Avanza restauración de bosques se macroalgas marinas en BC

Horacio González Moncada, cronista oficial de Ensenada, lo compartió a Zona Norte Noticias, en el marco del 78 aniversario de creación y la edición 11 del próximo Festival de la Margarita, que será realizada en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera.

“Hay dos historias de origen: una es la relatada por quien reclamara ser el inventor, el señor David Negrete, quien fue bartender y llegó en los años 20 a Baja California. Estuvo en Tijuana y después se movió a Ensenada y le tocó estar en la reapertura del ya Hotel Riviera, antes Hotel Playa”, contó el también historiador.

González Moncada refirió que, de acuerdo al bartender, la dueña de aquel entonces, la señora Marjorie King Plant, le pidió “una bebida refrescante”.

“Él busca estos insumos: jugo de limón, licor de naranja y tequila. Y le prepara una bebida refrescante a la cual le añade hielo y le escarchea sal. Dice que fue la bebida preparada en honor de Marjorie King Plant”, citó.

De la segunda historia, el cronista refirió que también es reclamada por el Hussong’s, cantina que está desde 1882, donde la solicitó una parroquiana frecuente, identificada como Margaret Henkel, propietaria de un rancho en San Telmo, al sur de Ensenada, en las inmediaciones de la Sierra de San Pedro Mártir.

“Quien venía frecuentemente a Ensenada y también buscaba una bebida refrescante y se le prepara. La diferencia es que la receta original que preparan en el Hussong’s, en lugar de tener el Controy, el licor de naranja, tiene Damiana, el cual es un licor local. Un destilado de esta planta. Y pues ahí están las dos versiones”, abundó.

González Moncada refirió que, tras más investigación, en cuanto a coctelería ya había una receta a base de destilados, como puede ser el ron, brandy o el mismo tequila, junto con un ingrediente cítrico, en este caso un licor como el Controy, de naranja, y jugo de otro cítrico, como limón, naranja o toronja.

“En la coctelería conocida ya había una base. Probablemente, tanto en el Hussong’s, o el señor David Negrete, abonan a estas recetas que se conocían y le ponen un elemento local, como el caso de tequila”, agregó.

El cronista aclaró que, en aquella época, el tequila no era bebida popular como en la actualidad, sino que se consideraba para clases no pudientes al ser económica; sin embargo, influyó que en la época del Cine de Oro Mexicano comenzó a tener más proyección al ser tomada por Jorge Negrete o Pedro Infante.

Señaló que ambas versiones pueden ser contemporáneas, al generarse durante la década de 1940, y en Ensenada, aunque lo complicado es establecer el año específico.

“Salvo el testimonio del señor Negrete, quien afirma que la preparó en 1948 en el Bar Andaluz”, dijo.

Sobre el Hussong’s, aún está en investigación la identidad de la persona que la haya preparado por primera vez.

Horacio González Moncada adelantó que este, y otros temas, serán abordados en la conferencia especializada que será brinda en los tres días de festejos de la edición 11 del Festival de la Margarita.

En su caso, brindará una conferencia el próximo jueves 27 de agosto, donde también hablará del mural del Bar Andaluz; la plática será en el Patio Bugambilias a las 18:00 horas del día indicado, con entrada libre.

De acuerdo con la grabación —que documenta un diálogo entre la mandataria estatal y supuestos agentes federales estadounidenses—, las autoridades extranjeras le habrían advertido que este instrumento constituía su alternativa final para adherirse a dicho proceso de entendimiento.

Entrevistado al respecto por la periodista Azucena Uresti en Telefórmula, Gildo Garza detalló que este recurso jurídico opera bajo una lógica de intercambio de información a cambio de beneficios legales.

Bajo esta figura, la persona interesada debe detallar previamente y con precisión qué tipo de datos, elementos o cooperación está dispuesta a aportar a las autoridades norteamericanas.

La difusión de los audios, desde el pasado mes de junio, incrementó la presión mediática y política sobre la administración estatal, lo que originó que Ávila Olmeda realizara una serie de entrevistas en las que sostuvo que los audios habían sido sacados de contexto.

Insistió en que fue víctima de una “emboscada psicológica” planeada por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Asimismo dijo desconocer si es objeto de investigación por parte de las autoridades estadounidenses, e insistió en que todo se originó por sus intentos de recuperar la visa de turista que le fue revocada en mayo del 2025.

De acuerdo con el reporte recibido a las 22:09 horas a través del C-5, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de las calles Abelardo L. Rodríguez y Delante, cuando los hombres llegaron y se llevaron a la fuerza a José Luis Mendoza, conocido como “El Chino”.

