Atendió Administración Urbana a denuncias de invasiones

Pero la misma se disminuirá en una mitad si, en un término de setenta y dos horas contadas a partir del requerimiento formal de la autoridad investigadora, se restituye a la parte ofendida en la posesión material del inmueble despojado.

Hasta agosto de este año 2025, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California en cuanto a la incidencia delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado de enero a agosto de este año, 864 nuevas carpetas de investigación se habían iniciado por el delito de despojo.

Lo señalado es el escenario actual que se vive en el Estado, en el que el descontento de los ciudadanos es cada vez mayor y la inseguridad e incertidumbre que sienten al salir de casa y no saber si la encontrarán ocupada por invasores es cada vez mayor.

Según expuso la inicialista, la Constitución Mexicana establece en el artículo 14 la garantía del debido proceso en la que se señala que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

El delito de despojo tipificado en el ordinal 226 del Código Penal de Baja California, tiene como fin primordial garantizar el orden social y tutelar la posesión pacífica de los bienes inmuebles. Desafortunadamente, en nuestro Estado las estadísticas de la comisión de tal delito, han ido aumentando considerablemente.

“La invasión de viviendas ha crecido de manera preocupante, provocando conflictos, daños materiales e incluso poniendo en riesgo la vida de las y los vecinos”, expresó la legisladora al recordar el reciente caso en el fraccionamiento El Prado, en la ciudad de Mexicali, donde un grupo de invasores provocó un incendio con un tanque de gas.

“Este fenómeno no se limita a un solo municipio, sino que está presente en toda la entidad, especialmente también en Tijuana, en donde miles de viviendas están invadidas o en riesgo, derivado de la falta de vigilancia y siendo sinceras en la lentitud de los procesos judiciales”, agrego.

La proposición aprobada por unanimidad del Pleno, exhorta a la Titular del Ejecutivo a integrar un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales, con el fin de diseñar, coordinar y aplicar acciones concretas que prevengan y atiendan la invasión de viviendas.

Además, se solicita la implementación de un mecanismo especial de denuncia ciudadana accesible y confiable, que permita reportar casos por vía telefónica, digital o presencial, con seguimiento directo y orientación jurídica.

Con estas acciones coordinadas, se podrá garantizar que cada familia en Baja California cuente con un hogar seguro, que su patrimonio sea respetado y que la justicia actúe con prontitud. “Proteger todos nuestros hogares y nuestras casas es proteger nuestras vidas y el bienestar de todas y los bajacalifornianos”, afirmó Michelle Tejeda al concluir su exhorto.

En rueda de prensa, el empresario Julio Meza Virgilio, informó que la propuesta de todos los implicados es clara: impulsar un cambio en el estatus sanitario, con potencial para incrementar la producción ganadera y exportar el producto hacia Estados Unidos.

Señaló que el evento contará con una exhibición de maquinaria y múltiples razas de ganado bovino, equino y caprino, además de pláticas y conferencias para estudiantes, académicos y ganaderos de la región.

Entre el contenido, afirmó Meza Virgilio, los expositores abordarán los retos del sector ganadero, así como estrategias para combatir las problemáticas.

Destacan que la población en general podrá ingresar de manera gratuita desde la apertura en el horario matutino hasta las 4:00 de la tarde, mientras que las actividades vespertinas y nocturnas requerirán costo de admisión.

El resto del programa incluye una cabalgata, rodeo, conciertos musicales, venta de alimentos, toro mecánico, capacitación para la crianza de caballos, entre otros.

En el caso de la SADER Estatal, tienen previsto que instale un pabellón con exhibición de productores agropecuarios y promoción de sus programas.

Por su parte, en los conciertos musicales asistirán los hijos de Barrón, Herederos de Nuevo León, grupo Control y por último, Invasores de Nuevo León, todo en un nuevo escenario con gradas para mil 500 asistentes.

Muñoz Avilez recordó la propuesta por parte del director nacional, Octavio Romero Oropeza, quien anunció esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.

“Surge una propuesta por parte de su director nacional donde propone, y pone en esta caso a consideración, el hecho de hablar de una posible premiación a un delincuente cuando, precisamente, está invadiendo tu predio, cuando está tratando de poseer tu propiedad y, ahora, el gobierno federal está tratando de buscar opciones”, afirmó.

De una reestructuración de crédito y una reestructuración de renta, prosiguió, y que a final de cuentas esté considerada esta persona que, a final de cuentas, invade tu propiedad.

“Y tenga la oportunidad de poderse quedar con esa vivienda. Estamos en total desacuerdo. Consideramos que es una aberración que el Estado de Derecho sea pisoteado de esa manera, de una persona que con tanto esfuerzo ha logrado en tantos años poder obtener un crédito Infonavit, y que, por algún supuesto que ha tenido en el tema personal no ha podido seguir cumpliendo con ese crédito, ahora se sujeto de que le van a desposeer de su propiedad”, argumentó.

