Designan a Directora en Facultad de Odontología en UABC Tijuana

Hoy, la justicia enfrenta tensiones estructurales. Los tribunales saturados, la percepción de falta de independencia judicial, la lentitud procesal y los señalamientos de corrupción en trámites han generado un ecosistema donde cada vez más disputas se “arreglan por fuera”. En ese terreno extrajudicial, el riesgo aumenta: actores ilegales y actores oportunistas observan quién puede inclinar la balanza. Aunque cada caso debe investigarse con rigor y sin conclusiones anticipadas, organismos internacionales han documentado que, en contextos donde el sistema de justicia se debilita, redes criminales y estructuras de corrupción pueden aprovechar la fragilidad institucional para influir en conflictos civiles, mercantiles, inmobiliarios y fiscales. Esto no implica que todos los homicidios de abogados estén vinculados a dichos actores, sino que el entorno actual incrementa la vulnerabilidad de quienes participan en litigios donde existen intereses económicos o territoriales relevantes.

A ello se suma un fenómeno reciente: la elección de nuevos jueces por voto popular y un sistema disciplinario judicial que muestra signos de debilidad. Esta observación no cuestiona el mecanismo democrático en sí, sino los retos operativos y de independencia que diversos estudios internacionales han identificado en sistemas donde la judicatura enfrenta presiones electorales. La justicia, ya tensionada, enfrenta presiones adicionales que incrementan la incertidumbre y exponen aún más a los litigantes.

Los colegios que integran la FEDABO mostraron valentía al encarar a las autoridades y exigir un protocolo de protección. Ese gesto debe reconocerse. En un entorno donde muchas facultades de derecho y varios colegios han optado por una postura más prudente frente al poder político, la decisión de quienes sí alzaron la voz merece respeto. Pero también requiere una ruta clara para que su esfuerzo no termine atrapado en una mesa de trabajo sin resultados o en un protocolo que no se traduzca en acciones concretas.

Es importante reconocer que la ciudadanía mantiene críticas legítimas hacia prácticas poco éticas de algunos abogados. Esa realidad existe en Baja California y en todo México. Sin embargo, la protección del gremio no busca eximir conductas indebidas ni blindar a quienes violan la ley; busca garantizar que quienes sí ejercen su profesión con ética puedan hacerlo sin miedo a represalias violentas. La seguridad de los abogados no es un privilegio corporativo: es una condición mínima para que cualquier persona pueda acceder a la justicia cuando la necesite.

Por ello, la abogacía local necesita una ruta seria, ética y con visión. La primera acción debe ser considerar un Estado de Alerta Jurídica para la Abogacía en Baja Californi5a, por un periodo definido. La segunda acción es solicitar al Congreso la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes contra Abogados. La tercera corresponde al Poder Judicial: valorar un Tribunal Especializado en Delitos contra Operadores de Justicia. La cuarta es impulsar una Coalición Estatal de Seguridad Jurídica.

Y si las medidas anunciadas no se traducen en resultados verificables, deberá valorarse solicitar acompañamiento técnico internacional, mediante la Relatoría Especial de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ruta está planteada. Lo que sigue es recorrerla con responsabilidad, sin estridencias, pero sin evasiones.

Guillermo E. Rivera Millán

Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

El retraso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación del director del Periódico Oficial del Estado, Juan Valente Labrada Ochoa, particularmente por haber remitido el ordenamiento municipal al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), para obtener una opinión sobre reformas previamente aprobadas por el Ayuntamiento.

Señalan decisiones jurídicamente cuestionables

La Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California establece que la función de dicho órgano consiste en publicar los actos expedidos por las autoridades dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y señala expresamente que son materia de publicación los decretos, reglamentos, presupuestos y demás acuerdos de los ayuntamientos.

No se advierte en dicha legislación la facultad del director del Periódico Oficial para convertir el procedimiento de publicación en una nueva instancia de revisión, ni para condicionar la publicación de un reglamento municipal al visto bueno, opinión o validación de un organismo estatal como IMOS. Es decir, publicar no equivale a autorizar.

El reglamento de Tránsito fue aprobado por el órgano constitucionalmente facultado para emitir la reglamentación municipal.

