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Editorial

¿Estacionarse, caminar o andar en bicicleta?
Hace 7 años
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El problema de los estacionamientos en los centros históricos de las ciudades ahora sí que es de cajón.
Como hasta el momento no se ha restringido la producción de automóviles esto no va a mejorar en los próximos años. En Ensenada, ciudad fronteriza, el problema se agudiza con unidades no regularizadas que ocupan espacios en la vía pública y la falta de efectividad del transporte público.
El negocio de los estacionamientos privados resulta atractivo para inversionistas, aunque quieren que las condiciones de operación sean ventajosas, aprovechando la falta de visión del gobierno de la ciudad que no han podido capitalizar con recursos públicos un modelo de estacionamiento en la ciudad que resuelva el desabasto de espacios de aparcamiento y el flujo de efectivo a las arcas municipales.
El hecho es que la medida de las calles no puede crecer para ofrecer más espacio, el único lugar que queda es hacia arriba, la construcción de torres de estacionamientos es una opción.
Más sencillo resulta la implementación de un sistema de medición y cobro por el tiempo que duran las unidades es los lugares. La implementación vías totalmente peatonales y de ciclistas sería ideal para incentivar a las personas a utilizar transportes alternativos y realizar campañas de verdadera concientización de las personas a usar menos el auto.
Obviamente lograr un equilibrio entre todas las opciones sería lo mejor, implementar torres de estacionamientos en la zona Centro, privatizar (si se quiere como prueba) una parte de los estacionamientos en zonas de mayor flujo y dejar calles peatonales y ciclistas combinados con mejores rutas de transporte público y regularización de tarifas de taxis.
Los problemas múltiples rara vez tienen una misma solución.
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Al 50 % las obras de reconstrucción de la escénica Tij-Ens

Calcula que será hasta septiembre cuando se reabra la circulación vial para mayor seguridad de los viajantes
Archivo
Hace 1 decada
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Agente municipal inspecciona el accidente automovilístico en la carretera Escénica.  - .

Las obras de reconstrucción del tramo colapsado en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, están a un 50 por ciento de avance informó en empresario constructor, Santos Segura Rubio. Tras realizar un recorrido en el lugar del derrumbe, el integrante de Compañías Mexicanas de la Industria de la construcción en Ensenada (Comise), calculó que si las obras siguen con esta dinámica es posible que se reabra el 15 de septiembre.
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Ahí pudimos observar que lleva un 50 % en esa actividad, que es, la colocación de concreto a cada tres metros con una perforación de 40 centímetros de diámetro, vemos que muy va rápido ese trabajo y yo creo que lo que queremos ver es que ese terraplén esa renivelación de la autopista la podemos observar en un par de meses”, detalló el empresario. En una primera visita de trabajo, explicó Santos Seguro, vieron un ritmo acelerado en la reconstrucción del kilómetro 93+500, además de que hacen movimientos de rocas para reforzar y detener el futuro deslizamiento de tierra. ^ El sector empresario ha presionado a Caminos y Puentes Federales (Copufe) para que antes de las fiestas de las vendimias, que inician en agosto, quede terminada la autopista para el transito de turismo por dicha carretera. Al respecto aclaró que la iniciativa privada insistió a las autoridades federales porque desconocían los avances en la vialidad, pero recomendó que se deje a la desarrolladora continuar con los trabajos como hasta ahora.
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Opinión:
Riesgos digitales y protección infantil: Baja California ante el nuevo decreto federal DOF 14 de octubre de 2026
2026-10-15 06:14:11
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Colaboración
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Por Guillermo Rivera Millán

La conversación nacional sobre tecnología en las escuelas tomó forma con el Acuerdo 09/09/26, publicado el 9 de septiembre de 2026, que estableció condiciones para el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales dentro de los planteles. Aquella medida atendió la dimensión escolar del problema y ordenó a los estados —incluido Baja California— armonizar sus instrumentos jurídicos y realizar ajustes territoriales conforme a sus realidades. Sin embargo, el Acuerdo se limitó al espacio escolar. El Decreto de Entornos Digitales Seguros, publicado el mencionado 14 de octubre, amplía ese marco y aborda el entorno digital completo donde niñas, niños y adolescentes enfrentan los riesgos más graves.

