Son policías de BC mejor pagados a nivel nacional con casi 25 mil pesos al mes

Durante la jornada se desarrollarán cuatro mesas de trabajo sobre Educación, Deporte y Cultura; Acceso a la Salud; Adultos dentro del Espectro, Capacitación para el Trabajo e Inclusión Laboral; y Acceso a la Justicia e Instituciones Gubernamentales, con el propósito de reunir aportaciones desde distintos ámbitos.

Las personas interesadas en participar podrán registrarse previamente a través del formulario oficial: https://forms.gle/hMv7MrD5BnBiN3qB8 y al WhatsApp +52-686-510-01-17

“Garantizar los derechos de todas las personas, con leyes, presupuestos y programas, se hace primero escuchando todas las voces”, destacó la legisladora, al reiterar la invitación a sumarse a este ejercicio de Parlamento Abierto para avanzar hacia un Baja California verdaderamente incluyente.

Al arribar al lugar, localizaron a una mujer que recibía atención por parte de personal paramédico.

La mujer manifestó que momentos antes había sostenido una discusión con su pareja y aseguró que éste la había golpeado en el rostro con la mano abierta.

Derivado de ello, personal paramédico realizó una valoración a la mujer, detectando lesiones en la zona del labio y pómulo, sin que en ese momento requiriera traslado de emergencia en ambulancia.

Ante el señalamiento directo de la reportante, los oficiales se aproximaron al hombre que dijo llamarse Israel “N”, se identificaron plenamente como policías municipales y le hicieron de conocimiento el motivo de la intervención, procediendo a su detención.

Posteriormente, se le colocaron los candados de manos y se le dio lectura de los derechos constitucionales que le asisten como persona detenida, para después ser trasladado a la Estación Central de Policía, donde fue certificado médicamente y se realizaron los registros correspondientes.

Finalmente, Israel “N”, de 28 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad competente para realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

En la conversación participaron Argel Grisolle Chávez, máster en psicogerontología y gerontóloga; y Edgar Eugenio Alatorre Amezquita, licenciado en Derecho, quienes desde sus respectivas áreas aportaron conocimientos y experiencias para enriquecer el diálogo.

En el tema de la salud, Argel Grisolle, compartió su experiencia en el trabajo con personas adultas mayores y destacó la importancia de humanizar la medicina y los cuidados.

Señaló que si bien una persona adulta mayor puede llegar a una edad en la que tenga limitaciones para realizar determinadas actividades, esto no significa que se le deba privar de su autonomía o de su capacidad para decidir.

“Si durante ese proceso (para los adultos mayores), que quizá pueda ser limitado y finito, es importante que no pierdan la autoridad y, si no tiene la capacidad de decidir, tampoco se la quitemos”, expresó.

Además resaltó que quienes se encargan del cuidado de los adultos mayores comprendan las necesidades particulares de cada persona y no se limiten únicamente a atender sus enfermedades.

“Hay que preguntarnos de qué enfermedad padece este paciente que voy a cuidar, qué necesita esa persona para envejecer con bienestar, para que ese envejecimiento sea saludable”, comentó.

Durante el encuentro se destacó la importancia de abordar el envejecimiento desde una perspectiva integral, en la que, además de la atención a la salud, se consideren aspectos como el acompañamiento familiar, los derechos, la autonomía, el bienestar emocional y las condiciones necesarias para garantizar una vida digna.

Por su parte, Edgar Eugenio Alatorre Amezquita señaló que los derechos de las personas adultas mayores han evolucionado y se han ampliado durante los últimos años; sin embargo, consideró que uno de los principales pendientes es que la ciudadanía conozca y ejerza esos derechos.

Explicó que ante la falta de atención o determinadas omisiones por parte de las autoridades, familiares de personas adultas mayores han recurrido a abogados para promover juicios de amparo con el propósito de que se garantice la prestación de determinados servicios médicos.

Aclaró que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridades, por lo que puede involucrar a instituciones públicas como el IMSS, Issstecali, ISSSTE e IMSS-Bienestar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

“Cuando hay omisiones, sí puede la ciudadanía presentar su juicio de amparo justificando su derecho a la salud”, argumentó.

Recordó que durante el periodo en que estuvo al frente del organismo de Derechos Humanos en Ensenada, era común recibir quejas de pacientes que esperaban durante meses para ser sometidos a una cirugía y que, al llegar el día programado, el procedimiento era cancelado.

Ante estas situaciones, señaló que existen mecanismos legales mediante los cuales los ciudadanos pueden buscar que se respeten sus derechos y evitar que se les niegue la atención médica que requieren.

“Hablar de nuestros adultos mayores es hablar de nuestra propia historia, de quienes nos cuidaron y de una etapa de la vida a la que todos aspiramos llegar. Por eso es importante que desde hoy construyamos mejores condiciones para ellos y para nosotros mismos”, expresó el regidor Armando Díaz Hoeflich.

Además señaló que Pensando en Frío busca continuar como un espacio de encuentro ciudadano, donde sea posible escuchar diferentes voces y conversar de manera directa sobre temas que forman parte de la realidad de Ensenada.

