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PIDEN DENUNCIAR

No más baches, piden Ensenadenses

Llantas, rotulas luces, y desperfectos de todo tipo sufren los vehículos que circulan a diario por la ciudad; existe una manera de lograr que el ayuntamiento pague daños y si no el procedimiento abierto quedaría como una forma de protesta ante el mal estado de la infraestructura vial
Redacción
Hace 7 años
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Unidad de transporte publico con las llantas reventadas a causa del estado de las calles. - Foto: ZNN.

Un sentimiento de frustración puede verse no solo entre los automovilistas, sino en la población que ha visto como estos últimos años, bulevares, avenidas, calles de la periferia e incluso las principales arterias urbanas se han ido deteriorando día a día, con las lluvias y la apatía e ineficiencia de las autoridades municipales.
Ya es cosa de diario escuchar quejas sobre el mal estado de las calles, y el esfuerzo que hacen en servicios públicos para resolverlo queda en poco, automóviles de particulares, camiones de transporte de carga, y transporte público sufren los estragos por el abandono de las vías de la ciudad.
José salió temprano a su trabajo rumbo a la Zona Centro, a pesar que no vive en las afueras de la ciudad pero por sus actividades debe moverse a distintos puntos de la ciudad, en uno de esos traslados “caí en un ‘megabache’”, dijo, “la verdad soy cuidadoso al manejar no traigo un carro nuevo, se le rompió la rótula y en ese mismo rato lo llevé al taller de un amigo, llegó la llanta echando humo porque la rueda iba pegando con la carrocería”.
“No me salió tan caro, pero es un gasto imprevisto que no tenía contemplado”.
José como muchos ciudadanos de Ensenada desconoce que puede entablar un pleito y que el Ayuntamiento puede pagar la reparación del daño a su vehículo debido a la omisión que comete al no dar mantenimiento al área pública, ya que cuenta con recursos y personal determinado en los programas y presupuestos anuales.
La Ley General De Responsabilidades Administrativas, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado De Baja California establecen las instancias ante las que se puede denunciar al o los funcionarios por las omisiones, aunque no viene explícitamente explicado el procedimiento para entablar el reclamo es una abogado quien recomienda cómo se debe hacer.
Erica conduce un vehículo de reciente modelo en el que recoge puntualmente a su hija del colegio, cuando de repente el auto se apagó, “se encendieron todas las luces del tablero, ya desde ayer empezó a fallar” , dice consternada, “de seguro es por los baches”.
Ya es más del 80% de la calles que presentan daño, aunado a que el sistema hidráulico que mantiene la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) está rebasado, el Gobierno del Estado sufre el mismo problema que el ayuntamiento, no tiene solvencia para invertir en cambiar todo el sistema que ya es obsoleto.

Talleres mecánicos y llanteras hacen su agosto

Los ciudadanos necesitan sus unidades para cumplir con sus actividades diarias, por lo que acuden a talleres para reparar sus vehículos.
“Es como el décimo desponche del día, no nos damos abasto, el patrón está haciendo su agosto”, comenta el trabajador mientras coloca la llanta que se reventó al caer en una de las zanjas de la ciudad.
José, se queja del sistema político, de funcionarios que solo ven la parte del problema y no reparan las calles de fondo, aunque como en la calle Ruiz entre 10 y 11, que la repararon y luego Cespe conectó una tubería y ahí quedó cubierta la obra solo con tierra.
“En serio, mi día se echó a perder, no pude trabajar a gusto no pude ir a todos los lugares que iba a ir, mi semana se redujo con este pago imprevisto, para colmo me multaron un día antes porque sin querer me pasé un alto”.
Taxistas y transportistas de servicio público y privado son quienes más sufren el problema ya que son quienes mayormente deben circular a lo largo y ancho de la zona urbana.
Incluso son varios los prestadores de este servicio que circula de noche con un solo foco, las lámparas de las unidades empiezan a fallar, los taxis circulan con un letrero de protesta ante la inseguridad y el estado en que se encuentran las calles.

