Presenta Ismael Burgueño proyecto de Ley de Ingresos por 12 mil mdp

Indic? que estos hechos no deben considerarse aislados, pues representan se?ales claras de un riesgo que Tijuana ya vivi? en el pasado y no debe repetirse. ?La estrategia de paz puede venirse abajo r?pidamente si no tiene como pilar la depuraci?n y moralizaci?n de las fuerzas del orden?, enfatiz? Ramos Hern?ndez.

Aunque reconoci? los avances sociales impulsados por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, subray? que son insuficientes si existe la posibilidad de intromisi?n del crimen organizado en los cuerpos de seguridad. ?Lo he dicho y hoy lo repito, no hay estrategia de seguridad que funcione si se tiene al crimen adentro de las instituciones?, puntualiz?.

El congresista hizo un llamado urgente a la acci?n coordinada entre autoridades federales, locales y las Fuerzas Armadas, advirtiendo que, dada la escala de violencia en diferentes regiones del pa?s, se debe evitar que la percepci?n del miedo siga escalando y alcance niveles insostenibles.

La proposici?n cont? con el respaldo de todas las fuerzas pol?ticas, mediante la cual se acord? enviar un exhorto a la Fiscal General de la Rep?blica, Ernestina Godoy Ramos; al alcalde de Tijuana, Ismael Burgue?o Ruiz; y al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Baja California, General David Morales Hern?ndez, a fin de que informen sobre los avances y resultados de las investigaciones relacionadas con los hechos mencionados.

En ese marco, Jorge Ramos anunci? la presentaci?n de una iniciativa de ley para crear la Fiscal?a Especializada en Combate a la Corrupci?n de los Cuerpos de Seguridad de Baja California, con el prop?sito de contar con una instancia t?cnica y aut?noma dedicada a investigar, prevenir y sancionar la infiltraci?n y corrupci?n en las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadan?a.

?S?, ya: nos divorciamos el 24 de noviembre. Desde ese momento se firm?. No s? cuando haya surtido efecto. Entiendo que un d?a despu?s. Ya est? formalizado?, dijo.

Carlos Torres anunci? en redes sociales que le hab?an revocado la visa el 10 de mayo de 2025 y, horas m?s tarde, la gobernadora hizo su propio anuncio donde expres?: ?Esa circunstancia tambi?n me ha alcanzado. Poco tiempo despu?s de la medida consular que le fue aplicada a ?l, recib? una notificaci?n similar?.

Para el 8 de octubre del a?o pasado, Marina del Pilar declar? en una conferencia matinal que hab?a iniciado la separaci?n legal.

?Estamos en proceso de divorcio. Yo respeto mucho a Carlos: es un gran hombre, un gran pap? y lo estamos haciendo con mucho cari?o y con mucho respeto. Estamos en ese proceso y yo les quiero agradecer que, en este tema que es muy personal, pues agradecerles siempre la disposici?n de ustedes como medios de comunicaci?n para tratarlo de esa manera. Y s?, efectivamente es cierto?, mencion? en su momento.

Marina del Pilar y Carlos Torres se casaron el 20 de septiembre de 2019, a d?as de que ella rindiera protesta como presidenta municipal de Mexicali; a la boda fue el entonces gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, seg?n fue documentado.

El 18 de noviembre de 2025 comenzaron a circular en redes sociales distintos citatorios contra figuras pol?ticas de Baja California por parte de la FGR, entre las que se encontraban las de Carlos y su hermano Luis Alfonso Torres Torres. En su momento, la gobernadora asegur? que su expareja no hab?a sido citada formalmente.

Este mi?rcoles confirm? que s? hab?a una investigaci?n, como dio a conocer N+Focus; los detalles de la carpeta se?alan que presuntamente Carlos pertenece a una red -liderada por su hermano- donde recib?a 150 mil d?lares mensuales por parte del entonces director de la polic?a de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, para permitir que el c?rtel de Los Rusos, una facci?n del C?rtel de Sinaloa (CDS), operara en la entidad.

?Son tiempos de aves de rapi?a?: Marina del Pilar

Sobre la filtraci?n de los citatorios y los se?alamientos, la gobernadora Marina del Pilar afirm? este jueves 22 de enero que son ?tiempos de aves de rapi?a?, en referencia al proceso electoral 2027 y la esperada guerra sucia por los adversarios.