Testigos mencionaron que momentos antes su padre habría sido golpeado y posteriormente subido a su vehículo, una Toyota Tacoma modelo 2020, color gris oscuro, de cuatro puertas, con placas ZLA-423-B, propiedad del comerciante.

De acuerdo con el reporte, los sujetos presuntamente huyeron a bordo de la camioneta por la calle Abelardo L. Rodríguez en dirección hacia la zona de Diamante. Corporaciones de seguridad mantienen un operativo en distintos puntos de Ensenada para dar con el paradero del comerciante.

El reporte se recibió alrededor de las 04:58 horas, cuando se alertó sobre varios vehículos que se encontraban en llamas dentro del establecimiento. La persona que realizó el reporte manifestó que se escuchaban algunas explosiones, aunque desconocía si el incendio había sido provocado.

De acuerdo con el propietario, quien se encontraba en su domicilio cercano al lugar, comenzó a percibir humo debido a que su vivienda es de madera, y al salir encontró que había vehículos incendiándose dentro del yonke.

Aunque había un guardia de seguridad en el establecimiento, se encontraba dormido al momento del incidente. Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para sofocar el fuego.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar el motivo del incendio.

Se le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, en un intento por salvarle la vida, a pesar de los esfuerzos de los rescatistas, el menor no respondió y fue declarado sin vida en el lugar.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Policía Municipal y salvavidas del Departamento de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada durante las labores de rescate y atención de la emergencia.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza que mantenía con la víctima, de 10 años de edad, para realizar actos de naturaleza sexual durante el mes de enero de 2026. Como consecuencia de estos hechos, se confirmó un embarazo intrauterino.

Tras la denuncia presentada el 8 de julio de 2026, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y obtuvo, el 10 de julio, una orden de aprehensión en contra del imputado por el citado delito.

La orden judicial fue cumplimentada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Género, quienes localizaron y detuvieron al imputado en el municipio de Comondú, Baja California Sur.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba que sustentan la probable participación del imputado, por lo que el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso, imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en el ejido El Porvenir, donde el imputado presuntamente cometió el delito en agravio de la víctima, aprovechándose de la relación de confianza derivada de un vínculo familiar.

Como parte de las diligencias de investigación, agentes estatales recabaron información que permitió establecer la ubicación del imputado, por lo que se implementó un operativo en el poblado San José de la Zorra, en el municipio de Ensenada.

Durante la intervención, Sigifredo “N” fue localizado, detenido y notificado del mandamiento judicial en su contra.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el imputado fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial que lo requería para continuar con el proceso penal correspondiente.

La medida fue aplicada por la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris) por incumplimiento de la NOM 251 SSA1 2009.

Según datos de la dependencia, luego de la suspensión temporal, se determinó dejar acceso al establecimiento a fin de que los responsables puedan atender las recomendaciones que originaron la acción por parte de esa autoridad.

En los próximos días, los responsables de los negocios tendrán una audiencia programada a fin de comprobar que se subsanaron las observaciones.

Integrantes del sector restaurantero indicaron que las visitas por parte de las autoridades, se están realizando como parte del Operativo Marea, que encabezan autoridades estatales como parte del combate a la extorsión.

Por ello, cuestionaron que las acciones, en las que participan diversas dependencias, se “mezclen” con la operatividad regular de instancias como, Coepris y Protección Civil.

La NOM-251-SSA1-2009 es una Norma Oficial Mexicana emitida por la Secretaría de Salud que establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben cumplirse en el proceso de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en México.

Su objetivo principal es garantizar la inocuidad de los productos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y proteger la salud de los consumidores.

Es de carácter obligatorio para fábricas, restaurantes, cafeterías, hoteles, almacenes y cualquier establecimiento comercial o de servicios relacionado con la cadena alimentaria.

En lo que respecta a instalaciones y las distintas áreas, indica que los establecimientos deben estar diseñados para evitar la contaminación.

Los pisos, paredes y techos tienen que ser de materiales fáciles de limpiar y sin grietas. Deben contar con iluminación y ventilación adecuadas, así como con protección contra plagas y fauna nociva.

Una denuncia puede ser necesaria, pero jurídicamente es apenas el comienzo.

La Dirección de Recaudación de Rentas del Municipio de Ensenada no administra papeles sin trascendencia.

Entre sus funciones se encuentra llevar adelante el procedimiento administrativo de ejecución de créditos fiscales municipales y practicar las notificaciones de los actos administrativos correspondientes.

La legislación hacendaria estatal establece, además, que los créditos fiscales municipales no pagados oportunamente pueden exigirse mediante ese procedimiento.

