable las propuestas de la diputada María Yolanda Gaona Medina y del diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros para declarar Benemérita a la Escuela Secundaria Estatal No. 16 “De Prácticas para Pedagogía” de Mexicali y a la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” de Tecate.

Los trabajos fueron encabezados por el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, acompañado de las y los integrantes, Alejandra Ang, Maythé Méndez, Julia González, Tere Ruiz, Daylín García, Jaime Cantón, Diego Lara y Diego Echevarría.

Los afectados, entre los que se encuentran las Sociedades de Producción Rural Baja 5 y asociados, Mariscos de Villa Jesús María y 3 Californias, recalcaron que la falta de atención oficial refleja una marginación histórica hacia la zona sur del estado, donde las necesidades básicas del sector productivo han sido ignoradas por administraciones enteras.

Advirtieron que su protesta se mantiene por vías pacíficas y ofrecieron disculpas a la ciudadanía por las molestias que las acciones de presión puedan ocasionar, pero advirtieron que de no haber una respuesta satisfactoria por parte de las instituciones, endurecerán sus medidas hasta lograr la resolución definitiva de sus demandas.

Los sectores productivos de esa región del sur, señalaron que la situación ha llegado a un límite insostenible, debido a que las mesas de diálogo y las promesas oficiales se han traducido en expedientes acumulados sin solución.

Los inconformes subrayan que el sector no busca más simulaciones ni acuerdos verbales y exigieron compromisos reales y plazos de ejecución por parte de los funcionarios involucrados

La exigencia va dirigida a Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora del Estado de Baja California; Alma Rosa García Juárez, Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado; Carmen Antuna Cruz, Delegada de Programas para el Bienestar en Baja California y a Tannia Nassar Prado, Representante de la Conapesca en la entidad.

En un comunicado informó que en los últimos meses han frenado temas relacionados con la simplificación y digitalización de trámites, por lo que consideró urgente que dicha dependencia asuma las atribuciones que le fueron otorgadas y presente resultados.

Lanzó una serie de cuestionamientos como: ¿qué nos está faltando? ¿Recursos? ¿Personal? ¿Tecnología? ¿Coordinación? ¿Voluntad? Si hay algo que hace falta para poder avanzar, necesitamos saberlo.

Entre los pendientes más urgentes, indicó, se encuentra la digitalización de pagos de impuestos y multas de tránsito en línea mediante Ventanilla Ensenada.

Sumó la necesidad de corregir las fallas detectadas en la propia plataforma Ventanilla Ensenada, pues una herramienta digital que no funciona adecuadamente termina convirtiéndose en otro obstáculo para la ciudadanía.

La regidora recordó que, desde la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, se ha respaldado al gobierno municipal para avanzar en esta materia, entre otras acciones, mediante la reforma al Reglamento de Mejora Regulatoria, con la que se otorgan mayores atribuciones a la Dirección de Desarrollo Económico, así como con el análisis de la simplificación de trámites en los reglamentos municipales.

Advirtió que el tiempo sigue avanzando y que esta administración está por concluir y no deben permitir que los pendientes siguen acumulándose ni que la falta de resultados se vuelva normal. Y que ésta es una herramienta fundamental para reducir la burocracia, facilitar la apertura de negocios, atraer inversiones, generar empleos y mejorar la atención a la ciudadanía.

Hoy, la justicia enfrenta tensiones estructurales. Los tribunales saturados, la percepción de falta de independencia judicial, la lentitud procesal y los señalamientos de corrupción en trámites han generado un ecosistema donde cada vez más disputas se “arreglan por fuera”. En ese terreno extrajudicial, el riesgo aumenta: actores ilegales y actores oportunistas observan quién puede inclinar la balanza. Aunque cada caso debe investigarse con rigor y sin conclusiones anticipadas, organismos internacionales han documentado que, en contextos donde el sistema de justicia se debilita, redes criminales y estructuras de corrupción pueden aprovechar la fragilidad institucional para influir en conflictos civiles, mercantiles, inmobiliarios y fiscales. Esto no implica que todos los homicidios de abogados estén vinculados a dichos actores, sino que el entorno actual incrementa la vulnerabilidad de quienes participan en litigios donde existen intereses económicos o territoriales relevantes.

A ello se suma un fenómeno reciente: la elección de nuevos jueces por voto popular y un sistema disciplinario judicial que muestra signos de debilidad. Esta observación no cuestiona el mecanismo democrático en sí, sino los retos operativos y de independencia que diversos estudios internacionales han identificado en sistemas donde la judicatura enfrenta presiones electorales. La justicia, ya tensionada, enfrenta presiones adicionales que incrementan la incertidumbre y exponen aún más a los litigantes.

Los colegios que integran la FEDABO mostraron valentía al encarar a las autoridades y exigir un protocolo de protección. Ese gesto debe reconocerse. En un entorno donde muchas facultades de derecho y varios colegios han optado por una postura más prudente frente al poder político, la decisión de quienes sí alzaron la voz merece respeto. Pero también requiere una ruta clara para que su esfuerzo no termine atrapado en una mesa de trabajo sin resultados o en un protocolo que no se traduzca en acciones concretas.

Es importante reconocer que la ciudadanía mantiene críticas legítimas hacia prácticas poco éticas de algunos abogados. Esa realidad existe en Baja California y en todo México. Sin embargo, la protección del gremio no busca eximir conductas indebidas ni blindar a quienes violan la ley; busca garantizar que quienes sí ejercen su profesión con ética puedan hacerlo sin miedo a represalias violentas. La seguridad de los abogados no es un privilegio corporativo: es una condición mínima para que cualquier persona pueda acceder a la justicia cuando la necesite.

Por ello, la abogacía local necesita una ruta seria, ética y con visión. La primera acción debe ser considerar un Estado de Alerta Jurídica para la Abogacía en Baja Californi5a, por un periodo definido. La segunda acción es solicitar al Congreso la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes contra Abogados. La tercera corresponde al Poder Judicial: valorar un Tribunal Especializado en Delitos contra Operadores de Justicia. La cuarta es impulsar una Coalición Estatal de Seguridad Jurídica.

Y si las medidas anunciadas no se traducen en resultados verificables, deberá valorarse solicitar acompañamiento técnico internacional, mediante la Relatoría Especial de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ruta está planteada. Lo que sigue es recorrerla con responsabilidad, sin estridencias, pero sin evasiones.

Guillermo E. Rivera Millán

Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México A.C.