Proponen restitución inmediata de inmuebles en caso de despojo

Y por otro lado, se encuentra el Catastro Municipal, dependiente de cada Ayuntamiento, quien registra las características físicas y fiscales de los inmuebles: superficie, ubicación, valor catastral, cuenta predial, es decir, es la base para el cobro del impuesto predial y la planeación urbana.

La falta de coordinación entre ambos niveles de gobierno, tiene como consecuencia la desconexión institucional, operaciones sin resolver, confusión en identidad del vendedor, problemas fiscales y dificultad para créditos hipotecarios.

En el uso de la voz, el licenciado Gabriel Tobías Duarte, presidente del Colegio de Notarios de Baja California, puntualizó algunos aspectos de la problemática de los propietarios para la realización de sus trámites notariales, debido a las inconsistencias ante Catastro Municipal y el Registro Público de la Propiedad del Estado.

Asimismo el licenciado Fermín Kim King, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), resaltó la importancia de la Reforma a la Ley Inmobiliaria que le dan certeza jurídica a los propietarios, ante la autoridad.

Por su parte, la diputada Evelyn Sánchez, agradeció la presencia de representantes de colegios y asociaciones, con quienes ya ha sostenido reuniones previas, así como a la ciudadanía que motivó la presentación de la “Reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, ante el Pleno del Congreso.

“Tenemos el antecedente de 500 familias que fueron defraudadas por diferentes aspectos del orden inmobiliario y de Registro de su propiedad, de ahí la importancia de promover proyectos legislativos con la coordinación de instituciones y de organismos que asisten a este foro. Tengan por seguro que esta iniciativa tiene todos los puntos que han aportado tanto ciudadanos como empresarios de todos los sectores”, expresó la legisladora local.

Al foro asistieron además, Miguel Legorreta Cortez, vicepresidente de ASAI, Lic. Yeni Hilario de la Comisión de RPCP de CANADEVI, Lic. Mario Fajardo Solana, presidente de ASAI, Arq. Sergio Sodelo, delegado de la SG del Gobierno del Estado, entre otros.

La actividad fue encabezada por Cynthia Castillo Bejarano y Jorge Martínez, promotores de las salidas de los “sketchers”, quienes elaboran registros sobre el estado actual de puntos e inmuebles significativos porteños, con el fin de generar identidad y conocimiento del patrimonio local.

Martínez enfatizó que el parque tiene tres años en conflicto legal y más de la mitad del lugar ha sido cercado por una empresa inmobiliaria.

“Acudimos por el Día del Patrimonio y para enviar el mensaje de cuidar nuestros parques, al ser estos patrimonio de la comunidad y la gente. Y también apoyar ese movimiento, esa resistencia, de protección a los parques. Que las autoridades hagan lo necesario para protegerlos y que no tumben los árboles”, detalló.

El dibujante recordó que el lugar también es usado para observar a las aves, donde incluso se pueden apreciar halcones, especie cuya presencia ha llamado la atención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Por último, Jorge Martínez invitó a la comunidad a participar en el calendario oficial de salidas de Urban Sketchers Capítulo Ensenada y acudir a los recorridos contemplados para lo que resta del año (https://www.facebook.com/UrbanSketchersEnsenada).

Recordó que no es necesario contar con experiencia y sólo basta llevar lápiz y papel, pues la intención es hacer comunidad y promover el sentido de pertenencia por los espacios locales.

PRIMERO. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo.

SEGUNDO. La gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.

TERCERO. La gobernadora no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero. Su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas.

CUARTO. La gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si las empresas señaladas por la OFAC han contratado con el Gobierno del Estado y a remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley.

QUINTO. Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes, que serán las encargadas de informar sobre las investigaciones. El Gobierno del Estado no hablará en su nombre y continuará enfocado en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de Baja California.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda continuará concentrada en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las y los bajacalifornianos.

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García García recordó que “están limitados” por la cuestión de las facultades de cada nivel de gobierno, pero que sí pueden “alzar la voz”.

