Dibujan “sketchers” al imponente velero Cuauhtémoc

En las zonas siniestradas y en redes sociales se han hecho cuestionamientos sobre la presencia de políticos, representantes populares y ciudadanos que han expresado abiertamente sus aspiraciones a cargos de elección popular.

Marcos Carlón, Daniela García Salgado, Edith Méndez, Armando Ayala, Eduardo Vega, Marcela Valdez, Iván Nolasco, Adrián García y Marco Antonio Estudillo, figuran entre los protagonistas.

La discusión no radica en el acto mismo de llevar ayuda, invaluable y urgente, para quien lo ha perdido todo, sino en la narrativa y la puesta en escena con que se entrega (con los logos o el nombre del partido por delante).

Transmisiones en vivo, galerías fotográficas posadas, el despliegue de banderas partidistas como las del PAN o el uso explícito de chalecos institucionales en el caso de militantes de Morena, abre espacios a la especulación y a los cuestionamientos en torno a, si la motivaciones la empatía humana o cálculo electoral.

Incluso entre quienes han optado por un perfil aparentemente más moderado, como Marco Estudillo o Adrián García, la presencia del lente fotográfico genera suspicacia.

Ante este panorama, la opinión pública en Ensenada muestra distintas posturas.

Por un lado, hay quienes consideran que, en medio del desastre, el origen y la intención del recurso son secundarios. Para la familia que carece de techo, agua o alimento, la ayuda efectiva importa más que el ego o intención de quien la entrega.

Para otros, estos actos podrían enfocarse en el oportunismo abierto y una falta de respeto hacia las víctimas. Utilizar el sufrimiento humano para exhibir la inoperancia de los gobiernos en turno, sumar adeptos o posicionar marcas partidistas en vísperas electorales roza la mezquindad política.

Las coincidencias se centran en, sí la verdadera solidaridad requiere de escenografía, logotipos y redes sociales para ser válida.

La asistencia social en tiempos de desastre es un deber ciudadano y una responsabilidad pública, no un activo de campaña.

La ciudadanía de Ensenada afectada por la tragedia sabrá ponderar si las acciones de estos y otros personajes, responden a una genuina vocación de servicio o simple "raja política".

Indicaron que la intención es que la población mejore sus hábitos sustentables y cuide el lugar en el que vive.

La Fundación Hélice llevó a cabo el 21 y 22 de agosto un acopio masivo en el puerto, donde recabaron alrededor de 15 toneladas de materiales entre libros, cuadernos, tabletas electrónicas, computadoras de escritorio y personales, cables, cargadores, pilas, máquinas de escribir y otros electrodomésticos.

Debido a la respuesta positiva por parte de la comunidad ensenadense, la fundación indicada resaltó el interés por este tipo de acciones.

Consultados por Zona Norte Noticias, personal de la Fundación Hélice recordó que estas actividades tienen la ventaja de que la población aprende sobre cómo mejorar los hábitos para la disposición de estos objetos.

También resaltaron que dichas acciones bajan la producción de basura hacia el medio ambiente, así como la emisión de gases de efecto invernadero o líquidos lixiviados que pueden llegar a contaminar cuerpos de agua.

“Por otro lado es también el impacto de reducir la demanda de recursos naturales para la fabricación de nuevos productos. Al reutilizar o rescatar, estamos evitando consumo de agua, de metales, minerales y de la tierra. En general, como personas y habitantes, podemos poner nuestro granito de arena además de la obligación del gobierno”, puntualizaron.

Por último, Fundación Hélice reconoció al Ceart Ensenada por abrir el espacio para esta plática, pues es una forma de continuar reforzando la educación ambiental -de manera teórica y práctica- en la población.

Para más información, las personas podrán consultar el sitio oficial en redes sociales: https://www.facebook.com/fundacionheliceac.

“Estas unidades móviles permiten llevar atención médica directamente a las comunidades, especialmente a aquellas donde las condiciones sociales, geográficas o las afectaciones ocasionadas por las lluvias pueden dificultar el acceso oportuno a los servicios de salud”, explicó.

En el caso de Maneadero, los servicios serán ofrecidos en el Parque Licenciado Benito Juárez, ubicado en Emiliano Zapata 890, código postal 22790, en un horario de 7:00 a 16:00 horas.

Y en San Quintín, la atención se proporcionará en la Casa de Salud Santa María de los Pinos, en la colonia Nueva Era, de 7:00 a 16:00 horas.

Valdés Juárez recordó que las personas podrán acceder a consultas de medicina general, toma de signos vitales, atención odontológica, estudios de laboratorio, radiografías de tórax, electrocardiogramas y ultrasonidos, incluidos estudios pélvicos, obstétricos y renales.

