Señalan a autoridades federales por omisiones con plaguicidas

El titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, explicó que del número de visitas de verificación, el 95% corresponde a las quejas recibidas en la institución.

Indicó que, como parte de Quién es Quién en el Mundial, del 16 de febrero al 31 de mayo personal adscrito a la Procuraduría y a las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odecos) en el país ha colocado 5 mil 700 decálogos en puntos de mayor afluencia y 31 mil 233 preciadores, para los consumidores conozcan sus derechos y los precios de productos y servicios.

“En coordinación con las dependencias y entidades del Gobierno de México, así como con autoridades estatales y municipales responsables de la organización de la justa deportiva, la Profeco desarrolla distintas acciones para proteger a la población”, añadió.

Asimismo, señaló que a través del Teléfono del Consumidor, correo electrónico y las Odeco, se han proporcionado 3 mil 412 asesorías.

De igual manera, dijo, se capacitó a más de 400 personas servidoras públicas de las Odeco en temas como medios alternativos de conciliación, quejas procedentes e improcedentes, políticas de compensación y derechos en servicio de telecomunicaciones.

Además de que se proporcionaron 23 sesiones de "Proveedor Responsable”, a Cámaras de Comercio en Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León; así como hoteleros, proveedores de transporte terrestre y restaurantes y bares.

Anunció que a través de la herramienta Quién es Quién en los Precios se han monitoreado 274 mil artículos para elaborar botanas y bebidas, e invitó a consultar la herramienta para realizar un consumo informado.

Destacó también que como parte de las acciones de difusión que lleva a cabo la Procuraduría se desarrolló el sitio web https://www.mundialsocial.gob.mx/, con información en español e inglés sobre derechos de las personas consumidoras, consejos para viajar, monitoreo de precios y mecanismos de queja.

También se colocan carteles con los medios de contacto de Profeco y se hacen campañas de promoción de derechos y prevención de fraudes, incluyendo una en colaboración con Meta, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y Amazon.

Escalante Ruiz expuso que instalarán módulos de atención en estadios sede, brigadas itinerantes en los Fan Fest; además del fortalecimiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México T1 y T2, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla (Guadalajara, Jal.) y Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo (Monterrey. N. L.).

Las acciones en el marco de la Copa del Mundo se mantendrán hasta el 19 de julio.

El personal de Infantería de Marina proporcionó seguridad perimetral en el operativo en el cual se inspeccionaron dos contenedores donde se hallaron cuatro vehículos de alta gama, que tenían reporte de robo, por lo que fueron asegurados.

Cabe señalar que, los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de integrar la carpeta de averiguación correspondiente y definir su situación legal.

Lo anterior se desprende de una respuesta obtenida el 7 de mayo de 2026, mediante una solicitud de transparencia hecha por el colectivo Ensenada Digna, en torno a la “Actualización del Proyecto del Bypass de la Autopista Tijuana-Ensenada”, promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) clasificaron la información en torno a: proyecto ejecutivo completo; planos de trazo definitivo y preliminar; así como entradas, salidas, entronques y accesos.

También para: planos de afectación parcelaria; memorias descriptivas; secciones transversales y longitudinales; modificaciones al trazo y croquis de obras provisionales.

Para las motivaciones, las autoridades federales argumentaron los artículos 102 y 107 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tras considerar que hacer pública la información representa “un riesgo real, demostrable e identificable”.

“Ya que actualmente la información requerida respecto al proyecto… se encuentra en etapa de validación y aprobación por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pudiendo presentar modificaciones u observaciones por parte de la DGST”, según la respuesta.

Indicaron que la información disponible corresponde a “estudios preliminares” y la publicidad “supone un riesgo para la realización de proyecto” pues está directamente relacionada con “procesos administrativos no concluidos”.

Esto, en apego al artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, mismo que establece que no podrán ejecutarse trabajos de construcción o reconstrucción en los caminos y puentes concesionados, sin la previa autorización de la Secretaría, de los planos memoria descriptiva y demás documentos con las obras que pretenden ejecutarse.

El gobierno federal remarcó que “el riesgo de prejuicio al difundirse dicha información supera el interés público de conocerla”, pues dichos documentos “constituyen un insumo indispensable para la toma de una postura institucional”, al igual que para la “determinación final”.

“Que a la fecha aún no ha sido adoptada por las autoridades competentes, por lo que al divulgar dicha información podría interrumpir o menoscabar la conducción técnica de futuras negociaciones, con lo que se pondría en riesgo las condiciones de propuestas de operación, así como la exitosa culminación de proyecto”, conforme al texto.

