Editorial

Comentó que la dependencia a su cargo mantiene acciones de cobranza contra propietarios que acumulan adeudos, dejando claro que el incumplimiento de las contribuciones municipales tiene consecuencias legales.

Aseveró que no hay privilegios ni excepciones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, particularmente cuando se trata de recursos necesarios para atender las demandas de servicios públicos, infraestructura y mejoramiento urbano.

En ese sentido, hizo un llamado a quienes mantengan adeudos por concepto de predial, para que aprovechen los estímulos del 100 por ciento en multas y recargos durante el mes de octubre y de esta forma puedan regularizar su situación fiscal.

Advirtió que continuarán con la ejecución de los procedimientos de cobro y embargo que correspondan conforme a la ley, para garantizar que quienes mantienen adeudos respondan por sus obligaciones con el municipio.

Gaona Medina explicó que el Ayuntamiento de Ensenada presenta un déficit de más de 80 millones de pesos, señalado también por parte de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC).

“Preocupa porque, al estar revisando todas esas observaciones, se detectaron casi más de 50 millones de pesos de honorarios. Donde la Auditoría Superior dijo ‘¿A dónde se fue? ¿A quiénes se contrataron?”, refirió.

La legisladora agregó que también recibieron una denuncia ciudadana y que incluso tenía conocimiento Sindicatura Municipal de Ensenada, a la que se le pidieron explicaciones sobre el caso.

“¿En dónde estaban esos empleados? Más de 50 empleados que se desconocían totalmente. Y el resultado de la Auditoría Superior fue que se aplicó 50 millones de pesos que se podía haber aplicado en infraestructura”, comentó.

María Yolanda Gaona Medina enfatizó que las problemáticas detectadas en Ensenada son mucho más amplias.

“Ahí no acaba: son tantas observaciones, más de 100 observaciones, donde nos llamó la atención, y como se ha señalado en las diferentes cuentas públicas… se les olvida pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con respecto a lo que viene haciendo referencia a los empleados. Con respecto a las obligaciones de lo que vienen siendo los servicios médicos”, mencionó.

Agregó que, por no cumplir con estas obligaciones, la ASEBC también señaló que la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California retuvo más de 100 millones de pesos de participaciones federales que se le iban a entregar al Ayuntamiento de Ensenada.

“Ayer lo señalamos: vamos a presentar las denuncias correspondientes… ¿Y quiénes son los responsables? ¿Quiénes son esos funcionarios? Anteriormente estaba el alcalde Armando Ayala. Lo vemos que fue senador, quiere volver a regresar (como presidente municipal), ¿Qué cuentas le va a dar a los ciudadanos? Y vamos a presentar las denuncias correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno porque esos ciudadanos hicieron desvío e hicieron corrupción”, abundó la diputada local.

La Comisión de Fiscalización del Gasto Público concluyó la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, como parte de los trabajos de revisión y análisis de los informes de auditoría presentados por la ASEBC, con el propósito de fortalecer la vigilancia del uso de los recursos públicos y contribuir a una adecuada rendición de cuentas.

Con base en los Informes Individuales de Auditoría, no se aprobaron las cuentas públicas a los Ayuntamientos de Tijuana y Ensenada. En los siguientes días pasará al Pleno del Congreso de Baja California para la votación correspondiente.

Detallan irregularidades en último año de Armando Ayala

Sobre otras observaciones, Mayola Gaona compartió que hay obras mal hechas o constructoras que no cumplieron las obras, estimadas en más de 136, por lo que también darán parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

De la deuda de Issstecali se deben más de mil 624 millones de pesos, y hubo camiones recolectores contratados sin licitación ni contrato por más de 9 millones 600 mil pesos, por citar algunos ejemplos.

“Hay una serie de desvíos, además de las obras públicas, licitaciones simuladas donde más del 45 por ciento de las obras fueron los montos 3 o 4 veces más de lo normal”, agregó la diputada local.

Zona Norte Noticias consultó a Ayala Robles sobre la razón de que, durante sus periodos, no se hubiera resuelto el tema con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), y el reciente crédito solicitado por la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, para cubrir jubilaciones y pensiones.

“Porque la cifra del adeudo que dejaron de pagar por más de 12 años fue superada por mucho el monto que nosotros pagamos. En aquel entonces estaba casi en los 2 mil 500 millones de pesos con intereses, recargos, y todo lo que conllevaba una deuda que no se atendió. Y más de 500 trabajadores que estaban en prejubilación no se entregaron al Issstecali, pero sí se les seguía pagando aquí porque no se pagaban las cuotas”, explicó.

