Firmó Sheinbaum convenio por la transformación de Baja California

En forma previa, la Conago se había mostrado entusiasta del Plan México, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, sobre todo, la postura de la Federación ante la llamada “Guerra de Aranceles” comenzada por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, a pesar del embate público a raíz de la revocación de dicho documento, el organismo al que están adheridos los mandatarios estatales no ha publicado algo al respecto.

En contraste, a nivel local las personas y organismos que han manifestado públicamente su respaldo a Marina del Pilar son: la bancada de Morena en el Congreso de Baja California, los siete alcaldes y alcaldesas de Baja California; el cuerpo de regidores morenistas del XXV Ayuntamiento de Ensenada; y el grupo de senadores de Morena, por citar algunos ejemplos.

Y, a su vez, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California ha exigido que Marina del Pilar salga de las Mesas de Seguridad y dejar de presidir la Conago, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la entidad ha señalado la “falta de probidad” de la mandataria estatal.

“Este es un paso importante hacia una justicia vecinal más cercana, eficiente y preventiva. Las Oficinas Conciliadoras facilitarán la solución de conflictos como el uso indebido de áreas comunes, ruido excesivo, incumplimiento de cuotas y otros problemas cotidianos que hoy no tienen canal adecuado de atención”, explicó el legislador.

Valencia López reconoció particularmente la voluntad política y el compromiso del alcalde Ismael Burgueño, quien por conducto del Secretario de Gobierno Arnulfo Guerrero y junto con la Consejería Jurídica Municipal ha dado cause institucional al exhorto y ha encabezado las reuniones de trabajo necesarias para hacer realidad esta figura establecida desde 2015 en el Reglamento General de Condominios del municipio.

Entre los principales problemas que atenderán estas oficinas se encuentran:

• Invasión o uso indebido de áreas comunes (estacionamientos, jardines, pasillos).
• Generación de ruido excesivo en horarios inapropiados.
• Incumplimiento en el pago de cuotas de mantenimiento.
• Falta de transparencia en la administración de recursos del condominio.
• Instalación de estructuras sin autorización.
• Conductas que afecten la convivencia vecinal o pongan en riesgo la seguridad.
• Y entre los beneficios más relevantes de este avance se incluyen:
• Brindar soluciones rápidas y eficaces a conflictos vecinales sin recurrir a procesos judiciales costosos y prolongados.
• Fortalecer la convivencia armónica en condominios mediante mecanismos de conciliación y mediación.
• Dar cumplimiento a una disposición legal vigente desde hace casi una década.
• Aliviar la carga de trabajo en juzgados y dependencias municipales.
• Profesionalizar la atención de quejas ciudadanas relacionadas con la vida en comunidad.

Con la próxima operación de estas oficinas, miles de familias tijuanenses contarán con una vía eficaz para mejorar la convivencia en sus comunidades, fortaleciendo el tejido social y elevando la calidad de vida en los desarrollos habitacionales de la ciudad.

Echevarría Ibarra explicó que esto es por las omisiones de pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).

“Las cuotas y las aportaciones. Son 3 mil 600 millones de pesos lo que se dejó de lado por parte de Armando Ayala (y) mil 500 millones de pesos por parte de Darío Benítez. Estamos buscando que se dé la procedencia de la solicitud de juicio político y que n el pleno se cite y se escuche, y sea vencido y oído en juicio, el actual senador y también el acusado Darío Benítez”, afirmó.

Agregó que se determinaría por medio de una votación y la posible sanción sería desde 6 meses hasta los 20 años de inhabilitación para ocupar algún cargo público estatal.

La diputada Mayola Gaona aseguró que darán seguimiento puntual, además de que recordó que las cuentas públicas de los expresidentes municipales no han sido aprobadas.

“Lo cual es por ello que estamos presentando el juicio político porque, a final de cuentas, se está jugando con la pensión, la jubilación y, sobre todo, el tema de la seguridad social de los trabajadores”, puntualizó.

Y la legisladora Santa Alejandrina Corral Quintero enfatizó que los actores políticos de Morena “han caído en la corrupción una y otra vez”.

“Estamos trabajando en una ruta política porque no sólo es este juicio, sino que también nos fuimos a una denuncia penal para que sean sancionados con una resolución administrativa de inhabilitación, pero también que se les sancione como cualquier otro ciudadano y que pague lo que dejó de pagar”, remarcó.

La legisladora de Morena resaltó la importancia de proteger a los niños, ya que su desarrollo integral es fundamental para el bienestar de la sociedad.

“La infancia es una etapa central para su formación física, mental, emocional, social y moral”.

En este sentido, enfatizó la necesidad de crear mecanismos más estrictos para proteger a la niñez de cualquier tipo de abuso, proponiendo que los agresores sexuales sean excluidos de ámbitos donde puedan interactuar con menores, como escuelas, centros de atención y cualquier otra institución destinada a su formación y bienestar.