El encuentro se realizó en Cervecería Gonzaga, donde los asistentes participaron en una conversación cercana y abierta, manteniendo el espíritu que ha caracterizado a PEF desde sus primeras ediciones.

Posteriormente, ambas víctimas fueron trasladadas a bordo de un vehículo hasta un inmueble ubicado en el ejido El Papalote, donde permanecieron retenidas. Durante el desarrollo de los hechos, un hombre que era víctima, fue trasladada por los sujetos hasta un camino vecinal en la localidad de San Simón de Abajo, donde fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego. Su cuerpo fue ocultado en el lugar y posteriormente localizado el 26 de octubre de 2021.

Como resultado de las investigaciones, el 27 de septiembre de 2026 se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Deyanira “N”, quien fue localizada y aprehendida en Culiacán, Sinaloa, para posteriormente ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

El 28 de septiembre, durante la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación y presentó los datos de prueba recabados durante la investigación. Tras analizar los elementos expuestos, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Deyanira “N” por el delito de secuestro agravado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, mismo que concluirá el 28 de enero de 2027.

“La ciudadanía necesita alternativas accesibles para disponer adecuadamente de aquellos residuos que no pueden manejarse como la basura doméstica ordinaria. Buscamos evitar que muebles, electrodomésticos, escombros y otros residuos voluminosos terminen abandonados en espacios públicos y fortalecer su manejo adecuado”, señaló Michelle Tejeda.

Impulsa la limpieza de banquetas como una responsabilidad compartida

En una segunda iniciativa, Michelle Tejeda planteó incorporar a la legislación estatal la limpieza de banquetas y espacios exteriores de viviendas y establecimientos mercantiles, mediante campañas permanentes de concientización y educación vecinal a cargo de los municipios.

Esta propuesta busca fomentar acciones cotidianas como barrer las banquetas, recoger basura cercana, evitar arrojar residuos desde los vehículos y recoger las heces de las mascotas, al considerar que estos pequeños gestos contribuyen a una ciudad más limpia y ordenada y representan una forma de corresponsabilidad ciudadana.

Asimismo, se plantea que, de existir disponibilidad presupuestal, los Ayuntamientos puedan facilitar equipo, materiales e insumos básicos a quienes lo requieran, además de establecer mecanismos de coordinación con personas acopiadoras para que la basura y el escombro retirados de las banquetas sean recogidos oportunamente.

Ambas propuestas fueron planteadas como reformas a la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado, con el objetivo de fortalecer la participación de autoridades y ciudadanía en el cuidado y limpieza de los espacios comunes.

El recorrido de cinco kilómetros partirá del Hipódromo Agua Caliente y continuará por el bulevar Díaz Ordaz, unos kilómetros, para posteriormente retornar hacia la zona de María Morelos.

Una de las novedades de esta quinta edición será que la carrera será petfriendly, por lo que las personas podrán participar acompañadas de sus mascotas. Además, se contempla una jornada de adopción de mascotas como parte de las actividades del evento.

Las inscripciones tendrán un costo simbólico de 300 pesos y estarán abiertas a partir del martes 29 de septiembre, con participación dirigida a corredores de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito.

En la edición 2025 participaron alrededor de mil 500 corredores, mientras que para este año se contempla la disponibilidad de mil 300 números.

Como parte de los beneficios para los participantes, se entregará playera y muñequera. Además, los primeros mil 100 corredores en llegar a la meta recibirán medalla, termo y otros artículos conmemorativos. También se contará con una fotografía a cargo de Border Zoom.

Durante el evento se resaltó además la importancia de apoyar a las personas que atraviesan por un proceso oncológico y a sus familiares. En este sentido, se dio a conocer la importancia de contar con sillas-cama, que permiten a los acompañantes disponer de un espacio que puede utilizarse como silla durante el día y como cama durante la noche, contribuyendo a brindar un descanso más digno tanto a pacientes como a sus familiares.

Por su parte, Diana Rosela Padilla, del IMSS Hospital General Regional No. 1, relacionado con la tercera etapa y la unidad especializada en oncología, señaló las necesidades que enfrenta la institución y estimó que existe una necesidad de alrededor de 400 camas.

“Ensenada es una ciudad con padecimientos crónicos. Algunos todavía estamos a tiempo de contenerlos y otros requieren una atención mucho más profunda, pero sería irresponsable hablar de soluciones sin antes escuchar y entender qué está pasando”, expresó.

Arregui comparó este ejercicio con la atención médica: “Cuando uno llega con un médico primero explica qué le duele, cuáles son los síntomas y desde cuándo los tiene. Después viene el diagnóstico. Con Ensenada tenemos que hacer lo mismo: escuchar antes de diagnosticar”.

Durante los encuentros, ciudadanos han referido problemas relacionados con vialidades, conectividad y servicios urbanos, entre otros temas que impactan directamente en su calidad de vida.

Arregui sostuvo que muchos de estos retos se han acumulado durante años y que atenderlos requiere acompañamiento, coordinación y una visión integral de la ciudad.

