Eligieron nuevo presidente de Provino Baja California

El programa incluye intervenciones en ocho líneas de subtransmisión, cinco subestaciones y 72 circuitos, además de atención en las colonias prioritarias, con el propósito de reducir fallas y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico.

Para desarrollar estas labores, CFE contempla un despliegue de 248 elementos operativos, con participación de sus divisiones Norte y Noroeste, así como de personal de Baja California y apoyo de contratistas.

Durante el encuentro se revisaron las necesidades de coordinación con las áreas estatales y municipales de Seguridad Pública, Obras Públicas, Protección Civil y Parques y Jardines, para facilitar el desarrollo de los trabajos y brindar condiciones de seguridad al personal y a la ciudadanía.

Esta colaboración también permitirá coordinar la recolección y el retiro de los residuos generados por las podas necesarias para el mantenimiento de las líneas eléctricas, a fin de agilizar las labores en las zonas de intervención.

A la reunión también asistió la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz; el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el presidente municipal de Tecate, Roman Cota Muñoz; el secretario de Economía e Innovación, Kurt Ignacio Honold Morales; el secretario de Infraestructura, Arturo Espinoza Jaramillo; entre otras autoridades.

La gobernadora Marina del Pilar externó su agradecimiento al presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al equipo de la CFE, por su disposición de contribuir en la implementación de este operativo, a fin de prevenir afectaciones en la red eléctrica que pudieran derivar de las probables lluvias por el fenómeno de El Niño.

Tras pregunta de Zona Norte Noticias, el edil refirió que fue contactado por personal del hospital perteneciente al IMSS-Bienestar, además de ciudadanos, quienes refirieron que tras la tormenta de Rachel, aún siguen pacientes repartidos entre el Issste, Hospital Naval y las instalaciones de la avenida Ruiz y 14.

Conforme documentó este medio de comunicación, las instalaciones se inundaron con las lluvias del pasado sábado 10 de octubre; esto generó presencia de la Defensa para ayudar en la limpieza.

Para el lunes 12, el IMSS-Bienestar envió un comunicado afirmando que supuestamente habían logrado “retirar el 100% del agua y lodo de las áreas afectadas, dando paso a labores de limpieza profunda y recuperación de las instalaciones”, además de fotografías de funcionarios caminando en los pasillos que anteriormente se inundaron.

Las autoridades médicas aceptaron que aún estaban cerradas las áreas de Urgencias, Pediatría, Terapia Intensiva, Tococirugía y Quirófanos.

Adrián García criticó la falta de previsión por parte de las autoridades médicas, a pesar de que el propio gobierno estatal envió un boletín desde el 7 de octubre para advertir del posible impacto de Rachel.

“A nadie se le ocurrió pensar ‘Pues vamos a revisar el techo, ¿no? Vamos a revisar cómo está la planta de luz. Vamos a revisar que pasa si entran cantidades fuertes de agua, qué partes se van a inundar. A nadie se le ocurrió pensar eso”, dijo.

Posteriormente el regidor refirió los testimoniales que había conocido sobre las instalaciones y el riesgo latente.

“Por la información que he escuchado, por la información que he tenido, es que sigue cerrado el Hospital General porque no basta con limpiar: se tienen que hacer estudios de cultivo para ver que no queden bacterias, gérmenes”, citó.

Enfatizó que lo anterior es de importancia en un ambiente hospitalario, por lo que dicho escenario refleja “el total desprecio por la salud” que tienen “los gobiernos de Morena”.

Agregó que Baja California debe salir del esquema de IMSS-Bienestar, pues ha representado “un fracaso”, como lo han documentado medios de comunicación a nivel estatal, al tiempo de criticar que el anterior secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, ahora busca una candidatura a la diputación, a pesar de los resultados entregados.

Lizbeth Mata Lozano, por su parte, coincidió en el “fracaso administrativo” por parte del esquema indicado, que además de afectar a los derechohabientes incluye a los trabajadores a nivel nacional.

“Hoy son los ciudadanos quienes no reciben un buen servicio de salud y son los empleados y trabajadores del sistema de salud (que tienen) falta de todo. Vemos muchos videos ciudadanos, de enfermeros, doctores, que se manifiestan”, remarcó.

