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Invasión de predios, un problema para la autoridad

La ocupación de terrenos en distintos puntos de la ciudad sigue, por lo que piden al alcalde que dé una solución a la problemática
Héctor Andrade S. / ZNNoticias
Hace 6 años
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viviendas y terrenos en invasión por familias de escasos recursos
La ocupación de predios fue denunciada por vecinos de lomas de Valle Verde.
Imagen: ZNN.

El Gobierno de Ensenada mediante la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente inició procedimientos en invasiones ubicadas en Lomas de Valle y en el vaso de La Presa.  

Derivado de denuncias ciudadanas quienes argumentaron ponen en riesgo a la comunidad debido a que se encuentran en un área rocosa, y temen que en un futuro aumente la inseguridad. 

En días pasados se pusieron en marcha acciones de verificación en las zonas en mención, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Héctor Villalobos Buelna. 

De acuerdo con el titular se detectaron 15 casas que no cuentan con licencia de construcción, además de que la consulta en el Sistema de Gestión Catastral arrojó que el asentamiento se ubica en predios del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 

También se dio a conocer que el pasado martes, se giró un oficio a la titularidad del INDIVI para informarle de la situación y para que con base en sus atribuciones tome las medidas correspondientes. 

De acuerdo al reglamento, el Ayuntamiento tiene cinco días hábiles para multar y clausurar las edificaciones. Aseguraron que si en ese tiempo los residentes no constatan la certeza jurídica del predio en que se encuentran las casas que habitan serán desalojados. 

Respecto a la problemática en el vaso de la presa, Emilio López Zamora, mencionó que se cuenta con dos expedientes abiertos, donde se detectaron 16 invasiones de las que 13 ya fueron notificadas y en las tres restantes no se encontraron ocupantes. 

Indicó que en este caso el mayor número de edificaciones son de tipo comercial, específicamente, talleres mecánicos y llanteras.  

"Estas invasiones se ubican en predios de la Comisión Nacional del Agua, pero como autoridad municipal tenemos injerencia debido a que no cuentan con licencia de construcción y factibilidad de uso de suelo, además que se ubican en zona de riesgo inminente", explicó. 

El funcionario subrayó que la administración municipal actúa conforme a derecho y de manera responsable para de la mano con las autoridades involucradas brindar opciones a quienes forman parte de dichas invasiones. 

Buscan lugares para invadir

Parece que los lugares invadidos son idóneos para ello ya que no son reservas, ni están en litigio sino que pertenecen al gobierno que desistirá en los desalojos, señalaron colonos. 

Existen en la ciudad otras zonas que cuentan con un gran número de terrenos abandonados y construcciones en obra negra, que son usualmente el objetivo de invasores, quienes se asientan en estos lugares por largos periodos de tiempo, de los que ya es dificil removerlos. 

Debido a que esta problemática se ha extendido en diversos puntos de la ciudad, se ha pedido la intervención del regidor Raúl Vera Rodríguez, quien señaló que, ante la omisión de las autoridades municipales, han seguido las invasiones en diversos puntos de la ciudad, por lo que exhortó al alcalde a que dé una solución a la problemática. 

Sin embargo, en el caso de Lomas de Valle Verde, y según el vocero Sergio Chaires Agis, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio indica que el polígono en disputa, correspondiente a la manzana 90 no está destinado para áreas verdes o parques por lo que es susceptible de comercialización por parte del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 

Aseguró que en ningún momento se afecta a los colonos de la parte alta de Lomas de Valle Verde y que ya hay más de 30 familias que buscan comprar tierra por medio de este instituto que tiene la facultad de hacerlo y que ''luchan por el derecho a tener una vivienda digna''. 

A medida que las instituciones, las autoridades municipales y federales buscan una vía transparente y un acercamiento claro que logre una mejor ruta y disposición de estos pedazos de tierra disputados y las familias que buscan vivir en estos terrenos. 

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Dialogan por límites territoriales entre Rosarito y Ensenada

Archivo
Hace 1 decada
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Paisaje de La Rumorosa en Baja California.  - Foto: Cortesía.

Por segunda ocasión en una semana, los integrantes de la mesa técnica que conformó el Congreso del Estado, para resolver la controversia territorial entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito se reunió la tarde de este viernes. Durante el encuentro que se realizó en Playas de Rosarito, cada una de las partes expuso los motivos por lo que considera que la extensión territorial perteneciente a Santa Anita, le corresponde a uno u otro municipio.
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El secretario General del XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, externó las razones por las que la comunidad de Santa Anita pertenece a Ensenada, y destacó que los residentes de dicha demarcación enfrentan carencias en materia de inversión debido a la incertidumbre. En un comunicado el funcionario mencionó que esta polémica surgió por errores que han perdurado en el tiempo, pero que ahora se pretende resolver este conflicto de manera definitiva. ^ El diputado José Roberto Dávalos Flores, por su parte explicó que estas mesas de trabajo tienen el objetivo de escuchar propuestas, argumentos y estudios que tengan los municipios de Rosarito y Ensenada para después emitir un dictamen justo y legal que en beneficio de la población en conflicto. La siguiente reunión prevista para el 22 de marzo, se llevará a cabo en la ciudad de Ensenada y en ella se pretende acumular todos los estudios que se desprendieron de las anteriores reuniones para elaborar un informe que sea analizado en el Congreso y se pueda emitir la correspondiente resolución.
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Opinión:
Riesgos digitales y protección infantil: Baja California ante el nuevo decreto federal DOF 14 de octubre de 2026
2026-10-15 06:14:11
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Colaboración
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Por Guillermo Rivera Millán

