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Dos décadas de la masacre de 19 personas en Ensenada

Redacción
Hace 8 años
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Este hecho violento, el mayor multihomicidio del que se tiene registro en Ensenada, a pesar de la de detenciones y condenas el expediente sigue abierto en las averiguaciones 296/98 y 269/98-B por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
La supuesta primera víctima fue un menor de 12 años a quien creyeron muerto, convirtiéndose en uno de los dos testigos sobrevivientes. A unos metros del panteón municipal de El sauzal se alza un grupo de construcciones de ladrillo en cuyos patios reunieron a los miembros de la familia para ultimarlos. Al paso de los años las investigaciónes llevaron a la detención de varios de los supuestos atacantes. Durante los primeros cateos en distintas colonias de la ciudad donde el ejército y elementos de la procuraduría General de la República (PGR), llevaron a cuatro deteniciones y con el tiempo suman nueve los detenidos. Se presume participaron 14 elementos en el atentado. Las familias asesinadas eran residentes de la zona, desde hacía varios años se habían asentado en la zona de la manzana 11 de la colonia Vista al Mar y allí operaba el rancho El Rodeo, con cinco casas, una de las cuales era usada como bodega. Las víctimas del atentado fueron: Eduardo Flores Castro, de 9 años; Vanessa Francisca Flores Castro, de 13; Berenice Flores Castro, de 16; Francisco Flores Castro, de 4; Fermín Castro, de 2; Mavis Karem, Flores Castro, de 8; Bernardo Flores Castro, de 4, y Cesar Jaime Tovar de 1 año. También murieron Xóchitl Altamirano Osorio, de 52; Francisco Flores Altamirano de 30; Pera Tovar de Jaime, Karina Jaime Tovar, Pichi Jaime Tovar, Macaria Jaime Tovar, éstos sin precisar su edad, así como Luis Liera Jaime, de 40, Manuel Ramírez, sin conocer la edad, Sandra Castro, de 30 años, Guadalupe Tovar, de 30, y Fermín Castro Flores, de 38 años.
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Reviven proyecto turístico Punta Brava en La Bufadora

Un campo de golf es el mayor atractivo
Colaboración
Hace 2 años
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Son alrededor de mil hectáreas aprovechadas en la obra, más otras que se usarán como áreas de conservación  - Foto: Cortesía.

Después de varios años detenido, el Gobierno Municipal activará el acuerdo para la construcción del “Desarrollo turístico inmobiliario Punta Brava” ubicado en la península de Punta Banda, cerca de La Bufadora.

Hasta el 2022, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) entregado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estimaba una inversión de al menos 150 millones de pesos. Una inversión de 63 millones de pesos mexicanos, para la prevención y mitigación de la zona.

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El desarrollo comprende campo de golf con 18 hoyos, 15 cabañas, casas y villas, restaurante, lounge bar, teatro, boliche, wine room, lotes residenciales, spa, gimnasio y helipuerto, albercas, vialidades internas, planta de tratamiento de aguas residuales, de ósmosis inversa, desalinizadora.

“Este proyecto que se llama Punta Brava, al señor -dueño del proyecto- en realidad nunca le dieron oportunidad de sobresalir porque le pedían demasiado dinero. Pero si tú ves el proyecto, hay que darle oportunidad”, comentó a Semanario ZETA la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

Son alrededor de mil hectáreas aprovechadas en la obra, más otras que se usarán por una empresa de Estados Unidos, como áreas de conservación tras haber identificado un importante potencial turístico en esa área de la ciudad.

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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