La líder panista agregó que resulta “cínico” que el secretario de Salud anterior busque un cargo, lo que refleja “un gobierno irresponsable”.

Carlos García citó testimoniales que les ha hecho llegar personal de la dependencia.

“Que los mismos enfermeros corren a una tiendita que está afuera del Hospital General, para ir a comprar el insumo que no se cuenta allá adentro”, dijo.

Refirió que el sábado pasado que acudieron al sitio, notaron un local a un costado de una tienda de conveniencia.

“Hay una tienda de insumos médicos y ahí corren a cubrir lo que necesitan sus pacientes para que no se afecten más. Esto va en contra de lo que nos están diciendo a nivel nacional, de que el personal se lo está llevando”, dijo.

El pasado 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió sancionar a trabajadores involucrados en el robo de fármacos y llamó a los sindicatos del sector salud a no encubrir irregularidades; este jueves 23 reiteró la existencia de estos casos y solicitó hacer las denuncias correspondientes, aunque agregó que no debe generalizarse esta situación, al tiempo de acusar de campañas “pagadas” contra las instituciones públicas de salud.

La iniciativa plantea reformar la Ley de la Juventud de Baja California para que el servicio social relacionado con la formación académica, debidamente acreditado, sea considerado como experiencia laboral en los procesos de contratación del sector público estatal y municipal.

Con ello, se busca reconocer las capacidades, conocimientos y habilidades que las y los estudiantes adquieren durante su formación, facilitando su incorporación al mundo laboral.

En su calidad de presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, Diego Lara Arregui encabezó además la aprobación unánime de tres proyectos de dictamen orientados a fortalecer los derechos laborales y la igualdad de oportunidades en Baja California.

Entre los asuntos aprobados destaca una reforma para ampliar de cinco a treinta días los permisos parentales otorgados a los hombres, iniciativa presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Asimismo, se avaló una propuesta de la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas para fortalecer la protección de las personas trabajadoras frente a despidos relacionados con el embarazo, la maternidad, la paternidad y la adopción.

Con estos primeros acuerdos, Diego Lara Arregui coloca en la agenda legislativa de la Comisión del Trabajo temas relacionados con las oportunidades para las juventudes, la protección de las familias y el fortalecimiento de los derechos laborales.

El primer dictamen, derivado de una iniciativa presentada conjuntamente por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, propone reformar la Ley del Servicio Civil para reconocer permisos parentales en igualdad de condiciones y ampliar de cinco a treinta días el permiso actualmente otorgado a los hombres, con el objetivo de favorecer la corresponsabilidad en el cuidado familiar.

Asimismo, se aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa de la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, que busca fortalecer la protección de las personas trabajadoras frente a despidos relacionados con el embarazo, la maternidad, la paternidad y la adopción, mediante disposiciones que permitan atribuir responsabilidad a las autoridades públicas por estas prácticas.

En materia de oportunidades para las juventudes, la Comisión avaló una propuesta del diputado Diego Lara Arregui para reformar la Ley de la Juventud de Baja California, a fin de que el servicio social relacionado con la formación académica, debidamente acreditado, sea reconocido como experiencia laboral en los procesos de acceso al empleo dentro del sector público estatal y municipal.

Esta última medida busca reducir una de las principales barreras que enfrentan las personas jóvenes al incorporarse al mercado laboral: la exigencia de experiencia previa. Con ello, se pretende que los conocimientos y habilidades adquiridos durante el servicio social sean considerados al momento de competir por una oportunidad de trabajo.

En la sesión estuvieron presentes, además del presidente, las diputadas Gloria Arcelia Miramontes Plantillas y Santa Alejandrina Corral Quintero, así como los diputados Jaime Eduardo Cantón Rocha y Juan Manuel Molina García. De igual forma, se contó con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo de Baja California.

En sintonía con el llamado al relevo generacional que realizó Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, durante el aniversario del movimiento, destacó la importancia de dar continuidad al proyecto de transformación, reconociendo a quienes sentaron sus bases desde sus inicios.

