Hallan dos personas calcinadas dentro de un auto en San Quintín

Juana Torres, coordinadora del grupo activo desde el 2019 para localizar a Jessica Alejandra García Valenzuela, lo refirió a Zona Norte Noticias sobre los casos que han podido documentar en el 2025 y lo que va del 2026, por parte de este grupo buscador de personas desaparecidas.

Refirió que el año pasado fueron cinco en diferentes puntos de la conocida zona turística ensenadense; de los casos positivos, explicó que en ocasiones son restos, no solamente cuerpos completos.

Sobre el año en curso, indicó que siguen sus investigaciones en la parte norte del municipio.

“En lo que va del año hemos detectado seis positivos: cinco de ellos en el Valle de Guadalupe y el otro en la localidad de San Carlos, en Ensenada”, refirió Juana Torres.

Indicó que la mayoría de los hallazgos son por denuncia anónima, de personas que pasan por los lugares.

“Nos marcan y nos dicen que perciben olores fétidos. En este caso nos llamaron de San José de la Zorra, un ganadero que iba pasando y olfateó. Nos llamó, nos acercamos al sitio y encontramos a dos jóvenes que tenían dos meses, aproximadamente, de desaparecidos”, citó.

Detalló que estos hallazgos han sido en la delegación Francisco Zarco y San José de la Zorra, además de la zona agreste de San Carlos. La mayoría de los cuerpos estaban expuestos y otros enterrados, refirió sobre las condiciones. Todos han sido hombres jóvenes, entre 23 y 35 años de edad.

De las labores actuales, mencionó que actualmente están en búsqueda de un joven de 17 años, David Franco Ramírez, quien desapareció hace dos años.

“Sus papás son unas personas de la tercera edad y son de los principales buscadores que tenemos en el colectivo”, destacó, pues desde el primer día procuran estar presentes con la esperanza de poder localizarlo.

Juana Torres adelantó que prevén otra búsqueda en el Valle de Guadalupe para el próximo día 26 de agosto, con la finalidad de localizar más restos óseos que hacen falta de un cráneo encontrado el pasado 10 de junio.

También indicó que seguirán buscando en San Carlos, a pesar de la presencia del crimen organizado.

Como parte de su mensaje, destacó el esfuerzo que realizan los integrantes de JERAL, pues van de 12 a 15 personas, quienes a pesar de las altas temperaturas, mantienen la búsqueda de campo desde las 09:00 a las 15:00 horas, aproximadamente.

“Tenemos que caminar bajo el sol y el calor. En el Valle de Guadalupe no son fáciles las búsquedas porque llegamos hasta los 33 o 34 grados, y se nos dificulta por el tema de la deshidratación”, refirió.

Juana Torres puntualizó que, en su caso, no buscan culpables, sino solamente encontrar a sus seres queridos.

“No buscamos culpables, ni quién lo hizo, ni por qué. Sólo buscamos regresar a los nuestros a casa”, expresó.

<p id="9996.17">Agregó que las personas que puedan compartir información sobre las búsquedas, las recibirán en el sitio oficial en redes sociales (https://www.facebook.com/profile.php?id=100055639097398), donde mantendrán el anonimato.</p>

El funcionario detalló que la estrategia de contención en el municipio se sostiene sobre tres fases que, dijo, ya se aplicaron con éxito en La Rumorosa: contención, control y consolidación.

"Hicimos la contención cuando tuvimos homicidios (…) un fin de semana con siete homicidios en un solo fin de semana, y a partir de ahí hemos incrementado esas operaciones", y reconoció que hay mucho por hacer todavía.

Indicó que, como parte del refuerzo, el gobierno estatal solicitó el despliegue de más de 300 elementos adicionales entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, enfocados en las zonas rurales del Valle de las Palmas, el área de Luego y los límites con Tijuana.

Durante la conferencia de prensa, aceptó la infiltración de policías municipales de Tecate y Ensenada en organizaciones criminales.

El secretario relató que, tras los ataques de febrero de 2024 en Ensenada —30 homicidios tipo ejecución en un mismo periodo—, las autoridades detectaron que unidades de la policía municipal daban seguimiento a los responsables no para detenerlos, sino "para prestarles perímetro y para prestarles ayuda para la fuga".

