El gobierno estatal negociará la millonaria indemnización que pretenden las y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC), con motivo del término de gestión para octubre del 2025, donde en algunos casos llega hasta 4.5 millones de pesos.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, y el consejero jurídico, Juan José Pon Méndez, lo abordaron este miércoles en su conferencia semanal, luego de que el diputado Juan Manuel Molina denunciara la autoasignación de dichos funcionarios, quienes ganan casi 200 mil pesos mensuales.
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Álvarez refirió que fue una decisión basada en la “autonomía de Poderes”, pero hicieron una “reunión de acercamiento” para revisar al amparo de la política nacional de lo que la ley considera empleados y patrones, donde en este caso los magistrados entrarían en la segunda categoría.
“Tuvimos una respuesta muy receptiva por parte las y los magistrados y estamos en una mesa de trabajo para revisar y, en su caso, hacer los ajustes pertinentes… se hizo un intercambio de consideraciones legales y estuvieron muy receptivos de trabajar en el ajuste y revisión del instrumento”, detalló.
El secretario general de Gobierno reiteró que están “respetando la autonomía” y “caminando juntos en buscar una salida adecuada en un marco de política pública de austeridad”, además de que los mismos magistrados firmaron el “instrumento”, en referencia a la publicación hecha el pasado 6 de junio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
La medida aparece en “Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California”, en el artículo 34, donde se indica que al término de las magistraturas, por conclusión del encargo o de manera anticipada por separación voluntaria, se “tendrá derecho al pago de tres meses de sueldo integral bruto percibido en el año que surta efectos la conclusión o separación voluntaria del cargo”.
“De igual manera tendrán el derecho de recibir el pago en una sola exhibición de una indemnización económica garantizada consistente en la retribución equivalente a doce meses de sueldo, además de veinte días de sueldo por cada año que hayan ejercido su función, tomando como base para ambos cálculos, la última remuneración mensual integral bruto, anualizada y dividida entre doce”, según fue consultado.
Esto, con la firma del magistrado presidente, Jaime Vargas Flores; la magistrada Carola Andrade Ramos; el magistrado en funciones, Germán Cano Baltazar; y Karla Giovanna Cuevas Escalante, secretaria general de Acuerdos en Funciones.
Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció la autonomía del tribunal, además de afirmar que “se enteraron hasta el momento de la publicación” en el periódico oficial, por lo que escucharán “las justificaciones que ellos plantean para este tema”.
El consejero jurídico Juan José Pon Méndez señaló que los magistrados se “están considerando como trabajadores” y que la indemnización tiene carácter “que se aplica para los casos de despido injustificado”.
“Son tres meses, en caso de conclusión, más una indemnización correspondiente a 12 meses, más 20 días por año. Se trata como si fuera un caso de despido injustificado”, explicó.
En rueda de prensa del pasado lunes 16 de junio, el diputado local Juan Manuel Molina García denunció dicha autoasignación millonaria, en un documento al parecer aprobado por el pleno en diciembre del 2024, pero publicado hasta el 6 de junio del 2025, días después de la elección judicial.
El legislador morenista consideró “inconstitucional” se incluyan en estas condiciones de trabajo porque ya no fueron contempladas en la solicitud de Presupuesto para 2025, aprobado por el propio Congreso del Estado el año pasado.
“Hay una magistratura que se retira este año, Jaime Vargas, y haciendo una cuenta estaría rozando los 4 millones, 4 millones y medio de pesos por simplemente retirarse de un cargo del que él sabe, desde hace mucho tiempo, que termina en octubre”, indicó.
De acuerdo a datos públicos, Jaime Vargas fue designado desde noviembre de 2018 por el Senado de la República como Magistrado del TJEBC; fue presidente del periodo 2020 al 2022, y reelecto para un periodo adicional.
Su salario actual, en la presidencia, es de 196 mil 132.47 pesos mensuales, mientras que el resto de las y los magistrados es de 181 mil 273.38 pesos.