“Es importante seguir construyendo el segundo piso de la transformación, compartiendo el mensaje de nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con unidad, compromiso y cercanía con la gente. Confío en las encuestas internas y en los mecanismos de valoración de los órganos de dirección de nuestro partido”, expresó.

Mónica Primero también reconoció el trabajo de las y los fundadores que le antecedieron en la defensa de la transformación del país, y reiteró que la unidad será fundamental para fortalecer el movimiento en Ensenada.

Con este registro, manifestó su disposición de contribuir a la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, respetando los tiempos y procedimientos establecidos por Morena.

Gaona Medina explicó que el Ayuntamiento de Ensenada presenta un déficit de más de 80 millones de pesos, señalado también por parte de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC).

“Preocupa porque, al estar revisando todas esas observaciones, se detectaron casi más de 50 millones de pesos de honorarios. Donde la Auditoría Superior dijo ‘¿A dónde se fue? ¿A quiénes se contrataron?”, refirió.

La legisladora agregó que también recibieron una denuncia ciudadana y que incluso tenía conocimiento Sindicatura Municipal de Ensenada, a la que se le pidieron explicaciones sobre el caso.

“¿En dónde estaban esos empleados? Más de 50 empleados que se desconocían totalmente. Y el resultado de la Auditoría Superior fue que se aplicó 50 millones de pesos que se podía haber aplicado en infraestructura”, comentó.

María Yolanda Gaona Medina enfatizó que las problemáticas detectadas en Ensenada son mucho más amplias.

“Ahí no acaba: son tantas observaciones, más de 100 observaciones, donde nos llamó la atención, y como se ha señalado en las diferentes cuentas públicas… se les olvida pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con respecto a lo que viene haciendo referencia a los empleados. Con respecto a las obligaciones de lo que vienen siendo los servicios médicos”, mencionó.

Agregó que, por no cumplir con estas obligaciones, la ASEBC también señaló que la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California retuvo más de 100 millones de pesos de participaciones federales que se le iban a entregar al Ayuntamiento de Ensenada.

“Ayer lo señalamos: vamos a presentar las denuncias correspondientes… ¿Y quiénes son los responsables? ¿Quiénes son esos funcionarios? Anteriormente estaba el alcalde Armando Ayala. Lo vemos que fue senador, quiere volver a regresar (como presidente municipal), ¿Qué cuentas le va a dar a los ciudadanos? Y vamos a presentar las denuncias correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno porque esos ciudadanos hicieron desvío e hicieron corrupción”, abundó la diputada local.

La Comisión de Fiscalización del Gasto Público concluyó la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, como parte de los trabajos de revisión y análisis de los informes de auditoría presentados por la ASEBC, con el propósito de fortalecer la vigilancia del uso de los recursos públicos y contribuir a una adecuada rendición de cuentas.

Con base en los Informes Individuales de Auditoría, no se aprobaron las cuentas públicas a los Ayuntamientos de Tijuana y Ensenada. En los siguientes días pasará al Pleno del Congreso de Baja California para la votación correspondiente.

Detallan irregularidades en último año de Armando Ayala

Sobre otras observaciones, Mayola Gaona compartió que hay obras mal hechas o constructoras que no cumplieron las obras, estimadas en más de 136, por lo que también darán parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

De la deuda de Issstecali se deben más de mil 624 millones de pesos, y hubo camiones recolectores contratados sin licitación ni contrato por más de 9 millones 600 mil pesos, por citar algunos ejemplos.

“Hay una serie de desvíos, además de las obras públicas, licitaciones simuladas donde más del 45 por ciento de las obras fueron los montos 3 o 4 veces más de lo normal”, agregó la diputada local.

Echevarría Ibarra recordó que la lluvia pasada exaltó “los déficits en infraestructura pública”, en referencia a las “pésimas calles”, así como los drenajes pluvial y sanitario.

Citó que en la Ley de Protección Civil está la obligatoriedad de crear un fondo estatal para contingencias como este tipo y otras que afecten a las y los bajacalifornianos.

“Cada año se supone se supone que se tiene que presupuestar este fondo y se tiene que incluir en el Presupuesto de Egresos, pero hasta el día de hoy no sabemos si existe este fondo ni tampoco sabemos cómo se aplica ese fondo”, afirmó Diego Echevarría.