“Hoy lo responsable es seguir escuchando, entender las distintas realidades de Ensenada y construir un diagnóstico con seriedad”, concluyó.

Durante la instalación de la mesa se dio a conocer que se deberán atender de manera oportuna cualquier contingencia que comprometa la operatividad de la infraestructura hídrica, como redes de agua potable, pozos, plantas de bombeo, tuberías de alcantarillado sanitario, tanques de regulación, cárcamos y plantas de tratamiento.

Aunado a lo anterior, aseguró que se dispone de unidades, equipo, maquinaria y personal operativo las 24 horas para atender incidencias y supervisar la operación de cárcamos de bombeo de agua potable y aguas residuales, pozos profundos y tanques de regulación.

El político advirtió que la instalación de un complejo judicial en dicho espacio vulnera de forma directa el corredor turístico y cultural de la zona, conformado por el propio CEART, el Museo Caracol, el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera, así como la Ventana al Mar y la Plaza Cívica de la Patria.

García Lazcano sostuvo que la decisión, tomada de manera unilateral por la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, abre un frente de conflicto evitable con la comunidad artística local y refleja una visión que trata a Ensenada "como una ciudad de segunda".

Asimismo, respaldó las recientes protestas de los creadores locales, al señalar que enfrentan una persistente carencia de apoyos institucionales y políticas públicas orientadas al fomento del talento regional.

Recordó que la infraestructura de centros estatales de las artes en Baja California se consolidó durante administraciones panistas, por lo que calificó de contradictorio que hoy se sacrifique este legado.

El panista enfatizó que, mientras el ejecutivo estatal busca reutilizar terrenos destinados a la cultura, el complejo del CEART permanece inconcluso, con pendientes históricos como la construcción de aulas, talleres y una sala de conciertos para 800 espectadores.

Cuestionó la asignación de recursos públicos al referirse a inversiones recientes en el municipio de Mexicali - como el monumento al "Cocinero Chino”, los cuales, a su juicio, debieron canalizarse para concluir la infraestructura cultural ensenadense.

Criticó la falta de coordinación gubernamental, señalando que Ensenada dispone de un Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para dictar el ordenamiento territorial, por lo que rechazó que la titular del Ejecutivo disponga de los predios públicos "como si se tratara del patio trasero de su casa".

García Lazcano adelantó que el PAN buscará participar en las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno del Estado con el propósito de blindar la vocación cultural de la Manzana 8.

En ese sentido, la propuesta establece que la evaluación deberá estar a cargo de un perito autorizado, adscrito a los servicios periciales del Poder Judicial o designado por el juez, para determinar de manera fidedigna si la persona que tendrá el cuidado y custodia cuenta con la aptitud, estabilidad emocional y capacidad psicológica para garantizar la integridad física y la salud emocional de las personas menores de edad.

Asimismo, plantea que no podrá emitirse una resolución de fondo sobre la custodia sin contar con dicha valoración psicológica, excepto cuando existan dictámenes previos con una antigüedad no mayor a seis meses que hagan innecesaria una nueva evaluación.

En materia de acceso a la justicia, cuando la prueba pericial sea ordenada de oficio por el Tribunal, los gastos estarán a cargo del erario o se distribuirán entre las partes conforme a las reglas del procedimiento con lo que se garantizaría la gratuidad para los grupos vulnerables.

La importancia de la reforma radica en colocar el interés superior de la niñez como eje de las decisiones sobre guarda y custodia, además de fortalecer los elementos técnicos disponibles y establecer un estándar de evaluación aplicable a este tipo de resoluciones.

Debido a que la reforma es materia de competencia federal, el Congreso del Estado enviará la minuta al Congreso de la Unión para continuar con el trámite legislativo correspondiente.

La FGR enfatizó que los delitos imputados a Ernesto “N”, vinculados con la delincuencia organizada y el sector de hidrocarburos, están catalogados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de prisión preventiva oficiosa.

Por lo tanto, su aplicación se rige por mandato constitucional y escapa a cualquier margen de discrecionalidad por parte del Ministerio Público Federal (MPF).

Se indicó que el expediente de este caso se derivó de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), cuyas pesquisas permitieron desmantelar una compleja red de tráfico ilegal de energéticos.

De acuerdo con las indagatorias, la estructura utilizaba ferrotanques para realizar el contrabando, operando a través de la empresa Ingemar, S.A de C.V., en la cual Ernesto Ruffo figura como uno de los accionistas principales y socios mayoritarios.

Según la FGR, la carpeta de investigación integra elementos de prueba, conformados por dictámenes periciales, entrevistas a testigos y colaboradores, diligencias de campo y exhaustivos análisis financieros.

Estos elementos, indicaron, permitieron documentar que la compañía vinculada al imputado presentaba incongruencias fiscales, al registrar movimientos millonarios en cuentas bancarias nacionales.

El documento establece que las acciones de la FGR se apegan al marco legal, al debido proceso y a las resoluciones emitidas por el Poder Judicial Federal, mientras el proceso penal en contra del imputado continúa su marcha en los tribunales.