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Dos décadas de la masacre de 19 personas en Ensenada

Redacción
Hace 8 años
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Este hecho violento, el mayor multihomicidio del que se tiene registro en Ensenada, a pesar de la de detenciones y condenas el expediente sigue abierto en las averiguaciones 296/98 y 269/98-B por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
La supuesta primera víctima fue un menor de 12 años a quien creyeron muerto, convirtiéndose en uno de los dos testigos sobrevivientes. A unos metros del panteón municipal de El sauzal se alza un grupo de construcciones de ladrillo en cuyos patios reunieron a los miembros de la familia para ultimarlos. Al paso de los años las investigaciónes llevaron a la detención de varios de los supuestos atacantes. Durante los primeros cateos en distintas colonias de la ciudad donde el ejército y elementos de la procuraduría General de la República (PGR), llevaron a cuatro deteniciones y con el tiempo suman nueve los detenidos. Se presume participaron 14 elementos en el atentado. Las familias asesinadas eran residentes de la zona, desde hacía varios años se habían asentado en la zona de la manzana 11 de la colonia Vista al Mar y allí operaba el rancho El Rodeo, con cinco casas, una de las cuales era usada como bodega. Las víctimas del atentado fueron: Eduardo Flores Castro, de 9 años; Vanessa Francisca Flores Castro, de 13; Berenice Flores Castro, de 16; Francisco Flores Castro, de 4; Fermín Castro, de 2; Mavis Karem, Flores Castro, de 8; Bernardo Flores Castro, de 4, y Cesar Jaime Tovar de 1 año. También murieron Xóchitl Altamirano Osorio, de 52; Francisco Flores Altamirano de 30; Pera Tovar de Jaime, Karina Jaime Tovar, Pichi Jaime Tovar, Macaria Jaime Tovar, éstos sin precisar su edad, así como Luis Liera Jaime, de 40, Manuel Ramírez, sin conocer la edad, Sandra Castro, de 30 años, Guadalupe Tovar, de 30, y Fermín Castro Flores, de 38 años.
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Reviven proyecto turístico Punta Brava en La Bufadora

Un campo de golf es el mayor atractivo
Colaboración
Hace 2 años
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Son alrededor de mil hectáreas aprovechadas en la obra, más otras que se usarán como áreas de conservación  - Foto: Cortesía.

Después de varios años detenido, el Gobierno Municipal activará el acuerdo para la construcción del “Desarrollo turístico inmobiliario Punta Brava” ubicado en la península de Punta Banda, cerca de La Bufadora.

Hasta el 2022, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) entregado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estimaba una inversión de al menos 150 millones de pesos. Una inversión de 63 millones de pesos mexicanos, para la prevención y mitigación de la zona.

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El desarrollo comprende campo de golf con 18 hoyos, 15 cabañas, casas y villas, restaurante, lounge bar, teatro, boliche, wine room, lotes residenciales, spa, gimnasio y helipuerto, albercas, vialidades internas, planta de tratamiento de aguas residuales, de ósmosis inversa, desalinizadora.

“Este proyecto que se llama Punta Brava, al señor -dueño del proyecto- en realidad nunca le dieron oportunidad de sobresalir porque le pedían demasiado dinero. Pero si tú ves el proyecto, hay que darle oportunidad”, comentó a Semanario ZETA la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

Son alrededor de mil hectáreas aprovechadas en la obra, más otras que se usarán por una empresa de Estados Unidos, como áreas de conservación tras haber identificado un importante potencial turístico en esa área de la ciudad.

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Opinión:
Riesgos digitales y protección infantil: Baja California ante el nuevo decreto federal DOF 14 de octubre de 2026
2026-10-15 06:14:11
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Colaboración
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Por Guillermo Rivera Millán

La conversación nacional sobre tecnología en las escuelas tomó forma con el Acuerdo 09/09/26, publicado el 9 de septiembre de 2026, que estableció condiciones para el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales dentro de los planteles. Aquella medida atendió la dimensión escolar del problema y ordenó a los estados —incluido Baja California— armonizar sus instrumentos jurídicos y realizar ajustes territoriales conforme a sus realidades. Sin embargo, el Acuerdo se limitó al espacio escolar. El Decreto de Entornos Digitales Seguros, publicado el mencionado 14 de octubre, amplía ese marco y aborda el entorno digital completo donde niñas, niños y adolescentes enfrentan los riesgos más graves.

