Aprueban solicitud de licencia de la diputada Araceli Geraldo

Entre las razones que detalló la inicialista Adriana Padilla se encuentran: que existe una obligación constitucional y convencional del Estado de proteger la dignidad, libertad, integridad y seguridad de las personas, mediante medidas eficaces para prevenir y sancionar toda forma de violencia.

Así mismo, señaló que, actualmente existe un vacío normativo, ya que la conducta suele quedar subsumida en otros delitos, dificultando su investigación, sanción y visibilización, aun cuando por sí misma representa una grave afectación a bienes jurídicos fundamentales.

Por su parte, el inicialista Ramón Vázquez señaló que, en Baja California se han documentado casos y testimonios relacionados con esta práctica en bares, centros nocturnos y eventos masivos, mientras que otras entidades federativas ya han incorporado figuras penales específicas para sancionarla.

Se propone tipificar la sumisión química como delito autónomo para cerrar vacíos legales, fortalecer la protección de la dignidad y autonomía de las personas, mejorar la prevención y armonizar la legislación estatal con las tendencias nacionales.

Por su parte, al analizar la Comisión de Justicia los contenidos, advierte que los proyectos legislativos abordados en el presente Dictamen, guardan entre sí una estrecha coincidencia temática, pues ambos se encaminan a fortalecer el Código Penal de Baja California, con la finalidad de establecer en el marco referido el delito de la sumisión química.

Por tales motivos, se aprobó por las diputaciones presentes, con dos abstenciones (Diputadas Corral y Gaona) la reforma que crea un capítulo XIV, denominado “de la Sumisión química” al título primero Delitos contra la Vida, la Salud Personal y Dignidad Humana, de la sección primera Delitos contra el Individuo en el Libro Segundo parte Especial, adicionándole el artículo 160 septies al Código Penal para el Estado.

De esta forma, queda como sigue: Comete el delito de sumisión química quien, sin el consentimiento de la víctima o sin causa justificada, le administre, suministre o haga ingerir o introduzca, por cualquier vía sustancias psicotrópicas, narcóticas, sedantes, anestésicas, tóxicas o cualquier otra sustancia para disminuir o anular su conciencia, voluntad o capacidad de resistencia. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de cuatro a diez años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una tercera parte cuando: La víctima sea persona menor de dieciocho años, persona adulta mayor o persona con discapacidad.

Cuando el sujeto activo se valga de una relación de autoridad, confianza, guarda, custodia, atención médica, docencia o cualquier otra que implique un especial deber de protección respecto de la víctima.

Y, como consecuencia de la conducta se produzcan lesiones que afecten de manera permanente la salud de la víctima. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que se cometan con motivo de la sumisión química.

Esto, a fin de mejorar la comunicación y Coordinación operativa de las corporaciones de seguridad pública, siendo los sitios de repetición: Santa Isabel, Subcomandancia Noreste (zona dorada) y Km 57(colonias nuevas).

Con respecto al apartado de antecedentes de la propuesta técnica y económica, se señala que, desde 1998 el Sistema Nacional de Seguridad Pública adoptó la tecnología Tetrapol, para el despliegue de una red digital de radiocomunicación que permitiera fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad de los ámbitos federal, estatal y municipal.

Una de las características de esta tecnología, es que permite establecer comunicaciones de voz individuales y grupales, transmitir datos y realizar la localización de vehículos y personas, mediante una infraestructura que incorpora cifrado de extremo a extremo para proteger las comunicaciones y mecanismos para neutralizar a distancia los terminales extraviados o robados.

Participaron en esta sesión de la CHyP, las siguientes diputaciones integrantes: Julia González, Michel Sánchez, Jaime Cantón, Alejandrina Corral, Adriana Padilla, Alejandra Ang y Juan Manuel Molina y Michelle Tejeda, así como la Diputada Mayola Gaona y el Diputado Fidel Mogollón; el Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate y el Director de Servicios Parlamentarios, Javier Sánchez.

