Detiene ICE a Julio César Chávez Jr. enfrenta deportación

Ricardo Thompson fue trasladado vía aérea hasta la ciudad de Tijuana, mientras que Ernesto Ruffo, también en prisión domiciliaria, llegó a Ensenada vía terrestre, por decisión de un juez.

La casa de la familia Thompson se ubica en el corredor costero de la delegación de El Sauzal. En la entrada a la privada se encuentra una patrulla, con un elemento, de la Guardia Nacional (GN).

Thompson Navarro se negó a dar una entrevista, a diferencia del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, quien ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación sobre su experiencia dentro del penal así como en el proceso judicial.

Navarro fue procesado junto con el ex gobernador Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdés Cuervo, aún detenido, fueron aprehendidos el pasado 16 de julio en Ensenada, mientras que el padre Ricardo Thompson Ramírez, también socio de la empresa se encuentra prófugo de la justicia.

Los cuatros están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por sus presuntos nexos por la presunta importación ilegal de petrolíferos mediante el uso de ferrotanques y la alteración de pedimentos aduanales a través de la firma Ingemar S.A. de C.V.

De acuerdo con información proporcionada en su momento por Thompson Ramírez, el 12 de noviembre del 2018, en una asamblea de Ingemar S.A. de C.V., a la que no fueron convocados -padre e hijo- intencionalmente, dijo, y a la que solo asistieron Ruffo Appel y Valdez Cuervo, fueron despojados de las acciones y de los cargos de secretario y vocal, reduciendo nuestra participación a menos del 1.7%”. Desde esa fecha, mencionó Thompson Navarro, Ruffo y Cuervo administran la empresa y se benefician con la importación de combustible.

En un comunicado, informaron que tras su aseguramiento durante el operativo Operación Carback II, Ching señaló que se considera víctima de una posible operación fraudulenta y que cuenta con documentación relacionada con la compra, entre ella comprobantes de pago, el contrato de compraventa y comunicaciones con la persona que le vendió el vehículo.

Actualmente, el funcionario se encuentra a la espera de la audiencia correspondiente, mientras su defensa prepara los elementos para acreditar las circunstancias en las que adquirió la unidad y su supuesto desconocimiento de cualquier antecedente irregular.

Los elementos disponibles podrían ser compatibles con una operación fraudulenta en perjuicio del comprador; corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) determinar lo conducente una vez analizados los datos de prueba.

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La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los hechos ocurrieron en días pasados cuando los elementos castrenses iniciaron una inspección vehicular a una camioneta Peugeot, de color blanco, con la leyenda NOX Mensajería y Paquetería. El reporte indica que provenía de sur a norte.

Al practicarle una revisión correspondiente, destaparon una caja para verificar su interior. Sin embargo, al abrirla se percataron que contenía unos bloques confeccionados con papel blanco envueltos con plástico transparente.

Por tal motivo cuestionaron al conductor, quien a su vez manifestó que desconocía el interior. Ante esto, se percataron que los paquetes desprendían un polvo blanco, lo cual arrojó positivo a cocaína tras la prueba correspondiente.

En consecuencia, procedieron con la detención del conductor identificado como Domingo, a quien le indicaron sus derechos conforme a la ley y posteriormente sería puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

En el documento presentado ante la Sindicatura Municipal y la Dirección de Justicia Cívica, (de quien se omite su nombre) expuso que “desconocía que ofrecer asesorías, trámites o gestiones en la vía pública pudiera constituir una falta administrativa”, por lo que manifestó su voluntad de no generar conflicto legal.

Sin embargo, en el escrito señala a Jorge Fernando Mojica Morales, subdirector Jurídico de la DSPM, como la persona que presuntamente se habría acercado a él para pedirle “que procediera contra autoridades municipales relacionadas con su detención”.

Ante lo ocurrido y para evitar problemas futuros, el hombre señalado como “coyote”, optó por dejar constancia formal de estos hechos ante distintas autoridades municipales, a fin de que sean valorados por las instancias competentes.

Serán los responsables de las áreas correspondientes, quienes determinen si la conducta atribuida al funcionario constituye una irregularidad administrativa, un conflicto de interés.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en el ejido El Porvenir, donde el imputado presuntamente cometió el delito en agravio de la víctima, aprovechándose de la relación de confianza derivada de un vínculo familiar.

