Cicese abre convocatoria para ingresar en abril

La ampliación al proyecto original “Implementación de redes de observaciones oceanográficas (físicas, geoquímicas, ecológicas) para la generación de escenarios ante posibles contingencias relacionadas a la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México”, desarrollado de 2015 a 2021.

La demanda de la industria petrolera, en particular Petróleos Mexicanos (Pemex) es evaluar los impactos de derrames de hidrocarburos de gran escala en la Zona Económica Exclusiva del Golfo de México, desarrollar las plataformas observacionales necesarias y los modelos computacionales que ayuden en las tarea de contingencia en aguas profundas.

Continuar el trabajo permitirá poner a prueba el conocimiento adquirido por el proyecto, las herramientas y metodologías analíticas y computacionales desarrolladas por el consorcio, que pueden ser aprovechadas por diferentes instancias de gobierno e industrias que requieren información del océano en tiempo real.

La información necesaria para la gestión sostenible del golfo es necesaria para atender los problemas derivados del calentamiento de los océanos, la acidificación, los afloramientos algales masivos, la predicción más de las trayectorias de huracanes, que se alinean con los compromisos adquiridos internacionalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Desastre ambiental en el golfo en 2010 y las medidas tomadas

La explosión y hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum el 20 de abril de 2010 causó una fuga que se logró contener a los 3 meses, periodo durante el que se liberaron cerca de 5 millones de barriles de crudo.

El derrame ocasionó uno de los mayores catastrofes ambientales de la historia en el Golfo de México cuyas consecuencias aún estan por resolver.

Este excepcional accidente conjuntó los esfuerzos gubernamentales, de la industria petrolera y de la comunidad científica que generaron las condiciones para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) junto con la Secretaría de Energía (Sener) lanzaran una convocatoria pública de investigación multidisciplinaria a través del Fondo Intersectorial de Hidrocarburos.

Tras un proceso de selección de propuestas el Fondo de Hidrocarburos Conacyt-Sener decidió financiar el proyecto propuesto por el CIGoM, el Cicese, fungió como responsable técnico del megaproyecto, trabajando en colaboración con el Cinestav-Mérida, el CIDESI, el IIO-UABC y los Instituto de Biotecnología, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el entonces Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Geofísicade la UNAM, el INECC y Bajainnova.

De marzo de 2015 a septiembre de 2021, trabajaron para desarrollar y poner a prueba herramientas y metodologías de observación de las variables esenciales del océano en tiempo real y continuo. Caracterizaron la línea base ambiental de sus aguas y sedimentos, contaminantes y estructura de las redes tróficas, mediante 22 campañas oceanográficas y diversos estudios de campo, y modelos computacionales para simular escenarios de derrame.

La colaboraciones de otras 9 instituciones internacionales y 16 nacionales, integraron el CIGoM, un grupo multidisciplinario e interinstitucional, con más de 300 investigadores vinculados al proyecto, estudiantes, postdoctorados y técnicos, que procuran un equilibrio entre las necesidades de la industria y los objetivos científicos y tecnológicos.

Con ayuda de los modelos computacionales de los escenarios de derrame, observaciones y experimentos se elaboraron mapas de vulnerabilidad de especies de interés, regiones y ecosistemas en la Zona Económica Exclusiva del Golfo de México.

Aportaron conocimiento de la degradación natural de hidrocarburos a través de consorcios bacterianos, y se recabó información que da cuenta del estado ambiental del Golfo de México que se presenta en un enorme trabajo de síntesis en el Atlas electrónico.

Los cuatro objetivos puntuales del consorcio son:

1. observaciones en tiempo real de variables esenciales meteorológicas y oceanográficas,
2. desarrollo de modelos de pronóstico
3. y un protocolo de atención a las labores de contención de posibles derrames de hidrocarburos de gran escala en el Golfo de México, y

4. procurar el equilibrio entre la industria y los objetivos científicos y tecnológicos.

De acuerdo a lo descrito en su exposición, la escuela fue inaugurada en el año 1922, como Escuela Elemental de Niñas 2, y se construyó con recursos públicos y privados, consolidándose como una de las primeras instituciones educativas del municipio.

Así mismo, es pionera en inclusión educativa ya que fue clave en el acceso de las niñas a la educación en una época de restricciones, y en 1941 se convirtió en una de las primeras en implementar el modelo mixto.

