Marlen, atleta atropellada por un Transfuturo se enfrentó a una segunda cirugía

En ese momento, un vehículo tipo autobús de la marca Mercedes-Benz, línea Marcopolo, modelo 2005, que circulaba de norte a sur sobre la avenida Riveroll, realizaba una vuelta a la derecha con luz verde y preferencia de paso, impactándola con la parte frontal derecha.

Tras el golpe, la mujer fue proyectada fuera de la zona de seguridad y cayó sobre la carpeta asfáltica, quedando desorientada, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos.

La lesionada fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Autoridades determinaron como responsable a la peatón por cruzar fuera del tiempo permitido, de acuerdo con el reglamento de tránsito. El hecho quedó respaldado con videograbación del sistema C5, además de testimonios recabados en el lugar.

Preliminarmente se dio conocer que la involucrada fue impactada por un camión con la leyenda Settepi, mismo que transporta a jornaleros agrícolas.

Ante esto, la involucrada sufrió una fractura expuesta en el pie izquierdo. Por esto, acudieron integrantes del grupo de bomberos y rescate voluntarios de San Vicente.

Debido a que en la delegación cuentan desde hace semanas con servicio limitado en el Centro de Salud, los paramédicos voluntarios solicitaron apoyo al C5.

En consecuencia, trasladaron a la lesionada hasta Santo Tomás, en dónde los interceptó otra ambulancia para el resto de su traslado al Hospital General de Ensenada.

Respecto al accidente, la Policía Municipal permaneció en la escena en espera del perito para la aclaración de los hechos.

La primera concentración fue el pasado domingo 7, para visibilizar a este sector y exigir justicia en caso de la ciclista Ana Odette Castañeda, atropellada el 2 de diciembre en la carretera Tijuana-Ensenada, a la altura del Hotel Las Rosas.

El grupo informó a Zona Norte Noticias que por parte del gobierno municipal fueron recibidos por Gabino Ramírez Huerta, quien se comprometió a tener una reunión formal con las instancias respectivas.

Las demandas de los ciclistas son las siguientes:

1.? ?Continuidad a los proyectos de impulso a la movilidad ciclista de Ensenada.

2.? ?Mantenimiento y reparación de vialidades de alta demanda.

3.? ?Mejorar la infraestructura del tramo Ensenada–El Sauzal, para pacificación del tráfico y seguridad de usuarios vulnerables (ciclistas y peatones).

4.? ?Una campaña de respeto al ciclista y al peatón, efectiva y permanente, orientada a reducir la violencia vial. Se propone vía recreativa.

5.? ?Actualización de la normatividad municipal conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. (Anexaron propuesta).

6.? ?Un programa continuo de mejora para la movilidad activa de Ensenada (peatonal y ciclista).

7.? ?Audiencia con la alcaldesa Claudia Agatón para abordar estos puntos y presentar proyectos.

Por lo anterior, los grupos ciclistas se manifestaron durante la noche del 3 de diciembre. Para esto se concentraron en el cruce de la carretera al Norte y la avenida Teniente Azueta, en la entrada al puerto.

De acuerdo a datos compartidos por el grupo Ensenada Se Mueve, las y los manifestantes se posicionaron en los semáforos con pancartas que decían frases como “No más violencia vial” y “Ni una bici blanca más”.

Esto, para visibilizar la vulnerabilidad cotidiana que enfrentan quienes se desplazan en bicicleta.

De su mensaje, indicaron dicha vialidad continúa siendo una de las más peligrosas del municipio debido a baches, altos flujos de vehículos pesados y la ausencia total de infraestructura ciclista mínima, vialidad tradicionalmente utilizada por quienes practican el deporte del ciclismo.

También denunciaron que los siniestros viales “no son hechos fortuitos”, sino consecuencias previsibles derivadas de una infraestructura deficiente y de la falta de políticas públicas que prioricen la vida de los usuarios vulnerables, tal como exige la Constitución Mexicana y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Las principales exigencias incluyen la construcción y rehabilitación urgente de infraestructura ciclista en la zona; el mantenimiento del pavimento; la instalación de señalización adecuada; y la implementación de estrategias de calmado de tráfico que reduzcan riesgos para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Por último, los colectivos llamaron al gobierno municipal a asumir su responsabilidad y garantizar que ninguna otra persona ciclista sea víctima de la violencia vial.

“Moverse en bicicleta no debe ser un acto de valentía, sino un derecho promovido y garantizado por la infraestructura”, según expresaron.

Durante la práctica, los tres ciclistas contaron con el acompañamiento de un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y una ambulancia del Gobierno del Estado, preparada para brindar atención médica en caso de ser necesario.

Hace unos días, Del Toro recibió de manos de la presidenta nacional Claudia Sheinbaum Pardo el Premio Nacional del Deporte 2025.

La inicialista refiere como ejemplo, el alza en la incidencia de accidentes viales con consecuencias fatales o incapacitantes en el municipio de Tijuana, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es en este municipio donde se concentra más del 60% de los accidentes de tránsito registrados en el estado y que dejan cientos de víctimas cada año.