Por parte de la Subsecretaría de Gobierno, participó Luis Alonso López y el Director de Proyectos Legislativos de la Consejería Jurídica, Daniel Núñez Valadez, ambos del Estado. Y por parte de la Fiscalía General de Justicia de Baja California: el Oficial Mayor, Ricardo Garduño; el Director de Finanzas, Miguel Ángel Tapia; el Director del c5, Josué Jiménez y el Fiscal Central, Jesús Manuel López.

La iniciativa plantea reformar la Ley de la Juventud de Baja California para que el servicio social relacionado con la formación académica, debidamente acreditado, sea considerado como experiencia laboral en los procesos de contratación del sector público estatal y municipal.

Con ello, se busca reconocer las capacidades, conocimientos y habilidades que las y los estudiantes adquieren durante su formación, facilitando su incorporación al mundo laboral.

En su calidad de presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, Diego Lara Arregui encabezó además la aprobación unánime de tres proyectos de dictamen orientados a fortalecer los derechos laborales y la igualdad de oportunidades en Baja California.

Entre los asuntos aprobados destaca una reforma para ampliar de cinco a treinta días los permisos parentales otorgados a los hombres, iniciativa presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Asimismo, se avaló una propuesta de la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas para fortalecer la protección de las personas trabajadoras frente a despidos relacionados con el embarazo, la maternidad, la paternidad y la adopción.

Con estos primeros acuerdos, Diego Lara Arregui coloca en la agenda legislativa de la Comisión del Trabajo temas relacionados con las oportunidades para las juventudes, la protección de las familias y el fortalecimiento de los derechos laborales.

El primer dictamen, derivado de una iniciativa presentada conjuntamente por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, propone reformar la Ley del Servicio Civil para reconocer permisos parentales en igualdad de condiciones y ampliar de cinco a treinta días el permiso actualmente otorgado a los hombres, con el objetivo de favorecer la corresponsabilidad en el cuidado familiar.

Asimismo, se aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa de la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, que busca fortalecer la protección de las personas trabajadoras frente a despidos relacionados con el embarazo, la maternidad, la paternidad y la adopción, mediante disposiciones que permitan atribuir responsabilidad a las autoridades públicas por estas prácticas.

En materia de oportunidades para las juventudes, la Comisión avaló una propuesta del diputado Diego Lara Arregui para reformar la Ley de la Juventud de Baja California, a fin de que el servicio social relacionado con la formación académica, debidamente acreditado, sea reconocido como experiencia laboral en los procesos de acceso al empleo dentro del sector público estatal y municipal.

Esta última medida busca reducir una de las principales barreras que enfrentan las personas jóvenes al incorporarse al mercado laboral: la exigencia de experiencia previa. Con ello, se pretende que los conocimientos y habilidades adquiridos durante el servicio social sean considerados al momento de competir por una oportunidad de trabajo.

En la sesión estuvieron presentes, además del presidente, las diputadas Gloria Arcelia Miramontes Plantillas y Santa Alejandrina Corral Quintero, así como los diputados Jaime Eduardo Cantón Rocha y Juan Manuel Molina García. De igual forma, se contó con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo de Baja California.

Gaona Medina explicó que el Ayuntamiento de Ensenada presenta un déficit de más de 80 millones de pesos, señalado también por parte de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC).

“Preocupa porque, al estar revisando todas esas observaciones, se detectaron casi más de 50 millones de pesos de honorarios. Donde la Auditoría Superior dijo ‘¿A dónde se fue? ¿A quiénes se contrataron?”, refirió.

La legisladora agregó que también recibieron una denuncia ciudadana y que incluso tenía conocimiento Sindicatura Municipal de Ensenada, a la que se le pidieron explicaciones sobre el caso.

“¿En dónde estaban esos empleados? Más de 50 empleados que se desconocían totalmente. Y el resultado de la Auditoría Superior fue que se aplicó 50 millones de pesos que se podía haber aplicado en infraestructura”, comentó.