Abundó que el abuso sexual infantil es una de las formas de maltrato con mayores repercusiones para las víctimas, y que frecuentemente coexiste con otras manifestaciones de violencia. Este tipo de abuso incluye tanto agresiones sin contacto físico como aquellas que involucran contacto, lo que comprende una amplia variedad de formas de violencia.

El objetivo central de la reforma es garantizar que las instituciones que brindan servicios a menores de edad sean espacios seguros y libres de la amenaza de abuso, protegiendo así su desarrollo

La propuesta fue canalizada a la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores para su estudio y análisis.

Con estas medidas -dijo- se podrá avanzar hacia un modelo de atención más humanizado que respete la dignidad de las mujeres y sus familias, promoviendo su bienestar integral en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

El duelo perinatal, es un proceso complejo que puede generar trastornos psicológicos graves como depresión, ansiedad y estrés postraumático. Investigaciones han demostrado que la atención psicológica temprana y el acompañamiento adecuado, reducen significativamente las consecuencias negativas a largo plazo.

Sin embargo, en muchos casos, las mujeres y sus familias se enfrentan a la falta de apoyo institucional, la minimización de su pérdida y la ausencia de protocolos adecuados para la atención en estos casos.

A nivel laboral, la falta de un permiso específico de duelo, obliga a los padres y madres a reincorporarse inmediatamente a sus actividades, sin haber recibido apoyo psicológico ni tiempo para procesar la pérdida.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental está influenciada por factores sociales, psicológicos y biológicos, por lo que el acompañamiento en estos casos, es fundamental para mitigar los efectos negativos que esta pérdida puede generar en los individuos y la comunidad.

A pesar de su gravedad, este tema sigue siendo invisibilizado en muchos países, lo que limita el acceso a servicios adecuados de apoyo psicológico y emocional.

En su exposición de motivos, señaló diversos casos, como el de Baja California, citando la Caja de Ahorro Magisterial A. C., la cual fue contra maestros y trabajadores de la educación, la mayoría jubilados que le entregaron a CAMAC el finiquito de sus años de servicio.

Añadió la Legisladora de Morena que, desde 2014 esta caja dejó de entregar las regalías de manera anual a los aportantes, además de su capital, por lo que le exigieron su dinero.

La legisladora de Morena indicó que, ante esta situación el fin de su enmienda es castigar a los responsables de cometer estos ilícitos, “debido que no es posible que el dinero de cientos de personas que tienen toda una vida de trabajo y esfuerzo, se pierda tan fácilmente”.

“Buscamos que sean protegidos por la ley, y con ello sean menos los casos de despojo, robo y fraude a cajas de ahorros de los trabajadores en el Estado. Así mismo que esto sea un parteaguas, para que, en otras Entidades, de igual manera lo lleven a cabo, para que disminuyan en el país”, enfatizó.

Esto, tomando en cuenta únicamente las SOCAP de nivel básico, que, al no contar con un fondo de ahorro por la Ley, se castigue con la ley penal a los responsables y paguen con sus bienes, lo que sustraen o usan, sin el consentimiento de los ahorradores.

Por tales motivos, propuso que se adicione el artículo 222 Ter del Código Penal del Estado, para que quede como sigue: Comete el delito de fraude a caja de ahorro, quien administre una caja de ahorro y no cumpla en el tiempo específico con los pagos del capital total y los intereses pactados a los integrantes de esta; de igual manera a quien se apropie del dinero de las aportaciones de los integrantes sin el consentimiento de ellos.

El delito de fraude a cajas de ahorro será castigado con una pena de 6 a 12 años de prisión, y multa de 600 a 1200 umas.

Indicó también que es un tema que se está trabajando a nivel federal, ya que inició en la pasada legislatura por una diputada de morena, asimismo como parte de sus compromisos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se realizarán mesas de diálogo para lograr disminuir gradualmente las jornadas de trabajo, hasta llegar a las 40 horas semanales, con lo que México se alinearía con las mejores prácticas internacionales en el ámbito laboral.

Subrayó que, en la actualidad, más de 40 países han avanzado hacia esquemas de jornada laboral de 40 horas semanales o menos, “entre ellos se encuentran naciones miembros de la OCDE como Alemania, Francia, Países Bajos, Chile y Colombia, que han reconocido los beneficios sociales, económicos y sanitarios de reducir la carga laboral sin sacrificar competitividad, por lo que México debe hacer lo propio, ya no podemos seguir con la idea errónea de que entre más horas laborales más productividad”.

El diputado explicó que “es una medida justa y necesaria para las personas trabajadoras, por lo que se propone establecer en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, por cada cuarenta horas de trabajo, la persona trabajadora deberá disfrutar de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro.

En ese sentido, la reforma que propone a la Ley Federal del Trabajo busca establecer que no se pueden exceder de 40 horas laborales y que en los reglamentos se procurará que los días de descanso semanal sean los días sábados y domingos; y quien preste servicio esos días tendrá derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

Dicha reforma contenida en el Dictamen No. 3 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes, fue aprobada por 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en la sesión nocturna de clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la presente Legislatura.