La conversación nacional sobre tecnología en las escuelas tomó forma con el Acuerdo 09/09/26, publicado el 9 de septiembre de 2026, que estableció condiciones para el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales dentro de los planteles. Aquella medida atendió la dimensión escolar del problema y ordenó a los estados —incluido Baja California— armonizar sus instrumentos jurídicos y realizar ajustes territoriales conforme a sus realidades. Sin embargo, el Acuerdo se limitó al espacio escolar. El Decreto de Entornos Digitales Seguros, publicado el mencionado 14 de octubre, amplía ese marco y aborda el entorno digital completo donde niñas, niños y adolescentes enfrentan los riesgos más graves.

Más información...

El decreto es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria. Por primera vez, México establece medidas específicas que las plataformas digitales —redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y cualquier servicio que permita interacción o difusión de contenido— deben implementar para garantizar entornos seguros para menores. La definición es amplia y abarca prácticamente todo el ecosistema digital que utilizan las infancias y adolescencias.

El contenido sustantivo del decreto es contundente. Prohíbe que las plataformas permitan el acceso, exposición o recomendación de contenido que promueva acoso y ciberacoso; abuso o violencia sexual; discursos de odio y extremismo; intercambio de contenidos que inciten a la violencia, especialmente en el entorno escolar; conductas ilícitas o apologías del delito; material sexual explícito; y riesgos asociados a salud mental como autolesiones o trastornos alimenticios. Esta clasificación obliga a las empresas tecnológicas a modificar sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus criterios de moderación.

Las obligaciones para las plataformas son igualmente relevantes. Deben implementar mecanismos confiables de verificación de edad —no basta la autodeclaración—, retirar de forma inmediata cuentas o contenidos prohibidos, activar configuraciones de privacidad estrictas por defecto, habilitar reportes accesibles, permitir supervisión parental y realizar evaluaciones periódicas de riesgos asociados al diseño y funcionamiento de sus servicios. Además, deben compartir reportes estadísticos con autoridades para fortalecer estrategias de salud mental. Este punto es crucial: el decreto vincula explícitamente el entorno digital con la salud emocional de las y los adolescentes.

El decreto también incorpora obligaciones de colaboración con autoridades de seguridad y justicia: designar puntos de contacto disponibles 24/7, preservar evidencia digital por 90 días y alertar de inmediato sobre cuentas o contenidos que atenten contra la vida, dignidad o integridad de menores.

En un estado como Baja California, donde los riesgos digitales se entrelazan con dinámicas de violencia, movilidad y vulnerabilidad, esta coordinación es indispensable.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública reciben mandatos específicos: diseñar programas de salud mental, fortalecer habilidades socioemocionales, promover el uso crítico y ético de plataformas digitales y organizar actividades de bienestar escolar. La estrategia del “ABC de las emociones”, los buzones confidenciales y los protocolos de acompañamiento se convierten en herramientas obligatorias dentro de la Nueva Escuela Mexicana.

Los transitorios confirman que este decreto es solo el inicio. Se instruye a instalar una Mesa de Trabajo para elaborar propuestas de regulación más robustas y se obliga a las plataformas a documentar sus acciones en un plazo máximo de treinta días. Es un avance significativo, pero todavía sin sanciones ni autoridad reguladora definida. La legislación vendrá después.

Baja California puede avanzar sin esperar a que las plataformas cumplan o a que las mesas federales produzcan resultados. El marco jurídico estatal permite incorporar desde ahora los riesgos digitales mencionados en el decreto en el Programa de Protección Integral Escolar, la Ley de Educación, la Ley de Seguridad Escolar, la Ley de Acoso Escolar, la Ley de Salud y la Ley de Atención al Autismo. Incluso es viable impulsar una Ley Estatal de Protección Digital de la Niñez, enfocada en la gestión de riesgos digitales en escuela, hogar y comunidad, sin invadir facultades federales sobre plataformas. El uso responsable de dispositivos dentro del plantel puede complementarse con una política integral que atienda los riesgos fuera de él.

El decreto federal es un avance. Baja California tiene la oportunidad de convertirlo en una política territorial efectiva que proteja a sus niñas, niños y adolescentes dentro y fuera del plantel, con una visión preventiva, comunitaria y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

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