Traslado al domicilio de Ernesto Ruffo no frena su proceso penal, advierte la FGR
Ernesto Ruffo Appel dejó el Altiplano por razones humanitarias, pero su proceso penal sigue intacto, aclaró la FGR. - Foto: Cortesía.
Luego de que el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abandonara el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, para continuar bajo la medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio por razones humanitarias, la Fiscalía General de la República (FGR), precisó soblre las implicaciones de esta determinación judicial.
A través de un comunicado, la dependencia expuso que, si bien el órgano jurisdiccional accedió a modificar el sitio de reclusión ante los argumentos de la defensa, quienes alegaron la edad avanzada del imputado y sus complicaciones de salud, esto no representa la suspensión o modificación de su proceso penal.
La FGR enfatizó que los delitos imputados a Ernesto “N”, vinculados con la delincuencia organizada y el sector de hidrocarburos, están catalogados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de prisión preventiva oficiosa.
Por lo tanto, su aplicación se rige por mandato constitucional y escapa a cualquier margen de discrecionalidad por parte del Ministerio Público Federal (MPF).
Se indicó que el expediente de este caso se derivó de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), cuyas pesquisas permitieron desmantelar una compleja red de tráfico ilegal de energéticos.
De acuerdo con las indagatorias, la estructura utilizaba ferrotanques para realizar el contrabando, operando a través de la empresa Ingemar, S.A de C.V., en la cual Ernesto Ruffo figura como uno de los accionistas principales y socios mayoritarios.
Según la FGR, la carpeta de investigación integra elementos de prueba, conformados por dictámenes periciales, entrevistas a testigos y colaboradores, diligencias de campo y exhaustivos análisis financieros.
Estos elementos, indicaron, permitieron documentar que la compañía vinculada al imputado presentaba incongruencias fiscales, al registrar movimientos millonarios en cuentas bancarias nacionales.
El documento establece que las acciones de la FGR se apegan al marco legal, al debido proceso y a las resoluciones emitidas por el Poder Judicial Federal, mientras el proceso penal en contra del imputado continúa su marcha en los tribunales.