Someter posteriormente esa determinación a la revisión de una dependencia u organismo del Gobierno del Estado supone, en los hechos, introducir una instancia adicional entre la decisión del Ayuntamiento y su entrada en vigor.

La situación no es nueva. Desde el pasado 14 de julio, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, Edgar Hernández González, hizo público el señalamiento de que el director del Periódico Oficial había excedido sus facultades al remitir el expediente al IMOS.

Hernández sostuvo entonces que la función del Periódico Oficial es publicar los ordenamientos aprobados por la autoridad competente y advirtió que enviar el documento a otra instancia estatal estaba deteniendo indebidamente el procedimiento. También señaló que dicha intervención invadía competencias municipales reconocidas por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A casi dos meses de aquella advertencia, el problema persiste violentando la autonomía municipal.

Y el punto de fondo trasciende al Reglamento de Tránsito.

El artículo 115 constitucional reconoce al municipio libre y establece una esfera propia de competencia para los ayuntamientos, incluyendo su potestad para aprobar bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

La Constitución es todavía más clara al disponer que la competencia otorgada al gobierno municipal debe ejercerse por el Ayuntamiento de manera exclusiva y que no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Por ello, mantener durante más de cien días sin publicación un ordenamiento válidamente aprobado por el Cabildo y sujetarlo a una revisión estatal que no aparece expresamente prevista en la legislación representa, cuando menos, una extralimitación de las funciones administrativas del Periódico Oficial y, en los hechos, un pisoteo al principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 115 constitucional.

El Periódico Oficial no puede convertirse en una segunda instancia de Cabildo.

Tampoco corresponde a su director sustituir el criterio del órgano colegiado municipal, determinar la conveniencia de sus reglamentos o remitirlos a otras dependencias para que éstas decidan si resultan adecuados antes de permitir su publicación.

La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California establece que los reglamentos expedidos por los ayuntamientos deben publicarse en el Periódico Oficial para su publicidad e inicio de vigencia. La publicación constituye, por tanto, un paso indispensable para que surtan efectos, pero no una oportunidad para reabrir una decisión ya tomada por el Ayuntamiento dentro de su esfera competencial.

Mientras la publicación continúa detenida, las reformas aprobadas el 28 de mayo permanecen sin entrar en vigor y Ensenada continúa operando con las disposiciones anteriores en materia de tránsito.

Ahora, el asunto dejó de ser únicamente una inconformidad expresada desde organismos ciudadanos.

El Cabildo completo, integrado por las distintas fuerzas políticas del municipio, coincidió en la necesidad de formular institucionalmente un exhorto a la Secretaría General de Gobierno para que las reformas sean finalmente publicadas.

El voto unánime envía un mensaje político difícil de ignorar: independientemente de partidos o posiciones al interior del Ayuntamiento, existe coincidencia en que una determinación adoptada legítimamente por el gobierno municipal debe concluir su procedimiento de publicación.

La Secretaría General de Gobierno tiene ahora frente a sí, la oportunidad de destrabar un procedimiento que lleva más de tres meses detenido y, sobre todo, de garantizar que la publicación de las disposiciones municipales no se transforme en un mecanismo de tutela del Gobierno del Estado sobre decisiones que constitucionalmente corresponden al Ayuntamiento de Ensenada.

En el contexto, el 22 es la fecha oficial de la jornada internacional para reducir el uso del carro particular.

“Para el préstamo de bicicletas será mediante dos apoyos: uno, para las y los estudiantes de la UABC, así como trabajadores, con el fin de que el lunes 21 o martes 22 quieran llegar en bicicleta. El Taller de Bicicletas TNT hará un préstamo gratuito, tras previa identificación”, adelantó.

Indicó que el rector Luis Enrique Palafox Maestre apoyará con el pago de la renta para dichas unidades, en el caso de la comunidad universitaria.

Agregó que las personas externas interesadas en participar en la rodada, programada para el lunes 21, tendrán un descuento de 100 pesos en la renta de la bicicleta, cuyo costo regular es de 200 pesos.

“En esta ocasión, sumándose a esta Feria de la Movilidad y la Inclusión, en el Día Mundial Sin Auto, esta renta la pone en 100 pesos para el público en general. Por su parte, se gestionó con Rectoría que se pudiera patrocinar un número de bicicletas para estudiantes y trabajadores”, explicó la ciclista urbana.