Agregó que, en contraste, a la dependencia que más le asignan recursos públicos es a la Secretaría de Bienestar estatal.

“Pero en la Ley de Protección Civil está la obligatoriedad de este fondo de que, primero se cree, y luego se destinen recursos públicos. Vamos a estar en el próximo pleno del Congreso del Estado exigiendo la creación de este fondo estatal para contingencias climatológicas”, anunció.

A la rueda de prensa acudieron Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN estatal, así como el presidente del CDM panista, Carlos García, y el regidor blaquiazul Adrián García García.

Mata Lozano puntualizó que Ensenada “sí es una zona de desastre” sobre todo por las expresiones ciudadanos que han recibido, además de que no fue solamente una inundación, pues hubo pérdidas humanas y de vivienda, así como afectaciones a la agricultura y la salud.

Por lo anterior, respaldó la propuesta que será llevada a cabo por las y el legislador panista.

“El Hospital General hoy está cerrado todavía y hay una afectación a los comercios; toda la zona centro de se inundó y la afectación es millonaria. Es irresponsable escuchar a la gobernadora (Marina del Pilar Ávila Olmeda) y a la alcaldesa (Claudia Agatón Muñiz) decir que ‘aquí casi no pasó nada’. Todos vivimos la tormenta tropical y es una zona de desastre latente para los ciudadanos y queremos respuestas”, remarcó la líder panista.

¿Qué dice la Ley de Protección Civil de BC?

Conforme a una revisión realizada por Zona Norte Noticias, el Artículo 10 señala la obligación del Poder Ejecutivo de Baja California.

En su parte III, señala:

“Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, recursos con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural”, según el texto.

La parte IV indica la de emitir “en su caso, declaratorias de emergencia y desastre natural, en los términos presente Ley”, lo cual fue rechazado por la gobernadora Marina del Pilar.

En el Título IV, Capítulo I, se indica propiamente la creación del Fondo Estatal indicado, donde el Artículo 95 establece que “El Poder Ejecutivo del Estado creará y administrará un Fondo Estatal de Protección Civil cuya finalidad será la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización de las unidades de protección civil”.

Y el Artículo 96 indica que “el patrimonio del fondo será constituido por los recursos anuales aprobados por el H. Congreso del Estado al Poder Ejecutivo del Estado y, en su caso, con las aportaciones de los municipios, los donativos de personas físicas, morales y organizaciones nacionales e internacionales, además de lo que se recaude de las sanciones económicas aplicadas por la Coordinación Estatal”.

La metodología propuesta retoma criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como disposiciones de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando existan medidas legislativas susceptibles de impactar sus derechos.

El acuerdo contempla etapas de planeación, información, deliberación comunitaria, diálogo y devolución de resultados, con el propósito de garantizar una participación efectiva de las comunidades en el análisis de las iniciativas. Asimismo, establece mecanismos para que las observaciones, propuestas y planteamientos que surjan durante el proceso sean considerados y valorados dentro de los trabajos legislativos.

De igual forma, se prevé la elaboración de un informe que permita dar seguimiento a los resultados de la consulta e identificar de qué manera las aportaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas fueron incorporadas en los futuros dictámenes.

La aprobación de este acuerdo permitirá iniciar la construcción del protocolo y del calendario de consulta que orientarán los trabajos entre el Congreso del Estado y las comunidades participantes, a fin de asegurar que su intervención tenga una incidencia clara y verificable en las decisiones legislativas.

Además, las y los legisladores acordaron revisar otras iniciativas vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas para determinar su posible inclusión en el proceso de consulta. La medida busca ampliar el alcance de los trabajos y garantizar que las propuestas relacionadas con esta materia sean enriquecidas con la participación directa de los sectores involucrados.

Durante la sesión participaron las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, encabezadas por el diputado Juan Manuel Molina García, presidente, y la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, secretaria, así como las legisladoras y legisladores Alejandra Ang, Michel Sánchez, Daylín García, Diego Arregui, Maythé Méndez, Diego Echevarría y Julia González, quienes analizaron y discutieron el alcance del acuerdo previo a su aprobación.