Refirió que el exhorto será impulsado de manera conjunta con Brenda Mendoza Kawanishi, del Partido Encuentro Solidario (PES); Raquel Esther Manríquez Peña, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Juan Isaías Bertín Sandoval, del Partido del Trabajo (PT); y Armando Díaz Hoeflich, de Movimiento Ciudadano (MC).

“Para exigir que el Gobierno del Estado dé marcha atrás. Yo miraba la muy lamentable conferencia de prensa de la gobernadora donde, con total desdén, decía ‘No va a pasar nada’, ignorando el sentir de esta gente. Al PAN le pasó: nos hicimos muy arrogantes. A lo que el PAN le tocó en 30 años, a Morena le está tocando en menos de seis, que es hartar a la gente”, expresó.

El regidor puntualizó que lo anterior es por “decisiones centralistas” que no toman en cuenta a la gente que se expresa en la parte cultural, a quienes tienen algún tipo de discapacidad o neurodivergencia.

Conforme a los planes, el exhorto indicado sería en la próxima sesión de Cabildo, para solicitar a la mandataria estatal realizar las acciones jurídicas y administrativas procedentes para dejar sin efecto la asignación de 4 mil 588.616 metros cuadrados destinados a la construcción y operación de juzgados civiles y familiares.

De acuerdo al documento, el inmueble tenía una superficie total de 22 mil 623.151 metros cuadrados. Tras los acuerdos publicados el 18 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado, al Ceart Ensenada le fueron asignados 18 mil 034.535 metros cuadrados, mientras que poco más del 20 por ciento quedó a disposición del Poder Judicial.

Adrián García recordó que las áreas sin construir no deben considerarse terrenos disponibles, pues constituyen una reserva para la futura ampliación del proyecto cultural, con talleres, auditorios, espacios educativos, salas de exposición y otras instalaciones.

El punto de acuerdo también propone exhortar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial del Estado a hacer públicos y remitir al Ayuntamiento los estudios, dictámenes y documentos técnicos que sustentaron la selección de la Manzana 8.

Entre la información solicitada se encuentran los análisis de movilidad, vialidad, estacionamiento, compatibilidad urbana, servicios públicos, protección civil y accesibilidad, así como la relación de otros inmuebles evaluados para albergar los juzgados.

Rechaza PAN “mutilación” del Ceart

Mediante un pronunciamiento, el Partido Acción Nacional (PAN) de Ensenada rechazó lo que llamó “una mutilación” al terreno actual del Ceart, donde el gobierno estatal prevé favorecer al Poder Judicial para la construcción de juzgados civiles.

“En el Partido Acción Nacional en Ensenada nos sumamos contundentemente a la exigencia de artistas plásticos, visuales, músicos, pintores, poetas, escultores y demás miembros de la comunidad artística y cultural de nuestro municipio en contra del decreto para destinar un amplio espacio del terreno donde se ubica el CEARTE, para el desarrollo de instalaciones de impartición de justicia”, conforme al texto.

También exigió a la alcaldesa Claudia Agatón a defender “el interés de los ensenadenses” y que se oponga a esta decisión de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“El CEARTE no solo no debe ser mutilado en su terreno, sino que debe incentivarse su crecimiento, porque aquí en Ensenada nos faltan espacios para escuchar la buena música o promover academias donde personas de todas las edades puedan desarrollar sus talentos y aficiones”, puntualizó el partido.

Entonces, indicaron que el objetivo central era evaluar de manera técnica la infraestructura local. El plan de trabajo contemplaba la revisión detallada de:

Puentes vehiculares y peatonales.

Cruces vehiculares estratégicos.

Inmuebles y edificios gubernamentales.

Con el diagnóstico, se implementarían medidas preventivas y correctivas de mantenimiento.

En una primera etapa de evaluación, se revisarán un total de 46 puentes y cruces vehiculares, así como tres edificios públicos.

Cabe recordar, en la administración pasada se hicieron reparaciones al la estructura del puente de la calle Primera.

