Señalan vulneración de derechos humanos en detención de Ernesto Ruffo
CEDH-BC advierte posible vulneración de derechos humanos en la detención de Ernesto Ruffo Appel. - Foto: Cortesía.
Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, opinó que exhibir la detención de Ernesto Ruffo Appel podría hablarse de una vulneración a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia.
El ombudsperson lo declaró a la prensa durante su reciente visita al municipio de Ensenada, tras consultarlo sobre la manera en que había sido arrestado y presentado el primer exgobernador panista de la entidad, por parte de personal de la Fiscalía General de la República (FGR).
Conforme fue divulgado, el pasado 16 de julio, Ruffo Appel fue capturado en Ensenada y, posteriormente, llevado a las oficinas de la FGR en Tijuana; fue bajado del vehículo y entró por la puerta principal, lo que brindó la oportunidad de que fuera fotografiado esposado y llevado de la cabeza por un agente federal, trato que generó críticas, principalmente de la oposición panista.
“¿Qué podríamos opinar? Que lamentablemente, a diario, se da la vulneración al derecho, al principio de inocencia”, dijo, al tiempo de abundar en que hay tesis jurisprudenciales, y que tanto los organismos estatales como el nacional, han emitido recomendaciones para proteger la imagen.
Ochoa Orduño recordó que, aunque había una orden de aprehensión contra el político, se tenía que desahogar en los tribunales correspondientes.
“El hecho de exhibir a la persona, ahí podríamos estar hablando de una vulneración de los derechos humanos y al principio de inocencia”, afirmó el comisionado estatal, además de mencionar que el resto corresponde a la cuestión de responsabilidad penal.
De acuerdo a la información del caso, en forma reciente una juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y siete personas más por delincuencia organizada y otros delitos relacionados con una red de huachicol fiscal.
La juez Alejandra Ramírez de la Vega autorizó la continuación del proceso penal contra el exmandatario estatal, el empresario Ricardo Thompson Navarro y José Merino Valdés Cuervo, socio de ambos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. La fiscal federal Ernestina Godoy asegura que el político panista supuestamente estaba al frente de “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.
El arresto se generó la misma semana que la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda enfrentaba una crisis de imagen y legitimidad, a raíz de la divulgación de audios en los que se le escucha negociar con supuestos representantes de Estados Unidos, y que incluso estaba dispuesta a compartir información de las Mesas de Seguridad.
Ella afirmó que fue una trampa por parte de su antecesor, el exmorenista y ahora petista Jaime Bonilla Valdez, y que “cometió el error” de haberlo consultado, para llevar a cabo la reunión en noviembre de 2025, pues sólo buscaba cómo solucionar su problema de cancelación de visa.