El procedimiento para levantar una denuncia ante sindicatura

Maria elena que tuvo que comprar dos llantas, comenta que no se va a dejar que levantará su queja en sindicatura municipal, tomó fotos del bache y de la unidad, incluso cuando le estaban cambiando la llanta porque tuvo que llamar el servicio hasta el lugar, aunque ya está retirada pidió sus facturas a público en general para comprobar el gasto que hizo.
Aunque no sea para que me lo paguen dice María Elena, “Que les quede el papeleo como una protesta de que estamos hartos de que las autoridades no vean por nosotros”.
Sobre la forma en que se pueden reclamar los daños, los pasos -explicados por el abogado Edgar Raúl Franco Mora- a través de una página son los siguientes:
  • 1.- Detener el vehículo lo más cerca del bache y prende tus luces preventivas;
  • 2.- Tomar fotos del lugar, del bache, y del daño causado al vehículo;
  • 3.- Llamar al 911 pide que envíen una patrulla ya que tuviste un accidente a causa de un bache.
  • 4.- Tomar foto de la patrulla, solicitar el nombre de los oficiales y que levanten un parte informativo del accidente que incluya: fecha, hora, lugar, nombre, datos del vehículo, los daños y la existencia del bache.
  • 5.- Después llevar el carro a reparar a un lugar donde expidan una factura; y
  • 6.- Acudir a Sindicatura Municipal y solicita que se reparen los daños causados por un bache.
  • Entrega una breve descripción de los hechos, documentos del vehículo, las fotografías, el parte del accidente, factura de la reparación y copia de tu identificación.
Mientras el Gobierno del Estado y municipal no se decida a invertir en infraestructura hidráulica y vial y hacer un trabajo de reconstrucción a conciencia y no solo con tierra, los problemas van a seguir, la idea de la señora Maria Elena de llenar Sindicatura Municipal de quejas no parece tan mala, tan solo como una forma de protesta, esta sería una forma ordenada y legal de participacipación ciudadana. Y un ejemplo de civilidad ante las omisiones de las autoridades.
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Sufre volcadura tras caer en bache en camino de San Quintín

El conductor, un joven de 22 años, sufrió una volcadura a bordo de un pick up de la marca Ford Ranger  - Foto: Cortesía.

Por caer en un bache, un conductor de aproximadamente 22 años sufrió un accidente automovilístico, tras lo cual quedó atrapado bajo la unidad

De acuerdo con lo anunciado, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:45 horas de este miércoles en una calle de la colonia Praderas de San Quintín.

...

El involucrado, un joven de 22 años, sufrió una volcadura a bordo de un pick up de la marca Ford Ranger, modelo 2003, presuntamente al caer en un bache en un camino de terracería.

Debido a que terminó atrapado bajo el vehículo, acudieron unidades unidades de la Dirección de Bomberos de San Quintín, Protección Civil y Cruz Roja.

Tras liberarlo, los paramédicos lo trasladaron a la clínica 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la delegación Vicente Guerrero.

En el lugar del incidente también estuvo presente la Policía Municipal, para asegurar la zona, coordinar el rescate y garantizar el orden en el sitio.

Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al circular por caminos de terracería, especialmente cuando se presenten baches u otros obstáculos en la vía que puedan generar riesgos.

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Opinión
SImulación político-partidista rebasa marco normativo
2026-07-21 18:14:59
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Colaboración
...

El contexto político-partidista en México evidencia que la simulación opera como el mecanismo que permite a la competencia electoral, rebasar el marco normativo.

Bajo esta dinámica, los actores hegemónicos capitalizan la ambigüedad vacante antes de que la autoridad logre regularla.

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Por lo tanto, aunque no todas las acciones documentadas constituyen una ilegalidad flagrante, sí ilustran cómo agendas de carácter partidista, gubernamental, editorial o ciudadano operan funcionalmente como campañas anticipadas. Este es un análisis a través del cual describe dicho fenómeno tanto en su dimensión política como jurídica, delimitando con precisión las conductas probadas, las denunciadas y aquellas que subsisten en la zona gris del derecho electoral.

1.⁠ ⁠Convertir la sucesión interna en un “proceso político”, no en una precampaña

El caso más claro y reciente fue 2023. Morena organizó la selección de su futura candidatura presidencial mediante la figura de “Coordinador o Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”.

Formalmente no se eligió en ese momento una candidatura; se eligió una coordinación partidista. En paralelo, la oposición creó el proceso del Frente Amplio por México para seleccionar a la persona responsable de “construir” dicho frente.

En los hechos, ambos procesos incluyeron:

  • Aspirantes de conocimiento nacional;
  • Recorridos por el país;
  • Eventos masivos;
  • Propaganda;
  • Debates políticos indirectos;
  • Encuestas o consultas como método de selección;
  • Cobertura mediática diaria.

La discusión jurídica fue precisamente si esos mecanismos eran auténticos procesos internos o precampañas presidenciales adelantadas.