En la respuesta se reitera que la exposición pública podría interpretarse como una “postura definitiva” y que incluso podría generar “presiones externas que alteren la voluntad de negociación” o comprometer “el margen de ajuste” que requieran las áreas técnicas para emitir una “conclusión sólida”.

“Así como inducir a terceros a especular sobre montos no oficiales o sobre obligaciones contractuales aún no confirmadas, afectando la estabilidad institucional del proyecto”, aseguraron las autoridades.

Agregaron que, incluso, dar a conocer elementos deliberativos “no firmes” podría “deteriorar la confianza pública en el proyecto”, pudiendo interpretarse como un retraso o incumplimiento contractual, e incluso “derivar en presiones políticas injustificadas”

“En razón de la fecha señalada para la validación y aprobación de proyecto ‘Actualización del Proyecto del Bypass de la Autopista Tijuana-Ensenada’, se considera que el periodo de reserva es de cinco años en consideración de que no hay fecha definitiva para la terminación por parte de las autoridades competentes”, según subrayaron.

“No puede hablarse de legalidad si se oculta la información”: Ensenada Digna

Tras obtener la clasificación, integrantes del colectivo Ensenada Digna señalaron que dicha decisión representa “un grave atentado contra el derecho de la ciudadanía de estar informada” y participar en decisiones que afectan directamente el territorio, recursos hídricos, y medio ambiente.

Señalaron que la reserva citada contradice los principios fundamentales del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, que obliga a garantizar transparencia y participación pública en asuntos ambientales.

“No puede hablarse de legalidad, transparencia ni participación ciudadana cuando la información relacionada con obras de alto impacto ambiental se mantiene oculta a la población”, puntualizaron en su postura pública.

Por lo anterior exigieron: La inmediata desclasificación de la información relacionada con los trabajos observados sobre el trazo del Bypass; y transparencia total sobre permisos, estudios y actividades actualmente en ejecución.

También el respeto al derecho ciudadano de acceso a la información ambiental y participación pública; y que ninguna obra o actividad avance mientras persistan irregularidades en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Sobre la pasada reunión pública de información, realizada el 12 de mayo en Ceart Ensenada por parte de Semanart y la compañía TGC Geotecnia, S.A. de C.V. -proyectista contratada por Banobras y la SICT-, recordaron que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) elaborado por dicha empresa ha sido ampliamente cuestionado.

Esto, por las omisiones, inconsistencias técnicas y una deficiente evaluación de los impactos estructurales, ambientales hídricos, sociales y arqueológicos del proyecto.

“Por lo que ha cobrado sumas que rebasan los 51.9 millones de pesos tan solo en las cifras que han accedido a revelar”, apuntaron.

El Bypass es un libramiento de 25 kilómetros de largo para quitar presión a la carretera Escénica Tijuana-Ensenada y mantener una vía de comunicación; esto, ante probables nuevos deslizamientos, como han advertido especialistas científicos.

La inversión anunciada, hasta el momento, es de 4 mil 300 millones de pesos, mediante un esquema de inversión mixta; según TGC Geotecnia, S.A. de C.V, contempla casetas de cobro, cuatro puentes y dos túneles falsos, además de que la justificación general es la saturación de vehículos en las vías de entrada al puerto.

De mantenerse la reserva, la información sería liberada hasta el 2031, un año después de concluir su periodo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sería la segunda en su administración, pues el Cicese reservó por tres años la relacionada con la MIA para el proyecto de ampliación del puerto de El Sauzal de Rodríguez.

La campaña fue dada a conocer este jueves 21 de mayo en el Museo del Vino, en el Valle de Guadalupe, donde acudieron el ciclista olímpico Eder Frayre; el impulsor de la campaña, Christian Cuesta; la ciclista Ana Castañeda; y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, entre otras autoridades de la SICT y el Inde BC.

Eder Frayre destacó la iniciativa promovida desde la sociedad civil, a partir de la experiencia en carreteras y los testimoniales de quienes viven el ciclismo como deporte, pasión y forma de vida.

Enfatizó que la localidad se ha vuelto un referente de ciclismo de ruta, dada la generación de ciclistas que actualmente representan a México en escenarios internacionales.

“Pero también nos compromete a seguir construyendo una cultura vial más consciente, más humana y más segura. Quiero reconocer, especialmente, el respaldo que la sociedad ensenadense le ha dado a esta causa, a los clubes de ciclismo, a las familias, a los empresarios, a los medios de comunicación, a las asociaciones y a quienes colocaron una señal, compartieron un mensaje o decidieron respetar esos 1.5 metros que pueden hacer la diferencia entre la vida y la tragedia”, expresó el ciclista olímpico.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció a la comunidad ensenadense por ser “personas aguerridas, luchadoras, muy unidas” y que saben ponerse de acuerdo para generar este tipo de acciones en beneficio de la sociedad.