Alberto Muñoz Avilez refirió que el gobierno federal dice “que no se trata de invadir el derecho a la propiedad”, lo que rechaza la iniciativa privada pues, al final se trata quitar la vivienda y arrendársela a alguien que ha vulnerado los derechos de otra persona.

“Nosotros proponemos que este tipo de supuestos, el premiar a una persona por lo que está haciendo, al contrario: que se le castigue con mayor fuerza, que se la castigue con la modificación al propio Código Penal de Baja California, donde lejos de tener una prisión de 1 a 6 años, se le incremente la penalidad a aquellas personas que estén tratando de desposeer, o de invadir, un predio que no les pertenece”, remarcó el presidente del Centro Empresarial Ensenada.

“El Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad”, puntualizaron.

También remarcaron que promover un programa que “legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley” implicaría “normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda”.

El texto es firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB); la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX); Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (Comce); yConsejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

En su mensaje reiteraron la oposición a esta propuesta anunciada por el director de la dependencia Octavio Romero Oropeza, quien anunció la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.

“Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo. El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen”, abundó el sector empresarial.

Citaron que de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86 por ciento de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el instituto ni con los legítimos propietarios.

“Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”, subrayaron.

Las cámaras reconocieron la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto.

“Es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas”, enfatizaron.

“En ese sentido, se iniciaron expedientes con números JI/DE/4723/2024, al JI/DE/4763/2024, es decir son 40 procedimientos administrativos, comisionando para el efecto de su notificación al inspector adscrito de esta Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente para que se respetara en todo momento el derecho de audiencia y legalidad de los posesionarios”, afirmó.

El funcionario municipal manifestó que el inspector adscrito llevó a cabo el lunes 21 de octubre, las notificaciones de las órdenes de visita, levantando para el efecto las actas circunstanciadas que en derecho correspondió.

“Al llevar cabo este procedimiento, se les notificó a los posesionarios del predio identificado con clave catastral PC-000-001, en colonia Praderas del Ciprés, calle periférico Sur, para que, en el término de cinco días, acudan a manifestar lo que en su derecho corresponda, respecto a la posesión que ostenta”, comentó.

El político advirtió que la instalación de un complejo judicial en dicho espacio vulnera de forma directa el corredor turístico y cultural de la zona, conformado por el propio CEART, el Museo Caracol, el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera, así como la Ventana al Mar y la Plaza Cívica de la Patria.

García Lazcano sostuvo que la decisión, tomada de manera unilateral por la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, abre un frente de conflicto evitable con la comunidad artística local y refleja una visión que trata a Ensenada "como una ciudad de segunda".

Asimismo, respaldó las recientes protestas de los creadores locales, al señalar que enfrentan una persistente carencia de apoyos institucionales y políticas públicas orientadas al fomento del talento regional.

Recordó que la infraestructura de centros estatales de las artes en Baja California se consolidó durante administraciones panistas, por lo que calificó de contradictorio que hoy se sacrifique este legado.

El panista enfatizó que, mientras el ejecutivo estatal busca reutilizar terrenos destinados a la cultura, el complejo del CEART permanece inconcluso, con pendientes históricos como la construcción de aulas, talleres y una sala de conciertos para 800 espectadores.

Cuestionó la asignación de recursos públicos al referirse a inversiones recientes en el municipio de Mexicali - como el monumento al "Cocinero Chino”, los cuales, a su juicio, debieron canalizarse para concluir la infraestructura cultural ensenadense.

Criticó la falta de coordinación gubernamental, señalando que Ensenada dispone de un Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para dictar el ordenamiento territorial, por lo que rechazó que la titular del Ejecutivo disponga de los predios públicos "como si se tratara del patio trasero de su casa".

García Lazcano adelantó que el PAN buscará participar en las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno del Estado con el propósito de blindar la vocación cultural de la Manzana 8.

“Tenemos que reconocer que actualmente enfrentamos una problemática grave y creciente de invasión de predios, lo cual exige respuestas institucionales claras y proporcionales”, indicó.

En el análisis del texto vigente de la citada ley, se pueden identificar vacíos normativos que comprometen la seguridad jurídica y abren la puerta a actos que podrían ser impugnados o anulados por órganos de fiscalización, afectando tanto al erario como a acreedores de buena fe.

Entre ellos destacan la falta de reglas claras en la valuación de bienes, la ausencia de criterios objetivos para excepciones a licitación pública y la carencia de un orden de prelación entre acreedores.

De igual forma, el congresista destacó la necesidad de regular mejor los conflictos de interés, exigir dictámenes sobre la utilidad pública futura de los bienes y establecer registros públicos de las operaciones de dación en pago, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Agregó que la seguridad jurídica de los bienes del Estado no se limita a la existencia de una figura como la dación en pago, sino que requiere reglas previas, objetivas, verificables y públicas.