Por su valor arquitectónico y pedagógico, diseño vanguardista y su modelo educativo integral inspirado por Vasconcelos, incorporaron las materias de: civismo, música, arte, economía doméstica y cultivo, trascendiendo lo meramente académico.

En lo que se refiere a su legado docente y social, Montse Murillo dijo que contó con maestros formados en escuelas normales rurales provenientes de varios estados, cuyo compromiso fortaleció su identidad y la convirtió en símbolo de calidad educativa y patrimonio cultural de Ensenada.

Por tales motivos, el presente dictamen fue considerado por esta Comisión dictaminadora como viable, para que se declare su procedencia, en apoyo a los esfuerzos, méritos e impacto y beneficio social que ha tenido la Escuela Primaria “La Corregidora”.

Sin embargo, pronto la realidad despertó a todos. Desde el mediodía del 27 de diciembre, usuarios de la carretera de peaje advirtieron desniveles de hasta 20 centímetros que, en pocas horas sobrepasaban los 40 centímetros. Sin embargo, Capufe decidió no cerrar la vía a la circulación, en un acto de negligencia.

Las obras de restitución del pedazo de vía que se hundió aproximadamente 60 metros, se prolongaron a lo largo de un año y generaron pérdidas que, entonces, se estimaron en al menos un millón de pesos por día para los sectores productores de Ensenada.

Antes del colapso, el aforo promedio por día, era de alrededor de 12 mil vehículos. Durante los trabajos de restitución del tramo, los vehículos que usaban la carretera escénica, debieron usar la carretera libre, provocando caos, tensión, heridos y muerte en la carretera del poblado de La Misión que, entonces hogar de cerca de 3 mil pobladores. Los reportes de accidentes viales fueron de alrededor de 10 por día y, lamentablemente, dejaron un saldo de 15 muertos a lo largo de un año.

Entre las obras preventivas cuyo costó superó los mil millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Caminos y Puentes Federales, construyó obras preventivas como una galería filtrante de 781 metros lineales y de los pozos tipo ranney de 5.5 metros de diámetro. En el diámetro de cada pozo, se hicieron 13 perforaciones con 45 metros de profundidad, a fin de succionar el agua que sería sustraída con un equipo de bombeo para eliminar la humedad del subsuelo, a lo cual se atribuyó gran parte del colapso.

Tras el deslizamiento, se elaboraron estudios geológicos, a largo de 13 kilómetros de la bahía de Salsipuedes , es decir, en los kilómetros 86+750, 88 al 89, 90, 91, 94, 95 al 96, y del 97 al 98, a fin de determinar obras y acciones preventivas.

Cabe recordar que en los kilómetros 88-89, se realizaron bermas, pedraplén y galería drenante.

Según datos difundidos por diversos medios locales como El Vigía, en el kilómetro 95-96, se realizaron trabajos de pilas, trincheras estabilizadoras, bermas, además de la galería drenante.

En el kilómetro 90 bermas y un pedraplén donde se colocaron 700 mil toneladas de rocas, equivalente a 28 mil metros cúbicos que aprovecharon de las obras del kilómetro 7,5 del Libramiento Ensenada.

Asimismo, en el kilómetro 94, se contemplaron trabajos de pilas, trincheras estabilizadoras, bermas y galería drenante.

El informe publicado por medio local, establece que:

A las 00:07 horas del 28 de diciembre, se determinó el cierre parcial del sector, evitando el paso de camiones de carga.

De las 00:07 a las 02:14 del mismo día, los deslizamientos y hundimientos fueron considerados de alto riesgo.

A las 02:14 horas, se realizó el cierre del sector 65, donde se efectúa la desviación a la ruta alterna, desviando el tránsito por la carretera federal Tijuana Ensenada.

A las 06:30 horas sobrevino súbitamente un hundimiento de aproximadamente 25 metros aproximadamente, entre el kilómetro 93+000 y 93+350, en los cuerpos A y B de la autopista.

El 21 de marzo de 2014, funcionarios federales y el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, anunciaron que la carretera Escénica, Tramo La Misión-San Miguel, sería reabierta el 15 y 16 de septiembre.

El 12 de septiembre, Capufe anunció que el tramo deslizado no sería reabierto a la circulación vehicular debido a que, el 29 de agosto, se detectaron grietas y desplazamientos en el terraplén y filtraciones de agua en diversos estratos.

