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Detuvo PEP, 240 homicidas en 6 años

Las detenciones fueron de sujetos que Contaban con orden de aprehensión o reaprehensión casi la mitad en Tijuana; en Ensenada fueron solo 20 detenidos por asesinato; no obstante durante 2018 en Ensenada hubo 253 muertes violentas, más de 3 mil en todo el estado
Redacción
Hace 7 años
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El trabajo de los agentes consiste en intercambiar información con otras corporaciones e investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas. - .

En un periodo de 6 años, desde finales de 2013 hasta inicios de 2019, la Policía Estatal Preventiva (PEP) logró el aseguramiento de más de 200 sujetos que contaban con orden de aprehensión o reaprehensión, algunos de ellos líderes de algún grupo de la delincuencia organizada.
Los agentes que implementaron trabajos de inteligencia, intercambio de información con otras corporaciones e investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas realizadas a los números de emergencia 911 y denuncia anónima 089.
De los detenidos se pudo comprobar que 16 dirigían algún grupo de delincuencia organizada donde en varios de los casos se estableció coordinación a través del Centro Estatal de Denuncia Anónima de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la Procuraduría General de Justicia del Estado para el seguimiento de las investigaciones.
En contraparte tan solo en el municipio de Ensenada durante 2018, en un año, hubo 253 homicidios , mientras que ciudades de Baja California puntean la lista de ciudades más peligrosas del mundo y en todo el estado se registraron más de 3 mil muertes violentas y la tendencia se mantiene en el 2019. El número de detenidos queda corto.
La estadística señala que en Mexicali se registraron 98 detenciones, en Tijuana 78, Ensenada 20, Playas de Rosarito 11 y Tecate 5, en donde en todos los casos los sujetos contaban con un mandamiento judicial emitido por algún juez, asimismo aseguraron a 28 sujetos buscados por homicidio en grado de tentativa quien también se encontraban prófugos de la justicia lo que arroja un total de 240 aseguramientos.
Es importante precisar que en estas detenciones se aseguró 57 mil 121 dosis de metanfetamina, 2 mil 2 dosis de marihuana, 8 armas cortas, 2 armas largas, 444 cartuchos y 10 cargadores.
El periodo comprende del 1 noviembre de 2013 al 27 de febrero de 2019, es resultado de la estrategia implementada por la en contra de la delincuencia en Baja California.
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Policías municipales realizan practica de tiro

Hace 2 años
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La capacitación incluyó módulos especializados en protocolos de seguridad, vigilancia personalizada, técnicas de reacción ante emergencias, el uso de equipo táctico y estrategias de protección  - Foto: Cortesía.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a través de su Subdirección de Profesionalización y Desarrollo, llevó a cabo un curso de capacitación titulado “Protección a Funcionarios”, con una duración total de 40 horas.

La formación se desarrolló de manera presencial en las instalaciones de la Comandancia Central de Policía, como parte de los esfuerzos para fortalecer las competencias del personal operativo.

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Alejandro Monreal Noriega, jefe de la corporación local, explicó que el objetivo principal de este curso es proporcionar a los elementos de seguridad las herramientas necesarias para garantizar la protección de funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores, especialmente en situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

“Este tipo de capacitaciones son clave para fortalecer nuestras capacidades institucionales y asegurar que nuestras autoridades puedan desempeñar sus funciones con plena confianza, en un entorno seguro y protegido”, señaló Monreal.

La capacitación incluyó módulos especializados en protocolos de seguridad, vigilancia personalizada, técnicas de reacción ante emergencias, el uso de equipo táctico y estrategias de protección. Además, se realizaron simulacros diseñados para replicar situaciones reales, lo que permitió a los asistentes poner en práctica los conocimientos adquiridos en escenarios de alto riesgo.

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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