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Cruceristas libran impuesto, usuarios de micro sufren aumentos

Colaboración
Hace 1 año
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Mientras empresarios y prestadores de servicios turísticos celebran que los cruceristas no paguen un impuesto de alrededor de 800 pesos por arribar al puerto, miles de usuarios del servicio público de pasajeros, enfrentan el incremento de 2.50 pesos a las tarifas que tienen que cubrir diariamente.

Fue este miércoles cuando los usuarios se despertaron con la sorpresa de que, a partir del día 1 del 2025, tienen que cubrir un pago de 15.50 pesos, mientras que las personas con discapacidad, que viajaban de manera gratuita, pagan 7.75 pesos.

El incremento se sustentó en el “Estudio Técnico del Programa para Promover la Adopción de Tecnologías Digitales por Medio del Incentivo al Pago Electrónico en el Transporte Público Masivo en el Estado de Baja California”, a cargo del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).

El documento signado por Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director general del IMOS, establece en la Tercera y Cuarta parte que “la aplicación de la tarifa diferenciada (…) surtirá efectos a la notificación al Instituto por parte de los concesionarios de la compra de los equipos de cobro electrónico”.

 

Publican decreto para exenta del pago del DNI a turistas

Por un periodo de seis meses, los pasajeros de crucero no tendrán que cubrir los 42 dólares por Derecho de No Inmigrante (DNI), luego del decreto firmado por la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, y el cual entró en vigor el 1 de enero del 2025.

ARTÍCULO PRIMERO

Se otorga un estímulo fiscal a los pasajeros extranjeros que ingresen a territorio nacional, vía marítima a bordo de buques de crucero, que deben cubrir el pago de derecho por la recepción, estudio de la solicitud, y en su caso, expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas a las que hace referencia el artículo 8o, fracción I, de la Ley Federal de Derechos.

El estímulo fiscal consiste en el crédito fiscal equivalente al 100% del monto del derecho señalado en el párrafo anterior, y se podrá acreditar contra el mismo derecho.

ARTÍCULO SEGUNDO

El estímulo fiscal a que se refiere el artículo primero del presente decreto será aplicable únicamente durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

ARTÍCULO TERCERO

El servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la aplicación del presente decreto.

TRANSITORIO

ÚNICO

El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

Dado en el Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2024.

Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo. Rúbrica.

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio, Eduardo Ramírez, De la O. Rúbrica

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MERCADO NEGRO

Por: Nemo
Hace 1 año
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¿Y el ferry A’pá?

Se acabó el 2024 y ni las luces de uno de los proyectos más cacareados por el gobierno estatal, concretamente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el secretario de Economía e Innovación (SEI), Kurt Ignacio Honold, el de que Ensenada cuente con su ferry.

Siendo justos, la responsabilidad no recae precisamente en ellos, sino en el concesionario, que hasta donde ha sido difundido corresponde a Azteca Ferries, empresa que a la fecha sigue sin publicar en su página de internet las tarifas para el viaje Ensenada-San Diego. Únicamente los horarios, pero esto y nada, es lo mismo.

...

Recordemos que Kurt Ignacio Honold declaró a principios de junio, en una visita al Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), encabezado por Marco Antonio Estudillo, que el ferry estaría dentro de cinco meses, es decir, por ahí de octubre, pero pasan los meses y ni la proa del ferry se alcanza a ver en el horizonte. Es una lástima, pues ha generado mucha expectativa entre residentes y visitantes de Ensenada.

Operativo Sucio

Pues le cayó el chahuistle a un par de bodegones de venta de productos asiáticos, tras la llegada del “Operativo Limpieza”, que dejó más dudas que respuestas sobre estas acciones del gobierno federal y estatal, concretamente.

Primero, lo que nunca, o no al menos en épocas recientes: dejar pasar a la prensa para que grabara prácticamente todo, hasta el tiradero que dejaron los funcionarios federales al momento de estar decomisando la mercancía de presunto contrabando al interior de las tiendas.

Por fuera, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, convocó a rueda de prensa para celebrar el aparatoso despliegue en el que desfilaron, digo, participaron la Guardia Nacional, Defensa, Marina, FESC y hasta el IMOS, para casi casi poner las esposas a un montón de prendas femeninas, cremas y juguetes de origen chino.

En este tiradero, digo, operativo cuidadosamente planeado y que aún le faltan, según amenazan, digo, anuncian las autoridades, llamó la atención que guardaron silencio el sector empresarial de Ensenada, como Marco Estudillo o Héctor Contreras Luengas, a quienes les encanta decir que el empresariado debidamente formal sí paga impuestos, en lugar de esta competencia desleal que operaba impune en el puerto.

Tampoco mandó algún comunicado la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, ni para felicitar los “resultados”.

Hay preguntas: ¿quién permitió la construcción de las naves industriales y permitió la venta? ¿Cómo que no sabían? ¿Cómo que lo hicieron frente a ellos? Pero quien sabe, capaz que todas las preguntas, como los caminos, conducen al Senado.

El robo de urnas: ya olvidado

Un caso que generó impacto y sacó de onda a más de uno, mientras que a otros ni les sorprendió, fue el robo de urnas registrados en una colonia tradicionalmente panista del puerto de Ensenada, en lo tocante a las elecciones federales del pasado 2 de junio.

Uno de los involucrados fue vinculado a proceso y otro murió en el Issstecali, debido al accidente sufrido cuando intentaban escapar. Esto es lo que llama la atención: ¿por qué fue internado ahí? En todo caso estaba la clínica del mismo Sauzal, o la 32 y el 8 del IMSS, más cerca en el recorrido, pero no, fue llevado a este sitio del orden estatal. Eso quiere decir ¿era maestro, funcionario menor o algún tipo de servidor público de bajo perfil? ¿Lo sabremos algún día?

Mercado Negro es una columna de opinión de Zona Norte Noticias. Sus comentarios los podrá hacer llegar al siguiente correo electrónico: znortemedios@gmail.com

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

Más información...

Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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