El Tribunal permitió su continuación bajo restricciones, y el INE tuvo que crear lineamientos extraordinarios para fiscalizar gastos, propaganda y actividades porque la legislación ordinaria no contemplaba con claridad una contienda interna de esa magnitud celebrada antes de las precampañas legales.

La simulación consistió en:

No llamarlo “precampaña”, no denominar “precandidatos” a los participantes y no decir formalmente que se disputaba la candidatura presidencial, aunque el resultado político previsible fuera precisamente posicionar y seleccionar a quien posteriormente sería candidata o candidato.

Eso no significa que todo el proceso haya sido declarado ilegal. Significa que la arquitectura nominal y partidista permitió adelantar buena parte de las funciones políticas de una precampaña sin utilizar sus categorías jurídicas formales.

2.⁠ ⁠Sustituir el llamado expreso al voto por equivalentes comunicativos

La legislación define los actos anticipados, entre otros elementos, por la existencia de llamados expresos al voto a favor o en contra de una opción política.

En respuesta, la comunicación política se volvió más sofisticada. En lugar de decir:

“Vota por mí”

se emplearon expresiones como:

“Es tiempo de…”

“Que siga…”

“La transformación continúa”

“Es la respuesta”

“Estamos listos”

“Vamos a defender…”

“Que nadie nos detenga”

“El futuro es ahora”

Por separado, muchas de estas frases pueden presentarse como opiniones, lemas partidistas o mensajes genéricos. El problema jurídico surge cuando, dentro del contexto completo, funcionan como un equivalente funcional de solicitud del voto.

Las autoridades electorales han señalado repetidamente que no basta analizar una frase aislada; deben valorarse la audiencia, temporalidad, sistematicidad, posición de la persona, alcance territorial y beneficio electoral. Aun así, cuando no aparece un llamamiento suficientemente claro, las medidas cautelares o sanciones pueden resultar improcedentes.

La técnica política

Construir reconocimiento, preferencia y asociación emocional sin formular una petición explícita de voto. Jurídicamente, la frontera se desplaza de la literalidad al contexto, lo que vuelve la prueba más compleja y genera resultados judiciales variables.

3.⁠ ⁠Propaganda contratada aparentemente por “simpatizantes”

Durante 2023 aparecieron espectaculares, bardas, lonas y anuncios en distintas entidades promoviendo nombres, iniciales, caricaturas, libros, frases y atributos de aspirantes. Una defensa recurrente fue:

“No lo contraté”.

“No sé quién lo pagó”.

“Fue iniciativa de simpatizantes”.

“Ya me deslindé”.

“No corresponde a mi equipo”.

El INE abrió investigaciones para seguir la ruta del dinero y determinar quién contrató, pagó y se benefició de esa propaganda. También ordenó que los gastos vinculados a los procesos políticos fueran registrados y fiscalizados.

Cómo funciona la simulación

Una tercera persona, asociación, empresario, militante o grupo aparentemente independiente realiza el gasto. El aspirante obtiene exposición sin reconocer inicialmente el costo como propio. Después puede presentar un “deslinde”, cuya eficacia depende de que sea oportuno, jurídico, idóneo y eficaz; un simple comunicado tardío no necesariamente elimina responsabilidad.

La dificultad para la autoridad consiste en demostrar:

Coordinación;

Conocimiento previo;

Consentimiento;

Beneficio;

Origen del dinero;

Vínculo entre proveedor y estructura política.

4.⁠ ⁠Presentar propaganda personal como promoción de libros, revistas o entrevistas

Otra práctica consiste en promover:

  • Portadas de libros;
  • Revistas con fotografías de aspirantes;
  • Entrevistas pagadas;
  • Documentales biográficos;
  • Conferencias;
  • Presentaciones editoriales;
  • Campañas de “posicionamiento de imagen”.

El contenido puede formalmente anunciar un producto editorial o periodístico, pero visualmente destaca:

  • Rostro;
  • Nombre;
  • Eslogan;
  • Aspiración;
  • Atributos personales;
  • Presencia territorial sistemática.

El punto no es que promover un libro sea ilegal. El problema aparece cuando la promoción editorial se convierte en un vehículo sustitutivo de propaganda político-electoral y se despliega con una intensidad, temporalidad y cobertura que difícilmente se explican solo por fines comerciales.

En estos casos, la autoridad debe determinar si existe una finalidad electoral predominante, quién financió la publicidad y si el gasto produjo un beneficio cuantificable para una futura candidatura.