Durante la sesión, el diputado Jaime Cantón solicitó información sobre el cumplimiento de los compromisos financieros, el peso de la inversión hídrica respecto al Producto Interno Bruto estatal y el proyecto de entubamiento del dren de la colonia Carranza, en Mexicali. El secretario informó que la inversión prevista en el sector del agua representa alrededor del 3 por ciento del PIB estatal y señaló que el tramo Río Santa Cruz–Prolongación Avenida 72 forma parte del Bono Verde 2 y ya inició su proceso administrativo y de licitación.

En el uso de la voz el diputado Diego Echevarría, cuestionó sobre el proyecto de pagar a 30 años cuál será el costo del bono verde 1 y bono verde 2; y sobre el bono de género, la compra de 25 camiones para la Serie del Caribe, el mantenimiento y seguro. Pulido Saavedra indicó que el tema del dren Wisteria se llevará el tema para análisis en el Comité Técnico; por otro lado, explicó que se realizaron ajustes para que estas unidades beneficien directamente al programa Violeta, en coordinación con la Secretaría de Bienestar. Respecto al financiamiento, precisó que la fuente de pago es el Impuesto Sobre Nómina y que existen estímulos fiscales para los contribuyentes.

Por su parte, el diputado Diego Lara Arregui solicitó información sobre la inversión operativa prevista para Ensenada y la situación de las plantas de tratamiento. El secretario de Hacienda señaló que, mediante recursos del Bono Verde y recursos estatales, se rehabilitaron cinco plantas de tratamiento de agua, como parte de las acciones para atender el rezago en infraestructura y saneamiento.

La diputada Liliana Michel Sánchez Allende destacó la importancia de garantizar que el transporte, los inmuebles y demás bienes adquiridos mantengan el propósito para el cual fueron destinados. En respuesta, el funcionario explicó que el Comité Técnico de Inversiones revisa los proyectos y da seguimiento a los ya ejecutados, además de que se suscribieron convenios con los organismos correspondientes para dar continuidad a las acciones.

El diputado Fidel Mogollón Pérez abordó las obras de la línea de conducción Heriberto Jara y San Quintín, así como la reposición del Acueducto Morelos. La Secretaría informó que la obra de Ensenada registró retrasos por cuestiones técnicas, pero se prevé concluirla en septiembre; asimismo, indicó que algunos trabajos de desconexión deberán realizarse cuando las condiciones de temperatura lo permitan.

El diputado Juan Manuel Molina García pidió precisar los efectos que habría tenido para el Estado no contar con el Bono Verde 2 y las implicaciones de mantener el esquema de Asociaciones Público-Privadas de la administración anterior. El secretario sostuvo que sin este financiamiento no habría sido posible avanzar al mismo ritmo en obras de infraestructura que requerían inversiones considerables y señaló que, bajo el esquema de APP referido, el impacto estimado en la tarifa para la ciudadanía habría superado el 20 por ciento.

Por su parte, la diputada Julia Andrea González Quiroz solicitó información sobre la situación crediticia de Baja California, ante lo cual se informó que la entidad mantiene una calificación A- con perspectiva estable.

Participaron en esta sesión, además de la presidenta, las diputadas Julia Andrea González Quiroz; Liliana Michel Sánchez Allende; Michelle Tejeda Medina y los diputados Juan Manuel Molina García; Jaime Cantón Rocha; Diego Lara Arregui; Diego Echevarría Ibarra y Fidel Mogollón Pérez.

Entre los entes fiscalizados se encuentran la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME); Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT); Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada (INMUDERE); Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM); Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI); Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF ESTATAL); Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (SITT); Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puentes (FOGABAC); Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali (DIF MEXICALI); y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playas de Rosarito (DIF Rosarito).

Como resultado del proceso de fiscalización, la Comisión emitió dictámenes de no aprobatorios para las cuentas públicas del INDIVI y del DIF Rosarito. Asimismo, el DIF Estatal y FOGABAC alcanzaron cien puntos en la evaluación cuantitativa realizada durante el proceso de revisión.