María Yolanda Gaona Medina enfatizó que las problemáticas detectadas en Ensenada son mucho más amplias.

“Ahí no acaba: son tantas observaciones, más de 100 observaciones, donde nos llamó la atención, y como se ha señalado en las diferentes cuentas públicas… se les olvida pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con respecto a lo que viene haciendo referencia a los empleados. Con respecto a las obligaciones de lo que vienen siendo los servicios médicos”, mencionó.

Agregó que, por no cumplir con estas obligaciones, la ASEBC también señaló que la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California retuvo más de 100 millones de pesos de participaciones federales que se le iban a entregar al Ayuntamiento de Ensenada.

“Ayer lo señalamos: vamos a presentar las denuncias correspondientes… ¿Y quiénes son los responsables? ¿Quiénes son esos funcionarios? Anteriormente estaba el alcalde Armando Ayala. Lo vemos que fue senador, quiere volver a regresar (como presidente municipal), ¿Qué cuentas le va a dar a los ciudadanos? Y vamos a presentar las denuncias correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno porque esos ciudadanos hicieron desvío e hicieron corrupción”, abundó la diputada local.

La Comisión de Fiscalización del Gasto Público concluyó la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, como parte de los trabajos de revisión y análisis de los informes de auditoría presentados por la ASEBC, con el propósito de fortalecer la vigilancia del uso de los recursos públicos y contribuir a una adecuada rendición de cuentas.

Con base en los Informes Individuales de Auditoría, no se aprobaron las cuentas públicas a los Ayuntamientos de Tijuana y Ensenada. En los siguientes días pasará al Pleno del Congreso de Baja California para la votación correspondiente.

Detallan irregularidades en último año de Armando Ayala

Sobre otras observaciones, Mayola Gaona compartió que hay obras mal hechas o constructoras que no cumplieron las obras, estimadas en más de 136, por lo que también darán parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

De la deuda de Issstecali se deben más de mil 624 millones de pesos, y hubo camiones recolectores contratados sin licitación ni contrato por más de 9 millones 600 mil pesos, por citar algunos ejemplos.

“Hay una serie de desvíos, además de las obras públicas, licitaciones simuladas donde más del 45 por ciento de las obras fueron los montos 3 o 4 veces más de lo normal”, agregó la diputada local.

Para atender esta problemática, plantea adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, a fin de establecer expresamente que las autoridades encargadas de investigar y resolver procedimientos administrativos relacionados con violencia contra las mujeres deberán actuar con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia.

Asimismo, establece la obligación de prevenir prácticas discriminatorias, evitar retrasos injustificados y abstenerse de realizar acciones u omisiones que obstaculicen los procedimientos, con pleno respeto a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y a los derechos de las personas involucradas.

Como parte de la iniciativa, también se contempla reformar el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para el Estado de Baja California, con el objetivo de actualizar las disposiciones sobre responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas que incurran en prácticas discriminatorias, dilatorias o de tolerancia hacia la violencia de género.

Con esta reforma, la diputada Santa Alejandrina Corral busca prevenir esta problemática que ocurre cuando las instituciones, mediante actos de discriminación, omisiones, retrasos injustificados o prácticas inadecuadas, ocasionan nuevas afectaciones a quienes solicitan atención, protección o justicia.

En caso de aprobarse, las autoridades competentes dispondrán de un plazo de 180 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para revisar y adecuar sus protocolos de actuación, así como capacitar al personal responsable de atender estos procedimientos.

La metodología propuesta retoma criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como disposiciones de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando existan medidas legislativas susceptibles de impactar sus derechos.

El acuerdo contempla etapas de planeación, información, deliberación comunitaria, diálogo y devolución de resultados, con el propósito de garantizar una participación efectiva de las comunidades en el análisis de las iniciativas. Asimismo, establece mecanismos para que las observaciones, propuestas y planteamientos que surjan durante el proceso sean considerados y valorados dentro de los trabajos legislativos.

