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Eligieron nuevo presidente de Provino Baja California

Wenceslao Martínez Payán estará al frente del organismo a partir del primero de enero, 2024

Colaboración

Hace 3 años

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El Comité Provino Baja California llevó a cabo el martes 28 de noviembre la Asamblea General de Socios, la votación para designar al nuevo Presidente que encabezará el Consejo Directivo en el ejercicio 2024.

Wenceslao Martínez Payán, actual secretario, fue quien resultó electo y estará al frente de la asociación a partir del primero de enero.

El Presidente saliente, Mauricio Cantú Barajas, dirigió el gremio durante los ejercicios 2022 y 2023.

Mediante un comunicado dijo: “Es un orgullo representar a mi gremio por el que hemos trabajado tanto y todos los asociados deberían de tener la inquietud de hacerlo aunque sea una vez en la vida, el poder contribuir por tu sector del cual hemos recibido mucho".

Agradeció a la actual Mesa Directiva, y por la oportunidad de poder generar un cambio positivo, dándole representatividad a todas las voces, donde bodegas pequeñas pudieran tener una participación.

Con el cambio Martínez Payán, nacido en Ensenada y 10 años de experiencia en la elaboración de los vinos de la vinícola Relieve dijo que espera continuar impulsando las estrategias de la anterior directiva, y a su vez, impulsar nuevas iniciativas.

“Es un gran honor que haya sido considerado como Presidente de un gremio tan importante en nuestro Estado y a nivel nacional, pero también es una gran responsabilidad, porque hay que llevar el rumbo de los intereses del sector y de nuestros asociados de la manera más correcta y transparente. Representa retos, mucho trabajo y estoy muy emocionado”, afirmó el presidente electo.

Provino es una asociación civil con 80 vinícolas agremiadas y 32 años de experiencia en la promoción de la cultura del vino de Baja California a través de la producción de eventos, como las tradicionales Fiestas de la Vendimia en Ensenada, además de enotours especializados, un Club del Vino con entregas a todo México y otras iniciativas educativas que fortalecen vínculos con distintos sectores regionales y nacionales.

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste

Mexicali, B.C.

2026-10-25 11:54:08

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Redacción

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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

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