Por eso, una notificación, un requerimiento o una diligencia fiscal no es simplemente una hoja impresa. Puede constituir parte del soporte documental mediante el cual la autoridad acredita que realizó determinada actuación frente a un contribuyente, en determinada fecha y bajo determinadas formalidades.

Si ese documento desaparece, es destruido o pierde su trazabilidad, el problema puede trascender la mera deficiencia administrativa.

Puede afectar la capacidad del municipio para demostrar sus propios actos.

Supongamos que posteriormente la autoridad pretende continuar un procedimiento administrativo de ejecución, practicar un embargo o defender la legalidad de una actuación ante una impugnación.

Si falta la documentación que acredita una notificación, una diligencia o algún antecedente indispensable, la administración podría enfrentar dificultades para demostrar que observó las formalidades legales correspondientes.

Así, la pérdida de documentos fiscales puede producir un doble daño: expone información de particulares y, simultáneamente, debilita la capacidad jurídica del propio municipio para cobrar y defender sus créditos fiscales.

Custodiar no es una opción

La legislación de responsabilidades administrativas de Baja California es particularmente clara.

Entre las obligaciones de las personas servidoras públicas se encuentra registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que tengan bajo su responsabilidad, así como impedir su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

La misma legislación establece el deber de supervisión respecto de las personas servidoras públicas subordinadas.

Ese mandato cambia sustancialmente la discusión. Ante la aparición, fuera del control institucional, de documentos pertenecientes a una dependencia municipal, la pregunta no debería limitarse a: “¿Quién se los llevó?”

También deben responderse otras preguntas:

¿Quién tenía formalmente su custodia?

¿Cómo salieron del circuito institucional?

¿Existía registro de entrega y recepción?

¿Habían sido diligenciados?

¿Eran originales, copias o documentos pendientes de notificar?

¿Quién supervisaba al personal encargado?

¿Existe un inventario que permita conocer cuántos documentos faltan?

¿Hay más expedientes afectados?

¿Se conservaron respaldos?

¿Los documentos encontrados corresponden con las actuaciones registradas en los sistemas municipales?

Y, quizá, la pregunta más importante:

¿Se trató de una falla administrativa aislada o de una práctica sistemática?

Responder esas preguntas corresponde precisamente a una investigación administrativa.

La Sindicatura no necesita esperar una denuncia

Aquí existe otro aspecto relevante. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado establece expresamente que la investigación de presuntas faltas administrativas puede iniciarse de oficio, por denuncia o derivada de auditorías. Asimismo, obliga a las autoridades investigadoras a realizar de oficio investigaciones debidamente fundadas y motivadas cuando existan conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas.

Las sindicaturas municipales forman parte de esas autoridades investigadoras.

Por ello, si existen hechos públicos suficientemente concretos que permitan advertir una posible pérdida, extravío o manejo irregular de documentación municipal, la presentación posterior de una denuncia por parte de la propia dependencia no debería entenderse como el acto que genera la facultad de investigar.

La facultad ya existe y, cuando existen indicios suficientes, también existe la obligación institucional de actuar.

La denuncia de Recaudación puede aportar información y facilitar la investigación, pero no sustituye la obligación de la Sindicatura de determinar si existieron omisiones en los mecanismos de custodia, supervisión, archivo y control, por parte del funcionario que denunció, es decir, hacer ver el error no lo exime de su responsabilidad de custodia y resguardo.

Inclusive, investigar únicamente al último empleado que tuvo físicamente los documentos podría resultar insuficiente. La responsabilidad administrativa debe analizar también la cadena de mando y los sistemas de control que permitieron que la documentación abandonara la esfera institucional, ya que lo ocurrido, por la cantidad de información, no puede ser “un accidente”.

Transparencia no significa exposición

 Otro argumento requiere especial cuidado.

Los documentos pertenecen a una autoridad pública y muchos actos relacionados con la recaudación pueden estar sujetos a reglas de transparencia. Pero de ello no puede concluirse que cualquier persona tenga derecho a poseer físicamente los expedientes o que toda la información contenida en ellos sea automáticamente pública.

La diferencia es fundamental.

El derecho de acceso a la información permite solicitar documentos públicos mediante los procedimientos establecidos por la ley. Cuando esos documentos contienen información protegida, la autoridad puede estar obligada a elaborar una versión pública y reservar o testar los datos confidenciales.

La Ley de Transparencia de Baja California establece que los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable constituyen información confidencial y que, como regla general, únicamente pueden acceder a ellos sus titulares, representantes y servidores públicos facultados.