De igual forma, se prevé la elaboración de un informe que permita dar seguimiento a los resultados de la consulta e identificar de qué manera las aportaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas fueron incorporadas en los futuros dictámenes.

La aprobación de este acuerdo permitirá iniciar la construcción del protocolo y del calendario de consulta que orientarán los trabajos entre el Congreso del Estado y las comunidades participantes, a fin de asegurar que su intervención tenga una incidencia clara y verificable en las decisiones legislativas.

Además, las y los legisladores acordaron revisar otras iniciativas vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas para determinar su posible inclusión en el proceso de consulta. La medida busca ampliar el alcance de los trabajos y garantizar que las propuestas relacionadas con esta materia sean enriquecidas con la participación directa de los sectores involucrados.

Durante la sesión participaron las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, encabezadas por el diputado Juan Manuel Molina García, presidente, y la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, secretaria, así como las legisladoras y legisladores Alejandra Ang, Michel Sánchez, Daylín García, Diego Arregui, Maythé Méndez, Diego Echevarría y Julia González, quienes analizaron y discutieron el alcance del acuerdo previo a su aprobación.

Daylín García destacó que este Parlamento Abierto busca incorporar la visión y experiencia de los sectores económicos al trabajo legislativo, mediante un diálogo abierto que permita construir acuerdos y propuestas frente a los principales desafíos que enfrenta Baja California.

En su participación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Julio Alberto Salinas López, subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector productivo y el Poder Legislativo para mejorar la competitividad, atraer inversiones y concretar proyectos de movilidad, energía, agua y vivienda, además de gestionar recursos para comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) entre otros organismos, participaron con propuestas.

Entre los temas centrales se expuso la propuesta del sector productivo de reducir al 3 por ciento la tasa del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), al considerar que contribuiría a atraer inversiones y generar empleos.

Asimismo, se abordaron otros retos como la crisis del agua, mayores incentivos para las MIPyMES, la actualización de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, el retorno del impuesto sobre hospedaje, la seguridad, la movilidad, la vivienda y el turismo, el Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM), además de otras propuestas.

En la jornada participaron las diputadas Tere Ruiz y Evelyn Sánchez, así como el diputado Diego Arregui, quienes refrendaron su compromiso de dar seguimiento a los planteamientos del sector productivo y promover, desde el ámbito legislativo, acciones que contribuyan a fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo económico de Baja California.

En representación de la Secretaría de Economía e Innovación, Iván García Díaz, director de Competitividad y Mejora Regulatoria, expresó la disposición del Poder Ejecutivo para mantener el diálogo con el sector empresarial y atender sus planteamientos. Enfatizó la importancia de analizar las propuestas fiscales, además de exponer los avances para establecer una ventanilla estatal digital de inversiones y simplificar los trámites para la apertura de negocios.

Por su parte la legisladora García Ruvalcaba indicó: “Organizaremos los planteamientos en una agenda de trabajo con prioridades y plazos definidos, diferenciando aquellos que requieren exhortos y gestiones de los que necesitan reformas legales. Asimismo, llevaremos las necesidades expuestas por el sector productivo al análisis legislativo del presupuesto del próximo año, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo económico de nuestro estado”.

Al concluir, agradeció la participación de los organismos y sectores representados, y reconoció su experiencia y trabajo para impulsar la actividad económica en Baja California. Subrayó que este ejercicio permite visibilizar necesidades que aún requieren atención y reiteró la importancia de mantener la colaboración con quienes enfrentan directamente los retos de invertir, generar empleos y dar certidumbre a sus proyectos.

El Parlamento Abierto continuará en Mexicali, próxima sede de este ejercicio, y posteriormente en Tijuana, con el propósito de ampliar la participación de los sectores productivos en el análisis de los retos económicos de la entidad.

Conforme al mensaje, López Gorosave enfatizó que la decisión es porque “siente el respaldo de las y los ensenadenses, así como de militantes y simpatizantes”.

