Tijuana, B.C.
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Más de 10 unidades C5i fueron inauguradas o se empezaron a construir en el sexenio de Peña Nieto. Las entidades federativas comprometieron presupuestos millonarios en medio de la opacidad, violentaron procesos parlamentarios y requisitos administrativos. Se autorizaba la compra de equipo tecnológico obsoleto con sobreprecio, ocultando información pretextando la protección de la seguridad nacional.
En este proceso, la violencia criminal no fue mermada, el priista Peña Nieto terminó su gobierno con más de 156 mil muertes violentas, un 29% más que su antecesor. 2018, su último año de gobierno, se convirtió en el peor en la historia de México hasta ese año, promediando 100 asesinatos diarios.
En ese esquema, Guanajuato, Estado de México y Baja California se asentaron como las entidades con más violencia criminal. Situación que no ha mejorado en los dos años del presidente Andrés Manuel López Obrador, que suman más de 60 mil asesinatos.
Baja California
En Baja California la oferta del C5 llegó en 2016, de inicio se destacó por la falta de transparencia y la negativa del gobierno para hacer públicas las características y la calidad del equipo a comprar, igual, bajo la premisa de protección de la seguridad nacional.
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“Es una argumentación inválida, porque si se argumenta seguridad nacional tienen que hacer un análisis que se llama prueba del daño, y decir que el daño es mayor que el beneficio público, cómo puedes argumentar simplemente porque estás buscando cámaras de mayor calidad, de mayor tecnología ¿Cuál es el daño?, ahí el tema de seguridad se queda sin argumentación”, explicó al respecto Octavio Sandoval López, ex comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California en el período 2017-2019, cuando se negoció el C5i en el estado.
Seguritech intentó vender, y el gobierno del Estado, encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid, ya había aceptado comprar un Sistema Integral de Infraestructura e interconexión tecnológica para seguridad pública por 4 mil 660 millones de pesos, a 20 años, a través de la figura de Asociación Pública Privada que fue prohibida por la Ley de Disciplina Financiera. Así que cancelaron el trato y reiniciaron el proceso.
Fue en 2018 cuando le volvieron a asignar el contrato a Seguritech, esta vez, por 789 millones de pesos a pagar en 10 años.
La falta de transparencia en la cotización y compra de los equipos.
Foto: Cortesía Semanario Zeta.
El C5i fue rechazado públicamente por los partidos de minoría en el Congreso, por algunas asociaciones civiles, y por el Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California.
“El propio consejo ciudadano hizo un estudio, donde el costo que aquí se nos plantea, son 300 millones menos”, expuso en la sesión de octubre de 2017 el entonces diputado, Catalino Zavala.
“Los equipos estaban hasta tres, cuatro veces más caros de lo que era el valor de mercado de los mismos, no eran equipos de primera generación. Te doy un ejemplo, el de los arcos lectores de placas, es tecnología analógica, cuando ya entonces existía tecnología de inteligencia virtual, en el hecho de que si la placa que cruza por el arco tiene lodo o está doblada, el sistema no lo alcanza a reconocer, y ya existía tecnología que sí lo alcanzaba a reconocer”, dijo Juan Manuel Hernández Niebla, presidente estatal del Consejo Ciudadano.
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Hernádez solicitó de manera independiente el presupuesto de un sistema estático para reconocimiento de placas, cuatro cámaras y un procesador para que éstos funcionen, con un precio por unidad de un millón 510 pesos por los 9 arcos, en total suman 13.5 millones de pesos.
La empresa está cobrando 45.1 millones de pesos adicionales, por la cimentación e instalación de 9 arcos de metal marca Seguritech, con capacidad de almacenaje, el cableado y el equipo de suministros de energía, conexión a tierra, a la red y sensores.
También, en el proyecto aprobado en 2018, vendieron 50 cámaras marca DAHUA, y 150 cámaras marca HANWHA, todas con capacidad de 2 megapíxeles, la misma que tenía el primer iPhone que salió a la venta en el año 2007.
En el mercado las cámaras DAHUA tienen un costo de 60 mil 500 por unidad, y las HANWHA se adquieren por 21 mil pesos, lo que se traduce en 3 millones 175 pesos en compra al menudeo.
Pero la empresa está cobrando 33.5 millones adicionales por la cimentación de 50 postes con almacenaje, y su respectivo equipo de suministros de energía, conexión a tierra y procesamientos de datos.
Son 671 mil pesos, es decir, más de medio millón por cada poste cableado marca Seguritech y el servicio que requiera por los 10 años de mantenimiento.
