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Editorial

Una nueva selva
Hace 7 años
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 - .

La importancia de los periódicos de papel, semanarios, diarios y revistas mensuales, estriba en imprimir lo trascendente y esencial para personas, empresas y gobiernos, información que ningún “portalucho digital” puede conseguir o puede publicar.
Los medios impresos deben pelear con todos sus dientes contra el plagio.
Publicar la información escondida por funcionarios, las denuncias, la investigación, esas opiniones pensadas de columnistas informados, las críticas en ilustraciones políticas, todo eso debe quedar para las hemerotecas de papel, todo lo demás, comunicados de gobiernos locales, notas institucionalistas, boletines de diputados, todo eso va a los blogs, esos medios que pueden darse el lujo de publicar todo.
El papel puede durar miles de años si se conserva adecuadamente, incluso puede digitalizarse y permanecer disponible de forma indefinida, si quienes tienen todavía la posibilidad de imprimir compiten con información que ya tienen los demás medios, si no tienen información nueva, periodismo de verdad, ya no hay nada que hacer.
Los periódicos impresos deben valorar el poder del area de papel y guardar esa capacidad para los anunciantes que puedan pagar un robaplana, un cuarto de página, para los que no, ya está lo digital. Lo impreso será calidad y prestigio, lo digital precio y volumen.
El valor comercial de los medios digitales está todavía por medirse, el “periodismo de clicks” va ser puesto a prueba los próximos años. Una selva nueva se extiende casi infinita para los editores, los viejos harían bien en afilar sus machetes, los nuevos editores con filosas armas harían bien en conseguir mapas para saber a dónde dirigirse.
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Dialogan por límites territoriales entre Rosarito y Ensenada

Archivo
Hace 1 decada
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Paisaje de La Rumorosa en Baja California.  - Foto: Cortesía.

Por segunda ocasión en una semana, los integrantes de la mesa técnica que conformó el Congreso del Estado, para resolver la controversia territorial entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito se reunió la tarde de este viernes. Durante el encuentro que se realizó en Playas de Rosarito, cada una de las partes expuso los motivos por lo que considera que la extensión territorial perteneciente a Santa Anita, le corresponde a uno u otro municipio.
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El secretario General del XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, externó las razones por las que la comunidad de Santa Anita pertenece a Ensenada, y destacó que los residentes de dicha demarcación enfrentan carencias en materia de inversión debido a la incertidumbre. En un comunicado el funcionario mencionó que esta polémica surgió por errores que han perdurado en el tiempo, pero que ahora se pretende resolver este conflicto de manera definitiva. ^ El diputado José Roberto Dávalos Flores, por su parte explicó que estas mesas de trabajo tienen el objetivo de escuchar propuestas, argumentos y estudios que tengan los municipios de Rosarito y Ensenada para después emitir un dictamen justo y legal que en beneficio de la población en conflicto. La siguiente reunión prevista para el 22 de marzo, se llevará a cabo en la ciudad de Ensenada y en ella se pretende acumular todos los estudios que se desprendieron de las anteriores reuniones para elaborar un informe que sea analizado en el Congreso y se pueda emitir la correspondiente resolución.
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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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