Nelly Calderón destacó que para esta primera edición se contó con el apoyo de todas las facultades, así como Inmudere, el Instituto de la Mujer, el IMOS, el Instituto de la Juventud y el Imcudhe, así como la maestra Tere Manríquez y los transportistas Rojo y Blanco, y Amarillo y Blanco, el Transporte Violeta, y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Recordó que también cuentan con el apoyo de instancias de la sociedad civil, como Ensenada Se Mueve, EmBICiadas, Bici Compartida, El Güerito Ayala, y Pro Ciclo Va.

Sobre la rodada del lunes 21, el punto de reunión será a las 15:30 horas en el Gimnasio de Valle Dorado, donde se prevé la inauguración por parte del Rector, y la salida formal a las 16:00 horas; la ruta será con dirección a la Unidad Punta Morro, una pausa, y el retorno a Valle Dorado.

Para más información sobre la rodada y demás actividades, las personas podrán consultar el sitio oficial de UABiCi: https://www.facebook.com/UABiCi.

Esa imprecisión no es un detalle menor. La Corte Interamericana y la Primera Sala coinciden en que no puede exigirse a un periodista demostrar la verdad absoluta de lo publicado, sino diligencia razonable para verificarlo antes de hacerlo público. Las opiniones, por su naturaleza, no se someten a ese escrutinio salvo que aparenten fundarse en hechos que el propio emisor introduce sin sustento. Los Lineamientos no incorporan expresamente esa distinción tripartita —opinión pura, información de hecho, opinión con base fáctica— que ya es un estándar consolidado. Dejarla fuera del texto no la elimina; traslada su definición a la práctica administrativa de la Comisión, con el riesgo de que cada caso se resuelva sin criterios previsibles.

A esto se suma un elemento que vuelve más compleja la discusión: en materia de libertad de expresión, la afectación no surge solo cuando la autoridad sanciona. La sola existencia de un estándar ambiguo produce un efecto inhibidor: redacciones que ajustan contenidos, moderan afirmaciones o evitan opiniones con base fáctica por temor a que la Comisión considere insuficientes los “elementos mínimos”. Esa autocensura inmediata abre la puerta a convertir al artículo 18 en una norma autoaplicativa desde su entrada en vigor, lo que abre la puerta a su impugnación en abstracto sin esperar la primera multa.

Hay además un reverso que el debate ha ignorado: la veracidad también es condición del derecho de réplica reconocido en el artículo 6º constitucional. Sin un estándar claro, el ciudadano no puede defenderse frente a información falsa que le cause un agravio. El problema de los Lineamientos no es exigir veracidad, sino hacerlo sin definirla: la incertidumbre desnaturaliza simultáneamente la libertad de prensa y la efectividad del derecho de réplica, dejando a periodistas y audiencias sin parámetros previsibles.

¿Procede impugnar este vacío? La respuesta depende menos de un tecnicismo procesal y más de qué tan concreta sea la afectación acreditable. Un concesionario con interés jurídico directo puede cuestionar desde ahora obligaciones ya exigibles, como contar con código de ética y criterios editoriales definidos. La aplicación del estándar de veracidad, en cambio, suele ser más difícil de combatir en abstracto, aunque el efecto inhibidor fortalece la argumentación de autoaplicatividad. Hay, además, un segundo frente: exigir a la propia Comisión que incorpore el estándar de diligencia razonable en su práctica de supervisión antes de que un caso concreto obligue a un tribunal a hacerlo por ella.

Conviene ser explícito sobre las imprecisiones detectadas. El texto no aclara si “elementos mínimos” equivale al estándar interamericano de diligencia razonable o a algo más cercano a la certeza. Tampoco distingue con nitidez los tres escenarios que la Primera Sala ha desarrollado para expresiones de interés público. Y la facultad de supervisión del artículo 52, redactada en términos abiertos, no acota quién verificará la diligencia ni bajo qué procedimiento, dejando un margen de apreciación mayor al deseable cuando el objeto supervisado es discurso público.

Hay una tensión de fondo: proteger a las audiencias exige que alguien defina, en el margen, qué es suficientemente veraz. Ese alguien puede ser el propio medio, un defensor independiente, un tribunal o una comisión administrativa. Organizaciones como ARTICLE 19 han insistido en que esa definición no debería recaer en una autoridad dependiente del Ejecutivo; la CIRT ha planteado, desde otra posición, la misma preocupación.