“Las Caravanas de Salud también ofrecerán servicios de psicología, audiometría, optometría y densitometría, además de actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades y activación física. De igual manera, se realizarán jornadas de vacunación para personas y mascotas, orientación para tramitar la credencial IMSS-BIENESTAR, atención en salud mental, acciones para prevenir las adicciones y registro al programa de atención de cataratas”, abundó el secretario de Salud.

La tormenta Rachel generó afectaciones en Ensenada a partir del sábado 10 de octubre, donde una de las localidades con mayor daño fue Maneadero, sitio en el que también hubo personas perdidas y donde se mantiene activa la búsqueda por parte de las autoridades.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen las labores de búsqueda y coordinación interinstitucional para localizar a las demás personas que aún permanecen en calidad de no localizadas, dando continuidad a los esfuerzos desplegados en las zonas afectadas por las recientes precipitaciones.

El tipo penal propuesto, no sanciona el contenido de una opinión ni la postura ideológica de una persona; tampoco establece una prohibición general para expresar información.

La conducta sancionada se encuentra vinculada con una circunstancia objetiva: la existencia de una obligación legal de conducirse con verdad ante una autoridad agregó el Legislador del Partido Revolucionario Institucional.

Por ello, la iniciativa mantiene como elemento central del tipo penal, que la persona tenga una obligación jurídica previa de conducirse con verdad y que, pese a ello, actúe falsamente u oculte deliberadamente la verdad.

La falsedad deliberada ante una autoridad puede provocar investigaciones innecesarias, decisiones equivocadas, afectaciones a terceros, utilización indebida de recursos públicos, retrasos en los procedimientos y, en determinados casos, consecuencias que incidan directamente en la procuración e impartición de justicia.

Por ello, el bien jurídico que se busca proteger mediante el artículo 320 no es libertad de expresión, sino el adecuado funcionamiento de las instituciones y veracidad de las actuaciones, en las que la ley impone a una persona el deber de conducirse con verdad.

La existencia de una obligación legal de decir verdad constituye precisamente, el elemento que diferencia la conducta penalmente relevante de una simple manifestación de ideas.

Actualmente, el artículo 320 del Código Penal Estatal establece que, a quien teniendo la obligación legal de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad, lo haga falsamente u ocultando la verdad, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y hasta cien días multa.

Por lo que la presente iniciativa, propone actualizar dicha consecuencia jurídica para establecer una pena de cuatro a ocho años de prisión, y de cien a trescientos días multa.

La legisladora indicó que el apoyo económico contribuirá a que las personas cuidadoras también cuenten con alternativas para estudiar, trabajar o desarrollar otras actividades cotidianas, además de avanzar hacia una distribución más corresponsable de las tareas de cuidado y evitar que esta responsabilidad recaiga exclusivamente en las familias.

La iniciativa también propone que las personas cuidadoras no remuneradas y en situación de vulnerabilidad tengan acceso preferente a los programas de asistencia social. Asimismo, plantea incorporarlas entre los sectores prioritarios de los programas de apoyo económico y alimentario previstos en la legislación estatal.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo citados en la iniciativa, en Baja California el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa en promedio 56.6 horas semanales por persona y a nivel nacional, las mujeres destinan en promedio 39.7 horas semanales a estas actividades, frente a 18.2 horas de los hombres.

En ese sentido Michel Sánchez señaló que las labores de cuidado son indispensables para el bienestar social, pero que durante décadas gran parte de este trabajo se ha realizado dentro de los hogares sin remuneración, seguridad social o mecanismos suficientes de protección, lo que representa una carga para quienes asumen estas responsabilidades.

De aprobarse la reforma, el Poder Ejecutivo del Estado tendría un plazo de 180 días para instrumentar un programa social dirigido a personas cuidadoras no remuneradas en situación de vulnerabilidad económica, sujeto a la disponibilidad presupuestaria que determine la Secretaría de Hacienda estatal.

Aseguraron que desde 2018 Provino Baja California ha venido contribuyendo año con año en diversos apoyos a Bomberos Voluntarios El Porvenir para beneficiarlos con suministros, equipamiento y vehículos de respuesta, entre ellos una bombera, una unidad de rescate y una cuatrimoto.

En esta ocasión, este recurso se destinará a las necesidades de operación y de mantenimiento que enfrenta el cuerpo de voluntarios, especialmente ante las condiciones que caracterizan la temporada de altas temperaturas y los vientos de Santa Ana en la región, factores que pueden incrementar el riesgo de incendios así como siniestros de la temporada invernal.