Más información...

El decreto es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria. Por primera vez, México establece medidas específicas que las plataformas digitales —redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y cualquier servicio que permita interacción o difusión de contenido— deben implementar para garantizar entornos seguros para menores. La definición es amplia y abarca prácticamente todo el ecosistema digital que utilizan las infancias y adolescencias.

El contenido sustantivo del decreto es contundente. Prohíbe que las plataformas permitan el acceso, exposición o recomendación de contenido que promueva acoso y ciberacoso; abuso o violencia sexual; discursos de odio y extremismo; intercambio de contenidos que inciten a la violencia, especialmente en el entorno escolar; conductas ilícitas o apologías del delito; material sexual explícito; y riesgos asociados a salud mental como autolesiones o trastornos alimenticios. Esta clasificación obliga a las empresas tecnológicas a modificar sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus criterios de moderación.

Las obligaciones para las plataformas son igualmente relevantes. Deben implementar mecanismos confiables de verificación de edad —no basta la autodeclaración—, retirar de forma inmediata cuentas o contenidos prohibidos, activar configuraciones de privacidad estrictas por defecto, habilitar reportes accesibles, permitir supervisión parental y realizar evaluaciones periódicas de riesgos asociados al diseño y funcionamiento de sus servicios. Además, deben compartir reportes estadísticos con autoridades para fortalecer estrategias de salud mental. Este punto es crucial: el decreto vincula explícitamente el entorno digital con la salud emocional de las y los adolescentes.

El decreto también incorpora obligaciones de colaboración con autoridades de seguridad y justicia: designar puntos de contacto disponibles 24/7, preservar evidencia digital por 90 días y alertar de inmediato sobre cuentas o contenidos que atenten contra la vida, dignidad o integridad de menores.

En un estado como Baja California, donde los riesgos digitales se entrelazan con dinámicas de violencia, movilidad y vulnerabilidad, esta coordinación es indispensable.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública reciben mandatos específicos: diseñar programas de salud mental, fortalecer habilidades socioemocionales, promover el uso crítico y ético de plataformas digitales y organizar actividades de bienestar escolar. La estrategia del “ABC de las emociones”, los buzones confidenciales y los protocolos de acompañamiento se convierten en herramientas obligatorias dentro de la Nueva Escuela Mexicana.

Los transitorios confirman que este decreto es solo el inicio. Se instruye a instalar una Mesa de Trabajo para elaborar propuestas de regulación más robustas y se obliga a las plataformas a documentar sus acciones en un plazo máximo de treinta días. Es un avance significativo, pero todavía sin sanciones ni autoridad reguladora definida. La legislación vendrá después.

Baja California puede avanzar sin esperar a que las plataformas cumplan o a que las mesas federales produzcan resultados. El marco jurídico estatal permite incorporar desde ahora los riesgos digitales mencionados en el decreto en el Programa de Protección Integral Escolar, la Ley de Educación, la Ley de Seguridad Escolar, la Ley de Acoso Escolar, la Ley de Salud y la Ley de Atención al Autismo. Incluso es viable impulsar una Ley Estatal de Protección Digital de la Niñez, enfocada en la gestión de riesgos digitales en escuela, hogar y comunidad, sin invadir facultades federales sobre plataformas. El uso responsable de dispositivos dentro del plantel puede complementarse con una política integral que atienda los riesgos fuera de él.

El decreto federal es un avance. Baja California tiene la oportunidad de convertirlo en una política territorial efectiva que proteja a sus niñas, niños y adolescentes dentro y fuera del plantel, con una visión preventiva, comunitaria y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

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