Piden al Estado concluir donación de predios para proteger el Parque Ampliación Moderna

El político advirtió que la instalación de un complejo judicial en dicho espacio vulnera de forma directa el corredor turístico y cultural de la zona, conformado por el propio CEART, el Museo Caracol, el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera, así como la Ventana al Mar y la Plaza Cívica de la Patria.

García Lazcano sostuvo que la decisión, tomada de manera unilateral por la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, abre un frente de conflicto evitable con la comunidad artística local y refleja una visión que trata a Ensenada "como una ciudad de segunda".

Asimismo, respaldó las recientes protestas de los creadores locales, al señalar que enfrentan una persistente carencia de apoyos institucionales y políticas públicas orientadas al fomento del talento regional.

Recordó que la infraestructura de centros estatales de las artes en Baja California se consolidó durante administraciones panistas, por lo que calificó de contradictorio que hoy se sacrifique este legado.

El panista enfatizó que, mientras el ejecutivo estatal busca reutilizar terrenos destinados a la cultura, el complejo del CEART permanece inconcluso, con pendientes históricos como la construcción de aulas, talleres y una sala de conciertos para 800 espectadores.

Cuestionó la asignación de recursos públicos al referirse a inversiones recientes en el municipio de Mexicali - como el monumento al "Cocinero Chino”, los cuales, a su juicio, debieron canalizarse para concluir la infraestructura cultural ensenadense.

Criticó la falta de coordinación gubernamental, señalando que Ensenada dispone de un Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para dictar el ordenamiento territorial, por lo que rechazó que la titular del Ejecutivo disponga de los predios públicos "como si se tratara del patio trasero de su casa".

García Lazcano adelantó que el PAN buscará participar en las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno del Estado con el propósito de blindar la vocación cultural de la Manzana 8.

“Tenemos que reconocer que actualmente enfrentamos una problemática grave y creciente de invasión de predios, lo cual exige respuestas institucionales claras y proporcionales”, indicó.

En el análisis del texto vigente de la citada ley, se pueden identificar vacíos normativos que comprometen la seguridad jurídica y abren la puerta a actos que podrían ser impugnados o anulados por órganos de fiscalización, afectando tanto al erario como a acreedores de buena fe.

Entre ellos destacan la falta de reglas claras en la valuación de bienes, la ausencia de criterios objetivos para excepciones a licitación pública y la carencia de un orden de prelación entre acreedores.

De igual forma, el congresista destacó la necesidad de regular mejor los conflictos de interés, exigir dictámenes sobre la utilidad pública futura de los bienes y establecer registros públicos de las operaciones de dación en pago, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Agregó que la seguridad jurídica de los bienes del Estado no se limita a la existencia de una figura como la dación en pago, sino que requiere reglas previas, objetivas, verificables y públicas.

Por otro lado, la iniciativa plantea distinguir entre ocupaciones organizadas con fines de lucro y aquellas derivadas de necesidad habitacional genuina, con el fin de que la respuesta institucional sea justa y proporcional.

“Buscamos que el patrimonio estatal y municipal se administre con transparencia, evitando abusos y garantizando que la tierra cumpla una función social en beneficio de la colectividad”, precisó Daniel Razo.

En cumplimiento del trámite legislativo establecido, el proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Justicia.

De estos, 14 son defunciones, donde 12 corresponden al puerto y 2 al municipio de San Quintín.

“La verdad es que ha sido muy preocupante como, básicamente, se ha duplicado el número de rickettsiosis en los últimos años. Creo que ya es muy grave… ya ni siquiera ir a estudiar, sobre todo en la periferia de la ciudad, es seguro para los niños porque pueden ser mordidos por una garrapata y desencadenar el tema de la rickettsiosis”, comentó.

El regidor refirió que, en su calidad de presidenta de la comisión citada, ha convocado y asistido a muchas reuniones, pero se enfrentan a un grave problema que se puede dividir en tres fases sobre lo que supuestamente está haciendo la autoridad en su conjunto, en referencia a los gobiernos municipal, estatal y federal.

