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Dos décadas de la masacre de 19 personas en Ensenada

Redacción
Hace 8 años
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Este hecho violento, el mayor multihomicidio del que se tiene registro en Ensenada, a pesar de la de detenciones y condenas el expediente sigue abierto en las averiguaciones 296/98 y 269/98-B por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
La supuesta primera víctima fue un menor de 12 años a quien creyeron muerto, convirtiéndose en uno de los dos testigos sobrevivientes. A unos metros del panteón municipal de El sauzal se alza un grupo de construcciones de ladrillo en cuyos patios reunieron a los miembros de la familia para ultimarlos. Al paso de los años las investigaciónes llevaron a la detención de varios de los supuestos atacantes. Durante los primeros cateos en distintas colonias de la ciudad donde el ejército y elementos de la procuraduría General de la República (PGR), llevaron a cuatro deteniciones y con el tiempo suman nueve los detenidos. Se presume participaron 14 elementos en el atentado. Las familias asesinadas eran residentes de la zona, desde hacía varios años se habían asentado en la zona de la manzana 11 de la colonia Vista al Mar y allí operaba el rancho El Rodeo, con cinco casas, una de las cuales era usada como bodega. Las víctimas del atentado fueron: Eduardo Flores Castro, de 9 años; Vanessa Francisca Flores Castro, de 13; Berenice Flores Castro, de 16; Francisco Flores Castro, de 4; Fermín Castro, de 2; Mavis Karem, Flores Castro, de 8; Bernardo Flores Castro, de 4, y Cesar Jaime Tovar de 1 año. También murieron Xóchitl Altamirano Osorio, de 52; Francisco Flores Altamirano de 30; Pera Tovar de Jaime, Karina Jaime Tovar, Pichi Jaime Tovar, Macaria Jaime Tovar, éstos sin precisar su edad, así como Luis Liera Jaime, de 40, Manuel Ramírez, sin conocer la edad, Sandra Castro, de 30 años, Guadalupe Tovar, de 30, y Fermín Castro Flores, de 38 años.
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Reviven proyecto turístico Punta Brava en La Bufadora

Un campo de golf es el mayor atractivo
Colaboración
Hace 2 años
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Son alrededor de mil hectáreas aprovechadas en la obra, más otras que se usarán como áreas de conservación  - Foto: Cortesía.

Después de varios años detenido, el Gobierno Municipal activará el acuerdo para la construcción del “Desarrollo turístico inmobiliario Punta Brava” ubicado en la península de Punta Banda, cerca de La Bufadora.

Hasta el 2022, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) entregado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estimaba una inversión de al menos 150 millones de pesos. Una inversión de 63 millones de pesos mexicanos, para la prevención y mitigación de la zona.

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El desarrollo comprende campo de golf con 18 hoyos, 15 cabañas, casas y villas, restaurante, lounge bar, teatro, boliche, wine room, lotes residenciales, spa, gimnasio y helipuerto, albercas, vialidades internas, planta de tratamiento de aguas residuales, de ósmosis inversa, desalinizadora.

“Este proyecto que se llama Punta Brava, al señor -dueño del proyecto- en realidad nunca le dieron oportunidad de sobresalir porque le pedían demasiado dinero. Pero si tú ves el proyecto, hay que darle oportunidad”, comentó a Semanario ZETA la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

Son alrededor de mil hectáreas aprovechadas en la obra, más otras que se usarán por una empresa de Estados Unidos, como áreas de conservación tras haber identificado un importante potencial turístico en esa área de la ciudad.

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Editorial
El dilema de la presidenta Sheinbaum
2026-06-07 21:16:09
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Ya tan solo la duda de que el poder de los cárteles en México hayan permeado las filas del partido gobernante, Morena, pone a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una situación incómoda.

En otros tiempos o, si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera el de su primer mandato, Sinaloa seguiría como hasta antes de abril cuando los fiscales estadounidenses expidieron órdenes de extradición contra funcionarios de ese Estado incluido su gobernador y aliado del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Así la primer presidenta de México se halla en medio de una fuerte tensión entre Washington, Ciudad de México y Palenque. Con un difícil dilema.

Por un lado sería actuar formalmente contra de Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, acusado por Washington de facilitar el narcotráfico a Estados Unidos y de proteger a miembros del crimen organizado a cambio de sobornos y apoyo político. Retirar su red de protección política y permitir que avance el proceso de extradición, y que la investigación abra un caudal de acusaciones hacia otros estados, administraciones, congresos, el senado y hasta una hacienda en el sur de México.

Realizar una investigación conjunta creíble con Estados Unidos y hacer limpieza del partido y del país, claro que la presidenta recibiría acusaciones de ceder ante Washington por los miembros de su propio partido pero podría ganar el visto bueno y credibilidad entra la oposción y personas que creen firmemente que su gobierno en realidad está protegiendo narcopolíticos y militares corruptos al más alto nivel.

La otra cara de la moneda: escudarse en la soberanía y no hacer nada, aún y con pruebas y testimonios contundentes, aumentaría las sospechas en Estados Unidos sobre su voluntad de perseguir la corrupción de los cárteles dentro de su propio partido. Y al interior del país da material a la oposición para erosionar su aceptación de cara a los comicios y próximos años de su gobierno, incluso se arriesgaría a una poco probable Revocación de Mandato.

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Hasta ahora la presidenta ha maniobrado con cierto éxito tanto las exigencias externas como las presiones internas, y ha mantenido junto al partido pero esta es una situación insostenible a mediano plazo, hay demasiado en juego.

América del Norte está muy unida con los tratados, la economía, los migrantes, el turismo e incluso los cárteles, más ahora que sus gobiernos entran en 2026 a la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Ceder ante Estados Unidos tampoco es sostenible para el Estado mexicano y la presidenta sabe que su credibilidad corre riesgo de cualquiera de las dos opciones por lo que debe hallar un sano punto medio.

El concepto de soberanía es claro: ningún presidente mexicano, o de otro país, puede dejar a Estados Unidos disciplinar a la clase política y perseguir a sus corruptos pero alguien por fuerza tiene que hacerlo.

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