Firmaron acuerdo México y EUA para administrar agua del Río Bravo

Del vehículo descendieron tres individuos encapuchados, quienes portaban uniformes similares a los policiales. Al descender de la unidad, los sujetos al parecer lo encañonaron y uno de ellos golpeó directamente el vidrio del lado del piloto, exigiéndole a gritos que bajara del vehículo.

Una vez sometido, los asaltantes le colocaron esposas metálicas y lo ingresaron por la fuerza a su propiedad. Sabiendo que la víctima se dedica al giro tecnológico, los agresores lo interrogaron insistentemente sobre la ubicación de "la mercancía".

Durante el atraco, el comerciante fue agredido físicamente con un arma de fuego. Los criminales sustrajeron tres consolas de videojuegos, dos del vehículo y una tercera que se encontraba al interior de la vivienda, además de despojarlo de su teléfono celular.

Antes de huir, los sujetos le retiraron las esposas metálicas, pero le colocaron cinchos de plástico (straps) en las manos. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran de la investigación.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron un vehículo Ford Sport, modelo 2017, color gris, que se encontraba en llamas sobre la vialidad.

El propietario manifestó que momentos antes fue parte de un accidente de tránsito y que, posteriormente, su vehículo comenzó a incendiarse.

En el percance también estuvo involucrado un automóvil Kia Optima, modelo 2019, color gris.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos a bordo de la unidad M-26, para sofocar el fuego. Ambos conductores manifestaron encontrarse bien y señalaron que no requerían atención médica, por lo que no fue necesario solicitar una ambulancia.

Las sesiones se realizarán en el recinto oficial “Lic. Benito Juárez García” y serán conducidas por las comisiones legislativas competentes, de acuerdo con los temas sujetos a análisis. En estos trabajos podrán participar todas las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura, independientemente de su pertenencia a las comisiones respectivas.

El acuerdo parlamentario fue presentado ante el Pleno por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Manuel Molina García. El documento contempla la programación de las intervenciones de las y los servidores públicos responsables de las distintas áreas gubernamentales, agrupadas por ejes temáticos para facilitar la revisión de los asuntos correspondientes a cada sector.

La Glosa constituye uno de los principales mecanismos de control parlamentario y rendición de cuentas, pues permite al Poder Legislativo examinar las acciones, programas, resultados y retos de la administración pública estatal, a partir de la información contenida en el informe anual y las explicaciones de quienes están a cargo de su ejecución.

El calendario aprobado establece las fechas y horarios en que las personas titulares de las dependencias y entidades estatales acudirán ante el Congreso, conforme a la siguiente programación:

En el lugar, un hombre de 27 años que conducía un automóvil Mazda sedán, modelo 2016, color gris, perdió el control y se impactó contra una estructura de concreto del negocio.

El choque provocó un incendio que movilizó a elementos de la Dirección de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas.

Según el parte policial, no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas; únicamente daños materiales.

En el lugar, el acompañante agredió a la víctima con un objeto metálico tipo machete, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

Posteriormente, Leyra se apoderó del automóvil de la víctima, un Fiat hatchback, color gris plomo, así como de su teléfono celular, el cual utilizó para disponer de la cantidad de 11 mil 448 pesos. Asimismo, la sentenciada se introdujo al domicilio del afectado, ubicado en la segunda sección del fraccionamiento Chapultepec, de donde sustrajo una máquina y careta de soldar con valor de más de 9 mil pesos, además de diversa herramienta, equipo de video, sonido y campamento, con un valor total aproximado de 50 mil pesos.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, el 27 de octubre de 2026 el Juez de Control dictó fallo condenatorio en contra de Leyra, imponiéndose una pena de 23 años de prisión, el pago de una multa de 26 mil 886 pesos y la cantidad de 491 mil 879 pesos por concepto de reparación del daño.

Al llegar a un domicilio, al que pretendían ingresar, ubicado aproximadamente a una cuadra del Mercado Sánchez y descender de las unidades, los oficiales comenzaron a recibir disparos provenientes del interior del inmueble.

Momentos después, más sujetos llegaron en dos vehículos, una unidad tipo panel y otra tipo pick up, y ocupantes también les comenzaron a disparar a los agentes.

Durante la agresión, dos oficiales resultaron heridos. Uno de ellos fue identificado como Luis Alfonso Ángeles, quien presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en el área del glúteo. El segundo agente, Jesús Alberto Vicente, presentó una lesión en la cadera del lado izquierdo.

Ambos elementos fueron trasladados por paramédicos para recibir atención médica. Al momento del reporte, se informó que Jesús se encontraba estable y sería ingresado al área de urgencias para su intervención médica. Su compañero también permanecía bajo atención médica.

Por otra parte, sobre la calle principal que conduce hacia el cerro de Valle de la Trinidad, cerca del Mercado Sánchez, fue localizado el cuerpo de un civil, que presuntamente participó en la agresión contra los agentes, sin vida.

Elementos de l Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron a la zonas para iniciar con las labores de investigación y deslindar responsabilidades.