Por otro lado, entre las observaciones que se realizaron con más frecuencia a las entidades públicas se encuentra falta de pago de ISR, discrepancia entre cuenta pública y portal de transparencia en relación de bienes inmuebles; entrega de apoyos sin presentar la solicitud de los beneficiarios; falta de registro de bienes inmuebles a favor de la entidad, diferencias en registros contables; falta de emisión de CFDI; entre otras irregularidades administrativas.

A la sesión asistieron, además de la presidenta, las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López; Julia Andrea González Quiroz; Michel Sánchez Allende; Teresita Ruiz Mendoza, María Yolanda Gaona Medina y los diputados Jaime Cantón Rocha y Fidel Mogollón Pérez. Así como la Auditoría Superior del Estado, junto con titulares y representantes de los entes fiscalizados.

De las fechas, destacan la participación en el Día del Patrimonio de Baja California, correspondiente al sábado 26 de septiembre en el parque de la colonia Ampliación Moderna, donde estarán desde las 09:00 horas.

Conforme a los planes, además de las actividades de dibujo, en el sitio será montada una exposición para que las personas conozcan los trabajos realizados mediante colores, estilógrafos y acuarelas, por citar algunos materiales empleados en las salidas.

También se prevé el octavo aniversario de fundación de los “sketchers”, programado para las 10:00 horas del domingo 18 de octubre.

En este caso, el sitio elegido es la conocida fachada del Restaurante “El Rey Sol”, cuya arquitectura característica la hacen un referente en el puerto.

Otros sitios contemplados para el cierre del año incluyen: una casa cerca del Parque Revolución; el café Su Taza, en la calle Primera; el inmueble de Pro Esteros, la avenida Obregón y calle Cuarta; el Hotel Marea Vista; un taller con la temática de las carreras fuera de camino; y una tradicional casa ensenadense en la avenida Gastélum.

El sentido de Urban Sketchers Capítulo Ensenada es generar comunidad y registrar los cambios del entorno, mismo que se refleja en sitios públicos e inmuebles característicos porteños.

A su vez, promueven la identidad comunitaria, la historia local, y el registro social mediante el dibujo.

Las personas interesadas en las salidas, donde deberán llevar sus propios materiales -basta lápiz y papel-, podrán consultar el calendario oficial en el sitio de Urban Sketchers en Facebook: https://www.facebook.com/UrbanSketchersEnsenada.

Molina García destacó la trascendencia social del acto, al afirmar que son más de 40 familias que ahora cuentan con certeza jurídica sobre su patrimonio, una tranquilidad que por décadas se les había negado.

Asimismo, reconoció la labor de quienes acompañaron el proceso, enfatizando que el resultado no es solo suyo, sino fruto del compromiso de un equipo que no se detuvo hasta lograr que las escrituras llegaran a manos de la comunidad.

En el presidium se contó con la presencia de la señora María Caridad González, beneficiaria del programa; la señora Paula Aguilar, enlace comunitario; el Notario Público Gabriel Tobías Duarte Corral; la Delegada del Registro Público de la Propiedad, Isis Mariel Romero Pelayo; y la Delegada Municipal Juanita Tula Ruiz, quienes acompañaron el acto de entrega.

En el uso de la voz, la señora María González expresó: “Fueron más de tres décadas de incertidumbre, pagando servicios y esperando respuestas que nunca llegaban. Hoy, después de tanto esfuerzo, tenemos en nuestras manos la tranquilidad de contar con nuestras escrituras”.

Por su parte, el notario público Gabriel Duarte resaltó que contar con un título de propiedad representa seguridad y tranquilidad para las familias, ya que les permite disponer libremente de sus inmuebles, incluso heredarlos mediante testamento. Al respecto, hizo un llamado a aprovechar la campaña nacional de septiembre conocida como el Mes del Testamento, en la cual los trámites son accesibles y rápidos, con el objetivo de que las familias aseguren la transmisión ordenada de su patrimonio.

