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John Fletcher

Reconocen trabajo sobre sismos de geólogo del Cicese

Por la publicación de una nueva hipótesis para explicar la mecánica de terremotos de gran magnitud como el ocurrido en 2010, en estudio sobre sistema de fallas El Mayor-Cucapah
Redacción
Hace 7 años
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El sismo analizado fue el de magnitud 7.2 que ocurrió el 4 de abril de 2010 en las cercanías de Mexicali, Baja California. - Foto: Cortesía.

El premio “Outstanding Paper of 2019” otorgado por la Geological Society of America (GSA) fue entregado a John Fletcher por la publicación del artículo en la revista Nature Geoscience.
La publicación es “The role of a keystone fault in triggering the complex El Mayor-Cucapah earthquake ruptura”, plantea una explicación mecánica inédita sobre cómo se activan múltiples fallas en un solo sismo, y que obliga a reevaluar las suposiciones básicas que emplean los sismólogos para entender la mecánica con la que opera el planeta.
En el artículo cual figuran como autores el propio Fletcher, del Centro de Investigación Cientifica y de Educación Superior (Cicese), Michael Oskin (Universidad de California, Davis) y Orlando Terán, egresado de Ciencias de la Tierra del Cicese.
Según explicó el doctor Fletcher, “este trabajo desarrolla una nueva explicación sobre el origen de sismos de gran magnitud con base en interacciones mecánicas entre fallas”.
En este caso, el sismo analizado fue el de magnitud 7.2 que ocurrió el 4 de abril de 2010 en las cercanías de Mexicali, Baja California, en el sistema de fallas El Mayor-Cucapah, un sitio en el que Fletcher, junto con colegas y estudiantes, han trabajado desde 1994.
Este sismo activó movimiento en, por lo menos, siete diferentes fallas geológicas (cercanas y conectadas) con diversas orientaciones, produciendo la ruptura más compleja documentada en el margen de las placas Norteamérica - Pacífico. Muchas de estas fallas que se activaron eran desconocidas antes del evento y nadie sospechaba que fueran capaces de actuar juntas y producir un sismo tan grande.
A través de un análisis detallado obtuvieron algo que era físicamente imposible: la presión tectónica responsable del sismo rebasó por mucho el límite de fricción de la mayoría de las fallas activadas en el evento.
Propusieron lo que llamaron la hipótesis de falla keystone, la cual establece que la presión tectónica puede rebasar el límite de fricción de otras fallas si están soportadas por una o más fallas keystone.
Keystone es un término arquitectónico que se refiere a la piedra clave ubicada en el centro de un arco para soportar los flancos; si se remueve esta piedra clave se colapsa el resto de la estructura. Por ello, esta hipótesis propone que cuando la presión tectónica llega al límite de fricción para esa falla, se activan espontáneamente las demás fallas aumentando la magnitud del sismo y la complejidad de la ruptura.
De acuerdo con John Fletcher, este artículo “provee nuevos criterios para la evaluación de riesgo sísmico y resuelve controversias que han existido durante cinco décadas sobre la mecánica de fallas mal orientadas, incluyendo la falla de San Andrés y toda la clase de fallas normales de bajo ángulo”. Dijo también que aunque el tema es novedoso, el artículo ya tiene 23 citas y sus avances fueron aplicados a la interpretación mecánica de dos sismos en Nueva Zelanda (Kaikoura y Darfield, de magnitudes 7.8 y 7.2 respectivamente).
Además, consideró que el premio representa un reconocimiento importante el programa de posgrado ya que dos de los tres autores son del Cicese.
La GSA se define como una sociedad científica internacional que presta servicios a miembros de la academia, el gobierno y la industria de todo el mundo. Se fundó en 1888 y desde entonces se ha dedicado a mejorar el crecimiento profesional de los geocientíficos y a fomentar la administración y el servicio de la geociencia.
Tiene su sede en Boulder, Colorado, y este año tendrá su reunión anual en la ciudad de Phoenix, Arizona. Será en el marco de esta reunión donde, el 24 de septiembre, le entregarán el premio al doctor Fletcher.
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Avalan investigadores actividad vinícola hasta año 2100

A través de un estudio multidisciplinario sobre los escenarios de cambio climático y variables como humedad, temperatura y fauna nociva
Archivo
Hace 1 decada
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Vista de Valle de Guadalupe antes de la cosecha de la uva.  - Archivo.