De esto, citó que lo primeros son las pláticas de prevención casa por casa, con énfasis en la limpieza casera y de patios, así como de las mascotas; le sigue la acción de retirar la basura por parte del gobierno, pero el problema es que este no se da abasto para el servicio.

“Hay una seria falta de infraestructura y una de las cosas en las que desemboca es en la acumulación de desechos, de basura que se queda ahí por mucho tiempo y que empieza a generar todo tipo de animales. Y el gobierno municipal no tiene la capacidad en Obras Públicas como para recoger eso”, señaló en referencia a los predios y baldíos.

A todo lo anterior sigue la fumigación, prosiguió el regidor, pero el gobierno estatal enfatiza en que “no se dedica a fumigar”, sino a realizar otras tareas,

“Y mientras nos ponemos de acuerdo en el cómo y por qué, la verdad es que han fallecido personas que, de tener una política pública seria en materia de rickettsiosis, no tendrían por qué haber fallecido”, remarcó el regidor.

Adrián García enfatizó que esta última debe estar bien diseñada, además de llamar al gobierno estatal de Baja California a contar con un responsable directo en esta materia.

Adelantó que, en su calidad de edil, buscará en el 2027, con el nuevo presupuesto, puede comprar equipos de fumigación y donarlos al Ayuntamiento de Ensenada.

“Entonces, nuestro llamado es hacer un plan muy específico, con metas cuantificables, pero sobre todo con responsables directos, que le digan a cierto funcionario ‘Tú vas a ser responsable del tema de la rickettsiosis y te vamos a dar toda la ayuda que se pueda para que puedas hacer bien el trabajo”, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Salud reiteró que observa “muchas reuniones y declaraciones”, de “tratar de alertar al público”, pero también que el gobierno debe tener una responsabilidad directa.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, habitantes de esta zona han señalado durante años diversas inconsistencias relacionadas con los predios adquiridos a Inmobiliaria Grupo LAGSA, entre ellas se encuentran la falta de escrituración individual y de la entrega formal de los fraccionamientos al Ayuntamiento.

Los residentes sostienen que, pese a haber concluido el pago de sus terrenos, no han podido obtener las escrituras que los acrediten legalmente como propietarios, debido a que los lotes fueron utilizados por la inmobiliaria como garantía hipotecaria de un crédito que, según los propios afectados, permanece pendiente de liquidación.

Mogollón Pérez indicó que la falta de conclusión del proceso de entrega-recepción también obstaculiza la municipalización y regularización de los desarrollos, situación que limita el acceso formal de sus habitantes a servicios públicos básicos como agua potable, drenaje, alumbrado y recolección de basura.

El primer punto del exhorto solicita a la alcaldesa de Playas de Rosarito, María del Rocío Adame Muñoz, que se realice una inspección técnica y un análisis administrativo sobre el estado actual de los tres fraccionamientos y que se informe al Poder Legislativo sobre las medidas y procedimientos legales aplicados ante la falta de entrega oficial de las obras por parte de Inmobiliaria Grupo LAGSA.

Asimismo, se exhorta al titular de SIDURT, Arturo Espinoza Jaramillo, para que, dentro de sus atribuciones legales, coadyuve en la revisión del expediente técnico-urbano de Mar de Puerto Nuevo I, II y III, analice las responsabilidades de la empresa promotora y garantice mecanismos institucionales que conduzcan a una solución para los derechos de los residentes afectados.

El legislador señaló que la intervención coordinada de las autoridades busca esclarecer el estatus legal de los permisos de urbanización, verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y deslindar, en su caso, las responsabilidades administrativas o legales correspondientes, con el objetivo de brindar certeza jurídica y patrimonial a las familias afectadas.

En 2023, un juez Tercero de lo Civil resolvió a favor de la inmobiliaria en el litigio por la propiedad de los terrenos, sin haber considerado los antecedentes de los predios y su carácter de espacios destinados al uso público.

