Fiscalía apeló absolución de El Tatuado por homicidio de agente GESI en SQ

Elías Flores Gallegos, presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, A.C., lo puntualizó este jueves 15 de enero mediante un video y un posicionamiento compartido desde el municipio de Mexicali.

Al ser dichos escoltas personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), el oficio fue dirigido a la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, y con copia a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“En este documento estamos solicitando retiro inmediato de escoltas de la diputada Alejandra Ang Hernández y del diputado Juan Manuel Molina García. Ambos tienen escoltas sin tener necesidad de tenerlos. El pueblo de Baja California está pagando escoltas con el erario público a dos funcionarios que no deberían de tener”, remarcó en el video.

Flores Gallegos denunció que, en el caso del morenista Molina García, tiene años con esta protección.

“El diputado Juan Manuel Molina cuenta con escoltas desde hace 17 años. Son 17 años de costos al erario público, escoltas que únicamente los utiliza para cuestiones irregulares”, acusó.

El abogado señaló que, en el caso de la legisladora, al parecer se apoyó en este personal para el traslado de dinero que fue confiscado el lunes 5 de enero por parte de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

“Es necesario que se le retire a la diputada sus escoltas cuanto antes ya que los utilizó para el traslado de dinero previamente al momento de cruzar la garita del cruce fronterizo de Calexico”, puntualizó, además de reiterar el llamado a las autoridades mencionadas.

“Son parte de mis ingresos, de mis ahorros”: insiste Alejandra Ang

En su primera aparición pública tras el escándalo, la diputada local morenista Alejandra Ang Hernández reiteró a la prensa de Mexicali que el dinero encontrado en su vehículo son parte de sus ingresos y ahorros.

La diputada local fue abordada por los medios de comunicación de manera previa a la sesión del Congreso del Estado.

Este día también destacó por la defensa del bloque morenista para que ella se quedara al frente de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público; la oposición panista solicitó que se separar temporalmente en lo que se esclarece el caso.

Al final, la votación fue de 18 a favor contra 7 en contra; el PAN estatal criticó el “proteccionismo” por parte del bloque morenista.

Ante la prensa, Ang Hernández reconoció que su investidura “está para el escrutinio”, pero que “es un tema personal, administrativo”.

“Una situación que no tuvo ningún dolo… es una situación que yo voy a arreglar con las autoridades de Estados Unidos. Tengo todos los documentos para acreditar el origen lícito de esos recursos que son parte de mis ingresos, de mis ahorros familiares. Ya lo he dicho”, sostuvo, pero no dio fecha para mostrar dichas pruebas.

Este sábado 27 de diciembre trascendió que Aispuro Sandoval, quien se desempeñó como comandante regional de la AEI en Ensenada durante 2023, será ahora el encargado de dirigir esta unidad especializada. El cambio de mando fue notificado oficialmente a los jefes de área, donde les informaron que a partir de hoy, la AEI contaría con un nuevo comisionado.

Por su parte, Hibael Suárez Osorio cuenta con una trayectoria de más de 17 años dentro de la corporación estatal. Previamente fungió como subjefe y jefe del Grupo Antisecuestros en Baja California.

Sin embargo, el ahora excomisionado fue objeto de amenazas en dos ocasiones durante 2025. La primera ocurrió en mayo, cuando una manta fue colocada en la delegación San Antonio de los Buenos, sobre un puente peatonal, con un mensaje dirigido en su contra.

El texto señalaba:

“Hibael Suárez Osorio, comisionado de la Policía Ministerial, sigues tú por ratero. Regresa los 50 mil dólares que te robaste, ya viste cómo le fue al agente que mandaste a robarnos. Atte: CAF”.

Posteriormente, en septiembre del mismo año, en las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la FGE apareció otro mensaje de amenaza contra el funcionario. Días después, dichas instalaciones fueron incendiadas.

