Los datos serían dados a conocer hasta el 2031, un año después de la salida de Claudia Sheinbaum
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Lo anterior se desprende de una respuesta obtenida el 7 de mayo de 2026, mediante una solicitud de transparencia hecha por el colectivo Ensenada Digna, en torno a la “Actualización del Proyecto del Bypass de la Autopista Tijuana-Ensenada”, promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) clasificaron la información en torno a: proyecto ejecutivo completo; planos de trazo definitivo y preliminar; así como entradas, salidas, entronques y accesos.
También para: planos de afectación parcelaria; memorias descriptivas; secciones transversales y longitudinales; modificaciones al trazo y croquis de obras provisionales.
Para las motivaciones, las autoridades federales argumentaron los artículos 102 y 107 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tras considerar que hacer pública la información representa “un riesgo real, demostrable e identificable”.
“Ya que actualmente la información requerida respecto al proyecto… se encuentra en etapa de validación y aprobación por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pudiendo presentar modificaciones u observaciones por parte de la DGST”, según la respuesta.
Indicaron que la información disponible corresponde a “estudios preliminares” y la publicidad “supone un riesgo para la realización de proyecto” pues está directamente relacionada con “procesos administrativos no concluidos”.
Esto, en apego al artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, mismo que establece que no podrán ejecutarse trabajos de construcción o reconstrucción en los caminos y puentes concesionados, sin la previa autorización de la Secretaría, de los planos memoria descriptiva y demás documentos con las obras que pretenden ejecutarse.
El gobierno federal remarcó que “el riesgo de prejuicio al difundirse dicha información supera el interés público de conocerla”, pues dichos documentos “constituyen un insumo indispensable para la toma de una postura institucional”, al igual que para la “determinación final”.
“Que a la fecha aún no ha sido adoptada por las autoridades competentes, por lo que al divulgar dicha información podría interrumpir o menoscabar la conducción técnica de futuras negociaciones, con lo que se pondría en riesgo las condiciones de propuestas de operación, así como la exitosa culminación de proyecto”, conforme al texto.
En la respuesta se reitera que la exposición pública podría interpretarse como una “postura definitiva” y que incluso podría generar “presiones externas que alteren la voluntad de negociación” o comprometer “el margen de ajuste” que requieran las áreas técnicas para emitir una “conclusión sólida”.
“Así como inducir a terceros a especular sobre montos no oficiales o sobre obligaciones contractuales aún no confirmadas, afectando la estabilidad institucional del proyecto”, aseguraron las autoridades.
Agregaron que, incluso, dar a conocer elementos deliberativos “no firmes” podría “deteriorar la confianza pública en el proyecto”, pudiendo interpretarse como un retraso o incumplimiento contractual, e incluso “derivar en presiones políticas injustificadas”
“En razón de la fecha señalada para la validación y aprobación de proyecto ‘Actualización del Proyecto del Bypass de la Autopista Tijuana-Ensenada’, se considera que el periodo de reserva es de cinco años en consideración de que no hay fecha definitiva para la terminación por parte de las autoridades competentes”, según subrayaron.
“No puede hablarse de legalidad si se oculta la información”: Ensenada Digna
Tras obtener la clasificación, integrantes del colectivo Ensenada Digna señalaron que dicha decisión representa “un grave atentado contra el derecho de la ciudadanía de estar informada” y participar en decisiones que afectan directamente el territorio, recursos hídricos, y medio ambiente.
Señalaron que la reserva citada contradice los principios fundamentales del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, que obliga a garantizar transparencia y participación pública en asuntos ambientales.
“No puede hablarse de legalidad, transparencia ni participación ciudadana cuando la información relacionada con obras de alto impacto ambiental se mantiene oculta a la población”, puntualizaron en su postura pública.
Por lo anterior exigieron: La inmediata desclasificación de la información relacionada con los trabajos observados sobre el trazo del Bypass; y transparencia total sobre permisos, estudios y actividades actualmente en ejecución.
También el respeto al derecho ciudadano de acceso a la información ambiental y participación pública; y que ninguna obra o actividad avance mientras persistan irregularidades en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Sobre la pasada reunión pública de información, realizada el 12 de mayo en Ceart Ensenada por parte de Semanart y la compañía TGC Geotecnia, S.A. de C.V. -proyectista contratada por Banobras y la SICT-, recordaron que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) elaborado por dicha empresa ha sido ampliamente cuestionado.
Esto, por las omisiones, inconsistencias técnicas y una deficiente evaluación de los impactos estructurales, ambientales hídricos, sociales y arqueológicos del proyecto.
“Por lo que ha cobrado sumas que rebasan los 51.9 millones de pesos tan solo en las cifras que han accedido a revelar”, apuntaron.
El Bypass es un libramiento de 25 kilómetros de largo para quitar presión a la carretera Escénica Tijuana-Ensenada y mantener una vía de comunicación; esto, ante probables nuevos deslizamientos, como han advertido especialistas científicos.
La inversión anunciada, hasta el momento, es de 4 mil 300 millones de pesos, mediante un esquema de inversión mixta; según TGC Geotecnia, S.A. de C.V, contempla casetas de cobro, cuatro puentes y dos túneles falsos, además de que la justificación general es la saturación de vehículos en las vías de entrada al puerto.
De mantenerse la reserva, la información sería liberada hasta el 2031, un año después de concluir su periodo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sería la segunda en su administración, pues el Cicese reservó por tres años la relacionada con la MIA para el proyecto de ampliación del puerto de El Sauzal de Rodríguez.