Incluso, los abogados de la comunidad han detectado irregularidades como la pérdida de documentos oficiales, en los que consta que hubo un compromiso de donación de la inmobiliaria al Gobierno del Estado.

La inmobiliaria es propiedad de integrantes de la familia del fallecido general José de Jesús Clark Flores, cuyos terrenos dieron origen a parte de la colonia Ampliación Moderna.

Este lunes 17 de agosto, alrededor de 50 personas acudieron a los Juzgados del Poder Judicial para respaldar a los tres imputados, a quienes identificaron como sus “compañeros de lucha”.

Una vez iniciada la audiencia, el procedimiento fue nuevamente diferido y se estableció como nueva fecha el 9 de septiembre a las 11:00 horas.

Dina Montoya, representante de la comunidad y una de las personas imputadas, explicó que la audiencia fue aplazada debido a que uno de los abogados de oficio no había recibido la carpeta de investigación, por lo que no contaba con los elementos necesarios para preparar adecuadamente la defensa.

A los juzgados acudieron residentes de la colonia, así como ciudadanos que se han solidarizado con la defensa del parque, al considerar que se trata de un espacio utilizado por varias generaciones de familias en Ensenada.

Los manifestantes llevaron más de una decena de artículos de distintas leyes estatales que, aseguran, respaldan el derecho de la comunidad al uso y disfrute de los espacios públicos destinados al sano esparcimiento.

Con cartulinas y consignas, los participantes expresaron su rechazo a la posibilidad de que los terrenos sean destinados a otro uso. Entre los mensajes se leía: “El parque es de la comunidad”, “Defender los parques no es un delito” y “Parque sí, edificios no”.

Afuera de los juzgados, los manifestantes también lanzaron consignas en defensa del espacio público y exigieron que los terrenos permanezcan como áreas de uso comunitario.

Los derechos a exentar podrían comprender según corresponda y conforme a la naturaleza del trámite, entre otros conceptos los siguientes: Factibilidad de uso del suelo; Deslinde, verificación o revisión técnica catastral; y Asignación de clave catastral urbana en nuevos fraccionamientos.

Esta iniciativa contribuye a atender las problemáticas identificadas en el mencionado plan, particularmente las relacionadas con rezagos en materia de regularización patrimonial, infraestructura urbana y acceso a servicios esenciales, facilitando la incorporación formal de los asentamientos beneficiados y disminuyendo las cargas económicas inherentes a dichos procesos.

Para acceder a la exención fiscal otorgada en el presente, se deberá cumplir con lo siguiente: los beneficiarios serán las personas residentes trabajadores agrícolas, así como a las personas pertenecientes a pueblos originarios de San Quintín.

En lo que se refiere a superficie, el límite máximo será de quinientos metros cuadrados; el valor fiscal no deberá exceder de las 10 mil UMAS y, en cuanto al número de predios, solo podrá regularizarse o titularse un predio por persona solicitante.

Dichos requisitos resultan razonables, toda vez que tienen por objeto dirigir el beneficio fiscal a sectores de la población que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social y patrimonial, derivadas de la ocupación de predios en proceso de regularización.

Participaron en esta sesión, las siguientes diputaciones integrantes: Julia Andrea González Quiroz, Eligio Valencia López, Alejandra Ang, Jaime Cantón, Alejandrina Corral, Juan Manuel Molina, Adriana Padilla, Michel Sánchez y Michelle Tejeda, así como el Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zarate.

Además, se contó con la participación del Luis Alonso López, de la subsecretaría de gobierno y, director de proyectos legislativos de la Consejería Jurídica, Daniel Núñez; la Alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano quien se hizo acompañar por la Secretaria General, Claudia Iveth Escamilla, la Tesorera Berta García, y el Recaudador de Rentas Emilio López.

El Lic. Héctor Israel Ceseña, titular de la Dirección de Consultoría Legislativa, puntualizó que el Congreso tiene la facultad de interpretar y aclarar el Decreto 246 para resolver controversias, y subrayó la necesidad de contar con documentación completa sobre trabajadores, aportaciones y bienes inmuebles para elaborar un proyecto técnico que permita un cierre transparente y conforme a derecho.

