Cartón Jorge Zona Norte
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Por un lado el gobierno de Ensenada incentiva a que venga turismo a la ciudad, por otro decreta cierre de playas por presencia de bacterias incompatibles con el uso recreativo del agua de mar. Nadie se puede bañar.
Esto ya es una constante desde hace años, no solo desde semana santa de este año. El gobierno tampoco se ha pronunciado sobre la imposición de sanciones severas a quienes contaminan las playas. Es probable que no haya tampoco alguna investigación seria al respecto, porque es precisamente su colega la Cespe que es la dependencia encargada de mantener el agua que trata y desecha al mar, sin los respectivos enterococos.
Ciudadanos de varias colonias en la orilla de la playa desde Coronitas, hasta la playa del Conalep han denunciado hasta el cansancio tiraderos clandestinos de aguas negras, tuberías que vienen desde los cárcamos de Cespe que descargan directamente a la playa, es claro que el Gobierno Municipal no puede sancionar al Gobierno del Estado, encargado de Cespe, porque es su "jefe".
Así, lo único que le queda al Alcalde Armando Ayala, es de suponer que con harta vergüenza decretar el cierre de playas porque hay "popó" en el agua. Y los turistas de Mexicali que aman la playa, los de Tijuana que también les encanta venir a Ensenada, no mencionar ya a turistas de EU, (ellos que sí pueden venir), se tienen que conformar con ver la playa desde la orilla. Por supuesto, de lugares donde no está cerrada.
Ya tan solo la duda de que el poder de los cárteles en México hayan permeado las filas del partido gobernante, Morena, pone a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una situación incómoda.
En otros tiempos o, si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera el de su primer mandato, Sinaloa seguiría como hasta antes de abril cuando los fiscales estadounidenses expidieron órdenes de extradición contra funcionarios de ese Estado incluido su gobernador y aliado del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así la primer presidenta de México se halla en medio de una fuerte tensión entre Washington, Ciudad de México y Palenque. Con un difícil dilema.
Por un lado sería actuar formalmente contra de Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, acusado por Washington de facilitar el narcotráfico a Estados Unidos y de proteger a miembros del crimen organizado a cambio de sobornos y apoyo político. Retirar su red de protección política y permitir que avance el proceso de extradición, y que la investigación abra un caudal de acusaciones hacia otros estados, administraciones, congresos, el senado y hasta una hacienda en el sur de México.
Realizar una investigación conjunta creíble con Estados Unidos y hacer limpieza del partido y del país, claro que la presidenta recibiría acusaciones de ceder ante Washington por los miembros de su propio partido pero podría ganar el visto bueno y credibilidad entra la oposción y personas que creen firmemente que su gobierno en realidad está protegiendo narcopolíticos y militares corruptos al más alto nivel.
La otra cara de la moneda: escudarse en la soberanía y no hacer nada, aún y con pruebas y testimonios contundentes, aumentaría las sospechas en Estados Unidos sobre su voluntad de perseguir la corrupción de los cárteles dentro de su propio partido. Y al interior del país da material a la oposición para erosionar su aceptación de cara a los comicios y próximos años de su gobierno, incluso se arriesgaría a una poco probable Revocación de Mandato.
^Hasta ahora la presidenta ha maniobrado con cierto éxito tanto las exigencias externas como las presiones internas, y ha mantenido junto al partido pero esta es una situación insostenible a mediano plazo, hay demasiado en juego.
América del Norte está muy unida con los tratados, la economía, los migrantes, el turismo e incluso los cárteles, más ahora que sus gobiernos entran en 2026 a la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
Ceder ante Estados Unidos tampoco es sostenible para el Estado mexicano y la presidenta sabe que su credibilidad corre riesgo de cualquiera de las dos opciones por lo que debe hallar un sano punto medio.
El concepto de soberanía es claro: ningún presidente mexicano, o de otro país, puede dejar a Estados Unidos disciplinar a la clase política y perseguir a sus corruptos pero alguien por fuerza tiene que hacerlo.