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"Es un paso muy importante dentro de una serie de trabajos que estuvimos realizando durante casi un año. El tema de la vivienda es una de las motivaciones más importantes de nuestro trabajo legislativo, porque cada vez es más cara la vida y son más las personas que enfrentan dificultades para pagar una casa o acceder a una vivienda", indicó.

Indicó que este proyecto representa uno de los primeros resultados derivados de dicho acuerdo institucional y celebró que esté orientado a generar mayores oportunidades para las personas que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda, mediante una propuesta construida gracias al trabajo conjunto de especialistas e investigadores universitarios.

Los doctores María Salomé Magaña Martínez, Elvia Oralia Villegas Olivar y Carlos Gándara Woongg compartieron con las y los asistentes la metodología utilizada para la elaboración de la propuesta, así como los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, consulta y análisis interdisciplinario que permitió integrar las perspectivas de distintos sectores vinculados.

La propuesta surge del Foro de Vivienda para Todas las Personas y de diversos grupos focales realizados en Mexicali, Tijuana y San Quintín, espacios en los que se recopilaron experiencias, necesidades y propuestas relacionadas con el acceso a una vivienda adecuada.

"Esta ley nace de escuchar a las personas y reconocer que los desafíos de vivienda requieren respuestas integrales. Queremos brindar certeza a las familias, impulsar opciones habitacionales accesibles y promover un desarrollo urbano que contribuya al bienestar y la justicia social en nuestro estado", refirió Cantón Rocha.

Además, enfatizó que la propuesta contempla herramientas para impulsar programas estatales de vivienda, promover reservas de suelo e incentivar acciones que permitan ampliar las oportunidades de acceso a opciones habitacionales para las familias bajacalifornianas.

Al concluir el encuentro, Jaime Cantón subrayó que la iniciativa representa uno de los primeros resultados del convenio de colaboración entre el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Baja California, una alianza que permite vincular el conocimiento académico con la construcción de soluciones para los principales retos sociales de la entidad.

Asimismo, la modificación obliga a observar y aplicar los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el propósito de asegurar procedimientos adecuados a las condiciones de cada niña, niño o adolescente y fortalecer su acceso a una justicia que reconozca sus necesidades particulares.

Durante el análisis legislativo se destacó que, si bien las autoridades judiciales ya cuentan con herramientas para juzgar con perspectiva de infancia, incorporar expresamente esta obligación en la legislación estatal permite reforzar su aplicación y brindar mayor certeza jurídica.

Entre los principales beneficios de esta reforma destaca el derecho de las infancias y adolescencias a ser escuchadas, expresar sus opiniones y participar en los procesos judiciales que les afecten, así como recibir información clara y comprensible de acuerdo con su edad y madurez.

De igual manera, se fortalece el principio del interés superior de la niñez, para que las autoridades prioricen su integridad física, emocional y social al momento de resolver controversias, sin que los procedimientos legales representen obstáculos para la protección de sus derechos.

Con esta aprobación, se promueve una impartición de justicia más accesible, sensible y respetuosa de los derechos humanos. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

La Fiscalía quedó a cargo de las investigaciones en esa zona céntrica y de tráfico, por lo que se registra movilización policial debido a las diligencias de seguridad.

La reportante informó que había llegado un hombre con heridas profundas ocasionadas al parecer con un cuchillo. Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una unidad médica.

En el sitio, el lesionado informó que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su pareja cuando comenzaron adiscutir. Durante el altercado, ella presuntamente tomó un cuchillo y lo atacó, provocándole lesiones en ambos brazos al intentar protegerse del ataque.

Tras la agresión, el hombre corrió hacia un establecimiento comercial para solicitar ayuda, por lo que trabajadores del lugar realizaron el llamado al número de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y determinaron que requería traslado al Hospital General para recibir atención médica. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.

La iniciativa contempla reformar el artículo 2 y adicionar una fracción al artículo 4 de la legislación estatal, para que el establecimiento y fortalecimiento de Senderos Seguros forme parte de las medidas destinadas a atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), con la participación de las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias.

Alejandra Ang señala la importancia de avanzar hacia espacios públicos más accesibles y seguros, donde las mujeres, adolescentes y niñas puedan caminar, trasladarse a sus centros de estudio o trabajo y desarrollar sus actividades cotidianas con mayor libertad y sin temor a ser víctimas de violencia.

En ese sentido, expuso que Baja California enfrenta importantes desafíos en materia de violencia de género, ya que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), dio a conocer que el 68.5 por ciento de la población estatal manifiesta sentirse insegura, lo que refuerza la importancia de impulsar acciones preventivas que permitan recuperar la seguridad en las comunidades.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 69 por ciento de las mujeres indicó sentirse insegura al caminar sola durante la noche en los alrededores de su vivienda, situación que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención en los espacios comunitarios.

La legisladora destaca como antecedente el programa “Senderos Seguros: Camina libre, camina segura”, implementado en 2019 en la Ciudad de México, durante la administración de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para contribuir positivamente a la erradicación de la violencia de género en la vía pública.

De acuerdo con la exposición de motivos, este modelo ha demostrado ser altamente efectivo para mejorar la seguridad pública y contribuir a la reducción de delitos, particularmente aquellos cometidos contra las mujeres.