Una salida regulatoria viable consiste en trasladar la definición de los “elementos mínimos de veracidad” a los propios Códigos de Ética de los concesionarios. Estos instrumentos sí son obligatorios, generan obligaciones inmediatas y pueden impugnarse. Incorporar ahí el estándar de diligencia razonable y la distinción tripartita permitiría que la predictibilidad dependa de pautas profesionales y no del arbitrio político del regulador. Esa cláusula de conciencia editorial cerraría el vacío normativo sin esperar una reforma legislativa o una impugnación de quien se considere afectado.

Guillermo Eugenio Rivera Millán

Director General De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

“El lunes 21 y martes 22 de septiembre vamos a tener una Feria de la Movilidad y la Inclusión. El lunes será de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, en la UABC Valle Dorado, y el martes -en ese mismo horario- en la UABC Unidad Punta Morro”, adelantó.

La ciclista urbana indicó que, el mismo lunes, también contemplan una rodada que saldrá a las 16:00 horas del gimnasio de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en Valle Dorado, hasta la UABC Sauzal, para retornar al punto de partida.

En dicha rodada participará la comunidad universitaria, la Facultad de Deportes y el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada (Inmudere).

En el caso de la Feria citada, se prevén todas las facultades, así como asociaciones civiles que velan por el derecho a la ciudad y la inclusión.

“Vamos a tener actividades realizadas en colaboración con colectivos y personas con algún tipo de discapacidad, como fútbol adaptado con Guerreros del Ave Fénix. También habrá una actividad interactiva relacionada con el senderismo adaptado, y otras agrupaciones que trabajan el tema de la inclusión y derechos humanos”, detalló.

Nelly Calderón de la Barca destacó la participación de los colectivos Ensenada Se Mueve, EmBICiadas, Bici Compartida, El Güerito Ayala, y TNT Bicicletas, que han promovido el ciclismo y la movilidad sustentable desde hace años en la localidad.

Como parte de su mensaje, reiteró la invitación para que el martes 22 de septiembre se sumen a la celebración, en la medida de sus posibilidades, y acudan utilizando transporte público, bicicleta o automóvil compartido.

“Para quienes quieran moverse en bicicleta, TNT nos va a apoyar prestando de manera gratuita bicicletas para estudiantes y trabajadores, colocándose en un punto céntrico, cerca de donde bajan los microbuses. Esto, para poner en práctica el transporte multimodal”, puntualizó, además de que contarán con rutas seguras organizadas con las autoridades.

Las personas interesadas en estas actividades, podrán consultar el sitio oficial de UABiCi Ensenada en redes sociales: https://www.facebook.com/UABiCi.

En el documento, los firmantes hicieron un llamado a Rubén Rocha Moya para actuar con madurez y responsabilidad política, y enfatizaron que la congruencia es un pilar fundamental del movimiento y que las decisiones de facción atentan contra los principios de honestidad y lealtad institucional.

"En la Cuarta Transformación, las decisiones individuales jamás estarán por encima del proyecto colectivo ni del mandato ciudadano", recalcaron las y los gobernadores en el texto oficial.

Asimismo, subrayaron que ninguna autoridad cuenta con facultades para actuar al margen de la ley o promover determinaciones unilaterales que entorpezcan el diálogo republicano.

Ante cualquier intento de división o personalismo, difundieron, responderán con cohesión, disciplina y trabajo continuo en favor de la ciudadanía.

El desplegado enfatiza en la lealtad con la continuidad del proyecto político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, respaldando el liderazgo actual de la presidenta Sheinbaum Pardo bajo el principio juarista de que "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie".

De acuerdo con información proporcionada por residentes de la delegación, el conflicto se relaciona también con la disputa por la operación de la red de agua, en la que actualmente participan tres comités vecinales que buscan asumir el control de la administración del servicio.

Los habitantes han expresado su inconformidad debido a que uno de los comités estaría solicitando el pago de cuotas a los usuarios sin tener personalidad jurídica para recaudar recursos. Se trata de un tema que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Los residentes cuestionan la falta de información sobre el destino y aplicación de los recursos que se pretenden obtener mediante dichas cuotas, situación que ha generado mayor desconfianza entre los usuarios de la red.

