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Debido a esto, a la fecha se generó un problema de 900 toneladas de basura que no han sido levantadas, según denunciaron diferentes sectores, como el hotelero y restaurantero.
La mandataria estatal refirió que se han reunido varias empresas, tanto de la ciudad como del Valle de Guadalupe, para brindar el servicio.
“Pero la clausura se dio conforme a derecho”, afirmó Marina del Pilar.
Norma Elvia Martínez Santos, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Smads), explicó que los permisos fueron revocados, para luego dar paso al derecho de audiencia, términos y plazos para solventar las observaciones e incumplimiento, pero Ecoterra no aprovechó sus recursos legales.
“Realmente, la empresa como tal, no cuenta con ninguna autorización ni Manifiesto de Impacto Ambiental, ni licencia de manejo de residuos, desde el año pasado. Le dimos a la propia empresa la oportunidad de solventar todas esas observaciones (como) cédula de operación anual, que manifestaran inclusive su uso de suelo. El Manifiesto tiene algunas observaciones y no cumplieron con las mismas. No fueron entregadas en tiempo y forma”, abundó Martínez Santos.
Agregó que el cierre “fue una decisión empresarial” y que la Procuraduría de Protección al Ambiente realizó “una suspensión de actividades”, al tiempo de recordar que las empresas tienen derecho a recurrir a instrumentos legales.
La secretaria citó que, desde el martes pasado que fue la clausura, han monitoreado la ciudad de Ensenada, y observaron que “cuentan con un servicio estable” gran parte de las zonas de mayor concentración y de atracción turística.
También que estarán al tanto de los prestadores de este tipo de servicios para que puedan ofrecer una tarifa razonable y cumplan con la normatividad ambiental vigente.
El procurador ambiental estatal, Omar Javier Durán Contreras, informó que la suspensión fue por no cumplir con la normatividad para poder operar y que hay término legal para que puedan aportar la documentación.
“Si ellos la aportan, lo vamos a tomar en cuenta y se puede hasta levantar la suspensión, pero ellos no han aportado un solo documento”, dijo.
El funcionario detalló que Ecoterra tenían los permisos vencidos y para aplicar la suspensión se tiene que pasar por procedimiento administrativo de la Smads, además de plazos legales, así como resoluciones e impugnaciones.
“Ya para cuando llega la procuraduría es porque no cuentan con las licencias, no contaban con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y si no se cuenta con ese manifiesto, la ley dice que debe clausurarse. No hay para donde hacerse”, remarcó.
Reiteró que procedieron a clausurar tras pasar todos los plazos y términos legales facultados por ley.
“No lo hicieron. Contaron con términos legales y no lo hicieron”, reiteró Durán Contreras.
Alejandro Arregui Ibarra, secretario del Trabajo y Previsión social estatal, indicó que se acercaron en primera instancia siete trabajadores, quienes afirmaron que no habían recibido liquidación.
“Bajo el argumento de que (Ecoterra) no tenía solvencia económica. Este, definitivamente, no es un argumento que valga para evadir el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores. Se está representando este grupo, se está agotando el proceso de conciliación, esperando que la empresa asuma su responsabilidad”, apuntó.
Arregui Ibarra adelantó que, en caso contrario, se presentará la demanda ante el Tribunal Laboral; en el proceso, también buscará vincular al personal a un nuevo empleo.
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