Daylín García destacó que este Parlamento Abierto busca incorporar la visión y experiencia de los sectores económicos al trabajo legislativo, mediante un diálogo abierto que permita construir acuerdos y propuestas frente a los principales desafíos que enfrenta Baja California.

En su participación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Julio Alberto Salinas López, subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector productivo y el Poder Legislativo para mejorar la competitividad, atraer inversiones y concretar proyectos de movilidad, energía, agua y vivienda, además de gestionar recursos para comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) entre otros organismos, participaron con propuestas.

Entre los temas centrales se expuso la propuesta del sector productivo de reducir al 3 por ciento la tasa del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), al considerar que contribuiría a atraer inversiones y generar empleos.

Asimismo, se abordaron otros retos como la crisis del agua, mayores incentivos para las MIPyMES, la actualización de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, el retorno del impuesto sobre hospedaje, la seguridad, la movilidad, la vivienda y el turismo, el Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM), además de otras propuestas.

En la jornada participaron las diputadas Tere Ruiz y Evelyn Sánchez, así como el diputado Diego Arregui, quienes refrendaron su compromiso de dar seguimiento a los planteamientos del sector productivo y promover, desde el ámbito legislativo, acciones que contribuyan a fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo económico de Baja California.

En representación de la Secretaría de Economía e Innovación, Iván García Díaz, director de Competitividad y Mejora Regulatoria, expresó la disposición del Poder Ejecutivo para mantener el diálogo con el sector empresarial y atender sus planteamientos. Enfatizó la importancia de analizar las propuestas fiscales, además de exponer los avances para establecer una ventanilla estatal digital de inversiones y simplificar los trámites para la apertura de negocios.

Por su parte la legisladora García Ruvalcaba indicó: “Organizaremos los planteamientos en una agenda de trabajo con prioridades y plazos definidos, diferenciando aquellos que requieren exhortos y gestiones de los que necesitan reformas legales. Asimismo, llevaremos las necesidades expuestas por el sector productivo al análisis legislativo del presupuesto del próximo año, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo económico de nuestro estado”.

Al concluir, agradeció la participación de los organismos y sectores representados, y reconoció su experiencia y trabajo para impulsar la actividad económica en Baja California. Subrayó que este ejercicio permite visibilizar necesidades que aún requieren atención y reiteró la importancia de mantener la colaboración con quienes enfrentan directamente los retos de invertir, generar empleos y dar certidumbre a sus proyectos.

El Parlamento Abierto continuará en Mexicali, próxima sede de este ejercicio, y posteriormente en Tijuana, con el propósito de ampliar la participación de los sectores productivos en el análisis de los retos económicos de la entidad.

Conforme al mensaje, López Gorosave enfatizó que la decisión es porque “siente el respaldo de las y los ensenadenses, así como de militantes y simpatizantes”.

Aseguró que no se inscribió para un nuevo periodo como diputada federal en congruencia con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Creo firmemente en el postulado de Francisco I. Madero, creo en los valores y principios de nuestro movimiento y en lo que nos ha dicho nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum: sufragio efectivo, no reelección”, expresó.

Rocío López Gorosave ha tenido una trayectoria como diputada local y regidora, bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), además de también haberse desempeñado como Oficial Mayor en la administración morenista de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Sobre si solicitó licencia al cargo de diputada federal, compartió que los requisitos de Morena le permiten mantenerse en el puesto.

“Las personas titulares de las presidencias municipales, sindicaturas o regidurías, así como las diputadas y diputados federales y locales, podrán participar en el presente proceso sin necesidad de separarse del cargo”, conforme al proceso interno.

A la asamblea acudieron en respaldo la regidora Raquel Manríquez; el presidente del Club de Leones de Ensenada del Pacífico, Armando Lechuga; el presidente de la Unión de Comunidades Indígenas en Maneadero, A. C., Rubén Velasco Pacheco; la representante del magisterio y presidenta del Comité Seccional de Morena 1850, María Lourdes Chacón; y el exdelegado de Jóvenes Morena en Ensenada, Alan Bañaga.

Como parte del encuentro, el público asistente guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a consecuencia de la tormenta Rachel.