“Celebro que haya surgido por parte de la ciudadanía y, sobre todo, como algo que fue una tragedia en su momento -afortunadamente aquí te tenemos, Ana- se está transformando en esto. Estoy convencida que salvará muchas vidas”, compartió Ávila Olmeda.

Laura Marmolejo Toscano, directora general del INDE BC, recordó el accidente de Ana Castañeda, ocurrido en diciembre 2025, en la entrada al municipio.

“Esto hizo visible lo vulnerable que son los deportistas que llevan a cabo su entrenamiento en nuestras carreteras y la urgente necesidad de crear conciencia vial de automovilistas y de los ciclistas. Fue aquí donde la sociedad civil entró en acción, a través del grupo liderado por Christian Cuesta que de manera independiente organizó una manifestación pacífica para exigir respeto a la comunidad ciclista”, dijo.

Agregó que, como parte de las acciones, Cuesta organizó una campaña para colocar señalizaciones para advertir de la presencia de ciclistas en toda la ruta de Ensenada hasta San Miguel.

Sobre la campaña, Christian Cuesta detalló que es para generar conciencia sobre la importancia de compartir las carreteras, fomentar el respeto y convivencia segura entre automovilistas, ciclistas y transporte de carga en carreteras estatales y federales.

“Visibilizar al ciclista como un usuario legítimo de la vía, que los automovilistas entiendan que el ciclista también puede usar la carretera, que tiene su espacio, y que no sean tan egoístas de que nada más ellos puedan usarla. Nos ven como un estorbo”, afirmó.

La campaña completa podrá ser consultada en el sitio oficial: https://www.ciclobaja.com/.

Ana Castañeda, al ser sobreviviente de un accidente ocasionado por un conductor, compartió un mensaje centrado en la importancia de la iniciativa y cómo representa una forma de hacer justicia a la comunidad ensenadense que gusta de practicar este deporte.

Como parte de la campaña, fue proyectado un video donde aparece el ciclista profesional Isaac del Toro, quien pidió generar conciencia hacia este sector.

“Simplemente estamos compartiendo las vialidades. No queremos ser invasivos ni mucho menos provocar un accidente”, mencionó.

Al lugar también acudieron empresarios y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

A través de un documento dirigido a Julio César García Vergara, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, los inconformes expusieron que la empresa promovente, TGC Geotecnia S.A. de C.V., incurrió en una omisión grave al no publicar en tiempo y forma un estracto de la MIA en un diario de amplia circulación en Baja California.

De acuerdo con el historial oficial del trámite (clave 02BC2026V0003), la compañía ingresó la MIA en ventanilla el pasado 19 de enero de 2026.

Sin embargo, el extracto de la obra fue publicado en el periódico El Mexicano hasta el 21 de febrero, es decir, 33 días naturales después.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa) establece que dicha publicación debe realizarse en un plazo de cinco días hábiles a partir de la presentación del trámite.

Ante esta omisión, expusieron, se debió negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al promovente, lo cual tendría que haber dado fin al procedimiento de evaluación desde el mes de enero.

Los activistas fundamentaron su solicitud en los artículos 34 y 35 de la Lgeepa, así como en los manuales de procedimientos internos de la propia Semarnat.

Argumentan que el incumplimiento de este requisito rompe con la legalidad del proceso y afecta el derecho de la ciudadanía a una consulta pública justa.

A pesar de este desfase de un mes en los tiempos legales, el proyecto continuó su curso, de manera irregular.

El pasado 12 de marzo fue publicado en la Gaceta Ecológica y, posteriormente, el 9 de abril se puso a disposición de los ciudadanos para abrir el periodo de consulta pública, programado del 20 de abril al 19 de mayo.

El 12 de mayo se llevó a cabo una Reunión Pública de Información en el Centro Estatal de las Artes (Ceart) de Ensenada.

Cabe recordar que la obra contempla una carretera de cuota de 23.5 kilómetros, puentes, un túnel y la remoción de hasta 90 hectáreas de vegetación; con este proyecto, sostienen, se busca mitigar los riesgos geológicos de un tramo de la carretera Escénica.