Ayala Robles afirmó que, durante su administración pagó 709 millones de pesos con recursos y patrimonio municipal.

“Entregamos más de 330 trabajadores al Issstecali para que fueran jubilados, liberados… entonces son cifras que no se dicen, que no se comparten, y se fue distorsionando el debate público creyendo la gente de que ‘dónde había quedado el dinero del Issstecali’. Aquí está: ustedes son periodistas, medios de comunicación. Pueden acudir al Ayuntamiento, el tesorero municipal puede dar una conferencia”, dijo.

Agregó que a Manuel Guerrero Luna, quien fue el dirigente del Sindicato de Burócratas, le consta que entregaron más de 330 trabajadores al organismo.

“Motivo por el cual tuvimos que pagar, tanto lo pasado para entregar los trabajadores al Issstecali, y también lo nuevo a través de convenios. Quisiéramos haber pagado más, y si hubiera quedado más tiempo como presidente municipal, hubiera pagado más, pero todo tiene su periodo”, concluyó el senador con licencia.

​Ramírez Padilla destacó que, con la llegada de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dio el primer paso para saldar una deuda histórica con este sector. Asimismo, subrayó que este respaldo se ha consolidado y ampliado mediante los programas sociales y de atención prioritaria impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

​Al reconocer la trayectoria de las personas adultas mayores en la región, la senadora con licencia resaltó el papel fundamental que han desempeñado durante décadas en el desarrollo del estado, al actuar como pilares familiares, guías de las nuevas generaciones y líderes comunitarios.

​"En los gobiernos de la Cuarta Transformación hemos ido saldando esas deudas que se tenían con los adultos mayores y les hemos dado la importancia que merecen. Sin embargo, debemos trabajar más y más, para que la totalidad de las personas puedan llegar a una vejez digna y plena, con bienestar", afirmó.

​Durante sus recorridos por los siete municipios de Baja California, la población de la tercera edad enfatizó entre sus principales necesidades, el garantizar la atención médica oportuna y servicios especializados; fomentar el acceso a fuentes de trabajo dignas y proyectos de emprendimiento adaptados a sus capacidades; crear y adecuar espacios públicos y actividades para el esparcimiento, la convivencia, así como la salud física y mental.

Este 26 de agosto, medios de todo México interpelan a la Justicia y al gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta del país desde octubre de 2024, con una pregunta que exige una respuesta: ¿cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? Como telón de fondo del mensaje aparecen los nombres de los periodistas asesinados bajo la mirada de las autoridades del país, a un ritmo de uno por mes durante los primeros siete meses de 2026. En total, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la presidencia de Sheinbaum.

“México no puede acostumbrarse a contar a sus periodistas asesinados. Cada nombre en esta lista representa una deuda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Cada asesinato también genera miedo, alimenta el silencio, amenaza el periodismo y vulnera el derecho de millones de personas a estar informadas. El hecho de que medios de distintas regiones del país se unen hoy para publicar estos nombres envía un mensaje inequívoco a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las más altas autoridades del país: esta situación es insostenible desde hace demasiado tiempo. México necesita una respuesta política a la altura de la gravedad de esta violencia. No queremos tener que seguir agregando nuevos nombres a esta lista. Sin embargo, esta falla no es inevitable: también refleja que este problema no ha sido una prioridad política, y no lo ha sido durante demasiado tiempo. Debe convertirse en una de las prioridades de la Justicia y de las políticas de protección de los derechos humanos”, afirma Artur Romeu, director de RSF América Latina.

Detrás de cada nombre hay una persona, una historia de vida, una familia y una voz silenciada. Y las consecuencias de esta violencia van mucho más allá de las víctimas directas. Cada periodista asesinado, amenazado o forzado a guardar silencio deja un vacío informativo. La violencia instala el miedo, alimenta la autocensura, debilita al periodismo local y priva a comunidades enteras de información de interés público.

La interpelación al Estado mexicano, publicada conjuntamente por medios de distintas regiones del país, no es solamente una pregunta y un recuento de las víctimas. También es una advertencia contra la normalización de una violencia que se ha vuelto estructural y evidencia la persistente incapacidad de los sucesivos gobiernos para contenerla.

Estos crímenes, atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado, continúan impunes hasta el día de hoy.

Por un plan nacional de emergencia

Al inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum asumió compromisos destinados a fortalecer la protección de los periodistas y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio libre y seguro del periodismo. Ante la continuidad de los asesinatos, estos compromisos deben traducirse ahora, con carácter urgente, en acciones concretas.

