Salió de camino microbús sin frenos en prolongación Ruíz

Tras el impacto, paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindar atención médica a una persona que presentó golpes como consecuencia del accidente, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Autoridades informaron que el microbús circulaba con el pasaje completo al momento del percance pero ninguno de los usuarios resultó lesionado.

Un hombre abordó la unidad y, mediante amenazas, obligó al chofer a entregarle el dinero recaudado durante el recorrido.

Tras obtener el efectivo, también tomó las llaves del microbús y huyó del lugar con rumbo desconocido. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hace cargo de la investigación.

Los hechos se registraron alrededor de las 07:44 horas, del 8 de diciembre cuando vía radio se reportó una tentativa de robo con violencia en agravio de un microbús, ocurrida sobre la calle Alisos y la avenida Reforma, precisándose que el presunto responsable había huido por la zona del arroyo entre las calles Sinaloa y Oaxaca, vistiendo pantalón azul, sudadera amarilla, chaleco azul, gorra blanca y tenis color blanco.

Al arribar al área señalada, los oficiales visualizaron a una persona con las características descritas, quien cruzaba una calle de terracería sin tomar precaución, exponiendo su integridad física.

De inmediato, los elementos policiales le marcaron el alto mediante comandos verbales, sin embargo, el individuo hizo caso omiso e intentó darse a la fuga a pie.

Tras una breve persecución, los agentes lograron darle alcance metros más adelante, procediendo a realizarle una inspección corporal preventiva, localizándole en la bolsa trasera del pantalón un arma prohibida tipo navaja, con mango de plástico en color negro y hoja metálica de un solo filo, con terminación en punta, de aproximadamente 15 centímetros de longitud.

Ante ello, los agentes procedieron a la detención conforme a protocolo, colocando los candados de manos al individuo, quien se identificó como Alonso “N”, de 48 años de edad, informándole en todo momento el motivo de su aseguramiento y sus derechos constitucionales.

El arma prohibida fue debidamente asegurada y puesta bajo resguardo mediante el protocolo de cadena de custodia, y el detenido fue trasladado a la Estación Central de Policía para la certificación médica y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:37 horas del 22 de octubre, cuando agentes que realizaban recorrido de vigilancia recibieron a través del C5, un reporte sobre un robo con violencia en un supermercado, ubicado en la carretera Transpeninsular y calle Francisco de Anza, parte baja de Maneadero.

El reportante indicó que un hombre de complexión delgada, tez morena, estatura alta, vestía una chamarra negra con capucha, pantalón tipo pans azul, y cargaba una mochila negra y una bolsa verde, había sustraído artículos del comercio amagando al guardia de seguridad con un arma blanca, para posteriormente huir a bordo de un transporte público.

De inmediato, el C5 emitió la alerta preventiva y dio seguimiento al recorrido del presunto responsable mediante cámaras de videovigilancia, observando que éste descendió del camión y abordó otro, en dirección al norte. En respuesta, los oficiales se abocaron a la búsqueda y localización del presunto responsable, logrando interceptar el transporte público sobre la carretera Transpeninsular y callejón Revolución, de Maneadero Parte Alta.

Al entrevistar al conductor y contar con su autorización, los agentes ingresaron al interior de la unidad, donde localizaron a un hombre con vestimenta y características coincidentes con las del reportado. En apego a los protocolos de seguridad, se identificaron plenamente como policías municipales, indicándole el motivo de la intervención y le solicitaron descender del transporte, preservando la integridad de los pasajeros, y realizaron una inspección corporal.

Durante la revisión preventiva, le fue localizado en la bolsa lateral derecha de la chamarra un cuchillo con hoja metálica curva de aproximadamente cinco centímetros y mango de madera color café; mientras que en la bolsa izquierda se aseguraron tres desodorantes de aerosol y dos candados metálicos, artículos que coincidían con lo sustraído del establecimiento.

Al detenido le colocaron los candados de manos y se le dieron a conocer sus derechos como persona detenida. Posteriormente, al verificar sus datos generales con el C5 se corroboró que contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de robo con violencia.

Posteriormente, fue trasladado a la Estación Central de Policía para su certificación médica, la cual fue realizada por el doctor en turno. Una vez concluidos los procedimientos correspondientes, Raúl “N”, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de la carpeta de investigación respectiva.

Abel Gómez Domínguez, padre de la joven, dijo que ya es la tercera ocasión que lo hacen del conocimiento a las autoridades.

Para esto, recordó su visita al Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el envío de una carta, y cuando abordaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el puerto con motivo de la inauguración del Hospital General Regional No.23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pasado sábado 12 de julio.

“Dicen que sí, que sí, que sí. Confío en el gobierno federal, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la bronca es que la ‘bolita’ está ahí donde mismo: en el Estado y muchas veces no asume su responsabilidad y compromiso”, expresó.

El familiar refirió que desconocen la razón que las autoridades no brinden el debido seguimiento.