?Es tiempo de aves de rapi?a. Se acercan ya los tiempos electorales, la sucesi?n, los cambios. Ser?a muy lamentable que utilicen a la Fiscal?a General de la Rep?blica, una instituci?n tan seria, con fines pol?ticos y fines electorales. Sin embargo, nosotros confiamos en el actuar de la FGR, confiamos en las instituciones que representan todo un gabinete de seguridad?, subray?.

La mandataria estatal reiter? que espera ?una investigaci?n seria?, ?a profundidad?, y que se determine conforme a derecho, adem?s de insistir en la confianza hacia la titular Ernestina Godoy.

?Y s?: hay filtraciones. Esta nota sale a partir de la famosa denuncia? es lo mismo: se trata de los mismos famosos citatorios que se estuvieron filtrando que, por cierto, hasta donde tengo entendido, no han sido notificadas las personas que se encuentran dentro de esta denuncia an?nima. Hasta donde s?, por la informaci?n que se ha proporcionada, es que se hizo a trav?s de correo electr?nico y se menciona a una larga lista de personajes?, abund?.

Marina del Pilar record? que es una responsabilidad de la FGR investigar todas las denuncias an?nimas.

De acuerdo a la informaci?n, Torres presuntamente pertenecer?a a una red de extorsi?n, tr?fico de armas, narcotr?fico y lavado de dinero en Baja California, adem?s de que supuestamente habr?a aceptado sobornos de 150 mil d?lares mensuales (cerca de 3 millones de pesos al cambio de hoy) por parte de Pedro Ariel Mend?vil Garc?a, exdirector de Seguridad P?blica en el Ayuntamiento de Mexicali, en el primer periodo como alcaldesa de Norma Bustamante.

Esto, para permitir que el c?rtel de Los Rusos, una facci?n del C?rtel de Sinaloa (CDS), pudiera operar en la entidad; tambi?n se acusa que Luis Alfonso Torrres Torres, hermano de Carlos, ser?a el presunto l?der de la red.

Lo anterior, en la denuncia presentada el 11 de junio de 2025 en la Fiscal?a de Delincuencia Organizada; el citatorio a comparecer fue filtrado a las redes sociales, junto con el de otros pol?ticos locales.

El pasado 20 de noviembre de 2025, Marina del Pilar, durante su conferencia del d?a, asegur? que su expareja no hab?a sido notificada oficialmente por la FGR y calific? de ?muy extra?a? la filtraci?n de dichos citatorios.

Carlos Torres, en su comunicado, enviado durante la noche del martes 20 de enero, enfatiz? el anonimato de la denuncia.

?El origen de dicha informaci?n es una denuncia an?nima. Es vital distinguir que no se trata de una investigaci?n basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro. Respeto profundamente el trabajo de las instituciones y el debido proceso. Por ello, manifiesto mi total disposici?n para esclarecer estas calumnias an?nimas: no tengo nada que ocultar. Es fundamental que esta situaci?n se esclarezca a fondo y con celeridad?, asegur?.

Justific? que la naturaleza de la denuncia an?nima ?permite que cualquier persona pueda se?alar sin presentar pruebas y sin dar la cara?.

?Sin embargo, conf?o plenamente en que la investigaci?n de la Fiscal?a servir? precisamente para desestimar estas falsedades y confirmar que se trata de una calumnia sin sustento?, agreg?.

Carlos Torres lament? que las personas cercanas a ?l ?resulten lastimadas sin ninguna raz?n?, en lo que llam? ?pagando costos injustos derivados de mi paso por la vida p?blica?.

Por ?ltimo, afirm? que no ha dado ?un paso atr?s? y que ha dejado la actividad pol?tica.

?Tengo la posibilidad y el tiempo para atender este tema, esclarecer cualquier se?alamiento y, sobre todo, defender plenamente mi honor y la tranquilidad de mi entorno?, seg?n concluy?.

Durante la presentación de los resultados financieros, el secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, explicó la mejora en los ingresos propios del estado pasando de una autonomía financiera del 14.1% en el 2021 al 19.3% en el 2026, esto principalmente gracias al ISRTP, que pasó de 4 mil 752 millones de pesos en 2021 a 11 mil 173 millones en 2025, más del doble de lo registrado al inicio de la administración, mientras que para el cierre de 2026 se estima alcanzar los 12 mil millones de pesos.

Esta recuperación permitirá que la inversión pública acumulada proyectada al término de la administración alcance los 61 mil 584 millones de pesos, monto equivalente a 6.7 veces la inversión conjunta de las tres administraciones anteriores, con recursos orientados a infraestructura y proyectos que atienden las necesidades de las comunidades de los siete municipios.