El 9 de diciembre personal de Capufe informó que el tramo de la arteria se reabriría entre los días 15 y 20 de diciembre; el periodo de ejecución de la obra, abarcó hasta el 15 de abril de 2016.

Tras el desplome del tramo, Luis Mendoza Garcilazo, investigador del Departamento de Sismología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), le recordó a Capufe que desde el 2006, les habían ofrecido instalar equipo especializado para medir los deslizamientos, pero la oferta fue desestimada por las autoridades federales.

Por su parte, el Dictamen 65 constituye una medida histórica para fortalecer la equidad democrática al eliminar la reelección inmediata en diputaciones y alcaldías y establecer restricciones contra el nepotismo electoral en los ámbitos Legislativo, Ejecutivo y Municipal, disposiciones que entrarán en vigor a partir del proceso electoral 2029–2030 y cuya iniciativa fue presentada por la titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Finalmente, el Dictamen 67 refuerza la protección de los derechos humanos en la entidad al prohibir toda forma de discriminación por situación migratoria y garantizar el acceso pleno a la educación para niñas, niños y adolescentes migrantes en Baja California, reformas que derivan de las iniciativas de las diputadas Santa Alejandrina Corral Quintero y Daylín García Ruvalcaba.

La emisión de estas declaratorias marca la culminación del proceso legislativo que otorga plena validez constitucional a reformas de gran trascendencia para la entidad, fortaleciendo derechos sociales, la equidad democrática y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

En la categoría Investigación se reconocen a las y los investigadores con trayectorias consolidadas que contribuyen a desarrollos relevantes, con una distinguida productividad académica y que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Desde 1990, Oscar Sosa es investigador activo del Cicese, donde coadyuvó en la creación del Departamento de Oceanografía Biológica. En este centro de investigación ha desarrollado la línea de ecología pesquera de peces pelágicos, elasmobranquios y pesca artesanal. Además ha sido coordinador del posgrado de Ecología Marina, jefe de departamento y director de la División de Oceanología.

Cuenta con 74 artículos de investigación y 21 capítulos de libros arbitrados, con los que ha logrado mil 430 citas. También ha participado en la dirección de 74 tesis académicas.

Oscar Sosa participa activamente en diversos comités nacionales e internacionales, en donde incide con su experiencia en la toma de decisiones sobre el manejo y conservación de la fauna marina.

Por ejemplo, ha participado en los grupos de trabajo para la conformación de las normas NOM-029-PESCA-2006 que regula la pesca comercial de tiburones y rayas, y NOM-171-SEMARNAT-2017, que establece reglas para el avistamiento del tiburón ballena. Además, para la Reserva de la Biósfera de Isla Guadalupe de la Conanp dirigió el estudio para establecer la línea base para el monitoreo de tiburón blanco.

A nivel internacional es parte del Grupo de Especialistas de Tiburones del International Scientific Commitée for Tuna and Tuna-like Species in the North Pacific Ocean y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su colaboración con investigadores del Southwest Fisheries Science Center de la NOAA del gobierno de Estados Unidos ha permitido tener un impacto en la toma de decisiones sobre la pesquería de pez espada y la conservación del tiburón blanco en aguas de California.

Este reconocimiento se une a una larga lista de premios que han distinguido la labor de Oscar Sosa, entre ellos el Premio a la Excelencia 2003 de la Sociedad Americana de Pesquerías, la mención honorífica del Premio al Mérito Ecológico de la Semarnat en 2018, y el reconocimiento como Ciudadano Distinguido del municipio de Ensenada en la categoría de Investigación Ciencia y Tecnología en 2019, por mencionar algunos.

Durante la ceremonia de entrega, la Femcobi también reconoció el trabajo de las personas destacadas en otras categorías, como gestión pública, docencia, desarrollo comunitario y divulgación de la ciencia.

Para la elaboración del diagnóstico, la CEDHBC contó con la colaboración del Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana (Inmujer) y de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe), cuya participación permitió el acceso a información y a las instalaciones penitenciarias.

Según el organismo, el objetivo del documento es visibilizar la realidad de las mujeres privadas de la libertad, aportar datos objetivos y abrir la discusión para transformar las condiciones que derivan en su criminalización. “En un contexto de precariedad laboral, falta de acceso a la educación, violencia familiar y coacción por parte de redes delictivas, resulta indispensable replantear las respuestas institucionales”, afirmó Ochoa Orduño.