 

5.⁠ ⁠Utilizar informes legislativos o gubernamentales como plataformas de posicionamiento

La ley permite que las personas servidoras públicas informen sobre sus actividades, pero esa comunicación tiene límites temporales, territoriales y materiales. La práctica problemática consiste en:

  • Extender la difusión más allá del periodo permitido;
  • Colocar propaganda fuera del ámbito territorial correspondiente;
  • Destacar excesivamente rostro, nombre o lema;
  • Mantenerla publicada durante meses;
  • Convertir el informe en una gira;
  • Difundir logros institucionales como atributos personales.

En 2024, por ejemplo, tribunales electorales confirmaron infracciones relacionadas con la difusión extemporánea de informes legislativos.

La simulación

El mensaje se presenta como rendición de cuentas, pero su diseño y circulación cumplen funciones de construcción electoral: conocimiento del nombre, identificación con logros y asociación entre presupuesto público y reputación personal.

 

6.⁠ ⁠Confundir comunicación gubernamental con promoción personal

Las personas gobernantes y funcionarias tienen derecho a informar; sin embargo, los artículos constitucionales de imparcialidad y neutralidad impiden utilizar recursos públicos para favorecer opciones electorales.

Las zonas de conflicto recientes han incluido:

  • Conferencias oficiales;
  • Publicaciones en cuentas institucionales;
  • Inauguraciones;
  • Entrega de apoyos;
  • Eventos gubernamentales con aspirantes;
  • Entrevistas realizadas durante horario laboral;
  • Participación de servidores públicos en actos partidistas;
  • Transporte, personal o logística pública.

Existen resoluciones donde se analizaron o acreditaron promoción personalizada, actos anticipados, vulneración a la neutralidad o uso indebido de recursos. En un asunto relacionado con funcionarios de Michoacán, la Sala Especializada estudió y tuvo por actualizadas diversas infracciones vinculadas con promoción a favor de una aspirante presidencial.

El mecanismo

El acto se justifica como ejercicio del cargo, pero el beneficio reputacional se concentra en una persona o partido. La ventaja es especialmente fuerte para el oficialismo porque dispone de agenda pública, cobertura institucional y capacidad permanente de comunicación.

7.⁠ ⁠Mantener giras nacionales bajo la figura de “asambleas informativas”

Las asambleas partidistas son legales. Lo problemático surge cuando, antes de las precampañas:

  • Se realizan de manera sistemática en todo el país;
  • Tienen producción similar a un mitin;
  • Se personalizan alrededor de un aspirante;
  • Presentan discursos de contraste electoral;
  • Despliegan estructuras territoriales;
  • Distribuyen propaganda nominal;
  • Generan cobertura permanente.
  • Los lineamientos de 2023 permitieron actividades de procesos partidistas, pero prohibieron llamados al voto, propuestas electorales explícitas y determinadas formas de propaganda. También establecieron fiscalización y límites de gasto.

La utilidad política

Aunque formalmente se habla a militantes o simpatizantes, el evento se transmite en redes, medios y plataformas, por lo que la audiencia efectiva es mucho más amplia. Así se obtiene presencia nacional antes del periodo legal sin utilizar el nombre de “mitin de precampaña”.

 

8.⁠ ⁠Usar encuestas como método formal para legitimar una candidatura ya posicionada

Las encuestas internas cumplen dos funciones:

  1. ⁠Seleccionar formalmente;
  2. ⁠Incentivar meses de posicionamiento previo, porque cada aspirante necesita elevar conocimiento y preferencia antes de la medición.

La encuesta actúa como justificación organizativa de giras y propaganda: “no estoy buscando el voto ciudadano; estoy buscando ser reconocido por militantes y simpatizantes para una medición interna”.

En 2023, tanto el oficialismo como la oposición utilizaron mecanismos de encuesta, consulta o participación para legitimar sus procesos anticipados. La estructura permitía afirmar que no se estaba compitiendo todavía en una elección constitucional, sino dentro de una organización política.

9.⁠ ⁠Separar formalmente campaña digital y estructura partidista

En redes sociales se utilizan:

  • Páginas de apoyo no oficiales;
  • Comunidades de simpatizantes;
  • Influencers;
  • Cuentas temáticas;
  • Grupos de WhatsApp y Telegram;
  • Contenidos aparentemente espontáneos;
  • Memes;
  • Clips emocionales;
  • Campañas de hashtags.