Por su parte José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe agradeció la instalación de la mesa, señalando que tras múltiples solicitudes sin respuesta a Mexicali aún faltan entregas de bienes inmuebles, patrullas y áreas verdes, lo que ha complicado la transición. Reconoció la disposición de Ensenada y pidió responsabilidad institucional para concluir esta etapa en beneficio de la ciudadanía.

La representación de Mexicali, encabezada por la Oficial Mayor Claudia Beltrán y el Síndico Procurador Óscar Vega, reiteró la voluntad de avanzar en el cierre del proceso. Informaron que se certificaron documentos patrimoniales y maquinaria que serán entregados, y que se revisan con la Tesorería los temas de trabajadores y predios pendientes. Además, la Sindicatura de Mexicali sostendrá una reunión con la Consultoría Legislativa para revisar y subsanar aspectos técnicos, con el fin de dar certeza al proceso.

La tesorera de Ensenada, Guadalupe Salazar Valle, expresó el interés de su administración en concluir el proceso, precisando que lo único pendiente son alrededor de cinco predios que deben registrarse en el Registro Público de la Propiedad, mismos que serán atendidos en coordinación con el Congreso y San Felipe.

El diputado Molina concluyó que, además de los avances documentales, se solicitarán reportes de los municipios sobre lo trabajado derivado de esta mesa, y de ser necesario se convocarán nuevas reuniones para dar seguimiento. Señaló que algunos temas pueden resolverse en corto, como los pendientes de Ensenada, mientras que otros requieren mayor coordinación, pero todos deben cerrarse con responsabilidad institucional para no dejar cargas a futuras administraciones.

En esta mesa participaron también las diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación, Julia Andrea González, Maythé Méndez y Daylín García, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Auditoría Superior del Estado, quienes aportaron sus perspectivas técnicas y administrativas con el propósito de garantizar que el proceso de entrega y recepción se cierre de manera ordenada, transparente y conforme a derecho.

Erik Pérez, director de Relaciones Públicas de Pai Pai, refirió a Zona Norte Noticias que han tenido acercamientos a nivel estatal con zoológicos, Predios e instalaciones que manejan vida silvestre (Pimvs), o Unidades para el Manejo de la Conservación de la Vida Silvestr (UMA), como lo es el Parque Morelos, pero a la fecha no existe una solicitud.

“Hemos tenido acercamiento con su director, Gamaliel (Becerra Gómez). Sabemos que tienen alguna cantidad de ejemplares que están queriendo colocar, pero con claridad no nos han dicho qué especies animales pretenden que los apoyemos para su rescate y poder albergarlos en nuestras instalaciones”, comentó.

Conforme a los datos divulgados, el Parque Morelos cuenta con más de 160 animales que podrían ser reubicados.

Recordó que en otras ocasiones han dado asesorías veterinaria y técnica, además de apoyo con médicos veterinarios.

“Pero, concretamente, no de las especies que pudieran ellos acomodar con nosotros”, comentó Erik Pérez.

Sobre Pai Pai y la posibilidad de recibir animales, detalló que la población actual es de aproximadamente 850 animales y una diversidad de más de 100 especies.

“Sí contamos con lugar e instalaciones para recibir algunos ejemplares. Creo que, sin problemas, estamos en condiciones de poder recibirlos”, consideró, al tiempo que dependerá del tipo de especie.

Agregó que el lugar es un Centro de Conservación de Vida Silvestre autorizado como PIVMS por la Semarnat; cuenta con infraestructura y personal especializado, médicos veterinarios con experiencia técnica y actualizados en el manejo de fauna silvestre.

Expusieron que “durante los últimos cinco años, el Ayuntamiento de San Felipe ha brindado de manera permanente todo el respaldo necesario para la realización de este importante evento, realizando, entre otras, las siguientes aportaciones:

El pago anual de 120 noches de hospedaje en habitaciones dobles para el equipo de SCORE International.