El manejo financiero también permitió que Baja California avanzara del lugar 12 al tercero a nivel nacional entre las entidades con mejor ejercicio fiscal, de acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Hacienda. A ello se suma la mejora en las calificaciones crediticias otorgadas por Fitch Ratings, HR Ratings y Moody's, que actualmente ubican al estado en el nivel A-.

Otro de los resultados es el saneamiento de organismos paraestatales, donde seis de las diez entidades que presentaban insolvencia financiera ya cuentan con una situación saludable. Para atender sus compromisos se han destinado recursos a cubrir pasivos, adeudos y necesidades operativas, contribuyendo a dar continuidad a los servicios públicos.

Al detallar el Plan Financiero, el Secretario de Hacienda del Estado, Andrés Pulido Saavedra, indicó que basado en un "Plan Financiero" de 10 puntos establecidos desde el inicio de la gestión estatal, se logró no sólo que se estabilizaran los presupuestos, que eran deficitarios, sino se obtuvieron más recursos para aplicarlos en lo que la gente necesita, como apoyos sociales y sobre todo la inversión pública.

La gobernadora Marina del Pilar reiteró que mantener finanzas públicas ordenadas permite transformar los recursos en obras, servicios y oportunidades para la población, dando continuidad a una política que busca que los resultados económicos se reflejen en mejores condiciones de vida para las familias bajacalifornianas.

Mediante la aprobación del Dictamen número 118 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se reformó el artículo 7 y se adicionó el artículo 63 Quater de la citada ley, con el objetivo de fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar esta conducta.

Con las modificaciones, se establece como nepotismo cuando una persona servidora pública intervenga, directa o indirectamente, en el nombramiento o contratación de familiares dentro de la institución donde ejerce sus funciones, ya sea en puestos de confianza, de estructura, de base o por honorarios.

La disposición comprende relaciones de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado, así como vínculos de matrimonio o concubinato, con lo que se busca evitar que las decisiones de contratación respondan a intereses familiares por encima del interés público.

En la exposición de motivos, la legisladora inicialista destacó que el nepotismo afecta los principios de igualdad y equidad en el acceso al servicio público, además de debilitar la confianza ciudadana en las instituciones, por lo que consideró necesario establecer reglas claras que impidan el uso de cargos públicos para otorgar beneficios particulares.

Asimismo, la reforma armoniza la legislación estatal con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que desde 2019 contempla la prohibición del nepotismo, con el fin de fortalecer el marco jurídico en materia de combate a la corrupción y responsabilidad de las personas servidoras públicas.

Con esta aprobación, el Congreso del Estado establece mayores herramientas legales para prevenir y sancionar el favoritismo familiar en las instituciones públicas, en beneficio de una administración más transparente.

En la exposición de motivos, el inicialista expuso la necesidad de actualizar el marco constitucional ante los retos que enfrenta Baja California en materia de vivienda, para pasar de un esquema centrado en promover instrumentos a uno que reconozca con mayor claridad las responsabilidades y facultades del Estado para atender esta demanda social.

Como parte del diagnóstico, en el Programa Estatal de Vivienda de Baja California 2022-2027 se reconoce un rezago habitacional del 42 por ciento, situación que evidencia la necesidad de generar condiciones para ampliar el acceso a una vivienda adecuada, principalmente para mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

Con la reforma aprobada, las políticas públicas en la materia deberán considerar de manera prioritaria a las personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a estos grupos de la población; además se establece que el Estado deberá contar con mecanismos para impedir la especulación del suelo y la vivienda cuando ésta afecte el interés público.

El nuevo marco constitucional también reconoce el derecho de toda persona a adquirir una vivienda adecuada, por lo que el Estado y los municipios deberán impulsar instrumentos, políticas públicas y apoyos relacionados con el diseño, inversión, construcción, rehabilitación, conservación, financiamiento y adquisición de vivienda.

Estas acciones contemplan la participación de los sectores privado y social, con el propósito de ampliar las alternativas para atender las necesidades habitacionales de la población y favorecer viviendas ubicadas en zonas con infraestructura, servicios, accesibilidad y condiciones para una movilidad urbana sustentable.

El subíndice de Mercado de Trabajo ubica a Baja California en la cuarta posición nacional, con resultados favorables en indicadores como informalidad laboral, escolaridad e ingresos de las personas trabajadoras.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales señaló que estos indicadores permiten evaluar las condiciones del mercado laboral y la capacidad de las entidades para ofrecer oportunidades de empleo formal, así como para desarrollar el talento que requieren sus sectores productivos.