Por otro lado, la iniciativa plantea distinguir entre ocupaciones organizadas con fines de lucro y aquellas derivadas de necesidad habitacional genuina, con el fin de que la respuesta institucional sea justa y proporcional.

“Buscamos que el patrimonio estatal y municipal se administre con transparencia, evitando abusos y garantizando que la tierra cumpla una función social en beneficio de la colectividad”, precisó Daniel Razo.

En cumplimiento del trámite legislativo establecido, el proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Justicia.

De estos, 14 son defunciones, donde 12 corresponden al puerto y 2 al municipio de San Quintín.

“La verdad es que ha sido muy preocupante como, básicamente, se ha duplicado el número de rickettsiosis en los últimos años. Creo que ya es muy grave… ya ni siquiera ir a estudiar, sobre todo en la periferia de la ciudad, es seguro para los niños porque pueden ser mordidos por una garrapata y desencadenar el tema de la rickettsiosis”, comentó.

El regidor refirió que, en su calidad de presidenta de la comisión citada, ha convocado y asistido a muchas reuniones, pero se enfrentan a un grave problema que se puede dividir en tres fases sobre lo que supuestamente está haciendo la autoridad en su conjunto, en referencia a los gobiernos municipal, estatal y federal.

De esto, citó que lo primeros son las pláticas de prevención casa por casa, con énfasis en la limpieza casera y de patios, así como de las mascotas; le sigue la acción de retirar la basura por parte del gobierno, pero el problema es que este no se da abasto para el servicio.

“Hay una seria falta de infraestructura y una de las cosas en las que desemboca es en la acumulación de desechos, de basura que se queda ahí por mucho tiempo y que empieza a generar todo tipo de animales. Y el gobierno municipal no tiene la capacidad en Obras Públicas como para recoger eso”, señaló en referencia a los predios y baldíos.

A todo lo anterior sigue la fumigación, prosiguió el regidor, pero el gobierno estatal enfatiza en que “no se dedica a fumigar”, sino a realizar otras tareas,

“Y mientras nos ponemos de acuerdo en el cómo y por qué, la verdad es que han fallecido personas que, de tener una política pública seria en materia de rickettsiosis, no tendrían por qué haber fallecido”, remarcó el regidor.

Adrián García enfatizó que esta última debe estar bien diseñada, además de llamar al gobierno estatal de Baja California a contar con un responsable directo en esta materia.

Adelantó que, en su calidad de edil, buscará en el 2027, con el nuevo presupuesto, puede comprar equipos de fumigación y donarlos al Ayuntamiento de Ensenada.

“Entonces, nuestro llamado es hacer un plan muy específico, con metas cuantificables, pero sobre todo con responsables directos, que le digan a cierto funcionario ‘Tú vas a ser responsable del tema de la rickettsiosis y te vamos a dar toda la ayuda que se pueda para que puedas hacer bien el trabajo”, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Salud reiteró que observa “muchas reuniones y declaraciones”, de “tratar de alertar al público”, pero también que el gobierno debe tener una responsabilidad directa.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, habitantes de esta zona han señalado durante años diversas inconsistencias relacionadas con los predios adquiridos a Inmobiliaria Grupo LAGSA, entre ellas se encuentran la falta de escrituración individual y de la entrega formal de los fraccionamientos al Ayuntamiento.

Los residentes sostienen que, pese a haber concluido el pago de sus terrenos, no han podido obtener las escrituras que los acrediten legalmente como propietarios, debido a que los lotes fueron utilizados por la inmobiliaria como garantía hipotecaria de un crédito que, según los propios afectados, permanece pendiente de liquidación.

Mogollón Pérez indicó que la falta de conclusión del proceso de entrega-recepción también obstaculiza la municipalización y regularización de los desarrollos, situación que limita el acceso formal de sus habitantes a servicios públicos básicos como agua potable, drenaje, alumbrado y recolección de basura.

El primer punto del exhorto solicita a la alcaldesa de Playas de Rosarito, María del Rocío Adame Muñoz, que se realice una inspección técnica y un análisis administrativo sobre el estado actual de los tres fraccionamientos y que se informe al Poder Legislativo sobre las medidas y procedimientos legales aplicados ante la falta de entrega oficial de las obras por parte de Inmobiliaria Grupo LAGSA.

Asimismo, se exhorta al titular de SIDURT, Arturo Espinoza Jaramillo, para que, dentro de sus atribuciones legales, coadyuve en la revisión del expediente técnico-urbano de Mar de Puerto Nuevo I, II y III, analice las responsabilidades de la empresa promotora y garantice mecanismos institucionales que conduzcan a una solución para los derechos de los residentes afectados.

El legislador señaló que la intervención coordinada de las autoridades busca esclarecer el estatus legal de los permisos de urbanización, verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y deslindar, en su caso, las responsabilidades administrativas o legales correspondientes, con el objetivo de brindar certeza jurídica y patrimonial a las familias afectadas.