Activistas exhibieron vacíos ambientales en proyecto de “Bypass”

Durante la fase de consulta pública, la comunidad científica local y diversas organizaciones civiles echaron abajo los argumentos de la empresa promovente, tras señalar graves omisiones en el conteo de flora y fauna, así como la falta de planes claros para proteger el ecosistema de la zona.

Los representantes del proyecto técnico aseguraron que, bajo los criterios de la norma oficial NOM-059-SEMARNAT-2010, existe "cero presencia de especies de fauna en categoría de riesgo identificadas directamente sobre el trazo de la obra".

Sin embargo, en el informe abordado en la consulta pública, se indicó que en el área de influencia existen al menos 3 especies en peligro de extinción, 6 bajo amenaza y 7 sujetas a protección especial.

En cuanto a la flora, los promoventes detallaron haber contabilizado 288 ejemplares de encino de California (Quercus agrifolia) en el estrato arbóreo, además de 470 individuos en el estrato arbustivo, destacando el canutillo (Ephedra californica) y la estafiate (Eriogonum fasciculatum).

Como medidas de mitigación, la constructora propuso un esquema de "aislamiento operativo", y plantearon un modelo de economía circular para triturar los restos vegetales y usarlos como abono, además de la reubicación de las especies protegidas que se encuentren en el camino.

Sus propuestas fueron refutadas por expertos en botánica y fauna, investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), del Cicese y del Colegio Patria, en conjunto con las asociaciones Nación Verde MX, Fauna del Noroeste y Save The Waves.

Los especialistas advirtieron que los datos presentados por la empresa proyectista carecen de rigor, ya que no tomaron en cuenta el factor estacional ni los hábitos de la fauna local. Señalaron que el censo omitió especies que solo pueden ser avistadas en épocas específicas del año o durante los horarios del amanecer y el anochecer.

Asimismo, señalaron que los promoventes no explicaron con claridad los métodos que utilizarán para extraer, reubicar y garantizar la supervivencia de las plantas y animales protegidos por la ley, calificando las medidas propuestas como insuficientes para el impacto real que generará la obra vial.

Durante la reunión, la mandataria estatal destacó que la unidad es un principio esencial del movimiento de transformación que vive el país, ya que permite responder con mayor eficacia a las necesidades de la población, especialmente de quienes históricamente han sido más vulnerados.

En ese sentido, resaltó que la coordinación con los municipios y el Poder Legislativo permite impulsar políticas públicas con enfoque social, orientadas a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de las familias bajacalifornianas.

Reiteró que el compromiso de su administración se mantiene firme con los principios de la transformación, poniendo en el centro el bienestar del pueblo por encima de cualquier interés particular, al señalar que en este gobierno el poder solo tiene virtud cuando se pone al servicio de los demás y que primero están los más vulnerables.

En el encuentro se abordaron temas prioritarios como el fortalecimiento de la seguridad, el impulso a la obra pública y la continuidad de los programas sociales, con la suma de esfuerzos para dar resultados concretos a la ciudadanía.

Por último, Avila Olmeda reafirmó su disposición de mantener un diálogo permanente y constructivo con las y los representantes populares, en plena concordancia con las políticas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para seguir avanzando en un proyecto de gobierno que pone en el centro a las personas y trabaja todos los días por el bienestar de Baja California.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Baja California informa que, dentro de este ciclo, el algodón, considerado el cultivo emblemático del Primavera-Verano en el Valle de Mexicali, presenta una superficie programada de 9,571 hectáreas.

De estas, se han expedido 5 mil 581 hectáreas y se reportan 4 mil 921 hectáreas sembradas, además de 5 mil 255 hectáreas regadas para siembra.

José Antonio Ramírez Gómez, representante de la dependencia federal en el estado, indicó, para conocimiento de los productores, que la fecha recomendada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para el establecimiento del cultivo de algodonero ya concluyó.

Es por eso que, en las próximas semanas se dará seguimiento al cierre definitivo de siembras correspondiente al ciclo Primavera-Verano 2026.

Aclaró que el algodonero es un cultivo regulado, por lo que los productores deberán cumplir oportunamente con las labores fitosanitarias correspondientes, particularmente el desarraigo de la planta a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

En caso de incumplimiento, se realizarán las acciones que correspondan conforme al marco normativo y administrativo aplicable, con el propósito de proteger la sanidad vegetal y la actividad agrícola del Valle de Mexicali.

Ramírez Gómez agregó que en adición al cultivo algodonero, también han sido sembradas 2 mil 095 hectáreas de sudán forrajero, en la modalidad de temprano y tardío; 1 mil 198 hectáreas de cebollín, 382 hectáreas de maíz y 15 hectáreas de sorgo grano.