"Es nuestra obligación como legisladores emanados del movimiento de Transformación, alinear los deseos del pueblo a nuestra Agenda Legislativa. Llegó el momento de que Baja California se beneficie e impacte favorablemente en el bolsillo de los que menos tienen", enfatizó el Congresista de Morena.

Y con esa responsabilidad y sin titubeos -dijo- es que pongo a su consideración la presente reforma, a pesar de que las presiones de los dueños del dinero por tratar de sofocar y descalificar esta iniciativa.

"Y sé, que esas presiones también les llegaron a ustedes (diputaciones)".

Sin embargo, el Diputado Eligio Valencia dejó en claro que está del lado del pueblo, pero no en contra del desarrollo económico ni del sector privado, pero cree en un modelo de negocios que respete a sus clientes sin imponer cargas injustas.

"Hablo en nombre de la gente que trabaja todos los días para llevar el sustento a sus hogares, de quienes, si les importa hacer rendir cada peso de su salario, y no deben pagar por algo que, por justicia debería ser un derecho".

Luego hizo hincapié en que en otros lugares de México y del mundo, los estacionamientos en plazas comerciales ya son gratuitos, y las empresas siguen ganando, porque lo que hace que un centro comercial prospere no es el cobro del estacionamiento, sino que la gente quiera ir, comprar y disfrutar.

“Por ello, desde este Congreso, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo. La Cuarta Transformación nos ha enseñado que gobernar, es poner primero a la gente, es romper con los abusos normalizados, es devolverle el poder a quienes realmente lo merecen, el pueblo”.

Cabe mencionar que, según lo establecido en los transitorios primero y segundo de la presente iniciativa, esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado; y los Ayuntamientos tendrán un plazo de 60 días naturales a partir de su entrada en vigor, para realizar las adecuaciones que resulten necesarias en la reglamentación municipal correspondiente para su aplicación.

La dirigente estatal del PAN lamentó que en lugar de priorizar la seguridad de las familias, las autoridades locales y estatales sigan actuando con indiferencia ante la crisis que vive Baja California.

A este clima de inseguridad se suman los recientes hechos violentos y sangrientos que se han registrado en distintos puntos de la entidad la tarde de este viernes, dejando una estela de temor e indignación entre la ciudadanía. Ante este escenario, Lizbeth Mata expresó su expectativa de que las autoridades estatales y municipales sean responsables y transparentes al informar de manera puntual y veraz a la presidenta de México, quien estará visitando la ciudad mañana sábado.

Es fundamental que la mandataria federal conozca de primera mano la grave situación de violencia que atraviesa Baja California, en lugar de recibir un informe maquillado que no refleje la realidad que viven las familias bajacalifornianas.

Un claro ejemplo de la omisión gubernamental, destacó Mata Lozano, es el reciente hallazgo de más de 8 millones de litros de combustible almacenados ilegalmente, un acto de huachicoleo que solo fue descubierto gracias a una denuncia ciudadana y no por una acción preventiva de las autoridades. Este hecho evidencia la falta de vigilancia, investigación e inteligencia en materia de seguridad.

Desde Acción Nacional, la dirigente estatal exige una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para combatir frontalmente al crimen organizado. También demanda que la federación destine los recursos necesarios para fortalecer las estrategias de seguridad en Baja California.

Es urgente llevar a cabo una depuración exhaustiva de las corporaciones policiacas, identificando y removiendo a aquellos elementos coludidos con la delincuencia. Además, Lizbeth Mata Lozano reiteró la necesidad de brindar capacitación y equipamiento adecuado a los cuerpos de seguridad para que puedan desempeñar su labor de manera eficiente y proteger a la ciudadanía.

En su exposición de motivos, mencionó la Legisladora del Partido Morena que, en esta Entidad, la violencia de género es un problema grave que afecta a muchas mujeres, ocupando los primeros lugares en indicadores a nivel nacional.

De acuerdo a los datos proporcionados a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para conocer la situación de violencia contra las mujeres en México, el 69.2 por ciento de las mujeres de 15 años o más en Baja California han experimentado algún tipo de violencia.

Ante esto, la Gobernadora del Estado implementó en noviembre de 2021 el transporte Violeta. Fue una de las primeras acciones anunciadas y de inmediato dejó clara su política en favor del desarrollo y seguridad de este sector de la población.

Consiste en una ruta de transporte estratégica hacia los principales destinos para atención médica, asistencia social y servicios públicos, en donde las mujeres y sus hijos pequeños pueden viajar de forma totalmente gratuita y segura.

En virtud de que ha resultado de gran ayuda para cientos de mujeres en las ciudades de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, incluyendo Ensenada, y derivado de las peticiones de mujeres de la zona de Maneadero, resulta necesario extender la longitud territorial de trayecto de esta ruta, debido a que, en dicha zona, las distancias a los destinos para atención médica, asistencia social y servicios públicos son muy considerables.

Puntualizó Montse Murillo que muchas de ellas, no cuentan con la capacidad económica de poder cubrir el transporte, o bien se enfrentan a diversas violencias diariamente.