Llevan protesta contra alza de "micros" a calles de Ensenada
los inconformes se desplegaron primero en la calle sexta y avenida Miramar; posteriormente marcharon a la avenida Gastélum y la avenida Juárez, para luego volver al punto de partida. - Foto: Cortesía.
Al grito de “¡Transporte digno!”, activistas realizaron este fin de semana la tercera protesta contra el aumento en la tarifa del transporte público de Ensenada, mediante una concentración y el bloqueo de cuatro cruceros en la zona centro.
El grupo se reunió el sábado 11 de enero en Bodegas de Santo Tomás y, al tiempo que mostraron diferentes mensajes en cartulinas y lonas, se manifestaron en las áreas de cruceros para reclamar por el alza de 15.50 y 7.75 pesos que los concesionarios hicieron desde el pasado 1 de enero.
Inconformes se desplegaron primero en la calle sexta y avenida Miramar; posteriormente marcharon a la avenida Gastélum y la avenida Juárez, para luego volver al punto de partida.
Algunos de los mensajes mostrados a la ciudadanía fueron “No al aumento, bajen el precio”, “¡No a la p… tarjeta!”, “¡Transporte digno ya!”, “¡Mejores unidades, tarifa ileal!”, “No más aumentos, transporte digno”, “Aumento ilegal” y “Sus tarifas ya hicieron llorar al niño Dios”.
Al tiempo de la protesta, llegaron al lugar agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) e incluso unidades de inspección del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), quienes documentaron todo el movimiento de las y los activistas.
Los microbuseros, al ser una zona de abordaje, optaron por replegarse y utilizar calles aledañas, mientras que algunos conductores mostraron su desagrado con el movimiento.
La manifestación se sumó a las expresiones de rechazo ante el aumento a la tarifa y el hecho de que los concesionarios, avalados por el gobierno estatal, comenzaron a cobrarle el pasaje a las personas con algún tipo de discapacidad.
Los activistas argumentan que es un aumento ilegal, debido a que lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California es un estudio técnico y no una normatividad; en días pasados, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que ya no se le cobraría a este sector vulnerable de la población.