Como parte de las diligencias de investigación, agentes estatales recabaron información que permitió establecer la ubicación del imputado, por lo que se implementó un operativo en el poblado San José de la Zorra, en el municipio de Ensenada.

Durante la intervención, Sigifredo “N” fue localizado, detenido y notificado del mandamiento judicial en su contra.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el imputado fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial que lo requería para continuar con el proceso penal correspondiente.

Respecto al policía municipal, fuentes oficiales confirmaron que presenta ausentismo laboral en la corporación.

La funcionaria estatal lo refirió este miércoles 1 de julio, durante su participación en la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en torno al caso registrado el lunes 29 de junio.

El hombre de 33 años de edad fue ultimado a balazos alrededor de las 23:12 horas en el fraccionamiento Villafontana; las autoridades lo encontraron tirado en una vialidad de terracería, frente a un salón social de la localidad.

Andrade Ramírez enfatizó que trabajan mucho con el área de balística, pues pueden ser los mismos grupos, las mismas armas y el mismo “modus operandi”.

“En cuanto al abogado, fue un ataque directo. Estamos investigando la relación con el despacho con el que trabajaba, o los abogados con los que trabajaba, qué litigios llevaban”, citó.

Agregó que hay “investigaciones muy importantes” en Ensenada relacionadas con policías municipales “involucrados en delincuencia organizada”, en referencia a los agentes detenidos por su participación directa -o indirecta- en la desaparición de seis jóvenes que acababan de llegar de Sinaloa.

“El abogado fue atacado con un arma 9 milímetros y estamos a la espera de la balística para ampliar esa línea de investigación”, compartió la fiscal general.

Este lunes 18 de mayo, realizaron una movilización afuera de la corporación en la calle Novena y Espinoza, donde Fernando Peralta, bombero de primera línea, informó que el encuentro se realizó con el oficial mayor, la tesorera municipal y el jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento, quienes manifestaron estar en disposición de apoyarlos.

Fernando estimó que, en promedio mensual, los elementos perciben alrededor de 250 pesos por encima del salario mínimo vigente en Baja California, que actualmente es de 440.80 pesos diarios.

Señaló que el ajuste salarial es posible pero en este momento permanece detenido debido a una firma pendiente relacionada con las condiciones generales de trabajo del Estado.

Por su parte, Luis Alonso Leiva Espino, integrante de la división prehospitalaria de Bomberos, indicó que actualmente perciben 7 mil 189 pesos por catorcena.

“No nos es suficiente, necesitamos un sueldo digno para poder llevar a cabo nuestros trabajos. Nosotros siempre estamos en toda la disponibilidad de atender a la ciudadanía, atender sus reportes, ayudarlos a aliviar su dolor; ahora necesitamos que la ciudadanía nos ayude a aliviar nuestro dolor, que es no tener un sueldo digno”, expresó.

El bombero comentó que tiene cuatro años trabajando en la división prehospitalaria y durante ese tiempo ha permanecido en la misma situación económica.

La delegación de Valle de la Trinidad ha registrado en el 2026 enfrentamientos armados entre supuestos integrantes del crimen organizado y elementos militares, que han dejado hombres fallecidos así como oficiales lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, a las 14:00 horas del sábado 9 de mayo se informó sobre la presencia de dos presuntos responsables armados, ambos vestidos de negro y portando armas largas, quienes habrían llegado en una camioneta tipo Blazer color café, con vidrios polarizados y sin placas de circulación.

El operativo se desarrolló en las inmediaciones del Hotel Vista Bella, ubicado sobre la carretera Ensenada–San Felipe y esquina con calle Álamo, cerca del restaurante Jacqueline Mexican Food, en el Valle de la Trinidad.

Al arribar al sitio autoridades estatales ya se encontraban tres unidades militares resguardando el perímetro del hotel bajo un fuerte dispositivo de vigilancia y seguridad.

Al solicitar información a los mandos militares se limitaron a señalar que el inmueble ya había sido asegurado e indicaron que debido al sigilo de la intervención no era posible proporcionar mayores detalles sobre el operativo.