Francisco Rubio, presidente de Provino Baja California, destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso del sector con las comunidades donde se desarrolla la actividad vitivinícola:

“Mucha de la gente que trabaja en nuestras bodegas también vive aquí en El Porvenir. Entonces, el ser solidarios con causas que se requieren, esa es la esencia de los que participamos en ambas asociaciones, no ser ajenos a la problemática y hacer acto de comunidad.”

Por su parte, Laura Villarreal, presidenta de la Asociación de Vinícolas El Porvenir, explicó que los recursos aportados por este organismo fueron recaudados a través de distintas actividades de promoción y convivencia que también buscan fortalecer la oferta enoturística de la zona.

“Somos 12 vinícolas las que conformamos esta asociación, en su mayoría vinícolas familiares. Ideamos un pasaporte con un programa de caminatas de bajo impacto, estas experiencias incluían el recorrido pedestre, la degustación de vinos y una comida. Una parte de lo que recaudamos de la venta de este pasaporte fue lo que se destinó para los bomberos y retomaremos estas actividades después del periodo de cosecha; ya estamos trabajando en diseñar la nueva oferta para fomentar las visitas a las vinícolas, pero desde un enfoque diferente, alentando al público a incorporar la actividad física”, señaló.

El respaldo adquiere especial relevancia luego de los incendios registrados a finales de junio en el Valle de Guadalupe, que se extendieron durante cuatro días y afectaron poco más de 750 hectáreas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Ante este escenario, el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de los cuerpos de emergencia locales representa una tarea que involucra a distintos sectores de la comunidad.

Esta aportación fue recibida por el capitán Lucas Solórzano, a nombre de los 23 voluntarios activos que forman parte de los Bomberos Voluntarios El Porvenir, quienes brindan atención y respuesta a emergencias en la zona.

Los recursos entregados serán destinados al mantenimiento y adquisición de refacciones para las unidades de respuesta, así como a contar con un fondo para el abastecimiento de pipas y de combustible, que les permita tener la capacidad operativa ante futuras contingencias.

Sin embargo, aún se mantienen cerradas al servicio las áreas de Urgencias, Pediatría, Terapia Intensiva, Tococirugía y Quirófanos.

El sábado 10 de octubre se inundaron diferentes videos de la inundación en el hospital, así como fallas en el servicio de energía eléctrica; debido a esto, entraron elementos de la Defensa a labores de limpieza, además de que 10 pacientes tuvieron que ser trasladados, conforme documentó Zona Norte Noticias.

“Gracias al esfuerzo coordinado del personal hospitalario, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, se logró retirar el 100% del agua y lodo de las áreas afectadas, dando paso a labores de limpieza profunda y recuperación de las instalaciones”, aseguraron.

De acuerdo a la información oficial, las áreas citadas permanecerán “temporalmente fuera de servicio” hasta concretar las acciones necesarias para un “funcionamiento seguro”.

“La prioridad es brindar certeza a la población y garantizar que los servicios médicos se restablezcan en condiciones óptimas y seguras”, agregaron.

Al recorrido acudieron con José Alberto Díaz, director del Hospital General de Ensenada; Alberto Amador, delegado regional de COEPRIS; y Rubén Lucero, responsable del Distrito de Salud, así como personal médico y de enfermería del hospital.

Como parte de la información documentada por Zona Norte Noticias, las urgencias serán atendidas en la Jurisdicción de Servicios de Salud Ensenada, ubicadas en la avenida Ruiz y calle 14.

El personal de la SSPCM salió la tarde de este lunes 12 de octubre con destino a Ensenada, donde se coordinará con las autoridades locales, estatales y federales para integrarse a los trabajos de búsqueda durante el tiempo que sea necesario.

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, su disposición para sumarse a las labores de búsqueda reiterando el reconocimiento a su dedicación y profesionalismo en momentos críticos donde la población más requiere de su participación.

La comisión fue conformada con base en la experiencia y preparación de los elementos en labores de búsqueda, rescate y atención de emergencias.

Con ello, el Gobierno Municipal de Tijuana busca contribuir de manera efectiva a las acciones que llevan a cabo autoridades de los tres órdenes de gobierno desde el domingo 11 de octubre.

La incorporación de este equipo permitirá fortalecer las tareas operativas en las zonas afectadas y sumar capacidades técnicas y humanas a los esfuerzos desplegados para localizar a las personas reportadas como desaparecidas.

Expusieron que la suma de esfuerzos y la colaboración interinstitucional son fundamentales para atender oportunamente este tipo de contingencias y contribuir al bienestar y la seguridad de las familias afectadas.

Iliana Espejel, responsable de proyecto citado, detalló a la prensa que midieron cuánta agua entra y cuánta es usada en dicha localidad.