La legisladora recordó el trágico suceso ocurrido en dicho municipio, donde Silvia López, de tan sólo cinco años y su abuela, Silvia Yáñez, de sesenta y siete años, perdieron la vida tras ser atropelladas por una mujer que conducía en estado de ebriedad; “no podemos seguir tratando estos hechos como simples accidentes, son actos plenamente evitables”, enfatizó.

Destacó que estos lamentables hechos representan sólo una parte del problema, por ello la figura de dolo eventual también busca sancionar diversos tipos de conductas temerarias o negligentes en las que una persona ocasione daños graves o la muerte.

Señaló que en el Código Penal estatal no existe una diferenciación expresa entre el dolo directo y el dolo eventual, a diferencia de otros estados como Chiapas y Campeche, que ya reformaron sus leyes para establecer claramente esta distinción y permitir una interpretación más precisa y justa de la conducta delictiva.

En la propuesta presentada establece que en estos casos se aplicará la misma pena prevista para el homicidio simple doloso, que va de 8 a 15 años, sin perjuicio de las agravantes especiales que pudieran concurrir, además tratándose de este delito, no procederán los mecanismos de solución alterna como el perdón del ofendido o los acuerdos reparatorios.

Asimismo, que en ningún caso podrán considerarse como culposas aquellas conductas en las que el agente, previendo como posible el resultado típico de muerte o lesión y aceptándolo, actúe con indiferencia a su provocación, por lo que en dichos supuestos se sancionarán como dolosos en la modalidad de dolo eventual.

De esta forma, se avaló por las diputaciones por 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, que se aumenten hasta un tercio las penas previstas en dicho artículo, cuando el abandono ocurra en lugar despoblado, aislado o de difícil acceso, y se ponga en riesgo inminente la vida o integridad de la persona lesionada.

Entre las razones que detalló la inicialista en su exposición de motivos, que motivan el cambio legislativo son: Que en 2023 se registraron en la Entidad más de nueve mil accidentes de tránsito, con un saldo de muertes y miles de personas lesionadas.

Precisamente, una de las problemáticas más graves, es que dos de cada tres responsables huyen del lugar, dejando a las víctimas en completa indefensión y sin recibir el auxilio oportuno que puede salvarles la vida.

La situación es más crítica, cuando el abandono ocurre en lugares despoblados, aislados o de difícil acceso, pues disminuyen drásticamente las probabilidades de atención inmediata. Y aunque este Código ya sanciona la omisión de auxilio, no contempla agravantes que tomen en cuenta este contexto de mayor riesgo para las personas lesionadas.

Otros delitos en el mismo Código ya reconocen el lugar despoblado como circunstancia agravante, por lo que la propuesta mantiene congruencia normativa. A la luz de accidentes recientes en tramos rurales y competiciones automovilísticas, se refuerza la urgencia de elevar la sanción a quienes omitan el auxilio, pues en estos escenarios, el abandono equivale prácticamente a una condena de muerte.

Cabe mencionar que, el presente dictamen, fue analizado en el seno de la Comisión de Justicia que preside la Diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, en una reciente sesión, considerándose para su dictaminación la iniciativa del Diputado Humberto Valle, como procedente.

En el seno de la Comisión de Justicia que preside la Diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, fueron aprobados los proyectos que dan origen a tres dictámenes relativos a dos reformas al Código Penal y una al Código Civil, todos del Estado de Baja California, presentadas el año en curso.

Entre las razones que detalló el inicialista en su exposición de motivos para el cambio legislativo se encuentran: Que en el año 2023 se registraron en Baja California más de 9 mil accidentes de tránsito, con un saldo de muertes y miles de personas lesionadas.

Dos de cada tres responsables huyeron del lugar, dejando a las víctimas en completa indefensión.

Luego se aprobó en el mismo sentido e igual número de votos, el proyecto que da origen al Dictamen No. 12 que adiciona dos fracciones al artículo 317 del Código Civil Estatal, presentada por el Diputado Fidel Mogollón Pérez.

Tiene la pretensión de incorporar dos nuevas hipótesis, para que cese la obligación de proporcionar alimentos, cuando la persona haya culminado su mayoría de edad y sus estudios profesionales; y cuando no se encuentre estudiando o haya interrumpido su carrera profesional.

Una de las razones detalladas por el inicialista es: otorgar certeza jurídica a los acreedores y deudores alimentistas, respecto a los supuestos normativos a través de los cuales, cesa esta obligación.

Después se aprobó con el mismo sentido de votación, el proyecto que origina el Dictamen No. 13, relativo a la Iniciativa de reforma que adiciona el artículo 208 septies del Código Penal Estatal, presentada por el Diputado Juan Diego Echeverría, con el objeto de establecer la exención del pago por concepto de arrastre, maniobra y resguardo de vehículos robados y recuperados.

Mencionó en su exposición de motivos el inicialista que, el robo de vehículos es un problema significativo en Baja California, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en la incidencia de este delito.