RSF llama al gobierno mexicano a:

Poner en marcha una respuesta nacional de emergencia frente a la violencia contra periodistas, movilizando de manera coordinada a los distintos niveles del Estado: autoridades federales y estatales, fiscalías y el Poder Judicial;

Garantizar medidas rápidas y eficaces frente a las situaciones de riesgo, fortalecer las investigaciones sobre los crímenes cometidos contra periodistas y combatir la impunidad, identificando y sancionando tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron los asesinatos;

Establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan identificar las deficiencias en materia de prevención, protección e investigación, corregirlas y evitar que vuelvan a repetirse.

La línea de investigación que sigue la autoridad, en relación con el incidente, es por una supuesta deuda que el comerciante tenía por la apuesta en peleas de gallos.

De acuerdo con el reporte recibido a las 22:09 horas a través del C-5, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de las calles Abelardo L. Rodríguez y Delante, cuando los hombres llegaron y se llevaron a la fuerza a Mendoza, conocido como “El Chino”.

En ese momento las corporaciones de seguridad montaron un fuerte operativo de búsqueda.

Fue este miércoles 12 cuando la familia informó a las autoridades que había sido localizado por lo que fue llamado por la fiscalía para testificar y confirmar que se encontraba en buen estado de salud.

Del adeudo, indicó que le presentaron un desglose para comprobar los 80 millones de pesos, de los que 12 millones corresponden a los últimos cuatro meses de la administración del actual senador Armando Ayala Robles.

“Y justo este Ayuntamiento son 68 millones (de pesos) y fracción. De alternativas para el pago proponemos que podemos hacer obras en conjunto”, dijo.

Ejemplificó que el Ayuntamiento de Ensenada contempla acciones de rehabilitación de vialidades, en el sentido de cambiar toda la carpeta de rodamiento, por lo que le podrían informar los puntos que requieren cambio de instalación de agua o drenaje.

“Hacer este tipo de obras de manera integral. Y, en esta ruta, poder ayudar al Ayuntamiento a que pueda ir pagando el adeudo con el organismo”, comentó el director general.

Centeno Hernández agregó que también propusieron acciones en el tema del reuso del agua, para que desde San Miguel hasta la delegación El Sauzal de Rodríguez, rieguen el camellón con aguas tratadas.

Esto también podría ser en el bulevar costero, la avenida Esmeralda, así como parques públicos y panteones.

“Tenemos agua tratada para que estas obras sean tomadas en cuenta como pago del Ayuntamiento con la Cespe, y que no se utilice agua de los hidrantes para regar camellones. Muchas veces se tira más de la mitad de la que saca. Entonces, el tener en cuenta que el agua regenerada puede ser útil para este tema”, dijo.

Centeno Hernández refirió la posibilidad de hacer un convenio de bacheo, y que podría ser tomado en cuenta justo.

De otros esquemas propuestos, recordó que el Plan de Justicia para San Quintín también abarca la parte sur de Ensenada, pues el polígono toma en cuenta la delegación Maneadero hasta Punta Colonet.

“Nosotros traemos como proyecto hacer una pequeña desaladora de 10 litros por segundo en (Punta) Colonet. Esa desaladora cuesta alrededor de 22 millones de pesos. Justo le decía ‘que este dinero se vaya a obras que van para el Plan de Justicia para San Quintín’. Le propuse que nos pagara en julio 7 millones y en septiembre otros 7 (millones de pesos), y que el complemento de la obra la cubriera la Cespe para poder darle mejoramiento al sistema de agua. Y que este pago no se vaya a pago corriente, sino que se vaya a un esquema de obras que beneficien a la sociedad”, ahondó.

Alonso Centeno Hernández refirió que, tras la presentación de propuestas al gobierno municipal, le darán seguimiento a las mesas de trabajo para saber qué decidieron dichas autoridades.

Al arribar al lugar, los oficiales observaron a dos hombres que salían apresuradamente del establecimiento y se dirigían hacia un vehículo de transporte tipo taxi en color blanco, que permanecía frente al inmueble con las puertas abiertas y con otra persona en su interior.

Ante dicha situación, los agentes procedieron a intervenir a quienes se identificaron como Carlos “N”, de 31 años; Joel “N”, de 36 años; y Alejandro “N”, de 26 años.

De manera simultánea, una oficial se entrevistó con la persona afectada, un hombre de 65 años de edad, quien se encontraba dentro del establecimiento y presentaba una crisis de ansiedad, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos para brindarle atención.

