Vecinos del parque amp. Moderna manifiestaron apoyo a sus compañeros denunciados ante la FGE

Presuntamente, el imputado Jorge "N" actuó de manera conjunta con Ricardo "N" para interceptar a la víctima. Durante el hecho, Jorge “N” la amagó colocándole en la espalda un objeto con apariencia de arma de fuego, de color negro, exigiéndole dinero y sus pertenencias.

Aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima, despojó de una mochila color gris, que contenía una cartera con dinero en efectivo y un teléfono celular. Posteriormente, ambos intentaron huir del lugar, pero fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el Juez de Control vinculó a proceso a los imputados e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar que existe riesgo para la víctima y la sociedad.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de fortalecer las investigaciones y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad y el patrimonio de las y los bajacalifornianos.

El informe policial indica que, siendo las 16:45 horas del 29 de junio, oficiales que realizaban un recorrido de vigilancia atendieron un reporte emitido por el C5 sobre un robo con violencia registrado en un comercio ubicado sobre la calle Novena y Riveroll, en la Zona Centro.

Al arribar al lugar, se entrevistaron con el reportante quien manifestó que un individuo ingresó al establecimiento amenazando con un presunto cuchillo y sustrajo dos teléfonos celulares de su propiedad para posteriormente huir del sitio.

En el lugar fue localizada y asegurada el arma blanca presuntamente utilizada durante el hecho: se trata de un cuchillo con mango de madera y hoja de metal tipo sierra con terminación en punta de 20 centímetros aproximadamente, misma que fue debidamente embalada conforme a la cadena de custodia.

Posteriormente, la víctima informó que ambos dispositivos contaban con el sistema de geolocalización activado, por lo que los oficiales iniciaron su búsqueda y localización siguiendo la ubicación que arrojaban los equipos.

Minutos después, la señal condujo a los agentes a la colonia Sexto Ayuntamiento, donde observaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas. Al notar la presencia policial, el individuo emprendió la huida a pie, iniciándose una persecución que concluyó en el fraccionamiento Del Sol, donde fue alcanzado e intervenido.

Tras una inspección preventiva, realizada con el consentimiento de la persona, fueron localizados entre sus pertenencias dos teléfonos celulares cuyas características coincidían con las reportadas como robadas momentos antes.

Por tal motivo fue detenido Abraham “N”, de 21 años de edad, por su probable participación en el delito de robo con violencia. Se le informaron los derechos que le asisten como persona detenida y, junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

Pero la misma se disminuirá en una mitad si, en un término de setenta y dos horas contadas a partir del requerimiento formal de la autoridad investigadora, se restituye a la parte ofendida en la posesión material del inmueble despojado.

Hasta agosto de este año 2025, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California en cuanto a la incidencia delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado de enero a agosto de este año, 864 nuevas carpetas de investigación se habían iniciado por el delito de despojo.

Lo señalado es el escenario actual que se vive en el Estado, en el que el descontento de los ciudadanos es cada vez mayor y la inseguridad e incertidumbre que sienten al salir de casa y no saber si la encontrarán ocupada por invasores es cada vez mayor.

Según expuso la inicialista, la Constitución Mexicana establece en el artículo 14 la garantía del debido proceso en la que se señala que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

El delito de despojo tipificado en el ordinal 226 del Código Penal de Baja California, tiene como fin primordial garantizar el orden social y tutelar la posesión pacífica de los bienes inmuebles. Desafortunadamente, en nuestro Estado las estadísticas de la comisión de tal delito, han ido aumentando considerablemente.

Al entrevistarse con el reportante, éste señaló directamente a un individuo que caminaba acompañado de otras personas sobre la vía pública, manifestando que minutos antes, mientras se encontraba en las inmediaciones del bulevar Costero y Estancia, el señalado se le aproximó y, mediante amenazas e intimidación con un objeto metálico, lo despojó de una gorra en color negro con la leyenda “TJ”.

El afectado indicó que, tras los hechos, siguió al presunto responsable sin perderlo de vista hasta solicitar el apoyo de los oficiales municipales al observar la unidad policial en circulación.

Por tal motivo, los agentes se aproximaron al grupo de personas e intervinieron a quien dijo llamarse Silvestre “N”, de 20 años de edad, haciéndole saber el motivo de la intervención, manifestando el individuo de manera espontánea que portaba la gorra referida.

Tras una inspección preventiva autorizada, los oficiales localizaron entre sus pertenencias una gorra negra con la leyenda “TJ”, misma que fue reconocida plenamente por la víctima como de su propiedad.

