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Inauguraron Sala de Audiencias Pública de Juicio Oral en la UABC

Es de las primeras instituciones de educación superior en el país que tienen dentro de sus instalaciones una instalación del Sistema de Justicia Penal
Colaborador
Hace 4 años
19829

Los espacios para el ministerio público y la víctima, el defensor el imputado, para los testigos, encargado de Sala y el juez, están delimitados. - Colaboración.

A finales de septiembre se llevó a cabo la apertura de la Sala de Audiencias Pública de Juicio Oral dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Campus Mexicali y que fue entregada en comodato al Poder Judicial del Estado.

Este recinto fue inaugurado en octubre de 2017 con la finalidad de que la comunidad académica, principalmente quienes estudian la Licenciatura en Derecho, tenga acceso directo al desempeño de los operadores del sistema penal oral para que se convierta en una experiencia de aprendizaje que fortalezca su formación profesional.

Las audiencias que ahí se efectuarán serán seleccionadas con rigurosidad para garantizar la seguridad y se realizarán entre cuatro u ocho audiencias, de acuerdo con los tiempos de cada una de ellas.

Los espacios para el ministerio público y la víctima, el defensor el imputado, para los testigos, encargado de Sala y el juez, están delimitados. La sala cuenta con equipo de alta especialidad, así como sistemas de audio y video interno. Tiene capacidad para 60 personas de público.

La UABC es una de las primeras instituciones de educación superior en México que tienen dentro de sus instalaciones una instalación del Sistema de Justicia Penal.

Informaron que la obra se realizó con recursos obtenidos con la venta de boletos de los Sorteos Universitarios, con una inversión cercana a los cuatro millones de pesos realizada en 2017.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, enfatizó sobre la importancia de mantener la vinculación con el sector educativo, dijo que espera que este proyecto se pueda replicar en los campus de Ensenada y Tijuana.

Para la directora de la Facultad de Derecho Mexicali, doctora Ana Edith Canales Murillo, la apertura de esta Sala representa un parteaguas en la enseñanza del Derecho en el estado.

A la ceremonia de apertura asistieron magistrados, consejeros y funcionarios del Gobierno Estatal, así como docentes y alumnos de la comunidad universitaria.

 

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Detenida menor de edad acusada de asesinato

Archivo
Hace 8 años
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Instalaciones de la subprocuraduría en Ensenada.  - Archivo.

Agentes Ministeriales en Ensenada cumplimentaron este sábado la orden de detención de la adolescente Alejandra Berenice "N", de 16 años de edad, acusada de ser copartícipe en el homicidio de Nataly Carreón González, de 19 años de edad en el poblado de El Porvenir, en el Valle de Guadalupe. El grupo de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Ensenada, informó que la detención se realizó en la colonia Márquez de León. El asesinato se registró el 5 de diciembre por la noche en una cabaña ubicada en el mismo poblado donde Berenice y Carlos “N” invitaron a Nataly a una supuesta fiesta y una vez ahí la golpearon con un barrote de madera y una pala hasta quitarle la vida. Días después Carlos “N” de 18 años de edad fue apresado y vinculado a proceso el 1 de febrero.
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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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