Los presuntos responsables serían dos mujeres y un hombre, quienes tras cometer el delito se dieron a la fuga a bordo de un vehículo tipo sedán, cuyas características no fueron precisadas.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para atender a las víctimas y recabar información, mientras que se inició un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables, la Fiscalía General del Estado (FGE) se hace cargo de la investigación y de dar con los responsables.

“A quien el juez declaró culpable por el homicidio de una mujer de 32 años”, indicaron.

Las autoridades citaron que, durante el debate del juicio oral, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida acreditó que, la noche del 11 de noviembre de 2022, el hoy sentenciado arribó a un domicilio ubicado en la colonia Leandro Valle, donde se encontraba la víctima, y le disparó en la cabeza.

De acuerdo con la información del expediente, después de la agresión la mujer fue trasladada a bordo de una camioneta Toyota 4Runner a las instalaciones de la Cruz Roja Oriente para su atención médica.

“Sin embargo, falleció como consecuencia de las heridas provocadas por disparo de arma de fuego”, citaron.

Tras perpetrar el homicidio, Miguel Alberto huyó de Mexicali y, mediante el trabajo de investigación y con información de inteligencia, se logró dar con su ubicación en el Estado de Sinaloa, donde fue detenido en junio de 2023.

Lo anterior se desprende de los datos proporcionados por la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, durante su segundo informe de actividades rendido ante el Congreso del Estado de Baja California, presentado el pasado 8 de diciembre.

Ante el cuestionamiento sobre el tema por parte del diputado expanista y ahora del Verde Ecologista de México, Jorge Ramos, la funcionaria refirió los datos en torno a la “depuración” y “siendo autocríticos”.

“En los temas de la Dirección de Asuntos Internos y Visitaduría: tenemos 605, en este año, investigaciones administrativas. Así mismo, tenemos 218 personas en investigación: agentes estatales de investigación y agentes del ministerio público”, citó.

De acuerdo a datos proporcionados por la misma fiscal, actualmente cuentan con mil 306 agentes en la corporación.

Andrade Ramírez agregó que “la gran mayoría” son temas administrativos, pero que no dejan de reconocer que cuentan con casos penales.

“Aislados, pero los hemos tenido. Inclusive, en su oportunidad dimos cuenta, de un caso en Tijuana, del robo de droga de diversas corporaciones que fue absorbido, o investigador por la Fiscalía General de la República (FGR), donde se estableció la participación de cuatro de nuestros agentes, de los cuales fueron privados de la vida”, mencionó.

La fiscal general recordó que en enero de 2024 se tuvo un alta en los homicidios en el municipio de Ensenada, donde en la revisión de cámaras advirtieron que había unidades de la policía municipal que “les prestaban perímetro” tanto para la entrada o fuga a grupos criminales de muy alto perfil.

“Asesinos, sicarios, por eso nunca podíamos detener a nadie en flagrancia. Si la policía, primer respondiente, los apoyaba. Y quiero ser muy respetuosa: la gran mayoría de los agentes son de excelencia, honrados, que exponen su vida por los ciudadanos, pero unos cuantos vienen a manchar las instituciones”, consideró.

Sobre Ensenada, también citó que llevaron a cabo 12 detenciones a policías municipales por delitos de alto impacto, desaparición forzada y homicidios violentos, mientras que en Tijuana fueron cuatro por los mismos hechos y 3 en Mexicali, de manera reciente.

“Uno, o dos de ellos, relacionados con líderes criminales del Valle de Mexicali. Y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, recientemente, dos detenidos. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que nadie había llevado investigaciones penales contra agentes policiales de esta magnitud y vamos a continuar”, remarcó.

Esto, debido a que mantienen carpetas abiertas contra diversos agentes, por lo que buscan “ser autocríticos”, tanto contra sus policías como los de otras corporaciones.

