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Vigilan nivel de endeudamiento de Ensenada

Redacción
Hace 8 años
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El 18.7 por ciento de los municipios evaluados presentan un nivel de Endeudamiento en Observación, entre ellos las finanzas del Ayuntamiento de Ensenada.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Gobierno Municipal de Ensenada se ubica en un nivel de “Endeudamiento en Observación”.
En la Evaluación del Sistema de Alertas de los Municipios Cuenta Pública 2017, que se publicó en agosto 2018, indica que este estatus permite, como máximo, que el gobierno de Marco Antonio Novelo Osuna, adquiera un endeudamiento equivalente al 5% de sus ingresos.
Si la deuda pública alcanza el nivel de “Elevado” no podrá contratar financiamiento para salir de los problemas económicos.
Anterior a este gobierno se encontraba en un nivel de “Endeudamiento Sostenible” que le permitió un endeudamiento equivalente al 15% de los ingresos.
Aunque al final, la decisión de adquirir un crédito lo aprueban los diputados del Congreso de Baja California y está sujeto a las restricciones mencionadas.
De los 555 municipios que sí pudieron ser evaluados, ninguno presenta un nivel de Endeudamiento Elevado.
Después de Ensenada está Ciudad Juárez, Ahualulco de Mercado, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Sayula, Tequila, y Tonalá en Jalisco; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Acatlán de Osorio, Libres, San Martín Texmelucan y San Salvador el Seco en Puebla; Cozumel y Othón P. Blanco en Quintana Roo; Tamuín, San Luis Potosí.
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Aprobó el cabildo planes de desarrollo urbano

Colaboración
Hace 2 años
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En sesión extraordinaria de cabildo, el lunes 29 de enero aprobaron por mayoría calificada el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDUCP).

Ambos documentos estratégicos en materia de planeación urbana, fueron presentados por la comisión de Desarrollo Urbano, serán remitidos al Ejecutivo Estatal para la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado y registro en los términos de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California.

Desde el ayuntamiento reconocieron el trabajo del Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación (IMIP) en la elaboración de ambos documentos, y del análisis detallado de cada una de las observaciones presentadas en la consulta pública.

El presidente municipal Armando Ayala Robles manifestó que para lograr estos documentos se requirieron de semanas de trabajo, de consultas a todos los sectores y se atendieron las inquietudes y solicitudes hechas por la población.

Dijo que dieron preferencia a los intereses de la mayoría de la población, dejando de lado la presión de algunos grupos que querían incluir aspectos que privilegiarán a unos cuantos.

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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