De mantenerse las condiciones, la actividad vitivinícola en Baja California podría mantenerse apta por los próximos 90 años, informaron investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (Cicese).
En un estudio multidisciplinario denominado Industria Vitivinícola en Baja California, refiere que los factores que limitan la industria son el agua y el desarrollo urbano, por lo que es necesario hacer estudios detallados sobre los acuíferos de la región e implementar obras de retención de agua en zonas estratégicas.
Tereza Cavazos, investigadora líder del proyecto, da a conocer en el documento que los escenarios de cambio climático indican que la región puede continuar fértil, a pesar de que plantean un incremento de 1.5 a 4 grados centígrados a finales del siglo.
Estudiantes de la institución realizan investigaciones sobre los procesos de infiltración de agua para recargar los acuíferos, así como conocer las áreas donde hay mayor infiltración. El documento muestra resultados de temperatura, precipitación, disponibilidad de agua, enfermedades de la vid y fauna nociva, tras diez años de investigación en la región.
Los escenarios de cambio climático entre 2015 y 2039 para temperatura, unidades de calor y precipitación generados con un modelo británico, muestran que en Baja California siguen siendo viables los cultivos de vid.
A finales de siglo se prevé un descenso de 9 por ciento en la precipitación de invierno, junto con un incremento en las lluvias de verano, la humedad generada podría desencadenar enfermedades de la vid y propagarla a otros valles.
De 10 acuíferos que existen a lo largo de la región vitivinícola, solo tres están en equilibrio, el de Las Palmas, Real del Castillo y San Vicente, mientras que el resto están sobreexplotados, presentan intrusión salina o están sobreconcesionados.
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Opinión:
Riesgos digitales y protección infantil: Baja California ante el nuevo decreto federal DOF 14 de octubre de 2026
2026-10-15 06:14:11
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Colaboración
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Por Guillermo Rivera Millán

La conversación nacional sobre tecnología en las escuelas tomó forma con el Acuerdo 09/09/26, publicado el 9 de septiembre de 2026, que estableció condiciones para el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales dentro de los planteles. Aquella medida atendió la dimensión escolar del problema y ordenó a los estados —incluido Baja California— armonizar sus instrumentos jurídicos y realizar ajustes territoriales conforme a sus realidades. Sin embargo, el Acuerdo se limitó al espacio escolar. El Decreto de Entornos Digitales Seguros, publicado el mencionado 14 de octubre, amplía ese marco y aborda el entorno digital completo donde niñas, niños y adolescentes enfrentan los riesgos más graves.

Más información...

El decreto es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria. Por primera vez, México establece medidas específicas que las plataformas digitales —redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y cualquier servicio que permita interacción o difusión de contenido— deben implementar para garantizar entornos seguros para menores. La definición es amplia y abarca prácticamente todo el ecosistema digital que utilizan las infancias y adolescencias.

El contenido sustantivo del decreto es contundente. Prohíbe que las plataformas permitan el acceso, exposición o recomendación de contenido que promueva acoso y ciberacoso; abuso o violencia sexual; discursos de odio y extremismo; intercambio de contenidos que inciten a la violencia, especialmente en el entorno escolar; conductas ilícitas o apologías del delito; material sexual explícito; y riesgos asociados a salud mental como autolesiones o trastornos alimenticios. Esta clasificación obliga a las empresas tecnológicas a modificar sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus criterios de moderación.

Las obligaciones para las plataformas son igualmente relevantes. Deben implementar mecanismos confiables de verificación de edad —no basta la autodeclaración—, retirar de forma inmediata cuentas o contenidos prohibidos, activar configuraciones de privacidad estrictas por defecto, habilitar reportes accesibles, permitir supervisión parental y realizar evaluaciones periódicas de riesgos asociados al diseño y funcionamiento de sus servicios. Además, deben compartir reportes estadísticos con autoridades para fortalecer estrategias de salud mental. Este punto es crucial: el decreto vincula explícitamente el entorno digital con la salud emocional de las y los adolescentes.

El decreto también incorpora obligaciones de colaboración con autoridades de seguridad y justicia: designar puntos de contacto disponibles 24/7, preservar evidencia digital por 90 días y alertar de inmediato sobre cuentas o contenidos que atenten contra la vida, dignidad o integridad de menores.

En un estado como Baja California, donde los riesgos digitales se entrelazan con dinámicas de violencia, movilidad y vulnerabilidad, esta coordinación es indispensable.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública reciben mandatos específicos: diseñar programas de salud mental, fortalecer habilidades socioemocionales, promover el uso crítico y ético de plataformas digitales y organizar actividades de bienestar escolar. La estrategia del “ABC de las emociones”, los buzones confidenciales y los protocolos de acompañamiento se convierten en herramientas obligatorias dentro de la Nueva Escuela Mexicana.

Los transitorios confirman que este decreto es solo el inicio. Se instruye a instalar una Mesa de Trabajo para elaborar propuestas de regulación más robustas y se obliga a las plataformas a documentar sus acciones en un plazo máximo de treinta días. Es un avance significativo, pero todavía sin sanciones ni autoridad reguladora definida. La legislación vendrá después.

Baja California puede avanzar sin esperar a que las plataformas cumplan o a que las mesas federales produzcan resultados. El marco jurídico estatal permite incorporar desde ahora los riesgos digitales mencionados en el decreto en el Programa de Protección Integral Escolar, la Ley de Educación, la Ley de Seguridad Escolar, la Ley de Acoso Escolar, la Ley de Salud y la Ley de Atención al Autismo. Incluso es viable impulsar una Ley Estatal de Protección Digital de la Niñez, enfocada en la gestión de riesgos digitales en escuela, hogar y comunidad, sin invadir facultades federales sobre plataformas. El uso responsable de dispositivos dentro del plantel puede complementarse con una política integral que atienda los riesgos fuera de él.

El decreto federal es un avance. Baja California tiene la oportunidad de convertirlo en una política territorial efectiva que proteja a sus niñas, niños y adolescentes dentro y fuera del plantel, con una visión preventiva, comunitaria y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

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