Agentes Estatales de Investigación del Grupo de Aprehensiones cumplimentaron una orden judicial en contra de Ury Francisco “N”, de 24 años de edad, quien fue localizado en la colonia Cuauhtémoc de esta ciudad luego de labores de seguimiento en gabinete y campo.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Robos de la Fiscalía Regional de Ensenada, el 31 de julio de 2023 el hoy imputado ingresó armado al domicilio de la víctima. Ahí, junto con otros individuos, la sometieron con violencia, la ataron y la golpearon para obtener información.

Durante el hecho sustrajeron dinero en efectivo y dos vehículos de modelo reciente. Posteriormente se trasladaron al negocio de la víctima, donde robaron más efectivo, para un total aproximado de 210 mil dólares y 400 mil pesos.

Tras la integración de datos de prueba y el desarrollo de diligencias especializadas, el 2 de diciembre de 2025 se dio cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el juez en contra de Ury Francisco “N”, por el delito de robo con violencia. Con este aseguramiento, suman cinco los detenidos relacionados con este caso.

Desde entonces, su familia, grupos buscadores de personas desaparecidas y hasta el Sindicato Unidos con México Moderno (Sucomm) habían emprendido una campaña para llamar la atención sobre el caso, además de pedirle a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) que agilizara la investigación respectiva.

Sin embargo, el Colectivo Madres Hasta Encontrarte, del municipio de Tecate, confirmó este fin de semana que la joven había sido hallada.

El viernes 28 dieron a conocer una llamada anónima para que acudieran al Rancho La Herradura de Oro, en Tijuana, en la parte trasera de la empresa Toyota, pues supuestamente habían indicios de un cuerpo en el predio.

Tras la revisión en campo, informaron del hallazgo de una mujer, su complexión y las características de la ropa, además de aclarar que tocaría a la Fiscalía Regional de Tijuana, al estar dentro de sus límites.

Para el sábado 29, confirmaron que efectivamente era la joven.

“Gacias al anónimo que nos hicieron llegar a la página del colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate dimos con el cuerpo de la joven Fabiola Metzulebeth Cervantes. Nos unimos a la pena que embarga a la familia de Fabiola. Le mandamos un fuerte abrazo y mucha fortaleza”, expresaron.

Había denunciado a su expareja

El pasado 14 de noviembre, la señora Fabiola Macías encabezó una rueda de prensa, junto con otros familiares, para exigir que se agilizara el caso.

Ese día detallaron que la última información que tuvieron de la joven fue que había tomado el transporte de personal de la empresa y descendido en la colonia Villa del Campo, donde también vive su expareja, Roberto Raúl Garvín Zapata, según la última ubicación registrada en el teléfono celular.

Incluso que el 4 de noviembre recibieron un mensaje desde el teléfono celular de Fabiola Metzulebeth donde les avisaba que supuestamente se iba hacia Estados Unidos, que no la buscaran y que se encargaran de su hija, texto que descartó la madre al no ser la forma en que su hija solía comunicarse.

Como parte del encuentro con los medios, señalaron que tuvo una relación de un año con Garvín Zapata y tuvieron una hija, actualmente de dos años de edad.

También que Fabiola sufría maltrato y acoso, motivo por el cual se separó en diciembre 2024.

Sobre las denuncias, se derivaron de situaciones acoso, golpes, irrupciones violentas en la vivienda, agresiones contra el hermano de la joven, robos, y hasta una denuncia falsa de supuesta sustracción por parte de ella.

La familia y la parte jurídica de Sucomm denunciaron que la mujer tampoco contó con medidas de protección efectivas, tras una orden emitida por la FGE, pero que la Policía Municipal de Tijuana no la hizo efectiva.

Sol Merino, directora operativa del Sucomm, y quien estuvo en la conferencia de prensa, aseguró este fin de semana que continuarán con el acompañamiento jurídico a la familia.

De Roberto Raúl Garvín Zapata, medios regionales refirieron que estaba en calidad de detenido desde mediados de noviembre por cuestiones de narcomenudeo. Semanario Zeta documentó que el pasado 13 de noviembre había sido vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, con relación al caso de Fabiola Metzulebeth.