Participaron en la reunión de trabajo, además de la Diputada Angélica Peñaloza, las siguientes diputaciones: Humberto Valle, Ramón Vázquez y Juan Manuel Molina; contándose con la presencia del Diputado Fidel Mogollón, así como el Director de Consultoría Legislativa, Israel Ceseña. También participaron: la representante del Poder Judicial, Paola Ixchel Martínez; el Director Estatal de Proyectos Legislativos del Poder Ejecutivo, Fernando Velardez y de Seguimiento Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, Luis Alonso López.

Al respecto, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que el hecho corresponde al pasado 7 de agosto del presente año, donde un conductor de un vehículo tipo vagoneta GMC Denali circulaba en dirección al norte por el carril derecho de la Línea Internacional.

“Y en la puerta posterior derecha del vehículo se encontraba una menor, sujetada y de pie sobre el estribo. Mientras el vehículo avanzaba, la menor perdió el equilibrio y cayó a la superficie de rodamiento, siendo atropellada causando lesión en la extremidad inferior derecha por el neumático posterior derecho”, de acuerdo a los datos oficiales.

La policía municipal indicó que, posteriormente, al lugar acudió un técnico en atención médica prehospitalaria de una empresa de seguridad que presta servicios voluntarios a los usuarios de la garita; el hombre brindó atención inicial, colocando una férula moldeable y venda para inmovilizar la extremidad lesionada.

Luego, arribó un técnico en urgencias médicas, quien reportó que la menor se encontraba en condición de salud “amarillo”, siendo trasladada a un hospital para su atención especializada.

Por último, las partes involucradas se presentaron ante la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) para el seguimiento correspondiente.

Indicó que un detonante que lo impulsó a presentarla, son los recientes eventos durante competiciones automovilísticas que dejan en evidencia la urgencia de reforzar este tipo penal, porque no pueden volverse parte de las estadísticas futuras.

Según narró el legislador, estos hechos ocurridos en tramos rurales y de difícil acceso, muestran con crudeza la necesidad de sancionar con mayor severidad, la omisión de auxilio en contextos donde la vida de la víctima pende de un hilo y el abandono equivale en los hechos, a una sentencia de muerte.

Por tales motivos propuso lo siguiente: “Se aumentarán hasta un tercio las penas previstas en este artículo (159), cuando el abandono ocurra en lugar despoblado, aislado o de difícil acceso, y se ponga en riesgo inminente la vida o integridad de la persona lesionada”.

Humberto Valle mencionó que su iniciativa se basa en tres premisas que son: Principio de proporcionalidad: El aumento de la pena responde a la gravedad y consecuencias del abandono en contextos de riesgo extremo.

Así mismo la prevención general y especial, ya que la reforma busca disuadir el abandono y fomentar la cultura de la responsabilidad y auxilio inmediato. Y la Protección de grupos vulnerables: Peatones, ciclistas y motociclistas, frecuentemente víctimas de estos hechos, que requieren especial tutela.

Abel Gómez Domínguez, padre de la joven, dijo que ya es la tercera ocasión que lo hacen del conocimiento a las autoridades.

Para esto, recordó su visita al Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el envío de una carta, y cuando abordaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el puerto con motivo de la inauguración del Hospital General Regional No.23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pasado sábado 12 de julio.

“Dicen que sí, que sí, que sí. Confío en el gobierno federal, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la bronca es que la ‘bolita’ está ahí donde mismo: en el Estado y muchas veces no asume su responsabilidad y compromiso”, expresó.

El familiar refirió que desconocen la razón que las autoridades no brinden el debido seguimiento.

“No sé por qué no quieren darle el seguimiento correcto; no sé por qué condicionan los pagos; no sé por qué Transportes se ampara para no ser el tercer obligado. No entendemos por qué Fiscalía (General del Estado de Baja California) negó la carpeta de investigación”, explicó.

Gómez Domínguez agregó que esto también para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues al parecer no brindó la atención médica a pesar del accidente.

“Y la alcaldesa (Claudia Agatón Muñiz) salió a decir mentiras. Vuelvo a decir: cuando ellos hacen las cosas bien, quieren que todo el mundo sepa, tapan un bache, ponen un columpio, rescatan un perrito y quieren que todo el mundo sepa que son buenos humanos, buenas personas, muy buen gobierno. Entones, cuando también pasan las cosas mal, en este caso de los menores, también hay que exhibirlos y que la gente vea”, abundó Abel Gómez.

El padre de Natalia Marlén aseguró que continuarán con sus manifestaciones hasta que sea resuelto el problema.

“Ya no es ni por lana, es por justicia”, aseveró sobre su campaña para mantener el vigente el caso, además de enfatizar que espera que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se comprometa para atender el caso.

“Queremos ver que tanto poder, que tanta validez tienen sus discursos que da. Andaba rescatando perritos hace dos semanas. No veo por que no ayude al tema de una menor de edad, siendo que es una niña”, concluyó.