Esto derivó en la detención de 11 policías en Mexicali y 13 en Ensenada por sus vínculos con distintas células del crimen organizado.

El funcionario sostuvo que se trata de una minoría , pues "la gran mayoría de los policías municipales se dedican a hacer su trabajo, a proteger y servir.

Sin embargo, unos cuantos vienen a contaminar, inclusive, y poner en riesgo a la propia corporación".

Aseguró que es la primera depuración policiaca de este tipo "en 25 años".

Asimismo, informó que se han desplegado todas las capacidades operativas y de investigación para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

En atención a medios, la Fiscal señaló que, de acuerdo con datos preliminares, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:16 horas del 24 de abril de 2026, en la intersección de avenida Lázaro Cárdenas y Horticultores, en la colonia Villas del Rey, en Ensenada, donde la víctima fue interceptada por varios sujetos a bordo de dos vehículos, quienes le cerraron el paso y accionaron armas de fuego largas y cortas, privándolo de la vida en el lugar, para posteriormente darse a la fuga.

Desde el primer momento, personal ministerial, pericial y de la Agencia Estatal de Investigación desplegó acciones coordinadas para el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios balísticos y el análisis forense correspondiente.

Uno de los vehículos utilizados fue localizado en el lugar y cuenta con reporte de robo en Estados Unidos, mientras que la segunda unidad, también con reporte de robo en Tijuana, ya se encuentra identificada.

La Fiscal General subrayó que el agente Pantoja contaba con amplia trayectoria en la institución y tenía a su cargo investigaciones de alto impacto relacionadas con homicidios en los que se advertía la participación de grupos criminales. Destacó que recientemente se habían obtenido resultados relevantes en estos casos, particularmente en el corredor Ensenada–San Quintín, contribuyendo a debilitar estructuras delictivas en la región.

La Fiscal estuvo acompañada por el Fiscal Especializado en Delitos Contra la Vida, Miguel Ángel Gaxiola, y el Comisionado de la Agencia Estatal de Investigación, Ancel Aispuro Sandoval, y reiteró que se mantienen todas las líneas de investigación abiertas y en fortalecimiento, con el objetivo de lograr la identificación y captura de los responsables.

Reiteró que este hecho no debilitará la labor de la Fiscalía, sino que refuerza la determinación institucional de continuar con firmeza en el combate a la criminalidad, hasta lograr la detención de los responsables y garantizar que enfrenten la justicia.

El dirigente se dijo preocupado junto al gremio empresarial por la resolución de la Suprema Corte.

“Si bien reconocemos la importancia de combatir operaciones ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado, consideramos que ningún objetivo, por legítimo que sea, puede justificar la vulneración de derechos fundamentales”, expresó.

Desde el sector empresarial, precisó Salazar Juárez, “advertimos que esta decisión abre la puerta al uso discrecional y potencialmente político de las herramientas del Estado, generando incertidumbre jurídica y afectando la confianza en las instituciones.”

México requiere instituciones fuertes, pero también contrapesos efectivos que eviten abusos de poder, subrayó, -porque- la concentración de facultades sin supervisión judicial previa representa un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos y en el equilibrio institucional.

Calificó de grave la situación, y como gremio exigen que toda medida que limite derechos fundamentales cuente con control judicial previo y garantías claras de defensa.

La certeza jurídica es un pilar indispensable para el desarrollo económico, la inversión y la confianza social. Sin ella, se debilitan las bases mismas del crecimiento y la estabilidad del país, las empresas y los ciudadanos requieren de un ambiente de confianza y certidumbre para generar desarrollo.

Salazar Juárez y Coparmex Ensenada, hicieron un llamado a fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en el actuar de la UIF y reiteró el que el combate a la ilegalidad debe realizarse dentro del marco del Estado de Derecho, nunca al margen de éste.

De esta manera, Dagnino López se vuelve el primer alcalde de la entidad en admitir públicamente que le retiraron el documento.

En su mensaje, citó que el 2 de diciembre, cuando acudió a realizar un trámite, le indicaron la medida.