Por tanto: Información pública no significa información “de la que no pasa nada si se pierde por ser pública”.

Tampoco significa que un expediente pueda terminar en poder de terceros sin control institucional. Son conceptos jurídicamente distintos.

Vulneración de datos personales.

La legislación vigente en materia de protección de datos personales del sector público de Baja California considera expresamente como vulneraciones de seguridad la pérdida o destrucción no autorizada, el robo, extravío o copia no autorizada, así como el acceso o tratamiento no autorizado de datos personales. Esto es especialmente importante para el caso.

Si los documentos encontrados contienen nombres, domicilios, claves catastrales, información patrimonial o información relacionada con obligaciones fiscales, no basta con recuperar físicamente los papeles.

La autoridad responsable debería determinar qué datos estaban contenidos, cuántas personas resultaron potencialmente afectadas, durante cuánto tiempo estuvieron fuera de control, quién pudo acceder a ellos, si existieron copias y qué medidas deben adoptarse para impedir que vuelva a ocurrir.

La ley obliga, además, a mantener una bitácora de vulneraciones y, cuando la afectación pueda comprometer significativamente derechos patrimoniales o morales de las personas, contempla deberes de comunicación a los titulares y a las autoridades competentes.

Es decir, frente a un incidente de esta naturaleza existe una dimensión adicional a la responsabilidad administrativa: la protección de las personas cuyos datos estaban bajo custodia gubernamental.

La administración documental es parte de la función pública.

¿Error, negligencia o corrupción?

Sería irresponsable afirmar, sin una investigación concluida, que la desaparición de documentos responde necesariamente a corrupción.

Pero sería igualmente irresponsable descartar esa hipótesis sin investigarla.

La documentación fiscal puede tener valor administrativo y económico.

La desaparición deliberada o bien “a propósito” de una notificación, un requerimiento o una constancia podría eventualmente beneficiar a determinadas personas, impedir la continuidad de procedimientos o dificultar que la autoridad demuestre ciertas actuaciones.

Esto no significa que eso haya ocurrido en el caso concreto.

Significa que una investigación seria debe contemplar también esa posibilidad, junto con hipótesis más simples, como negligencia, incumplimiento de protocolos, deficiencias de archivo o falta de supervisión.

Precisamente por ello, la respuesta institucional no puede ser únicamente declarar que se haya presentado una denuncia sin explicar ¿cuál es el fin o el alcance de eso?.

Una administración pública profesional debe poder reconstruir la cadena documental.

La responsabilidad también es institucional.

Encontrar al responsable es importante, aunque es prácticamente obvio, pero insuficiente.

Si cientos de documentos pudieron abandonar una oficina pública sin que existiera un mecanismo inmediato para detectar su ausencia, existe una pregunta que trasciende al individuo: ¿Falló el sistema de control?

La legislación de protección de datos obliga a las autoridades a establecer medidas administrativas, físicas y técnicas; elaborar inventarios; analizar riesgos; documentar funciones; supervisar vulnerabilidades, y establecer acciones correctivas.

Por eso, una investigación completa debería revisar no solamente a quien eventualmente retiró o abandonó los documentos, sino también los protocolos existentes, la asignación de responsabilidades, la cadena de custodia documental, la supervisión, los controles de salida, la digitalización, el archivo y la respuesta institucional después de conocer el incidente.

La responsabilidad pública comienza antes de que desaparezca un documento.

Comienza cuando una institución recibe información que le pertenece al ciudadano y asume la obligación de conservarla, protegerla y utilizarla exclusivamente para los fines que la ley permite.

Lo verdaderamente preocupante

El problema de encontrar documentación fiscal municipal abandonada no consiste solamente en que alguien haya dejado papeles donde no correspondía.

Lo preocupante es lo que esos documentos representan.

Representan actos de autoridad.

Representan posibles créditos fiscales.

Representan información de ciudadanos.

Representan procedimientos administrativos.

Y representan evidencia que el propio gobierno podría necesitar posteriormente para acreditar que actuó conforme a derecho.

Por ello, la respuesta institucional debería ser proporcional a la gravedad del riesgo:

investigación de oficio, identificación completa de los documentos afectados, reconstrucción de su cadena de custodia, determinación de responsabilidades, evaluación de una posible vulneración de datos personales y corrección inmediata de los mecanismos de control.

Presentar una denuncia puede demostrar que una autoridad reaccionó.

Pero gobernar exige algo más.

Exige demostrar que los documentos que el Estado genera, recibe y utiliza para ejercer su autoridad no pueden simplemente desaparecer.