“No sé por qué no quieren darle el seguimiento correcto; no sé por qué condicionan los pagos; no sé por qué Transportes se ampara para no ser el tercer obligado. No entendemos por qué Fiscalía (General del Estado de Baja California) negó la carpeta de investigación”, explicó.

Gómez Domínguez agregó que esto también para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues al parecer no brindó la atención médica a pesar del accidente.

“Y la alcaldesa (Claudia Agatón Muñiz) salió a decir mentiras. Vuelvo a decir: cuando ellos hacen las cosas bien, quieren que todo el mundo sepa, tapan un bache, ponen un columpio, rescatan un perrito y quieren que todo el mundo sepa que son buenos humanos, buenas personas, muy buen gobierno. Entones, cuando también pasan las cosas mal, en este caso de los menores, también hay que exhibirlos y que la gente vea”, abundó Abel Gómez.

El padre de Natalia Marlén aseguró que continuarán con sus manifestaciones hasta que sea resuelto el problema.

“Ya no es ni por lana, es por justicia”, aseveró sobre su campaña para mantener el vigente el caso, además de enfatizar que espera que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se comprometa para atender el caso.

“Queremos ver que tanto poder, que tanta validez tienen sus discursos que da. Andaba rescatando perritos hace dos semanas. No veo por que no ayude al tema de una menor de edad, siendo que es una niña”, concluyó.

El encuentro se dio casi seis meses después del accidente ocurrido el pasado 20 de enero, cuando un microbús de la línea Amarillo y Blanco ignoró un semáforo en rojo y atropelló a la menor, causándole múltiples fracturas. Desde entonces, la familia ha denunciado la falta de respuesta por parte de la empresa transportista y la aseguradora Quálitas, a quienes acusan de evadir la reparación total del daño.

Abel Gómez, padre de Marlén, ya había acudido el pasado 25 de junio al Palacio Nacional para entregar una carta en la oficina de la Presidencia de la República. Sin embargo, no fue sino hasta este sábado 12 de julio cuando, durante la visita de la mandataria para inaugurar el Hospital General Regional No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lograron interceptarla y entregarle un nuevo documento.

De acuerdo a datos recabados, la presidenta firmó la petición y se comprometió a canalizar el caso a través de la Secretaría de Gobernación para su seguimiento. Los manifestantes, quienes aguardaron pacíficamente a las afueras del evento, detuvieron la camioneta en la que se retiraba Sheinbaum para asegurarse de que escuchara sus demandas.

Previo al acercamiento, Laura Elena Zepeda González, madre de la atleta, declaró a la prensa local que su objetivo era lograr que la presidenta supiera que el asunto sigue sin resolverse y que hasta ahora las autoridades locales no han garantizado justicia para Marlén.

“Ya hemos hecho del conocimiento el tema. Estamos aquí para que ella vea que seguimos sin darle solución al asunto. Las personas con las que vuelve a caer el asunto son las mismas y no podemos llegar a nada todavía. Queremos justicia para la niña. No estamos exigiendo nada que esté fuera de la ley. Es un derecho que ella tiene como víctima: que se le haga la reparación del daño total para que pueda recuperar su salud”, expresó.

Agregó que lo ocurrido “ya no lo van a poder borrar”, pero insistió en que su hija “puede tener acceso a una mejor salud”.

Durante la protesta, los mensajes en pancartas reflejaron la indignación de la familia y sus simpatizantes: “IMOS, ¿para qué sirves? Para nada”, “Transporte Amarillo y Blanco, delincuentes al volante”, “Quálitas. Aseguranza fraudulenta”, “Quálitas no cumple In_seguro” y “Justicia para Marlén. Exigimos reparación del daño total”, entre otros.

El pasado 2 de julio, médicos informaron que el hueso de la pierna de la adolescente no soldó adecuadamente, por lo que se requería de una nueva cirugía para realizar una corrección con injertos e inmovilización especializada.

“Nadie ha asumido la responsabilidad. Todo lo hemos cubierto nosotros, con recursos propios”, declaró Anel, el padre de la joven.

El costo de la intervención fue de 276 mil pesos, según el diagnóstico médico de la clínica ortopédica y se llevó a cabo en el hospital Velmar.

La cantidad de dinero se sumará al gasto que la familia ha hecho en cirugías, tratamientos, consultas, medicamento y las terapias de recuperación, ya que la empresa transportista responsable y la supuesta aseguradora que tienen contratada Qualitas, se han hecho responsables.

El incidente ocurrió el pasado 20 de enero sobre la avenida Reforma, cuando el conductor de la unidad número 252, identificado como Bernardino “N”, presuntamente ignoró un señalamiento de tránsito. La menor fue arrollada mientras cruzaba la vialidad. Aunque el chofer fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo un amparo que le permitió enfrentar el proceso en libertad.

Ante la falta de avances, los padres de Marlen se trasladaron a la Ciudad de México a finales de junio, donde entregaron un oficio en Palacio Nacional dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También realizaron una manifestación pacífica para solicitar la intervención del Gobierno Federal. En la capital del país, buscaron el respaldo de autoridades del Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En paralelo, la empresa Transfuturo promovió un amparo con el fin de evitar el pago de los gastos médicos acumulados por la familia, quienes ahora enfrentan no sólo la carga emocional del proceso, sino también la financiera.

