La activista social y defensora del Parque de la colonia Ampliación Moderna, Dina Montoya, pidió investigar a fondo las circunstancias jurídicas que permitieron entregar la posesión de terrenos reclamados por una empresa privada, pese a la existencia de documentos históricos que durante décadas identificaron superficies de las manzanas 407 y 417 como áreas vinculadas a parque, parque infantil o donación.
Montoya sostuvo que la documentación reunida por los vecinos obliga a revisar qué antecedentes fueron presentados y valorados dentro del procedimiento judicial que derivó en la entrega de la posesión.
“No estamos hablando de la memoria de los vecinos ni solamente de que durante generaciones utilizamos esos terrenos como parque. Estamos hablando de documentos. Queremos saber cómo fue posible llegar a una resolución de esa naturaleza frente a todos estos antecedentes”, señaló.
El documento de mayor antigüedad corresponde al Periódico Oficial del Estado de Baja California del 20 de noviembre de 1958, donde fue publicado el acuerdo mediante el cual se autorizó a la entonces Fraccionadora y Constructora Chapultepec de Ensenada a desarrollar el fraccionamiento.
En el punto cuarto del acuerdo quedó establecida la obligación de otorgar, al entrar en vigor la autorización, una escritura de donación en favor del Estado por una superficie de 27 mil 246.17 metros cuadrados, destinada a los servicios públicos que determinara el Gobierno estatal.
El mismo acuerdo condicionó, además, la expedición de títulos de propiedad de los lotes del fraccionamiento al otorgamiento de esa escritura de donación.
Una cadena documental de décadas
Montoya explicó que el señalamiento de los vecinos no descansa únicamente en aquel acuerdo de 1958.
Entre los documentos recopilados aparece también el plano histórico del fraccionamiento, donde existen superficies identificadas como donación, además de publicidad utilizada para comercializar viviendas en la zona que anunciaba expresamente la existencia de “Parques Infantiles Privados”.
A ello se suman documentos relacionados con propiedades colindantes.
Una comunicación del Fraccionamiento Chapultepec de Ensenada fechada en julio de 1968, dirigida a Catastro, describe un lote de la manzana 417 y establece como una de sus colindancias un “Parque Infantil”.
Una escritura de 1974, correspondiente a un inmueble de la manzana 407, señala igualmente como colindancia un “parque”.
En otra escritura de 1987, relativa a la manzana 417, vuelve a aparecer un “Parque” como colindancia.
Un instrumento notarial de 1990, también correspondiente a terrenos de la manzana 417, establece como colindancia una “donación”.
Finalmente, un deslinde certificado por el Ayuntamiento de Ensenada en 2013, correspondiente a la manzana 407, identifica expresamente el terreno contiguo como “El parque, donación al Gobierno del Estado”.
Estos antecedentes coinciden con información hecha pública anteriormente por el propio Ayuntamiento de Ensenada.
En septiembre de 2023, autoridades municipales informaron que, de acuerdo con registros catastrales, desde 2012 el predio aparecía a nombre del Gobierno del Estado como espacio de parque público y señalaron que correspondía a la autoridad estatal promover su defensa jurídica.
En abril de 2024 también se informó que el Cabildo de Ensenada había ratificado el uso de suelo como parque infantil para los predios identificados como AM-407-000 y AM-417-012, y que no existían permisos municipales para construir viviendas en ellos.
La controversia ha trascendido además al ámbito penal. Apenas el 17 de agosto, vecinos y defensores denunciaron públicamente intimidación y acoso judicial después de ser citados a audiencia por acusaciones relacionadas con despojo, daños en propiedad ajena, robo y resistencia a la autoridad. Montoya reiteró entonces que planos, memorias descriptivas y propiedades colindantes contienen referencias a los terrenos como parques.
Piden saber qué documentos conoció en juzgado
Para Dina Montoya, la existencia de esta cadena documental abre preguntas que deben ser respondidas por las instituciones.
“Queremos saber si el Periódico Oficial estuvo dentro del expediente; si se revisó el plano autorizado; si fueron consideradas las escrituras de los colindantes; si se investigaron los antecedentes de Catastro y, principalmente, qué ocurrió jurídicamente con la obligación de donación”, manifestó.
La defensora consideró necesario establecer documentalmente si aquella obligación fue formalizada, inscrita, modificada, sustituida o extinguida y, en su caso, mediante qué acto jurídico.
El conflicto tiene antecedentes públicos desde hace años. En septiembre de 2023 el Ayuntamiento reconoció que la autorización original del fraccionamiento correspondió al Gobierno del Estado y que en ella quedaron asentados bienes destinados al uso común y servicios públicos.
Posteriormente, información sobre el acuerdo de Cabildo señaló que los antecedentes del denominado parque infantil se remontan precisamente al plano relacionado con la autorización de la Ampliación Moderna y a su inscripción registral. El Ayuntamiento incluso exhortó al Gobierno del Estado a hacer efectivo el reconocimiento correspondiente a la donación publicada en 1958.
Montoya sostuvo que los vecinos no pretenden sustituir a los tribunales ni determinar responsabilidades desde la opinión pública, sino conseguir que la cadena documental sea revisada integralmente y que cualquier posible irregularidad sea investigada por las autoridades competentes.
“Si todo se hizo conforme a derecho, que nos expliquen cómo. Pero si hubo omisiones, documentos que no fueron considerados o cualquier irregularidad, también tiene que investigarse. Después de tantos años de antecedentes que hablan de parque y de donación, la sociedad merece una explicación”, expresó.
La activista pidió que se conozca qué pruebas fueron valoradas en el procedimiento judicial, que las autoridades estatales y municipales revisen sus archivos y que el Registro Público de la Propiedad determine con precisión la cadena registral de los terrenos.
Para los vecinos, agregó, el caso dejó de ser únicamente una disputa sobre dos superficies de terreno.
“Estamos hablando del derecho de las familias y de las generaciones que crecieron aquí. Si documental y jurídicamente estos terrenos fueron destinados al uso público, corresponde a las autoridades defenderlos. Lo que estamos pidiendo es que se investigue y que se haga justicia”, concluyó Dina Montoya.
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