La dificultad regulatoria está en demostrar quién pagó, quién coordinó y si existe aportación en especie. Cuando una red parece orgánica, el beneficiario puede negar control. Cuando existen pagos o coordinación, deberían reportarse como gasto y pueden generar responsabilidad.

La investigación electoral actual enfrenta un problema adicional: buena parte de la propaganda digital es efímera, microsegmentada o distribuida por terceros, lo que complica su monitoreo y valuación.

 

10.⁠ ⁠Adelantar posicionamiento mediante asociaciones civiles o plataformas ciudadanas

Antes de una candidatura formal, pueden crearse:

  • Asociaciones civiles;
  • Movimientos ciudadanos;
  • Fundaciones;
  • Plataformas temáticas;
  • Observatorios;
  • Iniciativas de causas públicas.

Estos vehículos organizan eventos, producen contenidos, levantan bases de datos y construyen redes territoriales.

Por sí mismas, estas actividades pueden ser legales. La simulación aparece cuando la organización está materialmente orientada a promover una candidatura futura, pero sus recursos y actividades no se reportan como gasto electoral porque formalmente todavía no existe esa candidatura.

El punto crítico para la fiscalización es determinar cuándo una actividad ciudadana deja de ser autónoma y se convierte en aportación coordinada a un proyecto electoral.

 

11.⁠ ⁠Explotar periodos regulatorios incompletos

En la elección judicial de 2025 se observó otro ejemplo: aspirantes comenzaron giras, entrevistas y eventos antes del periodo de campaña, en un contexto normativo nuevo, con reglas incompletas y sanciones poco claras. Diversas críticas señalaron que algunas personas aprovecharon esa incertidumbre para posicionarse antes que sus competidores.

El patrón es recurrente:

  1. 1.⁠ ⁠Surge una figura electoral nueva;
  2. 2.⁠ ⁠La ley no regula todos los supuestos;
  3. 3.⁠ ⁠Los actores se adelantan;
  4. 4.⁠ ⁠La autoridad emite lineamientos;
  5. 5.⁠ ⁠Los tribunales corrigen o acotan;
  6. 6.⁠ ⁠Para entonces, parte de la ventaja comunicativa ya se obtuvo.
  7.  7.⁠ ⁠Deslindarse después de recibir el beneficio

El “deslinde” se ha convertido en una pieza habitual:

“No autoricé esa barda, espectacular, evento o página.”

Jurídicamente, el deslinde no opera automáticamente. Para ser eficaz debe mostrar acciones reales para detener la conducta, identificar responsables y evitar la continuidad. Sin embargo, políticamente, aun cuando después se retire la propaganda, el nombre ya fue expuesto durante días o semanas.

Ahí existe una asimetría importante:

  • La sanción puede llegar meses después;
  • La exposición ocurrió en el momento políticamente útil;
  • El costo reputacional o económico de la sanción puede ser menor que el beneficio obtenido.

 

El patrón general

La estrategia reciente no suele consistir en violar frontalmente la norma mediante un anuncio que diga “vota por mí antes de tiempo”. Es más sofisticada:

  1. ⁠Cambiar el nombre jurídico de la actividad.
  2. ⁠Evitar el llamado literal al voto.
  3. ⁠Distribuir el gasto entre terceros.
  4. ⁠Separar formalmente al aspirante de la propaganda.
  5. ⁠Usar actividades legítimas —informes, libros, asambleas, entrevistas— con intensidad electoral.
  6. ⁠Aprovechar que la autoridad debe investigar contexto, financiamiento y coordinación.
  7. ⁠Litigar hasta que la campaña o el proceso ya produjo efectos políticos.

Valoración objetiva

El caso de 2023 marcó un cambio cualitativo: la precampaña presidencial material comenzó varios meses antes de la precampaña legal, tanto en el oficialismo como en la oposición. El INE y el Tribunal no ignoraron el fenómeno; intentaron encauzarlo mediante reglas extraordinarias y fiscalización. Sin embargo, ese remedio también terminó normalizando parcialmente una realidad política que la legislación no había previsto.

La lección institucional es clara: en México la competencia electoral suele avanzar más rápido que la regulación. Los actores más poderosos explotan primero la ambigüedad; las autoridades regulan después. No todo lo descrito es automáticamente ilegal, pero sí muestra cómo actividades formalmente partidistas, gubernamentales, editoriales o ciudadanas pueden desempeñar funcionalmente el papel de una campaña anticipada.

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