Más información...

El decreto es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria. Por primera vez, México establece medidas específicas que las plataformas digitales —redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y cualquier servicio que permita interacción o difusión de contenido— deben implementar para garantizar entornos seguros para menores. La definición es amplia y abarca prácticamente todo el ecosistema digital que utilizan las infancias y adolescencias.

El contenido sustantivo del decreto es contundente. Prohíbe que las plataformas permitan el acceso, exposición o recomendación de contenido que promueva acoso y ciberacoso; abuso o violencia sexual; discursos de odio y extremismo; intercambio de contenidos que inciten a la violencia, especialmente en el entorno escolar; conductas ilícitas o apologías del delito; material sexual explícito; y riesgos asociados a salud mental como autolesiones o trastornos alimenticios. Esta clasificación obliga a las empresas tecnológicas a modificar sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus criterios de moderación.

Las obligaciones para las plataformas son igualmente relevantes. Deben implementar mecanismos confiables de verificación de edad —no basta la autodeclaración—, retirar de forma inmediata cuentas o contenidos prohibidos, activar configuraciones de privacidad estrictas por defecto, habilitar reportes accesibles, permitir supervisión parental y realizar evaluaciones periódicas de riesgos asociados al diseño y funcionamiento de sus servicios. Además, deben compartir reportes estadísticos con autoridades para fortalecer estrategias de salud mental. Este punto es crucial: el decreto vincula explícitamente el entorno digital con la salud emocional de las y los adolescentes.

El decreto también incorpora obligaciones de colaboración con autoridades de seguridad y justicia: designar puntos de contacto disponibles 24/7, preservar evidencia digital por 90 días y alertar de inmediato sobre cuentas o contenidos que atenten contra la vida, dignidad o integridad de menores.

En un estado como Baja California, donde los riesgos digitales se entrelazan con dinámicas de violencia, movilidad y vulnerabilidad, esta coordinación es indispensable.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública reciben mandatos específicos: diseñar programas de salud mental, fortalecer habilidades socioemocionales, promover el uso crítico y ético de plataformas digitales y organizar actividades de bienestar escolar. La estrategia del “ABC de las emociones”, los buzones confidenciales y los protocolos de acompañamiento se convierten en herramientas obligatorias dentro de la Nueva Escuela Mexicana.

Los transitorios confirman que este decreto es solo el inicio. Se instruye a instalar una Mesa de Trabajo para elaborar propuestas de regulación más robustas y se obliga a las plataformas a documentar sus acciones en un plazo máximo de treinta días. Es un avance significativo, pero todavía sin sanciones ni autoridad reguladora definida. La legislación vendrá después.

Baja California puede avanzar sin esperar a que las plataformas cumplan o a que las mesas federales produzcan resultados. El marco jurídico estatal permite incorporar desde ahora los riesgos digitales mencionados en el decreto en el Programa de Protección Integral Escolar, la Ley de Educación, la Ley de Seguridad Escolar, la Ley de Acoso Escolar, la Ley de Salud y la Ley de Atención al Autismo. Incluso es viable impulsar una Ley Estatal de Protección Digital de la Niñez, enfocada en la gestión de riesgos digitales en escuela, hogar y comunidad, sin invadir facultades federales sobre plataformas. El uso responsable de dispositivos dentro del plantel puede complementarse con una política integral que atienda los riesgos fuera de él.

El decreto federal es un avance. Baja California tiene la oportunidad de convertirlo en una política territorial efectiva que proteja a sus niñas, niños y adolescentes dentro y fuera del plantel, con una visión preventiva, comunitaria y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

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