Por ese motivo ellos desconocen a los nuevos dirigentes y demandan claridad sobre quién tiene facultades para administrar el sistema de agua, así como transparencia en el manejo de los recursos.

El Lic. Héctor Israel Ceseña, titular de la Dirección de Consultoría Legislativa, puntualizó que el Congreso tiene la facultad de interpretar y aclarar el Decreto 246 para resolver controversias, y subrayó la necesidad de contar con documentación completa sobre trabajadores, aportaciones y bienes inmuebles para elaborar un proyecto técnico que permita un cierre transparente y conforme a derecho.

Por su parte José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe agradeció la instalación de la mesa, señalando que tras múltiples solicitudes sin respuesta a Mexicali aún faltan entregas de bienes inmuebles, patrullas y áreas verdes, lo que ha complicado la transición. Reconoció la disposición de Ensenada y pidió responsabilidad institucional para concluir esta etapa en beneficio de la ciudadanía.

La representación de Mexicali, encabezada por la Oficial Mayor Claudia Beltrán y el Síndico Procurador Óscar Vega, reiteró la voluntad de avanzar en el cierre del proceso. Informaron que se certificaron documentos patrimoniales y maquinaria que serán entregados, y que se revisan con la Tesorería los temas de trabajadores y predios pendientes. Además, la Sindicatura de Mexicali sostendrá una reunión con la Consultoría Legislativa para revisar y subsanar aspectos técnicos, con el fin de dar certeza al proceso.

La tesorera de Ensenada, Guadalupe Salazar Valle, expresó el interés de su administración en concluir el proceso, precisando que lo único pendiente son alrededor de cinco predios que deben registrarse en el Registro Público de la Propiedad, mismos que serán atendidos en coordinación con el Congreso y San Felipe.

El diputado Molina concluyó que, además de los avances documentales, se solicitarán reportes de los municipios sobre lo trabajado derivado de esta mesa, y de ser necesario se convocarán nuevas reuniones para dar seguimiento. Señaló que algunos temas pueden resolverse en corto, como los pendientes de Ensenada, mientras que otros requieren mayor coordinación, pero todos deben cerrarse con responsabilidad institucional para no dejar cargas a futuras administraciones.

En esta mesa participaron también las diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación, Julia Andrea González, Maythé Méndez y Daylín García, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Auditoría Superior del Estado, quienes aportaron sus perspectivas técnicas y administrativas con el propósito de garantizar que el proceso de entrega y recepción se cierre de manera ordenada, transparente y conforme a derecho.

Entre los principales resultados legislativos destacan reformas en favor de la protección de niñas, niños y adolescentes, la creación del Modelo de Atención Integral contra el acoso escolar, el fortalecimiento de la educación inclusiva, la prohibición de armas en centros escolares y acciones para prevenir el ciberacoso. Asimismo, se impulsaron modificaciones constitucionales para consolidar el Sistema Estatal de Cuidados, fortalecer la austeridad gubernamental, proteger la industria vitivinícola, incorporar el principio de sintiencia animal y reforzar las facultades de las comisiones estatales de servicios públicos.

También resalta avances en materia de igualdad sustantiva y justicia, entre ellos la armonización del delito de abuso sexual con el modelo nacional, la tipificación del exhibicionismo corporal, el reconocimiento de la violencia estética como una forma de violencia contra las mujeres, así como reformas para combatir el maltrato animal, el robo de autopartes, la violencia familiar, el despojo y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento contra personas menores de edad y grupos vulnerables.

Como parte de las acciones institucionales, también se informó sobre los avances en la implementación de la Ley Daryela mediante la elaboración del Plan de Formación Institucional en materia de igualdad de género, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la realización de actividades de capacitación y coordinación con diversas dependencias para fortalecer la cultura de igualdad dentro del Poder Legislativo.

En materia de atención ciudadana, la Presidencia de la Mesa Directiva mantuvo diálogo permanente con diversos grupos sociales, entre ellos habitantes de la colonia Maclovio Rojas, ciudadanos de San Quintín, integrantes del movimiento "Justicia para Amparito" y docentes jubilados de la Sección 37 del SNTE, promoviendo mesas de trabajo, gestiones interinstitucionales y seguimiento a los compromisos asumidos para canalizar sus planteamientos dentro del ámbito de competencia del Congreso del Estado.