“El trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, fui notificado de la revocación de mi visa de turista. Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”, según escribió.

El alcalde de San Felipe reiteró su compromiso “con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”.

“Me encuentro realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación y, en su momento, proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”, agregó.

Enfatizó que el hecho no interfiere con sus funciones y responsabilidades locales y que continuará trabajando.

“Agradezco sinceramente la comprensión y el apoyo de la ciudadanía. Estaré informando cualquier avance relevante respecto a esta situación en cuanto exista información oficial”, concluyó.

En Baja California, el aviso público de la cancelación de la visa comenzó el 10 de mayo con las casos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su entonces esposo Carlos Torres Torres.

También el esposo de la Presidenta Municipal de Mexicali, Luis Samuel Guerrero Delgado, mientras que Norma Alicia Bustamante, sólo la mantiene porque no se ha atrevido a cruzar, como declaró públicamente.

Y la diputada, así como exalcaldesa de Playas de Rosarito; Araceli Brown Figueredo, también le aplicaron la medida además de ser señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El hecho fue dado a conocer este domingo 16 de noviembre por parte de un grupo de empleados que se congregó afuera de las instalaciones en el bulevar costero y avenida General Agustín Sanginés, en la colonia Carlos Pacheco, y a cuatro días de ser intervenido por la Secretaría de Gobernación de México (Segob).

“Aquí estamos reunidos exigiendo el pago de nuestra última quincena, exigiendo el pago de nuestra liquidación, ya que el día de ayer (sábado) se nos informó que no se nos iba a hacer ningún tipo de pago. Que la mejor opción era buscar otro trabajo porque aquí ya no se iba a abrir”, explicó una de las personas.

Sobre la antigüedad en el lugar, citaron que van desde empelados con 1 o 2 meses de haber comenzado, hasta otros con 9 y 11 años cumplidos.

“A todos nos dejaron sin un sustento y en estas fechas está más difícil. Es lo único que estamos exigiendo: que se nos cumpla conforme a la ley y que se nos dé el pago justo. Sí nos ponemos la camiseta para sacar adelante un trabajo, sacar adelante una empresa, y a final de cuentas nos dejan en ceros”, remarcaron.

En cuanto al día de los hechos, en referencia al operativo hecho por Segob donde pegaron notificaciones en la puerta de acceso, mencionaron que los sacaron del lugar y no tuvieron oportunidad -en algunos casos- de sacar sus pertenencias.

“Nos dieron 15 minutos para retirarnos, 15 minutos para sacar al personal, 15 minutos para sacar la clientela, y muchas pertenencias de varios empleados que no entraban todavía a turno se quedaron adentro”, detallaron.

Agregaron que desde las 7 de la mañana recibieron un mensaje de que “no iba a haber salida de dinero” y que “no se iban a realizar pagos”; para las 8 de la mañana, les dijeron que ya se había cerrado una de las salas.

Para las 10 de la mañana, se les dijo que “se cancelaba la venta con tarjetas”, y para las 2 de la tarde se pidió “hacer corte”, para luego sacar a clientela y personal.

“Ya de ahí no se pudo hacer nada: no pudo entrar personal ni sacar pertenencias”, reiteraron, hasta recibir el nuevo mensaje el día sábado 15 de noviembre que no habría pagos.

Casino Skampa cuenta con módulos de socios, clientes, cajeras, operadores, meseros, barras, jefaturas de piso y caja, bingo, limpieza, seguridad, además de toda la parte administrativa, por citar algunas de las áreas afectadas por la falta de pagos.

El lugar tenía 14 años operando y su aniversario es el 3 de mayo; se le consideraba “empresa en crecimiento” y que, por esta supuesta razón, no les daban reparto de utilidades.

El grupo agregó que para mañana martes 18 de noviembre tendrán una cita a las 10:00 horas en Conciliación y Arbitraje; mencionaron que también aplicará esta medida otro casino ubicado en el municipio de Playas de Rosarito.

El miércoles 12 de noviembre se difundió que el Tesoro de los Estados Unidos, en conjunto con la Segob, investigaban a 13 casinos de México por presunto lavado de dinero y nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS).