La medición del IMCO ubica a la entidad en un bloque de alto rendimiento junto a estados como Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco, consolidando a la región fronteriza como un polo de atracción de talentos e inversiones sustentables.

El análisis del instituto resalta que la permanencia en las primeras posiciones del subíndice laboral responde a la consolidación de empleos formales bien remunerados, priorizando la estabilidad económica y el bienestar integral de la fuerza laboral sobre crecimientos coyunturales.

Asimismo, establece que la autoridad competente deberá habilitar, señalizar y mantener accesos públicos suficientes y adecuados cada tres kilómetros o tres mil metros a lo largo de las franjas costeras de playas del territorio nacional, además de imponer sanciones a quienes impidan, bloqueen o restrinjan el libre acceso.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la iniciativa, aunque la legislación federal establece que el acceso a las playas debe ser libre y no puede ser restringido o condicionado, actualmente existen lugares donde llegar a ellas resulta complicado debido a propiedades privadas, concesiones o la falta de caminos y accesos públicos.

Tere Ruiz sostuvo que las playas son bienes nacionales de uso común y que su acceso debe estar garantizado para toda la ciudadanía. En ese sentido, propuso eliminar del artículo 127 la palabra “convenga”, al considerar que puede generar una interpretación discrecional respecto al acceso, así como la expresión “mediando compensación”, para evitar que se condicione económicamente el ingreso a las playas.

La reforma también contempla que las autoridades municipales y estatales colaboren en la vigilancia y promoción efectiva de este derecho, con el objetivo de fortalecer las condiciones para que la población pueda ejercer de manera efectiva el acceso libre a las playas.

El Dictamen No. 113 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que fue aprobado por unanimidad, será remitido al Congreso de la Unión, de acuerdo con el proceso legislativo, debido a que implica reformar un ordenamiento de carácter federal.

Los residentes señalaron que han solicitado en repetidas ocasiones que se abra el cancel de acceso para permitir el ingreso de los trabajadores de Cespe; hasta el momento el problema persiste.

Los afectados indicaron que fue el miércoles 30 de septiembre cuando comenzaron a detectar una inundación que alcanzó algunas habitaciones de las viviendas, además de provocar daños y humedad en las paredes.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades competentes para que intervengan y se facilite el acceso al lugar donde se encuentra la fuga, con el objetivo de que Cespe pueda llevar a cabo las reparaciones necesarias y se restablezca el suministro de agua a las familias afectadas.

“Este es el corrido del hombre del cabello blanco que un día domingo salió de Almoloya. Llegó con la mira de llegar al norte”, entonó Ruffo Appel frente a reporteros, así como panistas y seguidores del partido Somos, quienes también comenzaron a llegar desde la madrugada de este lunes.

Posteriormente, el también exalcalde de Ensenada concedió una atención a medios de comunicación, donde habló sobre su salud, reflexiones políticas, y de la convivencia con otros exgobernadores presos al interior del Altiplano.

En la exposición de motivos, Cantón Rocha señaló que, aunque la Tarifa 1F reconoce las necesidades de las zonas de mayor calor, sus límites requieren una revisión que atienda la realidad de Mexicali al ser una ciudad que rompe récords de nacionales de altas temperaturas cada año.

“En cuanto el promedio de consumo en los últimos doce meses de una vivienda rebasa ese límite, la CFE la reclasifica de manera automática a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) y sin subsidio alguno el cargo fijo mensual es hasta cinco veces más caro, con un impacto grave especialmente para los hogares de menores ingresos”, subrayó.

El exhorto también solicita a la CFE evaluar mecanismos de apoyo adicional o una aplicación gradual de los cobros para usuarios domésticos de bajos recursos que sean reclasificados a la tarifa DAC durante la temporada de calor extremo.

El diputado inicialista también aceptó incorporar las propuestas de la diputada Michel Sánchez Allende para sumar a la CNE entre las autoridades destinatarias del exhorto; del diputado Juan Manuel Molina García para solicitar un informe sobre el estado que guarda la conexión de Baja California al Sistema Eléctrico Nacional y de la diputada Daylín García Ruvalcaba, para incluir la solicitud de un incremento de presupuesto para infraestructura eléctrica en el ejercicio fiscal 2027.

Con este exhorto, el Congreso del Estado respalda la solicitud de revisar y ampliar los límites de la tarifa eléctrica, para que las familias de Mexicali puedan cubrir sus necesidades durante la temporada de calor extremo sin que les implique perder el apoyo tarifario.