La diputada Michel Sánchez Allende agradeció a las diputaciones integrantes de esta Mesa Directiva por todo su trabajo y la confianza ratificada en este periodo por la XXV Legislatura; señaló que continuarán con el trabajo legislativo para construir y avanzar en materia de justicia social, igualdad y la transformación.

Asimismo, felicitó a las y los integrantes de la nueva mesa directiva e hizo un llamado a seguir construyendo comunidad, que sea un Congreso cada vez más cercano, “confiamos en ustedes, que el debate se mantenga a la altura de la ciudadanía, que sea un congreso abierto para atender las peticiones, procesarlas y convertirlas en derechos”.

Entre los ponentes destaca el arquitecto Eduardo Aguilar Valdez, actual Gerente de Planes y Proyectos Urbanos del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria incluye responsabilidades en proyectos emblemáticos de planeación urbana como DistritoTec, la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México y la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León, además de haber fungido como regidor independiente en San Pedro Garza García.

También participará José Antonio Valdivia, director de CoRe Ciudades Vivibles y Amables A.C., especialista en vivienda asequible, evaluación de políticas públicas y desarrollo comunitario. A lo largo de su carrera ha colaborado con instituciones como la Fundación Carlos Slim, el Senado de la República y organizaciones dedicadas al desarrollo de comunidades indígenas y al fortalecimiento de proyectos sociales.

El tercer expositor será el doctor Carlos Ríos Llamas, arquitecto, antropólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, reconocido por su trabajo académico y de campo en temas de vivienda, hábitat y arquitectura social. Sus investigaciones se han enfocado en la precariedad habitacional, la vivienda en contextos de pobreza y las desigualdades urbanas, además de participar en proyectos de planeación y política pública relacionados con el desarrollo urbano y la vivienda.

La moderación y acompañamiento académico del foro contará con la participación de la doctora María Salomé Magaña Martínez, investigadora de la Facultad de Derecho de la UABC y especialista en derechos sociales, particularmente en el estudio del derecho a una vivienda adecuada; su labor académica se ha centrado en la investigación, análisis y formulación de propuestas jurídicas relacionadas con este derecho fundamental.

Con este ejercicio, el diputado Jaime Cantón busca impulsar una agenda que permita avanzar hacia un marco normativo más justo, incluyente y acorde con las necesidades actuales de la ciudadanía.

López Gorosave consideró que ya había hablado suficiente sobre el tema, en referencia a los dos comunicados que envío tras la liberación de Erik Sánchez Zertuche López y José Héctor Oliveros Carabita, ambos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) del Estado de Baja California.

“La verdad, creo que es suficiente con el comunicado. Yo agradezco y reconozco el trabajo de las autoridades, la coordinación, y me solidarizo con las personas que están pasando, o que han pasado con un proceso tan difícil como el que yo viví en carne propia. Obviamente no se lo deseo a nadie, y lo que esté en mis facultades trabajaré en favor de ello”, dijo.

Sobre lo que podría hacer desde su cargo, López Gorosave reiteró que lo hará dentro de sus facultades, aunque tampoco brindó más detalles.

“Obviamente me voy a abocar en este tema para ver, desde mi trinchera, o desde cualquier trinchera desde la que me encuentre, poder apoyar a combatir este riesgo que pasan muchas personas y coadyuvar, apoyar, a los que lo están pasando. Creo que lo que nos corresponde, como legisladores, es combatir ese delito tan grave que separa familias y es muy doloroso”, concluyó.

Erik Sánchez Zertuche López y José Héctor Oliveros Carabita fueron privados ilegalmente de su libertad, y posteriormente liberados, en un plazo de 24 horas: esto, tras la participación inmediata de diferentes dependencias, incluidas las del Gobierno del Estado de Baja California, así como la Defensa y Guardia Nacional (GN).

Los hechos ocurrieron desde las 21:00 horas del miércoles 10 de junio, en la delegación Punta Colonet; y la liberación ocurrió al día siguiente en el Ejido Díaz Ordaz.