Este significativo evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura de la Delegación Progreso, un espacio que se convirtió en testigo de un acto de justicia social y de la materialización de un sueño largamente esperado por la comunidad.

El Lic. Héctor Israel Ceseña, titular de la Dirección de Consultoría Legislativa, puntualizó que el Congreso tiene la facultad de interpretar y aclarar el Decreto 246 para resolver controversias, y subrayó la necesidad de contar con documentación completa sobre trabajadores, aportaciones y bienes inmuebles para elaborar un proyecto técnico que permita un cierre transparente y conforme a derecho.

Por su parte José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe agradeció la instalación de la mesa, señalando que tras múltiples solicitudes sin respuesta a Mexicali aún faltan entregas de bienes inmuebles, patrullas y áreas verdes, lo que ha complicado la transición. Reconoció la disposición de Ensenada y pidió responsabilidad institucional para concluir esta etapa en beneficio de la ciudadanía.

La representación de Mexicali, encabezada por la Oficial Mayor Claudia Beltrán y el Síndico Procurador Óscar Vega, reiteró la voluntad de avanzar en el cierre del proceso. Informaron que se certificaron documentos patrimoniales y maquinaria que serán entregados, y que se revisan con la Tesorería los temas de trabajadores y predios pendientes. Además, la Sindicatura de Mexicali sostendrá una reunión con la Consultoría Legislativa para revisar y subsanar aspectos técnicos, con el fin de dar certeza al proceso.

La tesorera de Ensenada, Guadalupe Salazar Valle, expresó el interés de su administración en concluir el proceso, precisando que lo único pendiente son alrededor de cinco predios que deben registrarse en el Registro Público de la Propiedad, mismos que serán atendidos en coordinación con el Congreso y San Felipe.

El diputado Molina concluyó que, además de los avances documentales, se solicitarán reportes de los municipios sobre lo trabajado derivado de esta mesa, y de ser necesario se convocarán nuevas reuniones para dar seguimiento. Señaló que algunos temas pueden resolverse en corto, como los pendientes de Ensenada, mientras que otros requieren mayor coordinación, pero todos deben cerrarse con responsabilidad institucional para no dejar cargas a futuras administraciones.

En esta mesa participaron también las diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación, Julia Andrea González, Maythé Méndez y Daylín García, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Auditoría Superior del Estado, quienes aportaron sus perspectivas técnicas y administrativas con el propósito de garantizar que el proceso de entrega y recepción se cierre de manera ordenada, transparente y conforme a derecho.

En su exposición de motivos, Tere Ruiz destacó que uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos es la existencia de discrepancias entre los datos catastrales y los registrales, situación que afecta compraventas, sucesiones, donaciones, hipotecas y otros actos jurídicos relacionados con la propiedad.

“La ausencia de una plataforma interoperable dificulta la actualización inmediata de los datos y genera incertidumbre respecto a la situación legal y física de los bienes inmuebles. Las diferencias entre la información catastral y registral generan incertidumbre y abren la puerta a fraudes inmobiliarios que dañan el patrimonio de las familias”, indicó la congresista.

Los municipios de Baja California presentan rezagos en la actualización de valores catastrales y en la identificación de construcciones no registradas. Un Catastro Digital permitiría detectar modificaciones físicas en los inmuebles y mejorar la precisión de los registros, fortaleciendo la capacidad recaudatoria municipal sin necesidad de crear nuevos impuestos.

Además, la información georreferenciada facilitaría una planeación urbana más precisa en ciudades como Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, permitiendo identificar zonas de expansión, riesgos ambientales y necesidades de infraestructura.

Un Catastro Digital será una herramienta clave para la protección civil, al permitir identificar inmuebles ubicados en zonas de riesgo sísmico, inundaciones o deslizamientos de tierra. “Baja California necesita un sistema catastral confiable, interoperable y capaz de responder a los retos del desarrollo urbano y económico del siglo XXI”, refirió Ruiz Mendoza.