Aseguró que no se inscribió para un nuevo periodo como diputada federal en congruencia con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Creo firmemente en el postulado de Francisco I. Madero, creo en los valores y principios de nuestro movimiento y en lo que nos ha dicho nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum: sufragio efectivo, no reelección”, expresó.

Rocío López Gorosave ha tenido una trayectoria como diputada local y regidora, bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), además de también haberse desempeñado como Oficial Mayor en la administración morenista de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Sobre si solicitó licencia al cargo de diputada federal, compartió que los requisitos de Morena le permiten mantenerse en el puesto.

“Las personas titulares de las presidencias municipales, sindicaturas o regidurías, así como las diputadas y diputados federales y locales, podrán participar en el presente proceso sin necesidad de separarse del cargo”, conforme al proceso interno.

A la asamblea acudieron en respaldo la regidora Raquel Manríquez; el presidente del Club de Leones de Ensenada del Pacífico, Armando Lechuga; el presidente de la Unión de Comunidades Indígenas en Maneadero, A. C., Rubén Velasco Pacheco; la representante del magisterio y presidenta del Comité Seccional de Morena 1850, María Lourdes Chacón; y el exdelegado de Jóvenes Morena en Ensenada, Alan Bañaga.

Como parte del encuentro, el público asistente guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a consecuencia de la tormenta Rachel.

“Quienes concluyen una carrera y cumplen con los requisitos académicos deben contar con la posibilidad de obtener su título profesional, sin enfrentar obstáculos injustificados por parte de la institución educativa. La titulación es una etapa fundamental para acreditar su preparación y continuar con su desarrollo profesional”, indicó Maythé Méndez.

Bajo esa premisa la reforma contempla modificar la fracción XXVI del artículo 126 de la Ley de Educación estatal para sancionar la omisión del trámite de certificados, constancias, diplomas o títulos de quienes hayan concluido sus estudios, así como el condicionamiento de estos documentos al pago de contraprestaciones no autorizadas en los planes y programas correspondientes.

Como sustento jurídico, la inicialista retomó el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce que las universidades privadas pueden equipararse a una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omiten tramitar o entregar un título profesional a una persona egresada que cumple los requisitos aplicables.

Las sanciones económicas previstas en la legislación van de mil a siete mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a multas de 117 mil a 821 mil pesos, conforme al valor vigente en 2026.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología para su análisis y trámite legislativo.

La legisladora señaló en su exposición de motivos que el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva representa un avance importante; sin embargo, resulta indispensable verificar que las disposiciones legales se traduzcan en acciones concretas que favorezcan el acceso, la permanencia y el aprendizaje de las personas con discapacidad.

En este sentido, la iniciativa establece que la Secretaría de Educación debe proporcionar informes semestrales al Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad sobre las medidas implementadas en los centros educativos, particularmente en materia de accesibilidad, apoyos, capacitación docente y eliminación de barreras para el aprendizaje.

Además, propone facultar expresamente al Consejo Consultivo para analizar y evaluar dicha información, emitir recomendaciones cuando resulte necesario y dar seguimiento a su atención, con el objetivo de contribuir a la mejora de las políticas públicas de inclusión educativa.

La diputada Corral Quintero destacó la importancia de que las instituciones cuenten con espacios accesibles, materiales adecuados, personal capacitado y herramientas que respondan a las distintas necesidades del alumnado, para que ninguna persona enfrente obstáculos que limiten su desarrollo académico.

Cabe señalar que la reforma no contempla la creación de nuevas dependencias, plazas o estructuras administrativas, sino el aprovechamiento de los organismos existentes para fortalecer la coordinación institucional, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados. También establece un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para la entrega del primer informe semestral.

La inicialista busca que la inclusión educativa no se limite al reconocimiento de un derecho, sino que se refleje en mejores oportunidades de aprendizaje, participación y desarrollo para las personas con discapacidad en la entidad.