En Playas de Rosarito, en Baja California, también fue mencionado Midas Casino, mismo que actualmente está cerrado y sus empleados han protestado por la falta de pagos.

El funcionario federal lo declaró este lunes 3 de noviembre durante su participación en la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al ataque registrado el pasado sábado 1 de noviembre contra el presidente municipal de Uruapan.

-¿El equipo cercano al alcalde, al que le tenía más confianza, está sujeto también a investigaciones? Y si es así, si ¿nos pudiese adelantar algo que nos pueda decir si había también algún vínculo con la delincuencia y que haya provocado esta incursión para los hechos? -se le cuestionó.

-Al momento, no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al alcalde -respondió.

García Harfuch explicó que los escoltas fueron “los que reaccionan” al estar, como lo respaldó la Defensa Nacional, en el “círculo primario”, además de que ya también han declarado ante la Fiscalía General.

“Estamos trabajando en conjunto de manera muy estrecha con la Fiscalía del estado de Michoacán y, al momento, no hay ningún indicio de que los policías municipales, este grupo de Policía Municipal que brindaba protección al señor alcalde, haya tenido algún vínculo”, reiteró el secretario.

Omar García Harfuch agregó que ya cuentan con imágenes de la Plaza Central, donde fue registrado el ataque, y que actualmente los están analizando.

El funcionario confirmó que, pese a las medidas de protección, Manzo fue asesinado la tarde del sábado 1 de noviembre al concluir un evento público en el centro de la ciudad. El agresor, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro, realizó siete detonaciones contra el edil, quien fue trasladado a un hospital donde falleció más tarde. En el incidente también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro.

El atacante fue neutralizado en el lugar por elementos de seguridad y se aseguró un arma corta calibre 9 mm, junto con los siete casquillos percutidos. Hasta el momento, no se ha determinado su identidad, y la Fiscalía General del Estado realiza los peritajes correspondientes.

García Harfuch detalló que el arma asegurada está relacionada con agresiones previas entre grupos delictivos que operan en la región. Las investigaciones incluyen análisis de videos del evento, cámaras del C5 y grabaciones de comercios cercanos, además de entrevistas con testigos, con el objetivo de esclarecer los hechos y detener a todos los responsables.

El titular de la SSPC resaltó que Carlos Manzo había recibido un reforzamiento adicional de seguridad en mayo de 2025, atendiendo a su solicitud, y que la coordinación con el gobierno estatal se ha intensificado para fortalecer la seguridad en Uruapan y sus alrededores.

“Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido”, afirmó García Harfuch.

El Gabinete de Seguridad y el Gobierno de México enviaron sus condolencias a la familia del alcalde y a los habitantes de Uruapan, reiterando su compromiso de mantener vigilancia permanente y de apoyar las investigaciones de manera cercana y coordinada.

Lo anterior mediante mensajes y reacciones publicadas en la cuenta oficial de la mandataria federal, cuya última publicación fue sobre el Altar de Muertos colocado en el Palacio Nacional; el presidente municipal recibió cinco balazos la noche del sábado 1 de noviembre mientras recorría el Festival de las Velas, en su demarcación.

“Igualito al altar que quedó plasmado en la historia de Michoacán”, señaló una usuaria identificada como SE VG, mientras que Marco Antonio Jardón acusó: “Bravo, por tu culpa murió Carlos Manzo, el único que tenía los pantalones para combatir el crimen. Gracias”.

Edwin Gómez cuestionó: “¿Ya está contenta después de haberle retirado el apoyo a Carlos Manzo?”, mientras que Alan Cedeño criticó: “Gracias por dejar solo al pueblo de Uruapan. Esperamos tu renuncia de manera inmediata. Te quedó grande el puesto”.

Cristian González preguntó: “¿Qué tiene que decirnos, la señora presidenta, sobre el cobarde asesinato del honorable presidente Carlos Manzo? Le pidió apoyo a gritos y usted sólo volteó la cara cobardemente”.

Y Jesús Fred Jiménez Córdoba remarcó: “Ya quitaste a Carlos Manzo del camino. ¿Ya estás contenta mi narcopresidenta?”.