El contrato se aprobó en junio de 2018 y para frenar el abuso al erario, en septiembre de 2018, el CCSP presentó un amparo, ante el juez Francisco Caballero Green 4to de Distrito en Materia de Amparo, quien le dio curso, pero se negó a conceder la suspensión provisional y definitiva argumentando el interés general del proyecto. Por lo que el contrato en Baja California está vigente.
Las inconsistencias
En marzo del 2020, un año y medio después de que se promovió el amparo, el Juzgado Cuarto encontró al perito Ingeniero Electromecánico, Alberto Cortez Enríquez, quien determinó que se violentaron los procesos administrativos al realizar el contrato.
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Los motivos fueron: que no existe un dictamen de propuesta económica hecho por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como exige el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones.
Tampoco existe justificación, ni detalle o precios unitarios en los 327 millones asignados a mantenimiento preventivo y actualización, mientras que la propuesta económica
no presenta precios unitarios, como ordenan los artículos 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones de Baja California.
Esto abre la posibilidad de iniciar procesos judiciales y administrativos:
“Yo pienso que esto ya daría pauta para un tipo de demanda de corrupción, y responsabilizar a las personas que en determinado momento firmaron tanto los procesos de licitación, como el contrato respectivo”, expuso el consejero ciudadano de seguridad.
Por su parte, el abogado especialista en amparo, con trayectoria en el ejercicio de la función pública, José Ángel Bustamante Arbizu, explicó que si el delito cometido por el funcionario es considerado grave, el plazo de prescripción es de 7 años, de lo contrario el período es de 3 años, por lo que el proyecto del C5i aún es impugnable.
“El gobierno del estado podría entablar una acción de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado basados en que se reconoció, otorgó derechos que no corresponden, porque es una licitación sobre productos aparentemente sobrevaluados y con un precio excesivo que, al final del día, le causa un perjuicio al erario”, dictó el abogado.
Al respecto, Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública del Estado de Baja California, explicó que existe un expediente abierto, ya que el 20 de septiembre de 2018 se recibió una denuncia dirigida a la entonces Secretaría de la Contraloría.
“Tenemos un expediente que es el 265Q18, eso significa que se inició en 2018, (la denuncia) está radicada ya, tenemos nosotros diligencias practicadas”, explicó.
En cuanto a las irregularidades detectadas expuso que no aplicaron la norma, no hubo desglose de bienes y servicios en precios unitarios, no hicieron un comparativo de precios, y consideraron una vida útil del equipo diferente a la necesaria.
“Nosotros tenemos un responsable que es el director de adquisiciones de Oficialía Mayor, Rutilio Pérez Flores y obviamente nosotros ya empezamos con el procedimiento para sancionar y hacerlo responsable de este tema”, advirtió.
A pesar de que Seguritech en obra y entrega de equipo del C5i presenta un avance del 88 por ciento, la carpeta de investigación se inició hace más de dos años, y no presenta diligencias realizadas desde julio de 2019, aseguró la secretaria Espinosa.
Quiénes firmaron el contrato C5i BC fueron: la ex Oficial Mayor Loreto Quintero; el ex Secretario de Seguridad, Gerardo Sosa; y como testigos, el ex Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández; y el ex Contralor, Francisco Postlethwaite.
Pero la responsabilidad primaria, dijo la secretaria de Honestidad, recae sobre quien encabezó el subcomité de adquisiciones, Rutilo Pérez Flores, quien al igual de Loreto Quintero y Bladimiro Hernández, se encuentran denunciados ante la fiscalía del estado -por otros contratos-, acusados de un desvío de recursos superior a 1200 millones de pesos.
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Al respecto, el ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor del gobierno de Baja California, Rutilo Pérez Flores, responsabilizó a la Secretaría de Seguridad y al ex Secretario Gerardo Sosa Olachea.
Aseguró que fue Sosa y su personal en el área de seguridad quienes determinaron lo que necesitaban y revisaron los precios, pero cuando se le preguntó si lo vio, solo repitió que debía estar en el expediente que él nunca resguardo.
“Se hizo un estudio de mercado por parte de la SSP, ellos hicieron toda esa búsqueda, traían datos ahí que les permitieron hacer su techo financiero para saber hasta dónde les iba a alcanzar el recurso”, indicó Rutilio.
Finalmente justificó la ausencia de precios unitarios en el contrato, que exige la Ley de Adquisiciones, argumentando que se contrató un proyecto integral, la implementación de un C5 y no por cámaras o arcos lectores.
Entrevistado, el ex secretario de seguridad Gerardo Sosa Olachea, repitió que el contrato se hizo por un servicio, reconoció que la Secretaría a su cargo llevó el proceso de licitación, pero negó haber sido responsable del análisis de precios o costos, Indicó que ese aspecto siempre estuvo en manos de la Oficialía Mayor, y del ex director de adquisiciones Rutilo Pérez.
Continúa en Parte 2
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