El grupo ciudadano recordó a Zona Norte Noticias que están involucrados en la movilización en contra del aumento tarifario, mismo que consideran ilegal y para el que no fue consultada la población.

“El día 20 de enero, el transporte de la Sociedad Cooperativa de Transportes microbuses amarillos y blancos, número 252 de ruta villas 4, atropelló a una menor de edad de 15 años que cruzaba el semáforo en verde. La joven fue embestida causándole múltiples heridas y dejando su estado de salud delicado”, puntualizaron en su mensaje.

Participantes colgaron una llanta con amarillo como “símbolo de este acto indignante”, además de recordar que las unidades se encuentran en estados “deplorables”, son de mala calidad, cuentan con horarios reducidos y están “cometiendo un sinfín de injusticias”.

“Y, aún así, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, el director arquitecto Jorge Alberto Gutiérrez Topete, en conjunto con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, optan por tomar la decisión de realizar el cobro de 15.50 pesos, (con) pago con tarjeta electrónica, y 20 pesos en efectivo”, remarcaron.

Como parte de las acciones, el grupo se manifestó en el crucero de la avenida Reforma y calle Antonio Villarreal, además de enfatizar que el acto simbólico indicado es en repudio a los accidentes provocados por los microbuseros.

“Debido a la falta de respeto y pericia, pero sobre todo de empatía por otros usuarios de las vialidades como son los peatones. Exigimos a las autoridades verdaderos estudios técnicos que ya han sido solicitados por años para que se analice la circulación en esta importante vía. Y revisión y atención para solucionar conflictos con los ruteros”, remarcaron en sus exigencias.

El peritaje establece que el vehículo responsable transitaba sobre carril derecho de la avenida Reforma, con orientación al sur y no detuvo su marcha ante luz roja de semáforo de la calle Antonio Villarreal.

En ese momento, la joven de 15 años, quien cruzaba la avenida Reforma, de poniente a oriente, sobre la zona de seguridad peatonal y con preferencia de paso con luz peatonal de cruce, fue arrollada.

En ese momento se solicitó el apoyo de paramédicos para atención de la menor, mismos que determinaron que sería trasladada a un nosocomio para su debida atención médica.

Inconformes se desplegaron primero en la calle sexta y avenida Miramar; posteriormente marcharon a la avenida Gastélum y la avenida Juárez, para luego volver al punto de partida.

Algunos de los mensajes mostrados a la ciudadanía fueron “No al aumento, bajen el precio”, “¡No a la p… tarjeta!”, “¡Transporte digno ya!”, “¡Mejores unidades, tarifa ileal!”, “No más aumentos, transporte digno”, “Aumento ilegal” y “Sus tarifas ya hicieron llorar al niño Dios”.

Al tiempo de la protesta, llegaron al lugar agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) e incluso unidades de inspección del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), quienes documentaron todo el movimiento de las y los activistas.

Los microbuseros, al ser una zona de abordaje, optaron por replegarse y utilizar calles aledañas, mientras que algunos conductores mostraron su desagrado con el movimiento.

La manifestación se sumó a las expresiones de rechazo ante el aumento a la tarifa y el hecho de que los concesionarios, avalados por el gobierno estatal, comenzaron a cobrarle el pasaje a las personas con algún tipo de discapacidad.

Los activistas argumentan que es un aumento ilegal, debido a que lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California es un estudio técnico y no una normatividad; en días pasados, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que ya no se le cobraría a este sector vulnerable de la población.

“Se dio a conocer que se retira el cobro a las personas con discapacidad de la nueva tarifa del transporte público. Se seguirá con la protesta de este viernes para mantener firme el rechazo al aumento”, refirieron a Zona Norte Noticias asistentes a la reunión.

De acuerdo a los datos públicos, las y los activistas se manifestaron por segunda ocasión en las instalaciones del IMOS ubicadas en la calle Huerta; la primera fue el martes pasado.

También durante la tarde del jueves, la alcaldesa Claudia Agatón Muñoz divulgó un comunicado para dar a conocer una reunión también con Jorge Alberto Gutiérrez Topete, titular del IMOS.

Conforme a la información oficial, se acordó que “los gobiernos municipal y estatal en coordinación con transportistas acordaron suspender el cobro de pasajes en microbuses a personas con discapacidad”.

Agatón Muñiz aclaró que, si bien el transporte público es competencia estatal, el Ayuntamiento “se involucró en este tema”.

“A fin de coadyuvar para encontrar soluciones y apoyar a población con alguna discapacidad”, declaró.

En los datos proporcionados no se refirió el tema del aumento general de 13 a 15.50 pesos, considerado ilegal por parte del grupo manifestante y que se ha aplicado desde el 1 de enero del año en curso, tras la publicación de un estudio técnico en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

De acuerdo al grupo que rechaza la medida, la publicación únicamente refería el mecanismo, pero no era una normatividad que diera pie al aumento en la tarifa.