“Lo que calcularon los científicos es que entra agua, se extrae, y con ese equilibrio entre las dos medidas se calcula cuánto es el déficit: se está usando más que la que entra. Y ahí salió la medida de menos 11 millones de metros cúbicos”, refirió.

Espejel citó otras mediciones, como las realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde la dependencia toma en cuenta las concesiones y, en su caso, obtienen un dato de menos 18 millones de m3; y cuando se han usado imágenes satelitales, los resultados van de entre 15 y 17 millones de m3.

“En lo que coinciden todas es que hay un déficit. Sí nos falta agua”, reiteró.

Sobre los motivos del déficit, la responsable mencionó aspectos como la poca lluvia, el crecimiento de población, así como el uso de la vitivinicultura.

Iliana Espejel destacó que una forma de revertir este escenario es lo que ya hace la población y los productores: ahorran mucha agua, la reúsan, optan por agricultura de precisión o de riego mínimo, manipulan el suelo para evitar fugas o desarrollan reservorios.

“Obtienen varietales que usan menos agua, variedades de uva que consumen menos. La gente que vive aquí hace ya lo que se tiene qué hacer. El sector que debe saber esto son los turistas: son los que deben saber para que ellos tengan agua y sumarse a esta minimización de uso de agua”, puntualizó.

Como parte de la exposición de resultados, presentó gráficas a partir de datos de 1983, donde mediante un modelo visualizaron distintos escenarios: el más optimista es que si disminuyen el 30 por ciento del consumo de agua, a partir de esta fecha, para el 2050 se ayuda a recuperar el acuífero y podría subir 4 metros.

“El escenario que a todo el mundo le gustó y que se está promoviendo. Sí se puede”, afirmó.

Los otros escenarios negativos, es que si se mantiene el consumo actual podría disminuir hasta 21 metros el acuífero.

De los resultados de este trabajo interinstitucional, refirieron que en el Valle de Guadalupe actualmente hay 6 mil 700 plantas cultivadas y mil 700 especies plantadas, además de que hay tres grupos ciudadanos de monitoreo participativo.

También que se han brindado 77 talleres en todo el valle y hay 144 obras de manejo de cantidad y calidad del agua, al tiempo que han sido construidos alrededor de 100 bordos, y han sido instalados 70 instrumentos para monitorear el agua.

De manera general hay 7 zonas de recarga y se especifica que no todas tienen la misma calidad, donde la de mayor salinidad es la de la delegación El Porvenir.

Eugenio Barrios, director del Área de Agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte, destacó la participación de la comunidad y los organismos, pues los resultados ayudan a establecer una dirección, además de que la importancia de contar con una meta de alcanzar el ahorro del 30 por ciento en el agua.

“Es inadmisible que un hospital hecho para cuidar la salud de la gente haya terminado inundado, sin luz y con problemas para encender su planta de emergencia, mientras médicos y enfermeras buscaban apoyo para poner a salvo a pacientes, algunos en estado crítico”, señaló.

García García cuestionó a la Secretaría de Salud de Baja California y a los directivos y administradores del hospital, además de exigir que se informe lo qué se hizo para prevenir los daños antes de la tormenta, cuándo fue la última revisión de mantenimiento y por qué los sistemas de respaldo no respondieron a tiempo.

El edil recordó que, ante la temporada de lluvias y fenómenos meteorológicos, los protocolos de contingencia y los equipos de emergencia deben revisarse con anticipación.

Lo anterior para techos, drenajes, accesos, instalaciones eléctricas y cualquier punto vulnerable a inundaciones.

“Más aún en un edificio donde hay personas hospitalizadas que no pueden moverse por sí solas”, subrayó.

El regidor cuestionó acciones básicas como verificar el mantenimiento, tener a la mano materiales para contener el agua y revisar el estado de las plantas eléctricas.

Tras expresar su indignación por el traslado de pacientes durante la madrugada, también reconoció el trabajo de médicos, enfermeras, personal del hospital y elementos de las corporaciones que participaron en el auxilio para mantenerlos a salvo.

“El Gobierno del Estado debe dar una explicación pública y documentada de lo sucedido: cómo estaba el mantenimiento del inmueble, qué protocolos se activaron y por qué el sistema eléctrico de emergencia tardó en arrancar”, remarcó.

Como parte de su mensaje, también pidió que se informe si hubo daños en equipos médicos y qué se hará para que algo así no vuelva a pasar.

Por último, sostuvo que lo ocurrido obliga a revisar a fondo cómo operan los hospitales públicos de Baja California y cuántos recursos se destinan a su mantenimiento.

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