Rechaza IP que invasores adquieran las viviendas

Cámaras empresariales a nivel nacional rechazaron la iniciativa del Infonavit de entregar las viviendas a invasores a precios subsidiados, pues dicha medida contradice el mandato legal de la institución, además de que tampoco puede disponer de viviendas que no le pertenecen.

Lo puntualizaron mediante un comunicado conjunto enviado este viernes, en el que exigen resguardar los recursos de los derechohabientes.

“El Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad”, puntualizaron.

También remarcaron que promover un programa que “legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley” implicaría “normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda”.

El texto es firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB); la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX); Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (Comce); yConsejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

En su mensaje reiteraron la oposición a esta propuesta anunciada por el director de la dependencia Octavio Romero Oropeza, quien anunció la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.

“Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo. El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen”, abundó el sector empresarial.

Citaron que de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86 por ciento de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el instituto ni con los legítimos propietarios.

“Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”, subrayaron.

Las cámaras reconocieron la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto.

“Es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas”, enfatizaron.