Asimismo, durante la revisión le fue localizada fajada a la altura de la cintura un arma prohibida, tratándose de una navaja con mango color café y hoja metálica de aproximadamente 10 centímetros de longitud.

Ante los hechos y el señalamiento directo, los elementos procedieron a la detención de Silvestre “N”, colocándole los candados de manos y dándole lectura de los derechos constitucionales que le asisten como persona detenida, así como el motivo de su aseguramiento.

Posteriormente, los oficiales trasladaron al detenido a las instalaciones de la corporación local donde le realizaron la certificación médica y el registro correspondiente en los sistemas, para finalmente ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el probable delito de robo con violencia.

Asimismo, resaltó que desde la actual legislatura se han impulsado acciones concretas para proteger el patrimonio de las familias, como la reforma al Código Penal que agiliza la restitución de inmuebles en casos de despojo y la incorporación de agravantes para sancionar con mayor severidad cuando los delitos afectan a personas en situación de vulnerabilidad o involucran a servidores públicos.

Por ello, el exhorto fue dirigido al jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino y al Director General del Servicio de Administración Tributaria, Baja California (SAT BC), Jesús García Castro, para que realicen una investigación amplia a cabo una amplia investigación y, en su caso, implementen las medidas necesarias para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir.

“Este es un llamado a que se dé certeza a la ciudadanía y a que se fortalezca la confianza en las autoridades y en las instituciones, porque cuando se trata del patrimonio de las familias, la legalidad debe ir siempre acompañada de justicia”, finalizó Michelle Tejeda.

La montaña Cuchumá, ubicada en el municipio de Tecate, no es simplemente un espacio geográfico, es territorio ancestral, identidad, e historia viva del pueblo kumiai. Es un sitio que guarda saberes, tradiciones y una profunda relación espiritual con la tierra.

Por ello, hizo un llamado a las instancias ambientales para que evalúen con rigor cualquier intervención en la zona, privilegiando la protección del ecosistema, del patrimonio cultural, y el respeto a su carácter de montaña sagrada.

Así mismo a esta soberanía, “para que estemos a la altura de nuestra responsabilidad histórica: proteger lo que no solo nos pertenece a nosotros, sino también a las futuras generaciones".

Consideró que defender a la montaña sagrada kumiai, no es un acto político, es un acto de justicia, es reconocer que los pueblos indígenas no son parte del pasado, sino actores vivos del presente y del futuro de Baja California.

Luego resaltó: “hoy, desde aquí, levanto la voz para decir con claridad: el territorio no se negocia cuando está en juego la dignidad, la identidad, la raíz y la existencia de un pueblo indígena”.

Expuso que cuando hablamos del cerro kumiai, hablamos de patrimonio cultural, pero también de derechos que han sido reconocidos en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales: el derecho de los pueblos indígenas a preservar su territorio, su cultura y su forma de vida.

“La montaña sagrada, enfrenta amenazas, proyectos que no siempre toman en cuenta la voz de quienes han habitado y protegido ese espacio durante generaciones, decisiones que, de no hacerse con responsabilidad, pueden traducirse en despojo, en pérdida cultural y en daño irreversible”.

Finalmente puntualizó: “hay que decirlo con claridad, el desarrollo no puede construirse sobre la negación de los pueblos originarios. El progreso no debe significar desplazamiento, ni silencio, ni olvido”.

Durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento “Cumbres de Juárez”, detuvieron a dos sujetos; presuntamente líderes de un grupo delictivo dedicado a la invasión y despojo de propiedades, asegurando dos vehículos y un inmueble.

Es importante mencionar que, tanto las personas detenidas como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica.

El dictamen del Senado cita dos tesis jurisprudenciales de la SCJN para sostener que, tratándose de reformas constitucionales, no existe violación al principio de irretroactividad. La primera es la Tesis P. VIII/2015 (10a.), Retroactividad de las normas constitucionales, no atenta contra el principio de supremacía constitucional (registro digital 2009818). La segunda es la Tesis 2a. CVI/2001, Reformas constitucionales cuando restringen algún derecho de los gobernados, las autoridades constituidas deben aplicarlas sujetándose al ámbito temporal de validez que el poder revisor les fijó (registro digital 189267). Ambas sostienen que el poder constituyente permanente puede emitir normas con efectos retroactivos y que las autoridades deben aplicarlas conforme al ámbito temporal fijado.