El Ayuntamiento realiza el pago que resulte indispensable por concepto de derechos para el uso de la pista, precisando que la empresa aporta 105 dólares por cada equipo registrado para cubrir el pago a los propietarios de los predios.

El mantenimiento de cerca de 300 kilómetros de ruta con maquinaria pesada al concluir cada edición de la carrera, absorbiendo el Ayuntamiento el 100% de estos costos.

La cobertura total de los costos en materia de seguridad pública y acciones preventivas, incluyendo el pago de horas extras al personal de la Dirección de Seguridad Pública participante en el operativo.

La cobertura del 100% de los costos por renta de sanitarios públicos requeridos para el desarrollo del evento.

La cobertura del 100% de los costos de limpieza, mediante turnos extraordinarios del personal de Obras y Servicios Públicos Municipales”.

Através de un comunicado, se indicó que “el Ayuntamiento de San Felipe sostuvo recientemente diversas reuniones de coordinación con representantes del sector privado con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios que se ofrecen durante los eventos de talla internacional.

Como resultado de este esfuerzo conjunto, se lograron acuerdos que permitían reducir, en muchos casos hasta en un 50%, los cobros por concepto de derechos de uso de pista para propietarios particulares, buscando presentar una propuesta aún más competitiva para la edición 2027. San Felipe realizó los preparativos necesarios para recibir la SCORE International San Felipe 250 y refrendó su disposición para continuar siendo sede de este importante evento. No obstante, la organización determinó que la edición correspondiente se llevaría a cabo en una sede distinta”.

Se dijeron respetuosos de la decisión tomada por Score International de realizar su competencia en otra sede, “aun cuando San Felipe otorgó todas las facilidades institucionales y realizó un esfuerzo importante para mantener este evento en nuestro municipio”.

"Está más que claro que por eso lo detuvieron. Es un distractor total de la realidad que vive Baja California", expresó.

Carlon señaló que existen otras personas relacionadas con investigaciones relacionadas con hidrocarburos en Baja California, y mencionó a Carlos Torres Torres, ex funcionario y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el ex cuñado Luis Torres.

recordó que otro investigado es el empresario Gerardo Novelo, propietario de los predios donde recientemente fueron asegurados millones de litros de combustible presuntamente introducidos de manera ilegal al país.

El abogado consideró "muy extraño" que la detención ocurriera poco después de la difusión de audios atribuidos a la gobernadora donde sostiene comunicación con supuestos agentes del FBI para llegar a un acuerdo y le devuelvan la visa cancelada. Por eso, insistió en que existe una coincidencia temporal que a su juicio se debe analizar.

Desde el punto de vista jurídico, explicó que Ruffo Appel había acudido previamente a declarar ante las autoridades ministeriales, donde presentó documentación y buscó desvirtuar los señalamientos que se le atribuyen dentro de la investigación relacionada con hidrocarburos.

Indicó que, cuando una carpeta de investigación es judicializada, lo ordinario es citar al imputado a una audiencia inicial para formular la imputación, mientras que una orden de aprehensión suele solicitarse únicamente en casos excepcionales, como cuando existe riesgo de fuga, domicilio incierto o peligro para la investigación.

"El ex gobernador siempre ha dado la cara. No era una persona sustraída de la justicia ni existía un riesgo de fuga", afirmó.

Consideró que la forma en que se ejecutó la detención vulnera el derecho de audiencia y las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, cuestionó que la FGR haya ejercido acción penal contra Ruffo Appel por su calidad de accionista de una empresa.

"Se debe cuestionar por qué se detiene a un accionista que no lleva la administración de la empresa. En todo caso, quien enfrenta la investigación es una persona moral, no una persona física, y además se trata de una empresa que él fundó, pero en la que actualmente mantiene una participación minoritaria", señaló.

Finalmente, Marcos Carlon sostuvo que la actuación de las autoridades tiene un trasfondo político.