La secretaria ejecutiva de la CEDHBC, Ixchelt Guadalupe, detalló que el levantamiento de información se realizó el 4 de agosto de 2025 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana. De un total de 431 mujeres privadas de la libertad, 411 aceptaron participar en entrevistas directas.

Entre los principales hallazgos está el que la privación de la libertad de las mujeres no puede entenderse sin considerar factores como la violencia de género, la precariedad económica y la falta de redes de apoyo, así como deficiencias del sistema de justicia, entre ellas la prisión preventiva prolongada y la defensa legal insuficiente.

La edad promedio de las encarceladas es de 32 años y únicamente la mitad de las mujeres (50.1%) no recibe visitas.

Mientras que el 26% de las entrevistadas indicó que su pareja estuvo involucrada en el delito por el cual se encuentran en prisión y que el 42.6% fue representada por una defensa pública.

-El 92% tiene nacionalidad mexicana.

-Un 70.8% es soltera y el 84.7% es madre.

-El 45.5% contaba con estudios de secundaria antes de ingresar al penal.

-Más de la mitad (53.5%) trabajaba en la informalidad

-El 7.8% recibió algún apoyo gubernamental previo a su detención.

-El 73.5% sufrió algún tipo de violencia antes de ser privada de la libertad

-Sólo el 13.9% presentó una denuncia.

-El 87% sufrió violencia sexual de un familiar.

-Un 20% es reincidente.

-El 39.9% tiene sentencia.

La primera parte de la reforma deriva de la iniciativa presentada por la diputada Alejandrina Coral, del PAN, cuyo propósito es establecer la prohibición de toda clase de discriminación originada por la condición o situación migratoria de las personas.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que México, por su frontera con los Estados Unidos de América, está propenso a recibir muchas personas migrantes, y que Baja California es uno de los principales receptores de estos flujos.

Destacó la evidente vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes, especialmente ante autoridades, y subrayó que toda acción que refuerce su protección es beneficiosa para el cumplimiento de tratados internacionales y la defensa de los derechos humanos.

La segunda modificación corresponde a la iniciativa de la diputada Daylin García, de MC, destinada a garantizar el acceso pleno a la educación para las niñas, niños y adolescentes migrantes sin discriminación alguna por su situación migratoria.

La inicialista por su parte señalo que la educación es un derecho humano fundamental que debe protegerse de forma especial para asegurar que las próximas generaciones cuenten con herramientas para ser competitivas.

Refirió que, por ser una frontera tan transitada, Baja California recibe grandes flujos de personas migrantes en tránsito, entre quienes se encuentra una importante cantidad de niñas, niños y adolescentes, quienes por su condición migratoria son propensos a ser excluidos del sistema educativo.

“No podemos seguir pidiendo experiencia laboral a quienes nunca han tenido la oportunidad de obtenerla; el servicio social es una intervención profesional real y debe reconocerse como tal”, afirmó el Diego Arregui.

Al argumentar su pretensión, el congresista evocó que el Estado exige a los jóvenes acreditar horas de servicio social como requisito obligatorio para titularse o concluir sus estudios; sin embargo, esa experiencia es desvalorizada cuando buscan acceder a un empleo formal.

Las instituciones públicas y privadas suelen rechazar a jóvenes bajo el argumento de “falta de experiencia laboral”, aun cuando durante su servicio social han desempeñado actividades prácticamente idénticas en áreas administrativas, jurídicas, contables, de salud, tecnológicas o de intervención social.

El diputado subrayó que el servicio social no es una actividad escolar abstracta, sino una labor supervisada y evaluada por las instituciones receptoras, lo que confirma su carácter formativo y profesional. Por ello, la vía adecuada para garantizar su reconocimiento no es la Ley de Educación, sino la Ley de la Juventud, que regula los derechos laborales, de capacitación y vinculación profesional de las personas jóvenes en el estado.

“Esta reforma cierra una brecha histórica: el servicio social dejará de ser un requisito que se exige, para convertirse en una experiencia que se reconoce”, destacó.

La iniciativa establece que el servicio social realizado conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Educación deberá considerarse como experiencia laboral acreditable, prohibiendo que una persona joven sea excluida de una convocatoria por carecer de experiencia cuando cuente con la constancia correspondiente emitida por la institución receptora.