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En el posicionamiento, RicardoThompson Ramírez cuestionó que (durante la administración de Andrés Manuel López Obrador), la Secretaría de Energía (SENER), le haya entregado a Ingemar un permiso para la importación de combustibles.
Ello, puntualizó, “sin contar con tanques de almacenamiento, infraestructura ni una flota de autotanques que justificaran una autorización de esa naturaleza”.
El empresario recordó que fue a través del portal de la SENER, como se enteraron de que INGEMAR había obtenido los permisos.
En la autorización aparecían Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro como representantes de la empresa, “mientras que los nombres de Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo no figuraban”.
Ello, pese a que los socios fundadores son Ernesto Ruffo, José Merino Valdez Cuervo, así como Servicios Portuarios, S.A. de C.V., y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., representadas por Ricardo Thompson Ramírez.
Expuso además que el objeto social de la empresa consistía en sumar esfuerzos para gestionar el establecimiento de una terminal marítima de combustibles en el puerto de El Sauzal, Baja California.
Asimismo, especificó que fue el 12 de noviembre de 2018, cuando en una primera Asamblea, Ernesto Ruffo Appel se incorporó como socio de INGEMAR, participando con una tercera parte del capital social.
Según el posicionamiento, en esa asamblea se aprobaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Incrementar el capital social de INGEMAR.
Modificar el objeto social de la empresa para incluir, entre otras actividades, la importación de hidrocarburos.
Segunda Asamblea
El 18 de mayo de 2021, Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo convocaron a una asamblea en la Ciudad de México sin notificar a los socios Servicios Portuarios, S.A. de C.V., y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., celebrando posteriormente una segunda convocatoria.
Detalló que, con el argumento de que ambas empresas no habían participado en el incremento de capital —a pesar de que nunca fueron notificadas de ninguna de las dos convocatorias y mantenían comunicación con ambos socios— se aprobaron los siguientes acuerdos:
Reducir la participación accionaria de Dragados y Puertos y de Servicios Portuarios en INGEMAR, pasando de un 33 % a únicamente un 1.8 %.
Destituir a Ricardo Thompson Ramírez como secretario del Consejo de Administración y a Ricardo Thompson Navarro como vocal del Consejo.
“A partir de esa fecha, nunca más se nos informó sobre el manejo de la empresa ni se nos entregaron estados financieros”, puntualizó.
Ricardo Thompson refirió que “Con el tiempo, el nombre de INGEMAR apareció relacionado públicamente con investigaciones sobre presunto huachicol fiscal. Esos hechos son los que hoy han generado graves consecuencias para nuestra familia.
El daño moral, patrimonial y personal que esta situación ha causado a mi familia, a mi hijo Ricardo Thompson Navarro —actualmente privado de su libertad— y a mí, es incalculable. No se lo deseo a nadie.
“Solicitamos respetuosamente a las autoridades competentes que se deslinden las responsabilidades correspondientes y que se actúe conforme a derecho.
Ensenada, Baja California, a 17 de julio de 2026.”, concluyó.
Los socios de Ingemar enfrentan cargos por la comisión de evasión fiscal equiparada y contrabando técnico de hidrocarburos.
Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), expuso que la red de huachicol ha generado un perjuicio a la Hacienda Pública superior a los 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles, desde Texas, Estados Unidos, y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
La carta de Haru Thompson Navarro
“...Quiero compartir con ustedes una situación muy difícil que está viviendo mi familia.
Hasta este momento, los medios de comunicación han mostrado un gran interés y respaldo hacia nuestro queridísimo exgobernador. Durante muchos años yo también lo consideré una buena persona, aunque, como suele ocurrir en la política, en algún momento algo cambió.
Por esas vueltas que da la vida, mi padre lo buscó para un nuevo proyecto empresarial. Fue entonces cuando él lo puso en contacto con José Merino Valdez Cuervo. A partir de esa reunión se constituyó una empresa y, tiempo después, Ernesto se incorporó como socio.
Más adelante, mi padre y mi hermano fueron despojados de sus acciones y, además, se modificó el objeto social de la empresa sin que ellos tuvieran conocimiento de lo que realmente estaba ocurriendo.
Mi familia intentó iniciar un proceso legal; sin embargo, pronto comprendió que el costo económico y el tiempo que implicaba una demanda eran prácticamente inalcanzables.
Hace dos años, cuando salió a la luz el tema del huachicol fiscal, apareció públicamente el nombre de INGEMAR. A partir de ese momento comenzaron los problemas para nuestras empresas y fue necesario iniciar un largo proceso para demostrar que no teníamos relación con esas actividades.
Hoy esa situación ha derivado en la detención de mi hermano y en una orden de aprehensión contra mi padre.
Quiero decirlo con absoluta claridad: jamás han estado involucrados en ese negocio. Nuestra familia confía en que los hechos terminarán por demostrar su inocencia, que mi hermano regresará a casa y que la orden de aprehensión contra mi padre será retirada. Sin embargo, el daño ya está hecho.
Por mi parte, deseo que la ley se aplique a quienes realmente resulten responsables, comenzando por Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo, si las autoridades determinan que así corresponde.
Mi familia llegó a Ensenada en 1986. Desde entonces hemos construido nuestras empresas con trabajo, esfuerzo y constancia. Han sido décadas de sacrificios para formar un patrimonio que hoy se ha visto afectado por hechos ajenos a nosotros.
En un instante, una vida de trabajo puede verse empañada por decisiones de otras personas.
Estoy convencida de que los hechos terminarán por darle la libertad a mi hermano y demostrarán la inocencia de mi padre..."