Es cierto que las pensiones son derechos sociales derivados de la seguridad social, pero también constituyen derechos patrimoniales incorporales. La Corte Interamericana ha reconocido que el concepto de “bienes” protegido por el artículo 21 de la CADH incluye tanto inmuebles como derechos económicos adquiridos, como salarios, ahorros o pensiones. Por ello, reducirlas retroactivamente no solo es una regresión en derechos sociales, sino una afectación patrimonial equiparable a un despojo de propiedad privada.

Aceptar que una reforma constitucional pueda afectar pensiones ya otorgadas abriría un precedente peligroso. Si hoy se interviene en el retiro, mañana podrían intervenirse inmuebles, ahorros o inversiones. La retroactividad aplicada al patrimonio erosiona la confianza en el Estado de derecho y coloca a la propiedad privada en una situación de vulnerabilidad. Es como si se reformara el Artículo 27 para desconocer la propiedad de un inmueble ya adquirido: un alcance excesivo e incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales.

Este patrón no es exclusivo de México. En Venezuela, el artículo 115 de su Constitución reconoce el derecho de propiedad, pero lo subordina a contribuciones y restricciones legales con fines de utilidad pública. Bajo esa narrativa, el Estado avanzó hacia expropiaciones masivas y debilitó la certeza patrimonial. En México, el tope de pensiones refleja una lógica similar: bajo el argumento de austeridad, se abre la puerta a intervenir en derechos patrimoniales adquiridos, sin indemnización ni causa objetiva de utilidad pública.

La jurisprudencia de la CIDH en casos como Ivcher Bronstein vs. Perú confirma que incluso medidas que limitan el goce de derechos patrimoniales —sin expropiación formal— constituyen violaciones al derecho de propiedad. Aplicado a México, la reducción retroactiva de pensiones sería una privación arbitraria, incompatible con la Convención Americana y con el bloque de convencionalidad que obliga al Estado mexicano. La Relatoría REDESCA ha señalado que los derechos sociales están sujetos al principio de progresividad: no pueden reducirse ni retrotraerse. Por ello, las pensiones son doblemente protegidas: como patrimonio y como derecho social.

Además, la iniciativa sobre pensiones se suma a otras medidas recientes que apuntan en la misma dirección. En la Ciudad de México se aprobó en 2024 la obligación de declarar información detallada sobre inmuebles de alto valor y se intentó imponer un registro obligatorio de contratos de arrendamiento, junto con topes a las rentas. Aunque la Corte frenó el registro por riesgos a la privacidad, sí avaló el tope a los incrementos anuales de renta. Estas disposiciones muestran un patrón de control estatal sobre la propiedad privada bajo argumentos de interés social, debilitando la certeza jurídica.

El derecho de propiedad, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 17), en la Convención Americana (artículo 21) y en múltiples constituciones latinoamericanas, no es absoluto, pero sus limitaciones deben ser proporcionales, justificadas en utilidad pública y acompañadas de indemnización justa. La reforma mexicana al artículo 127 no cumple con estos estándares y coloca al país en riesgo de responsabilidad internacional.

La conclusión es clara: blindar las pensiones es blindar el patrimonio. Y blindar el patrimonio es defender la certeza jurídica que sostiene la vida económica y social de México.

Hoy son las pensiones. Mañana puede ser tu casa. Y si aceptamos este precedente, lo que se abre no es solo un debate jurídico, sino la puerta al despojo patrimonial en México.

Guillermo E. Rivera Millán

Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

Un hombre abordó la unidad y, mediante amenazas, obligó al chofer a entregarle el dinero recaudado durante el recorrido.

Tras obtener el efectivo, también tomó las llaves del microbús y huyó del lugar con rumbo desconocido. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hace cargo de la investigación.

El afectado relató que, al ingresar a su domicilio, el agresor lo siguió y lo amenazó con lo que describió como un revólver de color negro, exigiéndole “la feria”. Bajo amenaza, la víctima entregó el corte de su negocio, aproximadamente 50 mil pesos, además de su teléfono celular un iPhone de color negro y su cartera con 10 mil pesos adicionales.

Tras el robo, el responsable abandonó la bicicleta en la que viajaba y huyó a pie hacia Jaime Nuno. Elementos policiales acordonaron la zona y realizaron un recorrido en busca del agresor, sin resultados al cierre de esta edición.

El presunto responsable huyó del lugar inmediatamente después del asalto, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio para recabar datos y realizar un operativo de búsqueda en la zona.