El ciudadano manifestó que momentos antes los hombres presuntamente lo habían amenazado de muerte para obligarlo a firmar documentos de cesión de derechos, mediante los cuales reconocería una supuesta deuda por la cantidad de un millón 470 mil pesos.

Durante la inspección precautoria del vehículo, los agentes localizaron documentación que coincidía con la señalada por la víctima, por lo que fue asegurada y embalada conforme a los procedimientos correspondientes para su entrega a la autoridad investigadora.

Paramédicos determinaron que la persona afectada presentaba signos vitales estables y que no requería traslado a una institución médica.

Posteriormente, los agentes informaron a los tres intervenidos el motivo de su detención, les colocaron los candados de manos y les dieron lectura a los derechos constitucionales que les asisten, para después trasladarlos a las instalaciones de la corporación local para la certificación médica.

Finalmente Carlos “N”; Joel “N”, y Alejandro “N”, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

El funcionario indicó que, debido a este adeudo, hicieron el procedimiento administrativo de ejecución y los debidos requerimientos.

“Como no cumplió, se practicó el embargo. Y, ahorita, estamos informándoles a estas personas que tienen adeudos y tienen que designar un perito valuador para que ellos lo lleven a cabo. Caso contrario, si hacen caso omiso, nosotros lo haremos”, detalló.

Gutiérrez Frías indicó que no han tenido una respuesta favorable por parte del instituto, a pesar de citatorios.

“No ha habido acercamiento por parte de ellos. ¿Qué es lo que le queda a la autoridad? Llevar a cabo el siguiente paso: que es continuar con el procedimiento, designar un perito valuador y convocar a remate una vez que se determine la base para el remate”, reiteró el subrecaudador.

Para el remate en cuestión, ya que sea anunciado oficialmente por el gobierno municipal, podría transcurrir mes y medio.

Como parte de las acciones, personal municipal colocó una lona con la medida municipal en cuestión.

Mario Alberto Gutiérrez Frías adelantó que procederán de la misma manera con los importes “que sean considerados como mayores” por parte de la autoridad.

“Ahí tiene que atender el Gobierno del Estado. También hay programas para si tienen adeudos con alguna institución del gobierno federal, ya sea el SAT, el IMSS o la Comisión Federal, en algunos casos”, dijo la mandataria federal, al tiempo de agregar que sería para aplazar tiempos de pagos o descontar de manera significativa.

De manera local, Agatón Muñiz reiteró la forma en que ha sido atendida esta medida.

“Nosotros, de manera formal, hicimos un convenio, precisamente, con el Ejecutivo. Ya nosotros endosamos la deuda. La realidad es que, a lo que nosotros compete pagar, no hemos quedado mal. Es una cantidad mucho menor a lo que hacíamos: son 6 millones de 22 (millones de pesos)”, dijo.

Sobre el resto, la presidenta municipal aseguró que “hay una responsabilidad con nombre y apellido”.

“Pero por parte del Ayuntamiento hemos hecho la parte que nos corresponde”, recalcó Claudia Agatón Muñiz.

Al darle lectura a su documento ante el Pleno, la Legisladora de Morena reconoció el trabajo de las madres sobrevivientes; de las colectivas feministas, de las organizaciones civiles y de quienes con valentía han transformado el dolor en exigencia pública.

Resaltó que con el propósito de resarcir esa deuda histórica y atender a esas exigencias en Baja California, desde este Congreso se ha incorporado la violencia vicaria en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en el Código Penal local.

Después, se ha hecho el reconocimiento del 11 de mayo, como: “Día Estatal contra la Violencia Vicaria”. Y estos avances, no son simbólicos únicamente: representan la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, añadió.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Baja California, tan solo durante enero y febrero de 2026 se registraron 3,872 denuncias por violencia familiar.

Estas cifras confirman que la violencia familiar, es una de las principales expresiones de agresión contra las mujeres, y detrás de cada carpeta de investigación; de cada llamada de emergencia y cada denuncia, hay niñas, niños y mujeres cuya vida cotidiana ha sido atravesada por el miedo, la incertidumbre y la vulneración de sus derechos.

Finalmente, Angélica Peñaloza reiteró que las víctimas no están solas, y que desde este Congreso se impulsan reformas para fortalecer instituciones, promoviendo capacitación y acompañando toda acción que coloque la verdad, la justicia y la reparación, a las mujeres que han vivido violencias por razón de su género.